La falta de medidas para poner fin a diez años de asesinatos y secuestros de mujeres en el estado de Chihuahua hace dudar de la capacidad del gobierno mexicano para hacer realidad su retórica sobre los derechos humanos. Es necesaria una intervención de las autoridades federales para investigar esta brutal pauta de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua y para llevar a los responsables ante la justicia.

Según cifras oficiales, sigue sin conocerse el paradero de 70 mujeres en Ciudad Juárez y, más recientemente, en la ciudad de Chihuahua. La información procedente de otras fuentes sitúa esta cifra en 400 mujeres desaparecidas desde 1993. Las familias temen lo peor, dado el alarmante número de mujeres desaparecidas que han sido halladas asesinadas días, e incluso años, después.

Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional han concluido que, en los últimos diez años, han sido asesinadas unas 370 mujeres, y de ellas al menos 137 habían sido agredidas sexualmente antes de morir. Además, aún no se han identificado otros 75 cadáveres; se cree que algunos de ellos pueden pertenecer a mujeres cuya desaparición se ha denunciado, pero las investigaciones forenses han sido tan inadecuadas que ha sido imposible confirmar su identidad.

Muchas de las mujeres fueron secuestradas, mantenidas cautivas durante varios días y sometidas a humillación, tortura y una violencia sexual atroz antes de morir, la mayoría de asfixia causada por estrangulación o a golpes. Sus cadáveres se hallaron más tarde ocultos entre escombros o abandonados en zonas desiertas cerca de la ciudad.

Un número significativo de las mujeres desaparecidas o asesinadas trabajaban en las plantas de montaje conocidas como maquiladoras. Entre las víctimas también ha habido camareras, estudiantes o mujeres que trabajaban en la economía sumergida.

La actuación de las autoridades competentes –quienes, ya sea por indiferencia, por falta de voluntad, por negligencia o por incapacidad, no han emprendido acciones para investigar estos delitos– ha sido flagrantemente indebida durante los últimos diez años, y todo ello ha causado un sufrimiento aún mayor a las familias y ha alterado su proceso de duelo.

Instrucciones

Envíen cartas por correo electrónico, correo ordinario o fax al presidente Vicente Fox Quesada y al gobernador del estado de Chihuahua, Lic. Patricio Martínez, o a la embajada de México en su país.

Envíen sus llamamientos a:

Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de "Los Pinos"
Col. San Miguel Chapultepec
México D.F., C.P. 11850, México
Fax: + 52 5 2 77 23 76 Correo E.: [email protected]
Tratamiento: Señor Presidente

Director General de Protección a los Derechos Humanos
Procuraduría General de la República
Dr. Mario Alvarez Martínez
Aldama 901, Colonia Centro, Estado de Chihuaha, México Fax. 526144293464
Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Patricio Martínez
Gobernador del Estado de Chihuahua
Aldama 901
Colonia Centro
Chihuahua, México
Fax: + 52 614 429 3464
Tratamiento: Señor Gobernador

con copia a: Amnistía Internacional Sección Uruguay/Colonia 871, Apto.5, CP 11100, Montevideo, Uruguay. Fax: (+5982) 900 98 51/correo electrónico: [email protected]

Carta Borrador

Estimado

Me dirijo a usted para expresar mi preocupación por el secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua y por el hecho de que, en los últimos diez años, las autoridades no han emprendido acciones para investigar estos crímenes.

Le insto a:

• reconocer y condenar públicamente estos secuestros y asesinatos;
• asegurarse de que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, efectivas, coordinadas e imparciales sobre todos los casos de secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua;

• reconocer la dignidad de las víctimas y la legitimidad de los esfuerzos de sus familiares por lograr que se conozca la verdad, que se haga justicia y que se otorgue un resarcimiento.

Su gobierno ha manifestado su compromiso de promover la protección de los derechos humanos en todos los niveles. Estos casos contienen muchos de los elementos que menoscaban la credibilidad de este compromiso. Le insto, por tanto, a poner plenamente en práctica las medidas necesarias, como señal clara de que las autoridades mexicanas no toleran estos secuestros y asesinatos.

Ordenarían a jefe policiaco de EU no visitar la ciudad (por Rubén Villalpando)

Ciudad Juarez, Chih.,14 de octubre. Vecinos de la colonia Ladrilleros y Caleros hallaron esta mañana el cadáver de Micaela Félix Alvarado, de 36 años de edad, que presentaba lesiones de arma blanca en el cuerpo y golpes en la cabeza. Este caso constituye el asesinato femenino número 23 del año en esta frontera.
El cuerpo de Micaela fue reconocido por su esposo, Carlos Gómez Raygoza, a quien agentes de la Policía Judicial del estado adscritos a la fiscalía mixta para investigar crímenes de mujeres trasladaron en calidad de presentado, para interrogarlo.

Mientras, fuentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que solicitaron anonimato dieron a conocer en El Paso, Texas, que por petición oficial del embajador del vecino país en México, Tony Garza, el director de la corporación en la citada ciudad texana, Hardrick Crawford -quien ha colaborado con autoridades mexicanas en las indagatorias de homicidios de mujeres y en la capacitación de personal policiaco, no puede cruzar a Ciudad Juárez para realizar actividades públicas.

Señalaron que la instrucción fue resultado de que el pasado 27 de mayo Crawford leyó una declaración para defender la reputación de José María Guardia López, concesionario del hipódromo juarense, y la del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, a quienes se investiga por presunto lavado de dinero.
Según los informantes, el ex procurador Jorge Carpizo McGregor envió una carta a Alfonso de María y Campos, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solicitarle que funcionarios estadunidenses no visiten Juárez ni interfieran en actividades políticas.

LA JORNADA ( Miércoles 15 de octubre de 2003 )

En ambos casos surgen nombres de jefes policiacos o familias poderosas del estado (por Jenaro Villamil)

Denuncian relación entre el feminicidio y las desapariciones forzadas en Juárez -
Autoridades no toman en cuenta pistas aportadas por ONG y familiares de las víctimas

Ciudad Juarez, Chih., 15 de octubre. Un auténtico "hoyo negro" de impunidad, muertes y encubrimientos se ha abierto en los diez años recientes en esta ciudad fronteriza: junto con los casos de 370 mujeres asesinadas, de los cuales entre 80 y 90 obedecen a un patrón de dos o más homicidas seriales, existen expedientes abiertos y vinculados por pistas similares de 750 desaparecidos, la mayoría varones, cuyos casos las autoridades policiacas han minimizado por considerarlos "gente vinculada al narco", y 511 ejecutados durante el mismo periodo por las distintas vendettas entre grupos criminales que dominan el tráfico de drogas, de personas, de automóviles y todo tipo de contrabando en esta ciudad que se ha vuelto una plaza "sobrecalentada" por el crimen.

Los feminicidios y las desapariciones tienen un ingrediente fundamental: no ha sido sentenciado niguno de los responsables, los expedientes presentan irregularidades que los propios familiares han señalado una y otra vez. Por si fuera poco, los crímenes y desapariciones de hombres y mujeres se han expandido de Ciudad Juárez hacia la capital del estado, Chihuahua. La organización Justicia para Nuestras Hijas tiene documentados los casos de nueve desaparecidas de 2000 a la fecha.

Menos conocidos que los expedientes del feminicidio de mujeres, los casos de los 750 desaparecidos constituyen una auténtica olla de presión que conduce a sospechosos comunes: comandantes de los cuerpos policiacos vinculados con los cárteles, familias poderosas cuyos nombres son pronunciados en todo Ciudad Juárez como protectores o cómplices, y responsables políticos que han desfilado en las administraciones del panista Francisco Barrio y del priísta Patricio Martínez. Casi todos los conocedores de los casos pronuncian sus nombres, pero nadie se atreve a mencionarlos directamente por el clima de temor y de hostigamiento que se ha apoderado de esta ciudad.

Lauren Magaña, vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, organización con integrantes tanto en El Paso, Texas, como en Ciudad Juárez, lo afirma claramente: "si hubiera un buen investigador podrían plantearse líneas comunes" entre el feminicidio y los desaparecidos. "En nuestros casos nos aíslan. No tienen la menor intención de resolverlos". Tal parece, reflexiona, "que los derechos de los varones desaparecidos terminaron donde comenzaron los de las mujeres asesinadas. ¿Por qué?"

Una opinión similar expresa Patricia Garibay, integrante de la misma asociación, creada en 1997 por Jaime Arbella: "yo con la cara en alto les digo a los investigadores que mi hermano desaparecido en 1998 era narco, y qué. ¿Acaso ellos no tienen también derechos humanos? Mi bandera siempre ha sido conjuntar en una misma causa la de los desaparecidos, las muchachas asesinadas y las ejecuciones, porque vamos tras el mismo objetivo. Son los mismos personajes quienes están detrás de todo. Este, además, es un problema binacional". En los expedientes de la asociación existen 38 ciudadanos estadunidenses que desaparecieron en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez.

Problema legal

El problema de las desapariciones y los homicidios de mujeres se agrava porque en Chihuahua la desaparición forzosa no es considerado un delito grave que se persiga de oficio. La gran mayoría de las jóvenes cuyos cuerpos luego han aparecido descuartizados en distintos lotes y campos del desierto y de las avenidas de Ciudad Juárez primero fueron reportadas

como desaparecidas. Nunca se han investigado a tiempo.
Las autoridades, coinciden distintos familiares de las víctimas, siempre han minimizado los reportes de desapariciones: "se fue con el novio", "ella se lo buscó" o "su hijo es narco", son las frases más comunes. Mientras, ni uno solo de los expedientes se resuelve.

Pistas comunes

Por si fuera poco, la mecánica y los nombres de los implicados coinciden en unos y otros. Tan sólo por mencionar un ejemplo está el caso de doña Evangelina Arce, cuya hija Silvia fue reportada como desaparecida en 1998. La última vez que la vieron fue en el restaurante Pachangas. Sin embargo, ella ha recibido información confidencial de que su cuerpo se encuentra enterrado en un sitio conocido como El Búnker, una casa de seguridad que presuntamente perteneció a Amado Carrillo Fuentes y que se encuentra en la calle Rayo de Luna, entre las avenidas Gómez Morín y Manuel J. Clouthier de esta ciudad.

El Búnker es también mencionado por Lauren Magaña y Patricia Garibay, integrantes de la agrupación de desaparecidos. Ambas afirman que, según distintos testimonios, en esa casa existen cuerpos enterrados de varios desaparecidos y no han sido investigados por las autoridades. La explicación oficial, señalan, es que sin orden judicial no se puede hacer la exhumación de cadáveres, ya que se cometería un delito que puede costar 40 años de cárcel. Como éstas, existen otras casas de seguridad y ranchos de capos del narco en donde se presume que pueden estar enterrados varios cuerpos.

