Diversidad, religiosidad e intolerancia. El
fundamentalismo protestante, el nacionalismo hindú, la ultraortodoxia
judía y el neo integralismo católico se unen con un objetivo común: mantener
las estructuras de dominación que someten a las mujeres y coartan su autonomía
(María Consuelo Mejía)
Fuente: Revista mujer
salud/ Red de salud de las mujeres latinoamericanas y del caribe. RSMLAC 61/1/2004
Subió a conferencia el 02
de Agosto del 2005
Diversidad, religiosidad
e
intolerancia (1)
María Consuelo Mejía
La autora es antropóloga, con Maestría en Estudios Latinoamericanos,
investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, durante 15
años. Es directora de Católicas por el Derecho a Decidir A. C., en México, e
integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población.
El último año ha sido
especialmente trágico para los derechos humanos universales, para la
convivencia armónica de la humanidad: la invasión de Irak, a pesar de la
oposición multitudinaria de la sociedad civil global; el crecimiento sin
precedentes de la brecha entre riqueza y pobreza, tanto de los individuos como
de las naciones; el desmantelamiento de poblaciones enteras en Africa debido al SIDA; la denuncia de cientos de casos de
abuso sexual a niños, niñas y monjas por parte de sacerdotes católicos; el
recrudecimiento de los crímenes de odio, de la discriminación racial, de la
xenofobia y de la violencia en contra de las mujeres. Esta, en el caso de
México, arroja un saldo de más de 300 mujeres violadas y asesinadas en Ciudad
Juárez, Chihuahua, crímenes que continúan en la impunidad.
Todas estas, expresiones
asociadas al capitalismo salvaje predominante en el mundo de hoy, que no
solamente ha dejado de ser bipolar sino que está en las manos y en la cabeza de
un hombre torpe y arrogante, representante de un sistema económico político a
todas luces inhumano.
Así, las expectativas
generadas ante el cambio de milenio -mayor progreso, estabilidad y paz- han
sido fuertemente castigadas por los acontecimientos de los que hemos sido testigas en los escasos tres años del siglo 21. Si bien
estas expectativas iban a contracorriente con lo que investigadoras,
investigadores y analistas de las ciencias sociales y políticas pronosticaban,
albergábamos la esperanza de que, dado que el nuevo siglo nos encontraría
viviendo en sociedades plurales, la tolerancia y el respeto a las diferencias
estarían presentes de una manera más significativa en la vida cotidiana de
sociedades con pretensiones democráticas.
Sin embargo, la
discriminación, la falta de respeto a las diferencias y de garantías para el
ejercicio de las libertades individuales y de los derechos civiles, siguen
estando a la orden del día: el abuso de poder adquiere formas diversas y se
expresa en violaciones a la integridad física y mental de cada vez más
personas.
Pero nada de esto nos hace
perder la esperanza. Estamos viviendo también una revolución de valores sin
precedentes, introducida por el feminismo: los papeles de género dejaron de ser
inamovibles; a pesar de los rezagos, los derechos humanos de las mujeres han
ganado legitimidad; de la misma manera, un sector importante de las mujeres
está posicionado hoy en espacios de toma de decisión, con más autonomía y
libertad para ser lo que queramos ser.
Muestra de ello fueron los
acuerdos alcanzados en las Conferencias de El Cairo y Beijing, de alguna manera
reflejado también en las Metas del Milenio de la ONU,
en el año 2000. Y fue precisamente en estos escenarios internacionales en donde
comenzaron a manifestarse con especial significación las posiciones ultraconservadoras que pretenden imponer sus concepciones
de la moral y la ética a quienes, ejerciendo su libertad de conciencia, base de
la dignidad humana,reclaman su derecho a tomar
decisiones responsable y libremente. Esas posiciones, ancladas en otras épocas,
tienen como objetivo controlar las vidas de las personas y limitar su
autonomía, sobre todo la de las mujeres, a través de procedimientos particularmente
agresivos y poco respetuosos de la pluralidad y la ética.
En este contexto, pensar
la diversidad religiosa me remite no tanto a hablar de la existencia de cada
vez más opciones para vivir la fe y la espiritualidad; me conduce más bien a
afirmar que las posiciones y actitudes intolerantes homófobas
y misóginas se expresan en todas las iglesias.
En el contexto de las
culturas patriarcales de las cuales formamos parte, el fundamentalismo
protestante, el nacionalismo hindú, la ultraortodoxia
judía y el neo integralismo católico (2) se unen con un objetivo común:
mantener las estructuras de dominación que someten a las mujeres y coartan su
autonomía, controlando sus vidas justamente a través del control de su
capacidad reproductiva y de la negación absoluta de su sexualidad.
