Introducción

El presente documento fue elaborado  por Salud Integral  para la Mujer, A. C. SIPAM*, integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de
Población, como producto del monitoreo sobre las políticas públicas del Gobierno Federal en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos de las
Mujeres, durante el año 2004.

Nuestro trabajo está dirigido hacia la defensa y promoción del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De ahí la
importancia de dar seguimiento a las políticas públicas del gobierno federal que dan atención a las principales problemáticas relacionadas con este ámbito.

Los derechos sexuales y reproductivos comprenden ciertos derechos que ya han sido reconocidos en las leyes nacionales, en acuerdos internacionales sobre
Derechos Humanos y otros documentos de las Naciones Unidas, tales como la Conferencia Internacional de Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) y la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC (1981), entre otros. Estos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las personas y parejas a decidir libre y responsablemente tener hijos o no, su número y espaciamiento y a disponer de la información y los medios para hacerlo; así como el derecho al acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva; el acceso a información científica y oportuna en materia de sexualidad y reproducción; el acceso a la amplia gama de métodos anticonceptivos científicamente probados; a programas de prevención y atención integral al cáncer cérvicouterino y mamario así como de infecciones de transmisión sexual ITS, incluyendo el VIHSIDA.

En este proceso, dos planteamientos han sido fundamentales desde la sociedad civil organizada en materia de derechos1 y en particular, en el ámbito de
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uno, es la llamada"progresividad" que se refiere a la ampliación paulatina de los derechos, que si bien, está relacionada con aspectos socioculturales de la población, se refiere fundamentalmente al diseño de políticas públicas que contribuyan a la solución de las problemáticas prioritarias, no sólo en el marco de respeto a los derechos humanos, sino también y fundamentalmente, que contribuyan al avance en materia de respeto y promoción de los derechos. El otro concepto, es  uso del "máximo de recursos disponibles", es decir, que al distribuir los recursos con los que cuenta el Estado, se priorice su asignación hacia programas que atiendan y garanticen los derechos de las personas.

En ese sentido, no ha sido fácil para las organizaciones civiles realizar análisis desde la perspectiva arriba mencionada, dada la discrecionalidad con que se siguen manejando los recursos públicos en México y debido también a que la etiquetación  de los recursos públicos destinados a la salud de las mujeres es una cuestión que aún depende de la voluntad política de las instancias de gobierno involucradas así como de los vaivenes del Congreso de la Unión, sin que existan todavía reglamentaciones y leyes que les obliguen.

A pesar de esta limitación, los avances hacia el acceso a la información pública por parte de la sociedad son relevantes en el proceso de institucionalización de la  transparencia y rendición de cuentas, como componentes fundamentales para la construcción de mecanismos democráticos.

Tal es el caso de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la cual, las entidades
del Gobierno Federal se ven  obligadas a atender solicitudes de información por par te de la ciudadanía a través del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, IFAI.

Este proceso recién empieza y los retos son muchos y grandes. Erradicar viejas y presentes prácticas políticas será fundamental para darle sentido
a la transparencia y rendición de cuentas como medios concretos que den cuenta a la sociedad sobre si un gobierno satisface o viola los derechos
humanos de la población. La revisión de los resultados de las políticas públicas y el impacto del gasto público deberán tener como ejes de evaluación del ejercicio de gobierno, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos; lo contrario, por acción u omisión, deberá ser penalizado.

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Más Información

Elaborado  por Salud Integral  para la Mujer, A. C. (SIPAM), integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población. méxico, Enero 2005

Salud Integral para la Mujer, A. C. -SIPAM-, es una organización feminista, fundada en la Ciudad de México en 1987 y constituida legalmente como
Asociación Civil en 1989; dedicada a la promoción y defensa de la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva
ciudadana. Integrante también de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe.

SIPAM
email: sipam@sipam.org.mx

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