Otras similitudes entre los casos del feminicidio y de los desaparecidos: en varios de los famosos "levantones" de mujeres y de hombres están involucradas patrullas y agentes de las policías municipal, estatal y federal. Tanto en uno y otro caso la identidad de los cuerpos que se han encontrado no se confirma plenamente.
Por si fuera poco, en los pasados meses han sido "eliminados" o desaparecido comandantes de las policías que han sido señalados como cómplices o testigos claves tanto en las muertes de mujeres como en las desapariciones. Es el caso del asesinato de los "capitanes" Portillo y Arellano, asesinados en Ciudad Juárez. "Estos capitanes sabían quiénes hacían las desapariciones en Ciudad Juárez", afirma Lauren Magaña.

A su vez, Patricia Garibay asegura que "personas que nosotros hemos mencionado en los expedientes como vinculadas a las desapariciones han sido asesinadas, como el comandante Varela". El crimen más reciente que cimbró a los familiares de las víctimas es el de Francisco Minjares, ex jefe de la unidad antisecuestros de Chihuahua, a quien las organizaciones civiles han mencionado como corresponsable tanto de los secuestros como de las desapariciones y de las muertes de mujeres. A Minjares, el ex fiscal Enrique Cocina lo trató de detener por delitos menores, como el de extorsión.

Patricia Garibay ejemplifica con el caso de su hermano, de 38 años: lo desaparecieron el 9 de enero de 1998 en el restaurante El Florida, que era del narcotraficante Rafael Muñoz Talavera. Policías municipales bloquearon las calles de Juárez y Mejía el día del "levantón" de su hermano junto con otras siete personas. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él. Los policías implicados nunca fueron detenidos.

Otro caso es el del cuñado de Lauren Magaña, Alfonso Magaña Chávez, quien desapareció el 10 de noviembre de 1994. Era comandante de la Policía Judicial del estado. Un compañero de la corporación fue a llevarle un recado de El Tigre. Nunca lo volvieron a ver.

También desapareció el primo hermano de su esposo, el joven Eleazar Magaña, de 29 años, cuando acudía a un día de campo de la empresa maquiladora en la que trabajaba. Según Lauren Magaña, las autoridades le dijeron que Eleazar desapareció porque "era gay". "Lo acusaron de ser homosexual, porque nunca le pudieron achacar que era narco. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué nunca han investigado?", remata Lauren entre los papeles de distintos expedientes de desaparecidos.

Ahora, el feminicidio y los desaparecidos comparten a un mismo fiscal: Rolando Alvarado, quien fue nombrado ministerio público especial para los desaparecidos en 1999, después del descubrimiento de las famosas narcofosas, que llamó la atención mundial. Alvarado es el quinto personaje desde hace ocho años encargado de investigar las desapariciones. Sustituyó a Enrique Cocina Martínez.
Lauren Magaña opina que Cocina Martínez es "el único fiscal al que se le puede agradecer algo, porque él encontró el 29 de noviembre de 1999 las narcofosas". Antes de ellos estuvieron Miguel Salido y Enrique Espinosa y Castañeda de los Monteros y el visitador Francisco Hernández.

Los cementerios clandestinos

En el caso de las mujeres y varones desaparecidos se presume que muchos han muerto, pero se encuentran enterrados en el desierto, en ranchos o en casas de seguridad que no han sido investigadas y que constituyen auténticos cementerios clandestinos esparcidos por Ciudad Juárez

El más reciente hallazgo que atrajo la atención internacional fue el de las narcofosas, en noviembre de 1999. Con ayuda de la FBI y de un equipo especial de investigadores se encontraron nueve cuerpos a las orillas de un rancho. Desde entonces no se han realizado nuevos descubrimientos y las autoridades han minimizado las pistas que han aportado tanto las madres de mujeres como la Asociación de Amigos y Familares de Desaparecidos.

"¿Por qué no se han investigado más narcofosas? ¿Por qué el licenciado Alvarado, desde que llegó a la fiscalía especial, no ha investigado más casos?", se pregunta Patricia Garibay, quien durante la entrevista otorga pistas de muchos agentes y narcotraficantes vinculados con las desapariciones.

Para ella, como para otras personas de Ciudad Juárez que han vivido el horror, que día con día se enfrentan a llamadas extrañas o al hostigamiento, las razones son cada vez más claras: existe un círculo criminal que se escuda en la impunidad imperante para desaparecer o matar a hombres y mujeres.

Las hipótesis que circulan fuera de los círculos oficiales son coincidentes: en Juárez se matan mujeres como parte de un "código" secreto de complicidad entre estructuras criminales, se desaparecen a personas incómodas que "saben mucho" y se perdió el control que antes se tenía sobre los cárteles.

La periodista Diana Washington, del periódico El Paso Times y acreditada como una de las conocedoras de los casos, declaró en días pasados ante una estación de radio de Estados Unidos: "hay que preguntarle al gobierno mexicano ¿qué ocultan? ¿A quiénes están encubriendo? ¿Cuánto les pagan?"

En tanto, la situación se vuelve más hostil y difícil tanto para las organizaciones defensoras de los derechos humanos como para los familiares de las víctimas del feminicidio o de las desapariciones.

Guadalupe Morfín, comisionada para prevenir violencia contra mujeres en la ciudad fronteriza. (por Andrea Becerril)

"Irresponsable, asegurar que se aclarará cada crimen en Juárez"

Pide dos meses para elaborar diagnóstico La titular cumple lo que exigen grupos civiles: Creel

Un tiempo razonable, uno o dos meses para adentrarse en la problemática, a fin de dar un diagnóstico y afinar su programa de trabajo, pidió ayer Guadalupe Morfín Otero, luego de ser presentada en la Secretaría de Gobernación como la comisionada para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

El nombramiento de Morfín Otero, cuya gestión al frente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco estuvo envuelta en la controversia, fue presentado por el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, durante la ceremonia con que se conmemoró el 50 aniversario del voto de la mujer en México.

Morfín, anunció, cumple con el perfil y reúne cada requisito que han planteado las organizaciones civiles para quien coordine los esfuerzos federales, estatales y municipales en las pesquisas de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Es decir -precisó-, la comisionada "tiene conocimientos jurídicos, experiencia en defensa de derechos humanos, así como en asuntos de género y violencia", por lo que expresó confianza en que "cumplirá de manera notable su misión de restablecer espacios de civilidad en Ciudad Juárez, en los que las mujeres puedan desarrollarse con armonía y paz".

Creel y Morfín dieron una conferencia de prensa, en la que estuvo presente la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, quien dio su aval a la comisionada.

Morfín expuso que le parece "muy significativo el gesto del Ejecutivo federal de asumir el riesgo razonado y razonable de invitarme a encabezar esto". Sostuvo que no va sola a Ciudad Juárez, "sino representando todo un movimiento de quienes han permanecido en responsable vigilia para que este asunto se atienda".

Rechazó que su trabajo empiece de cero, pues -dijo- ha leído "completos" los libros sobre los más de 300 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez; presentó el documental Señorita extraviada, de la cineasta chicana Lourdes Portillo, y ha tratado el tema en sus colaboraciones periodísticas.

"Es un tema que como mujer y defensora de derechos humanos he venido siguiendo [en publicaciones] nacionales y las extranjeras, porque ha brincado, por ejemplo, al diario El País" . Sin embargo, pidió un plazo razonable "para adentrarme en esta problemática que lleva mucho tiempo esperando, que no me es ajena, para empezar a rendir frutos, para empezar un diagnóstico y la afinación del programa que se ha diseñado".

Precisó que "uno o dos meses serían razonables" para tener listo ese diagnóstico. Tras la conferencia dijo que iría a realizar trámites administrativos y a analizar los programas que existen para la reparación del daño a los familiares de las asesinadas en Juárez. "Creo que me hace falta echarme un clavado en esos programas, para estudiarlos más."

Sobre la posibilidad de que se aclaren todos los homicidios, Morfín expuso que aún no hace la valoración, pero advirtió que "sería irresponsable asegurar que se resolverá todo a 100 por ciento".

"Hacia eso tenemos que apuntar, pero probablemente muchas de las pruebas estén borradas y sean irrecuperables. Sin embargo, el gesto de nombrarme lo veo como una voluntad férrea del Ejecutivo de hacer lo posible por que no quede en la impunidad."

Explicó que su mandato es coordinar las instancias federales que investigan el feminicidio en Juárez. Su tarea, agregó, "tendrá que ver con una labor de consuelo, de sanación, de trazar rutas hacia el futuro. Consolar implicará un trabajo delicado y paciente, de escucha, desagravio, de reparación del daño, de reconocimiento de las víctimas y de sus deudos".

Añadió: "Tenemos que recomponer la imagen de Ciudad Juárez, que no se le vincule más al feminicidio y recomponerla implicará tener puentes de diálogo con todos los actores", con los gobiernos estatal y municipal, y con las organizaciones sociales.

Sobre la poca eficacia de otros esfuerzos emprendidos, Morfín dijo que "si bien hay una historia de desconfianza respecto de algunos casos emblemáticos que han quedado sin resolver, me parecería injusto aplicar ese rasero a las fiscalías y comisiones especiales".

Creel, a su vez, señaló que el gobierno no tiene límites ni en el tiempo ni en las acciones necesarias correspondientes. "La Comisión Intersecretarial ha pedido a la comisionada que elabore un diganóstico de distintas áreas de trabajo que tenemos enfrente y que concilie ese diagnóstico con el programa de 40 compromisos que hemos suscrito ya."

En el Senado se vio con reserva el nombramiento. La presidenta de la comisión de seguimiento a esa problemática, Dulce María Sauri, dijo que no basta la figura de comisionada, pues se requiere un fiscal especial y la intervención decidida de la Procuraduría General de la República.

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Por la vida de las mujeres ¡ni una muerte más! (por Sonia Pérez, integrante de la Red de Mujeres Periodistas)

Asesinatos contra mujeres sin castigo

Las muertes de por lo menos 200 mujeres en Guatemala siguen quedando en la impunidad. Diez meses han pasado de este año, caracterizado por ser uno de los más violentos, sin que se castigue a los culpables ni existan cifras exactas de la cantidad de asesinatos.

Junto al dolor y la pérdida de madres, hijas, esposas y amantes está la impotencia de que los agresores sigan libres, ya que poco o nada han hecho las autoridades para que estos casos sean aclarados.

El Ministerio Público (MP) tiene registrados de enero a julio 48 casos de muertes violentas de mujeres. De éstos, 28 son investigados por la Fiscalía de la Mujer y el resto por la Fiscalía Metropolitana.

Para Marta Altolaguirre, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y especialista en la materia, "esto es espantoso, no entiendo que no haya una explicación comprensible de por qué se está asesinando a tantas mujeres".

En su opinión existe algún fallo en las investigaciones. Las pesquisas se están haciendo en forma separada, cuando se debió asignar a una sola fiscalía todos los crímenes contra mujeres, porque éstos se diluyen al ser conocidos por fiscales que llevan otros casos.