Pero las religiones
también pueden ser manantial de fuerza y crecimiento espiritual, cimiento donde
nuestra dignidad se afirma y donde florecen en realización personal y armonía
con las diversas manifestaciones de la divinidad. La Integridad, la entrega, la
compasión y el amor, tan necesarios en este mundo de injusticias y corrupción,
son virtudes íntimamente asociadas a las religiones.
Este es parte del legado
que recogemos de
Por otra parte, me
interesa señalar la paradójica relación, que parece lógica, entre la concentración
de la propiedad de los medios de producción y los intentos por homogeneizar a
las personas y a las sociedades, borrando de la faz de la tierra todo aquello
que no se ajuste a “las normas” de quienes, desde el poder de las
instituciones, promueven posiciones fundamentalistas de derecha, sobre todo en
temas morales.
En clara alianza
estratégica, los sectores más conservadores de las iglesias, los estados y los
ejércitos, apoyados por cuantiosos recursos económicos, promueven campañas en
contra de cualquier manifestación de la diversidad; valga decir que la
diversidad sexual es, hoy por hoy, la más castigada. En todo caso, estamos
viviendo una creciente oleada de fundamentalismos dirigida a homogeneizar,
controlar, “moralizar”. Y las religiones juegan un papel muy importante en
estos procesos, toda vez que ofrecen los vínculos con la paz espiritual, con lo
simbólico y lo trascendental, que millones de personas buscan con ansiedad. Una
de las voces más fuertes en este proceso es la de la jerarquía conservadora de
la Iglesia Católica.
Aunque es indudable que
importantes sectores de esta Iglesia han estado al servicio de los derechos
humanos, de la justicia social y del bien común, quienes están en las
posiciones de poder de la institución eclesiástica han desvirtuado estos nobles
propósitos. En lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, de
lesbianas y homosexuales, de las y los jóvenes, y específicamente los derechos
sexuales y reproductivos de todas las personas, la Iglesia Católica institucional
ha hecho uso de todos sus recursos para obstaculizar el ejercicio de los
mismos.
Ante el evidente fracaso
de sus enseñanzas morales entre su propia feligresía pues las estadísticas demuestran que en
países de mayoría católica altos porcentajes de la población contravienen las
enseñanzas de los obispos relacionadas con la sexualidad y la reproducción-, la
jerarquía conservadora ha convocado a una verdadera cruzada para influir en las
políticas públicas y de esta manera convertir en leyes de los Estados sus
preceptos morales y sus creencias religiosas. Esta cruzada “moral” se ha
reflejado también, como es lógico, en normas cada vez más estrictas para el
control de la conducta de la feligresía católica.
En los últimos cinco años,
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (el oficio de la Inquisición)
y otras instancias del Vaticano han emitido cuatro documentos de posición
dirigidos a coartar la libertad de expresión y la libertad de conciencia al
interior de la Iglesia Católica de una manera nunca antes vista. A la Instrucción a los Laicos, emitida a
finales de losaños 90, en la cual se limitaba la
participación del laicado en los ritosy celebraciones
litúrgicas -conducta que había sido estimulada por el Concilio Vaticano II-, le siguió la Declaración Dominus
Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y la Iglesia, emitida en
septiembre de 2000, en la cual se afirma que Jesucristo es el salvador único
universal, por lo que el único camino a la salvación lo provee la Iglesia
Católica. Como si esto fuera poco, la misma instancia emitió la Nota doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso y la conducta de
los católicos en la vida política.
La Nota se dirige a los
obispos de la Iglesia Católica y, de especial modo, a los políticos católicos y
a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y
política en las sociedades democráticas. Dice: “…la conciencia cristiana bien
formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un
programa político o la aprobación de una ley particular que contengan
propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y
la moral [católicas]”. “Cuando la acción política tiene que ver con principios
morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando
el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad.
Ante estas exigencias éticas fundamentales e
irrenunciables, en efecto los creyentes deben saber que está en juego la
esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona”. “Este
es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es
moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde su
concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el
deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la
promoción de la familia, fundada en
el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su
unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio.
A la familia no pueden ser
jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni estas pueden recibir,
en cuanto tales, reconocimiento legal”4. Hasta le emisión de esta Nota, aunque
parezca mentira, en noviembre de 2002, no de 1002, no se había hecho nunca tan
explícito en un documento oficial de la Iglesia Católica institucional el desconocimiento
a la libertad de conciencia y, por ende, a la dignidad de las y los políticos
católicos. Esta “enseñanza” ya ha tenido sus frutos en varios países de mayoría
católica, en donde la intervención del clero en política es cada vez más
descarada.
