El aborto, al igual que la violencia sexual, es un tema amplia y tradicionalmente abordado por la legislación penal. Su incorporación en las políticas públicas es sin embargo bastante más reciente. La información consignada sobre este tema en los diagnósticos nacionales, nos anima a plantear lo siguiente:[1]

a. Aunque en algunos casos se han incorporado nuevos supuestos de excepción de punición, como el aborto por violación, y en otros se ha disminuido las penas, no podemos afirmar que exista una tendencia flexibilizadora, que nos esté abriendo el camino hacia la despenalización del aborto.

b. Existe más bien una corriente de signo contrario, bastante potente, que se expresa por ejemplo en una tendencia a incluir al concebido dentro del derecho a la protección de la vida. Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Honduras (también Guatemala, Costa Rica y Nicaragua) lo hacen en su Constitución, legislación civil y/o en sus códigos de menores o de la niñez y la adolescencia.

c. La situación de la regulación del aborto en nuestros países puede resumirse como sigue.

· En cuanto a los supuestos no punibles:

el aborto terapéutico por razones de vida está permitido en diez países.
el terapéutico por razones de salud, no es punible en ocho estados de México y en seis países.
el aborto eugenésico no está sancionado en dos países y en siete estados de México.
el aborto por violación no es punible en seis países.

Puerto Rico es el único que no penaliza el aborto y Panamá el que contempla todos los supuestos anteriores como excepción de punición, mientras que El Salvador (desde 1997), Colombia, Chile, y Honduras han optado por la penalización en cualquier supuesto.

· En lo que se refiere a los rangos de las penas y las circunstancias atenuantes:

el aborto simple consentido tiene una graduación mucho menor en términos de máximos y mínimos que el no consentido.
los mínimos para el aborto consentido se ubican entre los 15 días y los 2 años, y los máximos entre 3 y 8 años, a excepción de Ecuador que considera 16 años y Paraguay que contempla 12.
entre las atenuantes, los más frecuentes son los que tienen que ver con el honor o la reputación (siete países informan de ello). En otros casos, se plantea a la violación o a los riesgos de salud como atenuantes, mientras que sólo dos países (Uruguay y México, para uno de sus estados) han incluido expresamente las razones de orden económico.

d. Algunos países, como México, Perú y Bolivia, consideran el aborto como un problema de salud pública, debido a la incidencia que tiene como causa de muerte entre las mujeres, especialmente entre las adolescentes. La ineficacia de una declaración como la precedente se hace evidente y carece de consistencia de cara a situaciones en las que el aborto se encuentra penalizado, ya que mientras esto sea así las mujeres continuarán recurriendo al aborto clandestino.

No existen cifras para todos los países y tampoco las hay desagregadas por edad, área geográfica o sector socio-económico. Las que se manejan provienen de estimaciones no oficiales, porque las que producen los ministerios de salud están referidas a los ingresos/egresos hospitalarios, que solo dan cuenta del aborto legal y muy marginalmente de los abortos clandestinos. Estas estimaciones nos pueden dar sin embargo una idea de la monstruosa magnitud del problema.

e. En general, el tratamiento que recibe en la política pública de nuestros países tiene un doble sentido. Se lo asume como un evento que hay que evitar y como un problema de salud que hay que atender. De allí, que la mayor parte de las veces que se lo menciona aparezca expresado como un objetivo de la política de educación sexual, o relacionado con el embarazo adolescente y, en general, como un tema vinculado con la prevención del embarazo.

f. La mayoría de los países que consideran supuestos no punibles, contemplan en su legislación, o como parte de su política de salud, la prestación de servicios de atención médica para los abortos legales, y en algunos casos (como en varios estados del Brasil) también plantean la atención integral, incluida la psicológica.

g. El tema de las condiciones de acceso a los servicios de salud no sólo tiene que ver con las barreras de tipo legal, tiene también relación con el costo de la atención. La interrupción del embarazo en casos de violación es atendida en al menos cuatro estados del Brasil de manera totalmente gratuita y, en general, se obliga a la policía a informar a la víctima sobre la posibilidad de practicarse un aborto. Sólo México, Paraguay, Bolivia y Honduras indican que la atención del aborto --se entiende que cuando es espontáneo o legal-- está parcialmente subsidiada. Puerto Rico señala que el aborto sólo se practica en los establecimientos de salud privados. Los demás países no informan al respecto.

El aborto continúa siendo un punto neurálgico en el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, y un aspecto medular de la política de nuestros estados, que parecen proclives a ceder frente a las posiciones conservadoras que presionan por mantenerlo penalizado. Entrampadas en sus propios miedos, las clases dirigentes de nuestros países no saben cómo resolver el dilema: mantener la penalización el aborto y disminuir --hasta eliminar-- su incidencia como causa de muerte entre las mujeres, lo que no es posible, pues encierra una contradicción. De otro lado, la protección de la vida del concebido puede convertirse, además, en una verdadera traba para la despenalización del aborto e, inclusive, empujar la corriente hacia la consolidación de las posiciones de quienes pretenden retroceder lo avanzado hasta ahora.

[1] Información tomada de Balance Regional: Diagnósticos sobre la situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos Roxana Vásquez Sotelo e Inés Romero Bidegaray.

Mayor informacion solicitarla a:

Cecilia Olea Mauleón - Coordinación Regional Campanha
28 de setiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe
campanha28set@flora.org.pe