La abogada Altolaguirre asegura que debe iniciarse un trabajo para investigar las causas sociológicas y culturales de los crímenes.

Otros enfoques

Frank la Rue, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), comentó que los recientes crímenes contra mujeres están siendo ejecutados para crear temores: "Es una campaña concertada para provocar terror en la población, especialmente en época electoral".

El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, realizó una investigación sobre el tema y concluyó que al menos 181 muertes de mujeres estaban en la impunidad, además de relacionarlas con el crimen organizado.

Morales desestimó también la postura del MP que atribuía en un principio los crímenes a pandillas, algo que comprobó sólo en 12 de los 48 asesinatos investigados.

Ellas opinan ( por Magda Hernández, integrante de la Red de Mujeres Periodistas)

"El gobierno y las pandillas son responsables de los asesinatos contra mujeres". Así lo dieron a conocer varias entrevistadas, tras la pregunta: ¿A quiénes señalan como presuntos culpables de estas muertes violentas?

Karen Muñoz Morales, de 18 años, opina que probablemente los autores de los crímenes son de alguna pandilla: "Pienso que es algo malo porque no deberían atentar contra la vida de ninguna persona". Lady Velásquez, de 22 años, considera que la ola de violencia está siendo utilizada para hacer propaganda política: los candidatos así pueden ofrecer seguridad.

Amarilis de González indica: "A veces creo que el responsable de la violencia es el gobierno, porque manipula a la gente para provocar miedo a las mujeres". Isabel López, de 19 años, no vacila en señalar que "mareros" realizan esos hechos de sangre por venganza: "Además falta seguridad. Lo cierto es que las mujeres no tenemos la culpa de la violencia".

En opinión de Araceli Arias, de 42 años, "si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno". Ello contrasta con la opinión de Mirza Santos, de 25 años, quien culpa al gobierno de los hechos de violencia porque nada ha hecho para garantizar la seguridad pública.

En general todas coinciden: "Una no puede estar tranquila en la calle. Tenemos miedo".

Falta criterio, falta el toque humano (por Virginia del Águila, periodista y comunicadora social guatemalteca)

En lo que va del año, más de 150 jóvenes mujeres han sido asesinadas en Guatemala, pero nadie ha podido responder a lo básico: ¿Quién lo hizo? ¿Quién era la víctima, de dónde venía? ¿Por qué la mataron así? Ni siquiera la prensa ha llenado estas interrogantes, que conforman las preguntas elementales (las "cinco Ws") que un reportero debe tener en mente al redactar una nota.

Cierto que la prensa no está obligada a investigar para hallar al o los responsables de estos crímenes contra mujeres. Pero sí es parte de su responsabilidad social poner los asesinatos en perspectiva y aportar algo más que las "cinco Ws" con las que ha querido salir del paso y cubrir la noticia. Que no ocupa más que un sitio en la "nota roja" del día; que no informa sino alimenta el morbo.

No tengo una explicación precisa de por qué esta serie de asesinatos de mujeres recibe ese tratamiento periodístico. Pero la experiencia en la sala de redacción me confirma lo que los análisis de contenido señalan: en los medios nacionales prevalece el punto de vista masculino. No importa que cada vez haya más reporteras y editoras. "Ellos" siguen siendo los "altos mandos" y "ellos" siguen imponiendo su criterio al seleccionar las notas que integrarán la edición, al decidir el espacio y el enfoque que les darán.

Sumémosle la injerencia, cada vez mayor, de los criterios mercadológicos en las redacciones. Ya no interesa hacer buen periodismo: sólo se quiere vender más ejemplares. No importa si se vende publicando fotos de chicas semidesnudas o notas informativamente pobres pero amarillistas, que hacen creer que "Jack el destripador" anda suelto en Guatemala.

Además de ignorar la noción de que el buen periodismo consiste en relatar una historia -como apunta García Márquez-, en el caso de estos asesinatos queda atrás algo más importante: el hecho de que las víctimas eran mujeres, hijas o madres, con una historia y un futuro por delante. Todas vivieron realidades, sueños y expectativas que quedaron truncadas. Si los periodistas en Guatemala conservaran algo de humanidad, relatarían mejor esas historias y contribuirían a que la conciencia social despertara y reaccionara, indignada, ante estos crímenes. Si todos y todas recordáramos que cada una de las víctimas era un ser humano digno de respeto y de consideración, comenzaríamos a exigir explicaciones y justicia para ellas.

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Padecen violencia familiar 10 millones de mexicanas cada día

Los crímenes en Juárez, caso extremo de ausencia del Estado en varios niveles, señala el diagnostico

(por Victor Ballinas, La Jornada)

Diariamente 10 millones de mujeres padecen algún tipo de violencia familiar en México. Tan sólo en el último año dos de cada 10 padecieron agresiones por su pareja, y los costos por la atención médica que esto genera equivale a 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) -casi 92 mil 292 millones de pesos al año-, indica el borrador del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El documento -que hoy analizarán los organismos civiles y de derechos humanos con los expertos que lo elaboraron- resalta que el maltrato infantil también requiere mayor atención, y precisa que en 2000 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reportó 28 mil 559 casos de menores maltratados. Sólo en el Distrito Federal en 2002 se registraron mil 400 casos, un promedio de cuatro al día.

La violencia intrafamiliar crece, apunta el borrador del informe citado, y ejemplifica: "no existen cifras exactas sobre la discriminación y la violencia hacia los adultos mayores, pero según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), en 2002 se presentaron 18 mil denuncias por violación de los derechos de adultos mayores ante el Ministerio Público en el país".

Prosigue el borrador: "México es considerado en el mundo uno de los principales países donde se practican la pornografía, la prostitución infantil y el tráfico de menores, teniendo como principal destino Estados Unidos".

Se informa que en el país existen entre 4 mil y 60 mil desplazados -personas forzadas a huir de su lugar de residencia habitual, debido a conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos religiosos, tráfico de drogas, conflicto de tierras- que deben atenderse.

Los jornaleros agrícolas, dice, "son un problema enorme que no recibe atención suficiente del gobierno y de la sociedad, pues son 3.4 millones que se desplazan de sus comunidades para levantar cosechas en distintos estados, y se enfrentan a redes de explotación de enganchadores y contratistas".

El informe, que hoy será analizado por los expertos que lo elaboraron para la sección México del OACNUDH -Clara Judsiman, Miguel Sarre, Sergio Aguayo e Isidoro H. Cisneros- con organizaciones civiles y de derechos humanos, para que se incorporen observaciones y propuestas, subraya que en el campo de los derechos humanos hay avances y retrocesos. En el ámbito femenino se observan retrocesos en logros que ya se tenían en décadas pasadas.

Los retrocesos, apunta, se observan en los niveles de compromiso político real con los derechos femeninos por los gobiernos locales y funcionarios del gobierno federal. Algunas de las problemáticas actuales se refieren a expresiones profundamente violatorias de sus garantías a partir de la violencia sistémica de género, en la que el indignante caso paradigmático de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, y ahora en Chihuahua, es un símbolo.

Subraya que en la procuración y administración de justicia continúa la impunidad, la tortura persiste como método de investigación, las policías son corruptas y las procuradurías de justicia, "además de corruptas, son ineficientes".

Se refiere que el presidente Vicente Fox aumentó la participación de los mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en las políticas de seguridad pública. Se denuncia en el documento que las políticas de los grupos de coordinación interinstitucional de los estados de la República, impulsados por el gobierno foxista, han originado denuncias de desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales en Guerrero y Oaxaca, desde el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario en junio de 1996.

Los expertos proponen reformas legislativas, como la exclusión de los miembros de las fuerzas armadas de las tareas de investigación y persecución de delitos relacionados con el narcotráfico y de la lucha contrainsurgente; que se rediseñe el Sistema Nacional de Seguridad Pública para no involucrar a las fuerzas armadas de tareas de procuración de justicia, y proponen que se designe procurador general de la República a un civil y establecer un programa para sustituir progresivamente el personal militar y naval en la PGR.

En en el capítulo de grupos en situación de discriminación se analizan los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez como símbolo de impunidad, discriminación, desprecio y negligencia gubernamental.

De 1993 a 2003, refiere, un número aún no determinado de mujeres pobres fueron sometidas a abusos sexuales antes, durante y después de ser asesinadas por estrangulamiento, puñaladas o golpes. Algunas "fueron mutiladas: les arrancaron los ojos, pezones u orejas con una saña cargada de odio y desprecio".

Los familiares de las víctimas, junto con organismos civiles locales y extranjeros, exigieron respeto y solución del problema. "Obtuvieron el reconocimiento pero la acción gubernamental fue a todas luces insuficiente. Desde 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que concluyó que las autoridades estatales y municipales enfrentaron el caso con 'ausencia de interés y vocación', 'omisión culposa', 'menosprecio sexista' y, en suma, 'dieron muestra de incapacidad para contener la problemática que sufre la región."

En 1999 la relatora especial de la ONU, Asma Jahangir, aseguró que "la conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permitía concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto".

Los expertos apuntan que, desde una perspectiva más amplia, los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez son un caso extremo de la situación vivida por millones de mexicanos y mexicanas discriminados, a los cuales se les violan derechos básicos.

El de Ciudad Juárez, resalta el documento, es un caso extremo de ausencia del Estado en diversos niveles y áreas, de los efectos negativos del modelo económico, de la descomposición del tejido social y de los efectos de la vecindad con Estados Unidos y de un cambio en la naturaleza de la frontera.

En 2001, 55.7 por ciento de los niños nacidos en Ciudad Juárez fueron registrados como hijos de madres solteras, porcentaje muy superior al promedio nacional.

La atención que ha recibido el caso viene de la lucha de los familiares de las víctimas y de los organismos civiles que los han apoyado, señala el documento. Con sus testimonios, su información y sus manifestaciones -agrega- hicieron imposible la indiferencia y el silencio.

Esos testimonios refrendan y documentan la crítica a los informes citados sobre lo hecho y lo que se ha dejado de hacer por las autoridades: indiferencia, ineficacia y desorganización explicable, al menos en parte, por un menosprecio clasista hacia las víctimas, cuya moralidad pusieron constantemente en duda.

En el borrador se insiste en que los familiares de las víctimas desconfían de los resultados.

Los familiares de mujeres y niñas asesinadas "están convencidos de que los ignoran y maltratan porque ellos y sus muertas son pobres: ninguna de las asesinadas tenía coche y sólo una era profesionista. En uno de los encuentros con los familiares, una madre hizo la pregunta más pertinente y terrible: ¿Cuándo se ha perdido la hija de un judicial o de un rico? Ella misma se respondió: '¡nunca!' Luego recordó que cuando desapareció en 2001 la hija de un rico comerciante, a las pocas horas llegaron el Ejército y la policía y rápidamente localizaron a la joven que, agobiada por una depresión, se había refugiado en un hotel".