Esta Nota fue el preámbulo
para la emisión, el 31 de julio de 2003, de las Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las
uniones entre personas homosexuales, nuevamente por parte de la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la Fe, el Santo Oficio de la Inquisición,
dirigida desde hace más de diez años por el Cardenal Alfonso López Trujillo,
amigo íntimo de Karol Wojtyla
en su lucha contra la teología de la liberación, quien ha sido denunciado en
Colombia, su país de origen, por vínculos con el narcotráfico y otras conductas
delictivas. Traigo esto a colación porque a veces es importante saber qué tipo
de personas se esconden detrás de las “enseñanzas” que emite el Vaticano, como
si
fueran
palabra divina.
Pero volvamos a la Nota
del Vaticano que introduce el documento
diciendo que incluye los puntos esenciales que los obispos deben tomar
en cuenta. Cito: “Las presentes Consideraciones
tienen también como fin iluminar la actividad de los políticos católicos, a
quienes se les indicaban las líneas de conducta coherentes con la conciencia
cristiana para cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este
problema. Puesto que es una materia que atañe a la ley moral natural, las
siguientes Consideraciones se
proponen no solamente a los creyentes sino también a todas las personas
comprometidas en la promoción y la defensa del bien común de la sociedad” (4).
Partiendo de la
ratificación de la falsa concepción de la complementariedad de los sexos y de
que el matrimonio heterosexual católico es el único válido moralmente, afirma:
“No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera
remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el
matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones
homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en
efecto, “cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera
complementariedad afectiva y sexual, No pueden recibir aprobación en ningún caso”
(5).
Y continúa:
“A quienes, a partir de
esta tolerancia, quieren proceder a la legitimación de derechos específicos
para las personas homosexuales convivientes, es necesario recordar que la
tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización… La
legalización de las uniones homosexuales estaría destinada, por lo tanto, a
causar el obscurecimiento de la percepción de algunos valores morales
fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial” (6).
No podemos aceptar este tipo
de planteamientos que violan los derechos humanos más elementales y contradicen
el evangelio -que no excluye a ninguna persona- y el sentir de la feligresía católica. En momentos
como este es necesario recordar que la sexualidad es un don de Dios y que el
modelo de la heterosexualidad ha sido una construcción basada en lecturas
patriarcales del evangelio.
No debemos aceptarlos por
falaces, inhumanos e irrespetuosos. Pero no podemos aceptarlos, sobre todo,
porque los están haciendo quienes han perdido toda autoridad en materia moral,
al haber encubierto por años las violaciones de religiosas y el abuso sexual de
jóvenes. Aunque el documento reconoce que la Iglesia Católica debe acoger a
homosexuales y lesbianas, el Vaticano no tolera que posiciones contrarias a las
suyas adquieran carácter legal. Un aspecto positivo de todo esto es que ante la
tendencia a legalizar las uniones de pareja del mismo sexo en varios países del
mundo, el Vaticano ha tenido que reaccionar a la defensiva, pues sabe que esta
es una tendencia irreversible. Y esto no solo sucede muchas veces, sino que
pone a los movimientos que luchan por los derechos de lesbianas y homosexuales
en una posición distinta, en una posición de mayor poder.
Volviendo a lo sucedido a
partir de El Cairo y Beijing, los intentos de la Iglesia Católica por imponer
sus concepciones no solo a católicas y católicos sino también a quienes no
profesan esta fe, han sido patentes. En esas conferencias, quizás por primera
vez en el siglo 20, la Iglesia, en su calidad espúrea
de Estado en Naciones Unidas, pues tiene un lugar allí como Estado no miembro
observador permanente, fue un notorio actor político en asuntos de
trascendencia nacional e internacional. Un aspecto muy importante de esta
situación es la utilización de la investidura religiosa para posicionarse en un
lugar de privilegio, “más allá” de la terrenalidad y,
por lo mismo, de la obligación de rendir cuentas o estar sujeto al cumplimiento
de ordenamientos civiles. La jerarquía de la Iglesia Católica ha sabido
aprovechar muy bien estos privilegios: el identificador que marca el lugar de
la delegación del Vaticano que dice Holy See (Santa Sede), pone a esta delegación, por lo menos
en el nivel simbólico, por encima de los demás Estados miembros, pues ninguno
tiene el calificativo de santo. Fue precisamente esta investidura y posición la
que le sirvió al Vaticano para colarse en la ONU a pesar de que legalmente no
cumple los requisitos para ser parte de esta instancia internacional.