Hasta 2003 el gobierno federal estuvo fuera de la investigación, invocando falta de competencia. Esto es, en los primeros nueve años, el Estado se excluyó por decisión propia, pues lo hicieron a un lado, o porque no pudo.

En 2003 la situación hizo crisis. En México y en el extranjero las críticas aumentaron a niveles sin precedentes, lo que aceleró un cambio de actitud en el gobierno federal. Finalmente halló la forma de intervenir, cuando en marzo de 2003 la delegación de la PGR en Juárez recibió un anónimo con información que colocaba algunos crímenes dentro de la competencia federal. La PGR atrajo 14 casos.

Los autores del documento apuntan que en el trasfondo hay algo más complejo: las autoridades se resisten a reconocer que han hecho un mal trabajo, porque sus capacidades técnicas son limitadas y porque buena parte de su personal sigue instalado en el pasado: menosprecia a mujeres y marginados; hay indicios de complicidades con delincuentes y de intentos por cubrir a posibles implicados.

(Mujereshoy) Durante la clausura de su 118 periodo ordinario de sesiones, realizada el viernes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención sobre lo que llamó “serios problemas” que subsisten aún en América en el ámbito de los derechos humanos. A través de un informe, la entidad -que depende la OEA- destacó, pese a los avances democráticos, el alto nivel de corrupción que persiste en varios países, y realizó un fuerte llamado a Estados Unidos, que no ha cumplido las recomendaciones respecto a los detenidos en Guantánamo.

El presidente del organismo, el abogado José Zalaquett, dijo que estaban especialmente preocupados por la situación en Guatemala, Cuba, Haití y Venezuela, y por la reciente crisis de Bolivia, que se zanjó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hace ocho días.

La CIDH subrayó la “necesidad y urgencia” de una investigación imparcial y objetiva de los crímenes cometidos durante las manifestaciones que exigían la renuncia de Sánchez de Lozada, y establecer responsabilidades.

El presidente de la CIDH manifestó especial preocupación por los asesinatos de centenares de mujeres en Ciudad Juárez, localidad fronteriza en México, durante la última década, los cuales aún no han sido resueltos por la justicia local. José Zalaquett dijo que en las investigaciones de esos crímenes se advierten progresos, pero debido a que el caso es “demasiado grave”, se requiere un esfuerzo mucho mayor para hacer justicia.

En abril pasado, la Comisión presentó un detallado informe sobre la situación en la región ante la OEA, realizado por la relatora para Asuntos de la Mujer de la CIDH, Marta Altolaguirre, quien estuvo visitando la región desde febrero de 2002, tras la insistente petición de diversas organizaciones de la sociedad civil.

En la ocasión, la CIDH solicitó al gobierno mexicano actuar con mayor diligencia para responder a la violencia contra las mujeres, haciendo más efectiva la investigación y posterior castigo de los o las responsables. El requerimiento vio sus frutos en la creación de una subcomisión intersecretarial, que involucra a 23 áreas del gobierno presidido por Vicente Fox.

Respecto a otros países de la región, la CIDH mostró preocupación por el “progresivo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala” y la alta violencia política que existe en Haití.

En ambos países, a la Comisión le preocupa la discriminación y violencia que, a raíz de la situación socio- política, afecta a la mayoría de las mujeres, los pueblos indígenas, niños y niñas y comunidades afro descendientes.

En septiembre pasado, la Red de la No Violencia contra las Mujeres de Guatemala presentó ante la CIDH una denuncia por el asesinato de más de 200 mujeres guatemaltecas durante el primer semestre del 2003. Los crímenes serían realizados por pandillas juveniles, ante la desidia de la policía y la indiferencia de las autoridades políticas.

Además, la Comisión mantuvo durante este año un juicio contra el Estado guatemalteco por las responsabilidades que le cabrían en el asesinato de la activista Myrna Mack en 1990 en manos de agentes de seguridad.

Crítica a Estados Unidos
José Zalaquett recordó que la CIDH ha formulado recomendaciones al país del norte respecto a los situación que raya en lo legal en el caso de los extranjeros detenidos en la base de EE.UU. en Guantánamo (Cuba) por su presunta vinculación con Al Qaeda, pero que no han sido atendidas por Washington.

El jurista indicó que entre los detenidos en esa instalación militar figuran algunos menores de 18 años de edad, aún cuando EE.UU. es signatario de la Declaración mundial de los Derechos de los Niños y Niñas.

No obstante, el caso de Guantánamo no fue examinado durante el 118 período de sesiones, según se explicó, ya que no se puede estudiar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica: EE.UU. no ha firmado la Convención Interamericana al respecto y por tanto no está sometido a ella.

Por otra parte, la CIDH dijo que ha observado que el Estado cubano “continúa con la política represiva particularmente contra aquellos grupos o personas que quieren ejercer sus derechos políticos”.

Durante sus sesiones, la CIDH adoptó 80 informes sobre casos y peticiones individuales, 10 acerca de soluciones amistosas, y algunas resoluciones específicas, además de celebrar 53 audiencias.

Fuente: Agencias, Mujeres Hoy

Las protestas estan organizadas por: Católicas por el derecho a decidir, Mujerarte, Tenzin, Red de Mujeres Siglo XXI, Adivac, Sepreda, Mexfam/Gente Joven Xola, Globo-UCM, Sipam, La red nacional contra la violencia hacia las mujeres y hombres jóvenes, Milenio Feminista, Nuestro Espacio, Equidad de Género, Taller Universitario de Derechos Humanos, Modemmujer, Instituto de Liderazgo Simone De Beauvoir, Mujeres para el Dialogo, Red Nacional de Genero y Economía, Frente Lésbico contra El Femicidio, Red Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio, Comité de Mujeres de la Alianza Social Continental y otras.

Mas información en: [email protected], [email protected]

El encuentro de artes contra el femicidio, la conferencia artística, El Metro y las exposiciones de artes visuales están organizadas por: Mujerarte y Tenzin
Más información: [email protected], [email protected], tenzinforma@ yahoo.com.mx

Llevará iniciativa a Parlamento y Comisión europeos

Congreso español insta a Fox a aclarar feminicidios

Madrid, 4 de noviembre. El Congreso de los Diputados de España aprobó hoy, por unanimidad, una propuesta en la que se insta al presidente de México, Vicente Fox, a que se esclarezcan lo antes posible los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y dar una "solución" a las familias de las víctimas. Esta iniciativa será llevada a otras instituciones, como el Parlamento y la Comisión europeos, donde se iniciarán los trámites la próxima semana.

A propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, principal fuerza opositora), el Parlamento español abordó en su sesión de hoy los crímenes todavía sin resolver en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde suman más de 370 las mujeres y niñas que han sido vejadas y asesinadas, además de centenares de desaparecidas en años recientes. La iniciativa, en la que se "insta" al gobierno de México a resolver estos crímenes, fue apoyada por el derechista Partido Popular (PP, en el poder), Izquierda Unida y los diputados del Grupo Mixto.

La medida responde a una petición de auxilio de las propias familias afectadas por esta situación, que en meses recientes difundieron sus testimonios ante organismos internacionales europeos para que se resuelvan y detengan los asesinatos que aún ocurren en la región.

Micaela Navarro, diputada socialista que presentó la iniciativa, explicó que "el sentido de la propuesta es instar al gobierno español (de José María Aznar) para que haga gestiones y pida al gobierno de México y a todos los organismos internacionales en los que tenemos presencia que se investiguen las muertes de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y que se aprueben resoluciones para garantizar indemnizaciones a los familiares de las víctimas".

Explicó que la petición a Fox "no trata de interferir en ningún momento en cuestiones internas de México, pero sí queremos llamar la atención de un problema con cientos de mujeres muertas, por eso llevaremos esta propuesta al Parlamento Europeo, la Comisión Europea, al Congreso italiano y a otros países europeos y latinoamericanos".

Ante la inesperada votación del PP en favor de la iniciativa, Navarro dijo que "no nos sorprendió, porque es algo que preocupa a todo el mundo y hay una cuestión clarísima: instamos al gobierno de México o al presidente Fox a resolver un problema que debe estar por encima del poder político y de los gobiernos de los estados. Hay que dar una solución a los familiares. Recuerdo que la madre de una de las víctimas, de la asociación Por nuestras hijas de regreso a casa, me dijo: 'Los asesinos nunca preguntaron a las víctimas por qué partido político votaron', y eso lo hemos tomado en cuenta".

La iniciativa no prevé una oferta de colaboración adicional para resolver los asesinatos y las desapariciones, pero, explicó Navarro, "si el gobierno mexicano lo pidiese, no creo que habría ningún problema en ofrecer cooperación judicial e incluso policial". Una propuesta similar se aprobó la semana anterior en el Congreso regional de Andalucía, y también fue respaldada por todos los grupos parlamentarios.

Reporte de Red de Solidaridad estadunidense

Critica labor de autoridades en los homicidios contra mujeres en Juárez

Ciudad Juarez, Chih., 4 de noviembre. La Red de Solidaridad con México, organización no gubernamental (ONG) con sede en Washington que organizó la visita de legisladores estadunidenses en octubre pasado, señaló que "las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para prevenir la violencia contra mujeres, investigar los asesinatos y responder adecuadamente a los familiares".

En un boletín de prensa firmado por Laurie Freeman, de la Red de la Asociación para México y América Latina, explica que "los legisladores consideran que las medidas que están tomando las autoridades mexicanas de crear una fiscalía mixta para investigar los homicidios de mujeres, se debe a la presión nacional e internacional, lo que ha obligado a los gobiernos municipal, del estado y federal a anunciar una serie de medidas nuevas de prevención de la violencia contra las mujeres".

Freeman agrega que, de acuerdo con las más de 20 personas que vinieron en octubre pasado, entre ellas los legisladores estadunidenses demócratas Hilda Solís, Ciro Rodríguez, Silvestre Reyes y Luis Gutiérrez, las medidas adoptadas por "las autoridades de los tres niveles de gobierno no han producido avances en las investigaciones, ni han detenido los ataques violentos contra mujeres, ya que un día después de que la delegación se retiró de la ciudad, otra mujer fue encontrada asesinada en Ciudad Juárez".

Dijo que la Red de Solidaridad con México patrocinó la delegación de congresistas a Ciudad Juárez para examinar los asesinatos de cientos de mujeres en esa ciudad y que, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional, en los 10 años recientes han matado alrededor de 370 mujeres, de las que presuntamente 92 perdieron la vida luego de sufrir abuso y tormentos sexuales. "En la mayoría de casos no existen investigaciones apropiadas de parte de los agentes policiacos comisionados para identificar a sospechosos, y son escasas las pruebas para procesar a los detenidos."

La comitiva estadunidense se reunió con familiares de víctimas y con organizaciones defensoras de derechos humanos, empresarios y propietarios de maquiladoras, así como con representantes de los gobiernos municipal, estatal y federal.

De acuerdo con la vocera, uno de los resultados más importantes de la delegación fue que miembros del Congreso estadunidense se comprometieron a encontrar la manera de ayudar económicamente a las familias afectadas y apoyar al gobierno mexicano para prevenir y resolver estos crímenes y castigar a los responsables.

Aseguró que "las familias de las víctimas son ignoradas, engañadas y a menudo han sido acosadas por las autoridades, y que varias personas les dijeron que los policías deliberadamente les dieron esperanzas falsas acerca de sus hijas".

En tanto, personas desconocidas colocaron la noche del lunes ocho maniquíes en un campo algodonero de la zona donde fueron localizados igual número de cadáveres los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

Los maniquíes fueron elaborados de manera grotesca, con máscaras de trapo, ramos de flores, veladoras y dos esqueletos de plástico, sin que ninguna ONG se haya adjudicado esta actividad.

Debe tener facultades para investigar crímenes contra mujeres en Juárez, plantean

Exigen senadoras otorgar cargo de fiscal especial a Guadalupe Morfín

Presenta Sauri Riancho punto para solicitar a la PGR que emita el acuerdo respectivo

Desde la tribuna de la Cámara de Senadores legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) exigieron al gobierno federal dar facultades reales de investigación y de ejercicio penal a la comisionada Guadalupe Morfín Otero, acerca de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. De lo contrario, manifestaron Dulce María Sauri Riancho y Leticia Burgos, habrá más llamadas del exterior, como el recién formulado por el Congreso de España, para que se atiendan los crímenes en la entidad norteña.

En tanto, al conocer el pronunciamiento del legislativo español, que insta al gobierno federal a resolver los feminicidios en Ciudad Juárez, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que por no tratarse de una nota diplomática dirigida al gobierno mexicano, la cancillería no puede ofrecer una respuesta oficial sobre el punto. Sin embargo, informó que se dará seguimiento a la petición, por conducto de la Subsecretaria de Temas Globales y Derechos Humanos.

Al respecto, la senadora priísta Sauri Riancho, quien encabeza la comisión que da seguimiento a las investigaciones sobre los crímenes de Ciudad Juárez, comentó que seguramente habrá más llamados del exterior si el gobierno mexicano no asume realmente el compromiso de resolver las muertes violentas de cientos de mujeres en la fronteriza ciudad de Chihuahua.

Asimismo, la senadora perredista Leticia Burgos dijo que es una pena que en el extranjero, como es el caso reciente de España, haya más preocupación que en el propio gobierno mexicano por actuar de manera eficaz para erradicar ese gravísimo problema, que se ha extendido ya a otras entidades de la República.

Sauri Riancho presentó ayer en tribuna un punto de acuerdo en el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, que emita a la brevedad un acuerdo por el cual se otorguen las facultades necesarias a la comisionada Guadalupe Morfín para que pueda acceder a los expedientes relacionados con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y actuar como fiscal especial en los mismos.

La ex dirigente del PRI manifestó que el Ejecutivo federal no ha cumplido el ofrecimiento de evitar que los crímenes queden impunes, y dijo que el nombramiento de Guadalupe Morfín como comisionada se dio sin otorgarle las facultades necesarias para tener acceso a los expedientes y ejercer acción penal.

Agregó que ni siquiera tiene funciones reales de comisionada, ya que en realidad el cargo que le crearon es de subcomisionada y, según el nombramiento oficial que recién se dio a conocer, se le define como puching bag, como un pararrayos al que van a llegar todas las críticas sobre la no resolución de los casos y no como una instancia real de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

La perredista Burgos se sumó a la propuesta y dijo que las facultades que se otorgaron a Morfín Otero son limitadas y no le permiten combatir la impunidad y defender los derechos de los familiares de las mujeres asesinadas ni avanzar en la resolución de ese vergonzoso asunto.

De continuar con esa situación, agregó, no sólo el Congreso español sino muchas naciones reclamarán a Fox el incumplimiento de sus promesas.

CHIHUAHUA.- El nombramiento de Guadalupe Morfín como Comisionada para indagar las muertes de mujeres en Ciudad Juárez fue oficializado ayer por la Secretaría de Gobernación, mientras Morfín se reunía con funcionarios del Gobierno de Chihuahua para buscar acceso a los expedientes relacionados con la desaparición y muerte de más de 300 mujeres en esa ciudad fronteriza.

En Chihuahua, Morfín se reunió con el secretario general de Gobierno, Sergio Martínez Garza, y el Procurador de Justicia, Jesús José Solís, a quienes presentó su nombramiento plasmado en el Diario Oficial de la Federación, que detalla como objetivos de su cargo coordinar las acciones del Ejecutivo federal en materia de derechos humanos ante la situación de violencia generada en la última década en Ciudad Juárez.

El documento de nombramiento fue utilizado por la funcionaria para sustentar su necesidad de acceder a los expedientes de las mujeres asesinadas.

Martínez Garza dijo que el Gobierno estatal colaborará en la labor de Morfín. "Hemos reiterado la necesidad de ese permanente intercambio y conocimiento de los asuntos y sobre todo la información veraz con que contamos en expedientes", dijo.

La Comisionada dijo que cree "que hay una muy amplia disposición de apertura a la información que se vaya requiriendo".

Argumentó la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito, y que tienen vigencia por encima de la Constitución.

Tanto el Procurador como Martínez Garza expresaron su disposición a dar todas las facilidades a la Comisionada.

Martínez Garza describió la apertura de los expedientes como un acto de buena voluntad, pero señaló que podría existir un obstáculo legal para que Morfín acceda a expedientes, en caso de que la familia de alguna de las víctimas se oponga, pero dijo que no cree que se esto suceda dada la necesidad de aclarar las muertes.

Morfín anunció también la próxima publicación de un Decreto Presidencial para reformar el reglamento de la Secretaría de Gobernación y crear en su estructura la Comisión que preside como órgano desconcentrado.

De acuerdo con su nombramiento, el trabajo de Morfín será enlazar a la Federación con el estado y el municipio para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

Formalizan designación.

El Diario Oficial publicó ayer el acuerdo por el que se designa de manera formal a Guadalupe Morfin como nueva comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, la cual tendrá entre sus actividades:

- Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de la Subcomisión.

- Elaborar y ejecutar con la participación de las diversas instancias públicas y privadas, un programa de acciones de coordinación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Juárez.

- Establecer relaciones con el Gobierno de Chihuahua y el municipio de Juárez, en la prevención de la violencia contra las mujeres.

- Relacionarse con los familiares de las víctimas, las personas vulneradas en sus derechos humanos y ONG para atender sus legítimas demandas.

-Procurar un enlace permanente con el Congreso de la Unión y demás autoridades e instituciones involucradas.

-Informar mensualmente de sus actividades a la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

Después de un fallido intento por entrevistarse en la capital de Chihuahua con el gobernador Patricio Martínez, la comisionada especial para el seguimiento de las investigaciones sobre homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, propuso a la procuraduría de esa entidad la creación de un instituto autónomo de ciencias forenses, que elimine presiones al Ministerio Público y transparente peritajes sobre la identificación de restos humanos, que han sido cuestionados por familias de las víctimas.

La comisionada visitó Chihuahua para sostener un encuentro con Martínez, pero la atendieron el procurador Jesús José Solís Silva y el secretario de Gobierno, Sergio Martínez Garza, quienes le informaron que en la agenda del mandatario "no había espacio" y prometieron una próxima entrevista en la ciudad de México.

La funcionaria pidió a los representantes del gobierno de Chihuahua dar muestras de "mucha voluntad política" y encaminar acciones para realizar modificaciones al marco jurídico que permitan crear un instituto autónomo de ciencias forenses, que brinde a la sociedad certidumbre sobre el trabajo de investigación pericial.

Morfín dijo que en el mandato expreso que recibió del presidente Vicente Fox se le indicó contribuir con las autoridades locales en el esclarecimiento de los feminicidios, "cumpliendo con los estándares internacionales de un debido proceso legal de atención y protección a las víctimas y sus familias".

Añadió que entre sus primeras tareas a emprender está dar plena vigencia al artículo 133 constitucional, que compromete a México a cumplir con acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y, con esa idea, el gobierno federal "está dispuesto a abrir las puertas a la vigilancia ética internacional", bajo un nuevo concepto de soberanía, para cumplir con las recomendaciones que han hecho organismos internacionales defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional, sobre los asesinatos de mujeres en Juárez y los que recientemente han ocurrido en la ciudad de Chihuahua.

Entretanto, la fiscalía mixta para la investigación de asesinatos de mujeres -que integran las procuradurías General de la República y estatal- informó que fue localizada en la capital de Aguascalientes una joven de 17 años reportada como desaparecida desde el 4 de octubre pasado. Por su parte, Hortensia Barrón informó que desde el 26 de octubre del presente año desapareció su hija, Minerva Morín, y se ignora su paradero.

La muerte, la crueldad y los espectros. (por José Cueli)

La frontera norte de México se ha convertido en la ''frontera de la muerte". Desde hace 10 años Ciudad Juárez se ha tornado en el escenario de alrededor de 370 asesinatos perpetrados contra mujeres. Muchas de ellas ultrajadas, abusadas sexualmente y victimadas de la manera más atroz. Mujeres que llegaron ahí en busca de mejores condiciones de vida y lo único que encontraron fue la muerte. Hay que agregar asimismo los cientos de mujeres cuyo paradero se desconoce. Las autoridades, a su vez, oscilan entre la ineficacia y el cinismo.

Las mujeres de Ciudad Juárez han sido asesinadas por victimarios que no contentos con matarlas, las profanaron y ultrajaron cruelmente. De nuevo, puertas que se abren a la delincuencia, y que al abrirse a otras dan paso a secretos de donde surgen y a la vez ocultan la corrupción, la locura, el crimen y la crueldad extrema, y no es posible localizar a los asesinos.

Dado que no sólo nada se ha resuelto sino que siguen perpetrándose asesinatos, diversas instancias se han pronunciado al respecto. Esta semana la Red de Solidaridad Estadunidense (organismo no gubernamental) reclama que las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para investigar los asesinatos. Inclusive los legisladores demócratas de Estados Unidos que visitaron el país el pasado octubre ofrecieron ayuda para el esclarecimiento de los feminicidios en serie.

Por su parte, Amnistía Internacional denuncia los 370 asesinatos perpetrados en la reciente década, enfatizando que 92 se realizaron con posterioridad a un brutal abuso sexual. A su vez, legisladoras mexicanas exigen a la PGR que se otorgue el cargo de fiscal especial a Guadalupe Morfín, cuya encomienda actual como subcomisionada no le permite ni siquiera tener acceso a los expedientes de los asesinatos.

Por si fuera poco, el revuelo que se ha despertado en torno a la ineficacia de las autoridades mexicanas para investigar los brutales feminicidios, el Congreso de España admitió la propuesta del Partido Socialista Obrero Español de instar al presidente Fox a otorgar un adecuado cauce a las investigaciones de dichos asesinatos. Además proponen turnar el asunto al Parlamento Europeo, la Comisión Europea, al Congreso italiano y extenderlo a otros países europeos y latinoamericanos.