Preocupadas por esta
situación, seguimos impulsando la Campaña Internacional See Change o Cambio de Estatus, bajo la coordinación de Catholics for a Free Choice,
a través de la cual miles de organizaciones y cada vez más políticos y
parlamentarios europeos han cuestionado este injusto privilegio. Pues, además
de ser la única representación de una religión en la ONU, la Santa Sede ha
aprovechado su estatus para oponerse sistemáticamente a cualquier medida
tendiente a mejorar la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y
reproductivos de todas las personas. El abuso de poder por parte de la
jerarquía de la Iglesia Católica no nos sorprende (7).
Esta actitud se manifiesta
en todos los ámbitos de acción de una estructura jerárquica patriarcal y
autoritaria que no permite la participación de su feligresía en la elaboración
de sus enseñanzas, más bien de sus políticas, diríamos nosotras. Abusar de la
investidura, del carácter religioso y espiritual que emana de esta institución,
es una violación de los derechos humanos elementales. Ejemplo dramático de este
abuso son las recientes denuncias de violaciones a religiosas Y las de abuso
sexual que surgieron en Boston y que se han extendido a otros países del mundo,
gracias al proceso de ciudadanización y
secularización que se está dando en la sociedad civil.
Lo que sí nos sorprende es
que algunos gobiernos del mundo continúen cediendo a las presiones del
Vaticano, que dicho sea de paso utiliza los mismos métodos de chantaje y
presión que cualquier dictadura utilizaría, presiones basadas en su poder
económico, su influencia política y una clara manipulación de las conciencias,
para hacer creer al mundo que la opinión de funcionarios, personas con
pasiones, ideologías y posiciones políticas concretas, es palabra divina.
Por estas razones, le
conferimos tanta importancia a lo dicho por Marta Lamas, cuando en 1995
expresaba que la deconstrucción simbólica y el
laicismo son condiciones imprescindibles para la defensa de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos. La desacralización de las opiniones de
nuestra jerarquía es parte esencial de este proceso de deconstrucción.
Es inadmisible que a inicios del siglo XXI, tantos gobiernos del mundo sigan rindiéndole pleitesía a los funcionarios del Vaticano en los
ámbitos internacionales. Y, sobre todo, es inadmisible que los símbolos de la
sacralización sigan siendo el vehículo que facilita la violación de religiosas
y el abuso de menores en total impunidad. No podemos admitir en el fuero
eclesiástico a los violadores y abusadores, sean sacerdotes, padres o maestros;
deben ser juzgados y castigados por las leyes civiles.
La exigencia de respeto al
carácter laico de los Estados es, pues, la única garantía de ejercicio de los
derechos humanos y civiles, en sociedades diversas y plurales como en las que
hoy vivimos. La pretensión de convertir en normas programáticas y leyes
civiles, preceptos morales que no reflejan siquiera las necesidades, las
vivencias y los deseos de la feligresía católica, es una manifestación del
abuso de poder. Los Estados democráticos deben asumir, hoy más que nunca, la
responsabilidad que tienen de legislar para una sociedad diversa y plural y
entender que las creencias religiosas no deben influir en la labor pública. El
laicismo es una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos
civiles, lo cual proporciona el sustento para el bienestar de todas las
personas. A los Estados laicos les corresponde garantizar la separación entre
la Iglesia y el Estado, a las organizaciones de la sociedad civil nos
corresponde defenderla y exigir que se mantenga.
Notas
1. Parte de esta ponencia
está basada en el artículo “La defensa del laicismo desde una perspectiva
ética, católica y feminista”, publicado en Conciencia
Latinoamericana, vol. XIII, Nº 5, diciembre 2002.
pp. 5-8.
2. Esta nomenclatura se la
debo a Roberto Blancarte en: El papel de
la religión en México. Un informe Religion Counts, multicopiado, El Colegio Mexiquense A.C./Catholics for Free Choice & The Parkridge Center, México, D.F., agosto de 2003.
3. Rosa Dominga Trapasso. “Construir la religión desde la vida”, en: Conciencia Latinoamericana, vol. IV, Nº
2, abril-junio, 1992, p.10.
4. Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la
conducta de los católicos en la vida política. Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, noviembre de 2002, versión electrónica, pp. 10.12
5. Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las
uniones entre personas homosexuales. Sagrada Congregación para la Doctrina
de la Fe, 31 de julio, 2003, versión electrónica, p.1.
6. Ibidem,
pp.3 y 4.
7. Esta expresión surge de
una campaña lanzada por Catholics for a Free Choice en el marco de la Conferencia de Beijing.