El asunto es muy grave y requiere de un manejo serio y enérgico desde el ámbito penal. Pero además valdría la pena proponer un minucioso estudio sobre las nuevas formas de la crueldad que se expresan en dicho fenómeno, como el filósofo Jacques Derrida propone al sicoanálisis repensar el fenómeno de la crueldad humana ya que advierte, siguiendo a Freud y a Nietszche, que más allá de las manifestaciones ya conocidas de la crueldad, una crueldad síquica los suplirá inventando siempre nuevos recursos. Sufrir o hacer sufrir parece ser parte de la condición humana, esa parte negra y maldita del individuo que Freud denominó pulsión de muerte. Narcisismo, masoquismo, sadismo, pulsión de muerte, compulsión a la repetición son conceptos sicoanalíticos que han dado luz a la comprensión del siquismo humano y que convendría repensar en función de la ola de violencia y crueldad recrudecidas en asuntos como los feminicidios de Ciudad Juárez.

Otra línea de pensamiento pertinente, también planteada por Derrida, es el estudio del retorno de los ''espectros" por medio de un tiempo fuera del concepto de tiempo lineal tradicional, pero que tiene efecto en un ''misterioso" retorno a la escena social.

Tal parece que un episodio atroz que no sólo no cesa y se aclara sino que se perpetúa sin que se tomen acciones serias y determinantes al respecto requiere, por una parte, una acción contundente de las autoridades y, por otra, un estudio profundo del fenómeno de la crueldad y del retorno de ''algo" espectral (en el sentido derridiano) que desconocemos.

"The Washington Post" pone en duda las pesquisas sobre estos crímenes

Washington.- El diario The Washington Post acusó el jueves al Presidente de México, Vicente Fox, de mentir sobre los avances logrados por el gobierno y la policía para resolver los asesinatos de cientos de mujeres en la fronteriza Ciudad Juárez.

Fox, que asumió el gobierno con la intención declarada de convertir los derechos humanos en una prioridad, "ha incumplido mayormente" con su promesa, estimó el Post en un editorial titulado "Enfrentando los asesinatos de México".

Según las autoridades mexicanas, más de 250 mujeres fueron asesinadas desde 1993 en la ciudad mexicana, fronteriza con la estadounidense El Paso (Texas). La organización Amnesty International afirma no obstante que las víctimas de supuestos asesinos en serie o pandillas de narcotraficantes son unas 370.

El diario sostuvo que en una entrevista con uno de sus corresponsales en la ciudad de México, Kevin Sullivan, el Presidente mexicano insistió en que se han hecho muchos progresos en la investigación de los asesinatos, que muchos de éstos han sido resueltos y que no ha visto evidencias de corrupción o incompetencia de las autoridades que los investigan.

"El problema es que la falsedad de cada una de estas afirmaciones es demostrable", sentenció el editorial. "Sólo una persona ha sido acusada de los asesinatos, e investigadores de AI dicen que ninguno de los casos ha sido resuelto de manera concluyente", agrega.

También denuncia que "un número de sospechosos han sido capturados por la policía y torturados hasta que confesaron".

"En un caso, el abogado de un hombre que fue acusado de ocho de los homicidios fue asesinado a tiros por la policía, mientras su cliente murió en la cárcel bajo circunstancias sospechosas", recordó.

El Post mencionó asimismo un informe de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America, que señaló que las autoridades muchas veces han identificado incorrectamente los cuerpos de las víctimas, que sus familias han sido acosadas y que altos funcionarios siguen culpando a las mujeres asesinadas por la suerte que corrieron.

El diario calificó de "un paso adelante" el envío de policías federales a Ciudad Juárez y agregó: "Atacar este complejo problema no será fácil, pero las posibilidades serían mucho mejores si el Presidente de México lo aceptara públicamente por lo que es, y lo tratara con la seriedad y urgencia que merece", concluyó.

Autoridades federales mexicanas de la Procuraduría General de la República (PGR), de la FBI, de Estados Unidos; del estado de Texas y del gobierno de Chihuahua anunciaron anoche el inicio del programa internacional "Juntos para proteger", que incluye la instalación de una línea telefónica gratuita, donde se recibirán llamadas anónimas para obtener datos que lleven al esclarecimiento de los múltiples homicidios de mujeres registrados en Ciudad Juárez.

Álvaro Navarro, representante en Ciudad Juárez del gobernador Patricio Martínez García, detalló que este programa está coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos de América, a través de los gobierno del estado de Chihuahua, el condado de El Paso, Texas, la FBI, el Departamento de Policía de El Paso, Autoridades Municipales, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Justicia del Estado y la Policía Federal Preventiva, así como organismos empresariales.

"Este programa surge como un esfuerzo más de las autoridades tanto mexicanas como del gobierno de Estados Unidos, para enfrentar, aclarar y prevenir la situación de violencia y crímenes contra mujeres que se han suscitado en la región", añadió el funcionario, quien explicó que este programa contempla la posibilidad de llevar a cabo acciones binacionales conjuntas de coordinación, capacitación, adiestramiento e intercambio de información entre las autoridades de ambos países.

Los acuerdos contemplan apoyos conjuntos en materia de capacitación y adiestramiento de los cuerpos policiacos, intercambio de información, estrategias de manejo de situaciones críticas, asesorías en técnicas de investigación, apoyos técnicos, tecnológicos y humanos en materia de ciencia forense y criminalística.

Uno de los aspectos más importantes de este programa es la creación de la línea telefónica internacional gratuita 01-800237-0797, donde se recibirán de forma anónima denuncias.

Saltillo , Coah. La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que de los 328 asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, 32 por ciento , es decir, 93 de ellos tuvieron un móvil sexual y con las líneas de investigación que se llevan a cabo, en poco tiempo se podrá identificar a los responsables "de los únicos seis que faltan".

El delegado de la PGR en Chihuahua, Héctor Rodríguez Delgado, aseguró que ya tienen los perfiles de los homicidas, pero mantienen la secrecía para evitar alertarlos. Precisó, sin embargo, que la dependencia indaga únicamente seis de los casos que no han sido resueltos.

De los 93 cometidos por motivos sexuales, 45 tienen características seriales y de ésos, 6 no han sido esclarecidos, por eso los atrajo la PGR; "estamos muy adentrados en este momento y las líneas de investigación nos pueden llevar a ubicar a los culpables en poco tiempo", subrayó.

Según el funcionario judicial, todos los demás crímenes de mujeres en Juárez ya están resueltos, hay detenidos presuntos responsables, con procesos penales en su contra.

Hizo hincapié en que con excepción de esos 45, de tipo sexual, todos los demás (283) asesinatos tienen alguna particularidad, "una autonomía, un hecho aislado e individual", insistió.

Rodríguez Delgado participa aquí en la novena Reunión de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Noreste, donde se dará seguimiento a acuerdos de otras juntas y analizarán la problemática de las entidades, a fin de lograr mayor coordinación y enfrentar conjuntamente la incidencia delictiva.

Al encuentro, inaugurado por el gobernador, Enrique Martínez y Martínez, asisten los procuradores de Tamaulipas, Francisco Cayuela Villarreal; de Nuevo León, Luis Carlos Treviño Berchelmann; el anfitrión de Coahuila, Óscar Calderón Sánchez, y el coordinador general de delegaciones de la PGR, Héctor Terán Huerta, representante del titular de esta dependencia, Rafael Macedo de la Concha.

Terán Huerta aseguró que en la Procuraduría General de la República tienen una clara visión institucional para el mediano y largo plazos.

Morfín, dispuesta a recibir apoyo de la UE para aclarar asesinatos en Juárez: AI advierte que no legitimará a la comisionada hasta que entregue resultados. (por Enrique Mendez, Roberto Garduño y Karina Aviles- La Jornada-Sociedad y Justicia)

La comisionada para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua, María Guadalupe Morfín Otero, afirmó que la instancia a su cargo "no es todopoderosa" y requiere del respaldo de las instancias federales y estatales. Inclusive dijo que podría recibir el apoyo "específicio pericial" de corporaciones policiacas de la Unión Europea (UE).

Luego de reunirse con diputadas de la Comisión de Equidad y Género, expuso que hasta el momento sólo ha enfrentado "obstáculos salvables" en su labor, y planteó que lo más lamentable sería que durante la investigación detectara que se perdieron elementos valiosos. Afirmó que no puede ofrecer ningún tipo de resultados de su encargo, porque siempre existe la tentación de que éstos se logren "a cualquier costo".

Durante el encuentro, la diputada perredista Malú Micher lamentó que hasta el momento el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, no haya aceptado la invitación a una plática con las integrantes de la comisión, para tratar el tema de los asesinatos de mujeres en Juárez. "El señor debe saber que será bienvenido. Que acepte la invitación sin ningún riesgo. Que juegue futbol, pero que también venga. ¡Que no le saque!", expuso.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Diva Adamira Gastélum, advirtió que la "epidemia social" que representan los asesinatos, desapariciones y agresiones contra las mujeres no se limita a Chihuahua, sino que "sigue avanzando y se amplió ya a seis estados, donde se lacera a nuestro género y a la sociedad".

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió que no legitimará el trabajo de la comisión para prevenir y erradicar la violencia en Ciudad Juárez hasta que dicha instancia gubernamental entregue resultados, pues una vez que lo haga podrá señalarse si las acciones realizadas tienen o no efectos positivos, expresó el coordinador de cabildeo de esa organización, Alfonso García Castillo.

Externó que AI espera que "se le den todas las facilidades a la subcomisión especial para realizar la investigación. Y a partir de sus resultados podremos tener una postura". En estos momentos, dijo, no podemos hacer una evaluación de dicha instancia.

Manifestó su preocupación porque por lo menos hasta agosto de este año -mes en que AI dio a conocer un informe del caso- el índice de asesinatos fue similar al de años anteriores. Esperemos que con el quehacer de la comisión para prevenir y erradicar la violencia en aquella entidad la cifra de muertes empiece a reducirse, indicó.

"Es bueno que el gobierno asuma una responsabilidad para averiguar y, en su caso, encontrar culpables y castigar a los responsables, pero no queremos legitimar ni descalificar desde antes" el trabajo de la comisión gubernamental, insistió.

Dicha instancia debe recabar información, encontrar fallas registradas en la investigación y dar un seguimiento para posteriormente emitir un informe de conclusiones que puedan ser atendidas con el objetivo de que las autoridades federales y locales tomen las medidas necesarias, apuntó.

Entrevistado en el contexto de la Primera Jornada por las Mujeres de Juárez, organizada por estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, García Castillo manifestó que AI continua en contacto con las organizaciones no gubernamentales de Ciudad Juárez y otras más involucradas en el caso, así como con los familiares de las víctimas. "Consideramos que hay una violación a los derechos humanos y vamos a seguir monitoreando las acciones para posteriormente emitir una opinión sobre si hay o no efectos positivos por el trabajo de la comisión".

Acredita la comisión irregularidades cometidas por autoridades municipales, estatales y federales en las indagatorias

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Estado mexicano de pretender aminorar la gravedad de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, así como de tolerar y dar poca importancia a los delitos que se cometen contra las mujeres.

Señaló que, no obstante la importancia de este caso, así como el compromiso asumido por el presidente Vicente Fox en el sentido de "meterse a fondo en las investigaciones de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez", la Procuraduría General de la República (PGR) incumple con su deber, pues hasta el momento sus labores de investigación y colaboración son insuficientes.

Indicó que esta dependencia debería atraer 52 casos de mujeres que fueron privadas de su vida por disparo de arma de fuego, además de otros siete homicidios vinculados con el narcotráfico.

La CNDH acreditó una serie de irregularidades cometidas por autoridades municipales, estatales y federales en el informe especial Los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua , el cual será dado a conocer este martes al presidente Vicente Fox.

Para la elaboración de este informe, la CNDH pudo obtener información sobre la existencia de 263 casos de homicidios de mujeres ocurridos a partir de 1993, así como el dato oficial de 4 mil 587 reportes de desaparecidas.

Además, acreditó el uso de la violencia física y psicológica para obtener confesiones de los presuntos responsables de homicidios de mujeres, mismos que, dijo, también son señalados sin que haya una identificación plena de la víctima.

Tal es el caso de dos hombres identificados en clave por la CNDH como PR1-103-F y PR2103-F que fueron detenidos el 9 de noviembre de 2001 y retenidos durante 48 horas por el agente de Ministerio Público al encontrarse presuntamente involucrados en la violación y homicidio de 8 mujeres.

Ambos firmaron una confesión en la que aceptaron haber participado en dichos homicidios. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2001 declararon ante el juez tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Bravos que fueron objeto de tortura para declararse culpables.

Al respecto, la CNDH en sus investigaciones obtuvo un certificado médico en el que se menciona que ambos presentaban quemaduras de primer grado en los genitales.

"En virtud de lo anterior, para esta Comisión Nacional quedó acreditado que los señores fueron objeto de sufrimientos graves para que rindieran una confesión sobre un delito, por parte de servidores públicos del estado de Chihuahua pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad federativa".

¿Crímenes seriales?

En su informe, este organismo identificó entre las inconsistencias, que las autoridades estatales informan sobre 76 asuntos clasificados como "homicidios seriales o con móviles sexuales".

Sin embargo, la CNDH aseguró que no existen evidencias suficientes para hacer dicha clasificación o para excluir los casos restantes que pretende denominar como "situacionales", los cuales aparentemente tienen una menor importancia, "no obstante que el deber del Estado es procurar justicia imparcial y en igualdad de condiciones para todas las personas".

Causas de la muerte

Con las evidencias que obtuvo, la CNDH concluyó que de los 236 asesinatos de mujeres que pudo documentar, 58 fueron por asfixia por estrangulamiento, 52 por disparo de arma de fuego, 49 a consecuencia de herida por instrumento punzocortante, 31 por traumatismo y en 46 casos se desconoce.

Además, indicó que "el estado real" de los expedientes es el siguiente: 65 con sentencia condenatoria, cuatro con "sentencia especial", nueve con sentencia absolutoria, 50 en instrucción, 60 en investigación, tres en reserva, 17 con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse, cuatro con órdenes de aprehensión denegadas, dos probables responsables en libertad por falta de elementos, nueve remitidos al archivo, uno remitido a la PGR y 12 remitidos al Tribunal para Menores.

Además, 82 de las víctimas eran menores de 18 años.

En este sentido, negó las afirmaciones hechas por la Procuraduría General de Justicia del estado en el sentido de que "salvo 76 casos, los demás se habían resuelto". El motivo, argumentó la CNDH, es que en 105 casos no se ha puesto al presunto responsable a disposición de un juez o recuperó su libertad al demostrarse su inocencia.

Destacó que en tanto la víctima no sea identificada, el móvil del delito no se haya esclarecido y se desconozca la identidad del o los responsables, "resulta un tanto menos que imposible admitir que un caso de homicidio o desaparición pueda considerarse como resuelto".

La simulación

Los 20 visitadores de la CNDH que realizaron la investigación denunciaron además la simulación en la que incurrió la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, ya que proporcionó datos incongruentes a la CNDH y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado que guardan los expedientes relacionados con la desaparición de mujeres.

La acusación

Ante ello, el organismo a cargo de José Luis Soberanes Fernández hizo el siguiente señalamiento: "La falta de esclarecimiento oportuno y adecuado de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, además de la pretendida falta de diligencia para actuar, dan muestra de una intención por aminorar la gravedad del fenómeno, lo cual propicia un clima de impunidad y deja un mensaje social en el sentido de la tolerancia o la poca importancia que para el Estado tienen los delitos que se cometen contra las mujeres".

Impunidad, discriminación y violencia contra mujeres. (por Rafael Alvarez Díaz, La Jornada)

En el informe Las mujeres en Ciudad Juárez: delitos de carácter sexista, la relatora de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, señala que el gobierno al descuidar deliberadamente la protección de la vida de los ciudadanos por razón de su sexo, había provocado una sensación de inseguridad en muchas de las mujeres de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, había logrado indirectamente que los autores de esos delitos quedaran impunes. Por tanto, los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad. En consecuencia, recomienda al Estado mexicano poner fin a la impunidad de que gozan ciertas clases y categorías privilegiadas; iniciar las reformas necesarias para que los tribunales ordinarios puedan juzgar a todas las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos, cualquiera que sea su profesión; proporcionar a las personas cuyos derechos humanos hayan sido vulnerados, o a sus familiares, facilidades para promover acciones penales; adoptar medidas efectivas para proteger la vida de los defensores de derechos humanos, además de otras medidas indispensables para poner fin a la violencia contra las mujeres y a la impunidad de la que hasta ahora han gozado los perpetradores de crímenes que ofenden a la humanidad toda.

A pesar de que estas recomendaciones fueron emitidas hace ya varios años, todavía hoy se encuentran en espera de ser cumplidas.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, ratificada por México el 12 de diciembre de 1998, define esta violencia como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado"; reconoce expresamente la relación que existe entre violencia de género y discriminación, indicando que es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados. Dispone que los estados partes actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en caso de que ocurra dentro del hogar o la comunidad y perpetrada por personas individuales, o en la esfera pública y perpetrada por agentes estatales; reconoce que esa violencia impide a las mujeres el ejercicio de otros derechos fundamentales, civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales.

Por su parte, la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de la Mujer, en su informe Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, indica que la discriminación comprende actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, las amenazas de cometer esos actos y la coacción. Además, la relatoría afirma que bien puede surgir responsabilidad del Estado cuando no actúa con la debida diligencia, para prevenir la violencia contra la mujer.

El Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 200, considera que comete delito de violencia familiar quien haga uso de medios físicos o sicoemocionales contra la integridad de un miembro de la familia, independientemente de que produzca lesiones.

Es alentador saber que existe gran cantidad de instrumentos nacionales e internacionales para prevenir y sancionar la discriminación y la violencia contra las mujeres, como resultado de la tenacidad de amplios sectores sociales que durante años han luchado en todo el mundo para hacer visible este rostro oculto de la sociedad. Sin embargo, resulta pertinente reconocer que las agresiones basadas en las diferencias de género persisten como práctica cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público, y se encuentran lejos de ser erradicadas.

Es necesario promover iniciativas de largo alcance, que incidan en procesos sociales y favorezcan cambios culturales, basados en el respeto a las diferencias y en la búsqueda de soluciones creativas a los conflictos. La carpeta didáctica para maestros y padres de familia Contra la violencia, eduquemos para la paz por ti, por mí y por todo el mundo, elaborada por el Grupo de Educación Popular con Mujeres AC (GEM), es buen ejemplo de lo que se puede hacer desde esta perspectiva.

Defensor de derechos humanos

Con el afán de entregar resultados de las investigaciones sobre homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, la policía judicial de Chihuahua ''realiza detenciones arbitrarias, tortura y fabrica culpables'', según acreditó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, en el informe especial que hoy será entregado al Senado de la República.

Al presentar hoy dicho informe ante la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, el ombudsman dará cuenta de que la mayoría de asesinatos y desapariciones de mujeres en esa ciudad fronteriza permanecen en la impunidad ante la omisión del Estado mexicano de cumplir con su deber. En 155 casos las investigaciones están detenidas y en 47 ''se ha llegado al extremo de someter al examen del polígrafo a los familiares de las víctimas como medio de investigación para configurar la posible comisión de un delito''.

Soberanes informará mañana martes al presidente Vicente Fox de una serie de irregularidades, omisiones, complicidades y delitos cometidos en las investigaciones para esclarecer los asesinatos de 263 mujeres y la desaparición de otras 4 mil 587.

Policías y agentes del MP, principales infractores

En su informe el ombudsman señala que la CNDH logró acreditar ''graves omisiones, irregularidades y delitos'' que las policías y agentes del Ministerio Público han cometido en agravio de las víctimas y sus familiares. Entre ellos asegura que ''se acreditó la obtención de confesiones de personas que inicialmente fueron consignadas penalmente y con posterioridad resultaron inocentes, con lo que se tiene la certeza de que estuvieron a disposición de servidores públicos que excedieron sus funciones''.

Por ejemplo, apunta en el informe, ''en 89 casos las personas involucradas en la comisión de delitos confesaron de manera 'espontánea' su participación ante el agente del Ministerio Público del estado, no obstante que con posterioridad manifestaron ante el órgano jurisdiccional que habían sido sometidos a torturas, malos tratos o amenazas para que firmaran declaraciones que les habían sido arrancadas con violencia''.

La CNDH pone ejemplos que constatan la práctica de la tortura. Cita el caso 49-f, en el que ''al estar presente ante el Ministerio Público acusado por el delito de lesiones en contra de T1-49, confesó su responsabilidad y dijo que 'el 17 de febrero de 1993, después de consumir bebidas alcohólicas, lesionó a esa mujer (a la que se denomina como T1-49) tres o cuatro veces'', sin embargo, al rendir su declaración preparatoria se retractó de su confesión y en la secuela del proceso se demostró su inocencia al no existir elementos de prueba suficientes que acreditaran su plena responsabilidad en la acusación formulada. Ocho años después se revocó la sentencia''.

Otros casos mencionados son los de dos hombres denominados PR1-103 y PR2-103-F, que el 9 de noviembre de 2001 fueron detenidos y retenidos durante 48 horas por el agente del Ministerio Público del estado al encontrarse presuntamente involucrados en la violación y homicidio de ocho mujeres; se obtuvo una declaración en la que confesaron su participación. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2001, ante el juez tercero penal del distrito judicial de Bravos, señalaron: ''No ratifico mi declaración. Nos secuestraron y a base de golpes y torturas nos amenazaban con que nuestras familias estaban sentenciadas''. El anterior es el testimonio de PR1-103. En tanto, PR2-103-F declaró: ''Me subieron al carro, me taparon el rostro, me golpearon por todo el cuerpo. Me llevaron a una casa y ahí me bajaron los pantalones, me dieron toques eléctricos en los genitales, así como por atrás y en la espalda. Me golpearon hasta que ya no aguanté. Nos hicieron hacer una grabación donde nosotros nos culpábamos. Me amenazaron con matar a mi familia, luego me trajeron a declarar''.

La CNDH sostiene que al analizar las evidencias se encontraron certificados médicos que confirman las quemaduras en los genitales, y golpes diversos; sin embargo, éstos no se presentaron ante el juez, sino que se hicieron otros falsos, pero se encontraron los originales donde se describen los golpes y las huellas de las quemaduras.

Según estos casos, que según la CNDH son varios, el órgano nacional de defensa de los derechos humanos sostiene:

''Es claro que en el caso de torturas inferidas a personas detenidas, generalmente los responsables suelen recurrir a prácticas orientadas a tratar de no dejar huella alguna en el cuerpo de la víctima, y en su caso a justificar su actuación mediante la simulación de certificados médicos, los cuales, por regla general, sin cumplir ningún parámetro metodológico se concretan a señalar que la persona examinada se encontraba sin lesiones; sin embargo, en el caso concreto fue factible localizar el certificado médico practicado al momento en que los dos detenidos fueron internados en el Centro de Readaptación Social, en el que aparece la leyenda de que presentan ''quemaduras en genitales''.

Soberanes se vio impedido de emitir una recomendación a los gobiernos federal, estatal y municipal, como era su intención y como había anunciado meses atrás, en virtud de que la ley de la CNDH señala que una vez emitida una recomendación no se puede emitir otra sobre el mismo asunto, sin importar que ésta haya sido rechazada o se encuentre sin cumplimiento.

En el informe que mañana se presentará ante el presidente Fox, que consta de mil 500 cuartillas, Soberanes afirma: ''La CNDH pudo acreditar que hay discriminación en las investigaciones de los asesinatos de mujeres, y que los gobiernos federal, estatal y municipal pretenden minimizar el fenómeno de los crímenes de niñas, jóvenes y adultas. Hay un trato desigual en las investigaciones de los homicidios y desapariciones, y en los casos donde se reportan investigaciones en trámite no fue posible ubicar información precisa sobre las diligencias de localización e investigación que permitan sustentar dichas aseveraciones''.

El ombudsman dará cuenta hoy al Senado, y mañana al Presidente, de que ''no hubo colaboración de funcionarios de los gobiernos estatal, federal y municipal, que en ocasiones remitieron información incompleta, en otras no le proporcionaron datos y en los casos que le hicieron llegar documentos, éstos son contradictorios y ponen en entredicho lo que el gobierno ha informado a los relatores de Naciones Unidas''.

Insiste en el informe en que servidores públicos han incurrido en graves omisiones al dejar de lado el deber que les correspondía de brindar debida seguridad pública a las personas y garantizar el acceso a la justicia a través de una procuración en los términos que dispone el artículo 21 constitucional.

''Se constató la pretendida intención de aminorar la gravedad del fenómeno, lo cual propicia un clima de impunidad y deja un mensaje social en el sentido de la tolerancia o la poca importancia que para el Estado tienen los delitos que se cometen contra las mujeres, máxime cuando después de que han transcurrido siete años de la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de Homicidios y Desapariciones de Mujeres, dependiente de la procuraduría estatal, y a partir de 1998, a la fiscalía especial no le ha sido posible identificar elementos suficientes que muestren una diferencia cualitativa antes y después de conformada ésta última.''

La CNDH informa que desde 1998 ha habido silencio de ambas instancias para atender los requerimientos que la comisión les formulara el 15 de mayo de ese año en la recomendación 44/98, pues ''a más de cinco años de haberse emitido, el fenómeno social no fue controlado y en cambio el índice de criminalidad en contra de las mujeres que radican o transitan en el municipio de Juárez continuó su escalada ascendente, hasta llegar a sumar hoy 263 víctimas, incluidas las 27 que fueron motivo de la recomendación citada''.

El informe sostiene que las cifras y los resultados de las investigaciones, tanto de la fiscalía como de la Procuraduría General de Justicia del Estado, son distintas. Resalta que al solicitar copia certificada de la totalidad de los expedientes, ''esta comisión fue informada, a través de una declaración de personal de la fiscalía, que los expedientes se encuentran dispersos en múltiples bodegas y por ello es difícil encontrarlos, además de que cuando se inauguró el edificio de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte el antiguo edificio albergaba los archivos y muchos indigentes empezaron a introducirse y en época de invierno se les hizo fácil quemar algunas cosas, provocando un incendio que alcanzó el archivo, por lo cual algunos documentos va a ser imposible obtenerlos''.

Ciudad Juárez, Chih.- El presidente Vicente Fox se comprometió a cumplir con las propuestas hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe especial sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un videomensaje, el primer mandatario señaló que los crímenes de mujeres en esta ciudad lastiman su sensibilidad como gobernante, como mexicano y como ser humano, "pero más allá del impacto emocional que las muertes de esas mujeres tengan en mi persona, lo más importante es el compromiso que mi gobierno ha asumido para buscar la verdad y castigar a los culpables".

Agregó que "mientras atendía los datos denunciados (por la CNDH en su informe) mi indignación aumentaba, pues pensaba que entre las mujeres muertas pudiera encontrarse alguna de mis hijas".

Este videomensaje se transmitió luego de que el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, diera a conocer los resultados de su informe especial Los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua ante familiares de las víctimas y organismos civiles.

Soberanes informó que el pasado martes, en la reunión privada que sostuvo en Los Pinos, el presidente Vicente Fox le expresó su deseo de estar presente en esta ocasión con los familiares de las mujeres asesinadas, "deseo que no pudo concretar, pero les envió este mensaje".

El jefe del Ejecutivo argumentó: "Es cierto que en esta ocasión el Presidente no puede acompañar personalmente a las familias de las mujeres asesinadas, situación que lamento mucho, pero también es cierto que no pasa un día en que el recuerdo de su tragedia deje de lastimar mi sensibilidad".

Indicó que la actuación de la comisionada especial para el caso de Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, es una garantía de que las acciones del gobierno federal se van a llevar a cabo con responsabilidad.

El primer mandatario señaló que cumplirá con las recomendaciones de la CNDH, las cuales son: designar a un fiscal especial, fortalecer la asistencia técnica y científica que proporcione la PGR, elaborar un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y solicitar la cooperación de las autoridades encargadas de investigar delitos en los Estados Unidos.

"Este informe es claro y fuerte y por eso lo aprobamos. Sobre todo, porque exige castigo a los funcionarios que se han convertido en cómplices por omisión durante la investigación de los asesinatos de mujeres", expresó Esther Chávez Cano, representante de Casa Amiga.

Dijo estar de acuerdo también con la propuesta de la CNDH de solicitar la cooperación de autoridades estadounidenses encargadas de investigar este tipo de crímenes "porque, sin duda, las dimensiones que ha adquirido este problema merecen de una atención binacional".

Fox, “muy blando”

Consideró que la actuación del gobierno federal y, en particular, del presidente Vicente Fox es "muy blanda"; señaló que se ha tardado en tomar acciones, "porque desde julio de 2000, cuando todavía no tomaba posesión, le dije que atendiera los casos de Ciudad Juárez y yo le di un expediente".

Por lo tanto, señaló que lo que hace falta es voluntad política por parte del Presidente de la República y de los gobiernos estatal y municipal.

En tanto, Gustavo de la Rosa, miembro del Comité Fronterizo de Obreras, consideró que los funcionarios del gobierno federal deben ponerse de acuerdo "porque el presidente Fox dice una cosa, luego otra, y a nivel internacional se dice otra muy distinta".

Dijo que el videomensaje del jefe del Ejecutivo transmitido ayer a los familiares de las víctimas es contradictorio con los hechos, debido a que funcionarios de su gabinete han expresado en Europa que los crímenes de mujeres tienen como trasfondo la violencia intrafamiliar.

"Deben aclarar esto, ¿quieren que se aclaren los crímenes o qué?, porque lo que han hecho hasta ahora es pasarse la pelota unos a otros", comentó.

Por su parte, Hugo Almada, representante de Alianza Cívica, destacó algunas de las aportaciones del informe especial de la CNDH como la evidencia obtenida de parte de la Fiscalía Especial en el sentido de que algunos expedientes se quemaron porque unos indigentes se introdujeron al antiguo edificio de esta dependencia y "se les hizo fácil quemar algunas cosas, provocando un incendio que alcanzó el archivo".

Comentó que otra evidencia que habla sobre la gravedad de este problema es la comprobación de que las autoridades encargadas de procurar la justicia han torturado a los presuntos responsables para que se declaren culpables.

Así lo indicó Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR, al ser cuestionado sobre el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que rindió José Luis Soberanes, en el que señaló que ha habido terribles fallas y omisiones en las indagatorias realizadas hasta el momento en los 263 casos documentados de mujeres asesinadas en esa entidad.

Al respecto, Macedo de la Concha indicó: "no tengo ninguna observación, somos respetuosos del informe de la CNDH y lo estamos analizando".

Sin embargo, el procurador precisó que el fiscal general a cargo de las investigaciones está trabajando en forma intensa y se tienen avances importantes en las pesquisas; dijo que se realizan con una gran responsabilidad y seriedad.

En entrevista, durante la presentación del libro, Las notas graves y agudas de la seguridad pública, de José Peñaloza, subprocurador de Atención a Víctimas, el funcionario dijo que está consciente de que se esperan resultados en las investigaciones y se está trabajando sobre esta premisa.

Dijo que se buscará ser congruentes con el informe del ombudsman nacional y "lo seremos con acciones y resultados".

Como se recordará, Soberanes urgió al gobierno para que instruya la creación de una fiscalía especial para la atención de estos crímenes, ante las deficiencias que han caracterizado a las investigaciones e incluso propuso solicitar la cooperación del FBI ante la falta de voluntad política en los tres niveles de gobierno mexicanos.

Aunque al respecto el procurador dijo que no tiene ninguna observación más que reiterar el compromiso del trabajo que se efectúa para esclarecer los crímenes.

Senadores desairan presentación de informe sobre el caso Juárez

Sugiere la CNDH a Fox crear fiscalía federal que investigue los crímenes contra mujeres

Pedir ayuda a autoridades estadunidenses, otra propuesta del ombudsman nacional

En los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Estado mexicano tiene que responder una pregunta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional: "¿quién las mató?" O responde, sentenció el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "o nos estamos haciendo tontos".

El ombudsman nacional presentó ayer su informe especial sobre los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez ante cuatro senadores: Dulce María Sauri y Ernesto Gil Elorduy, del PRI, y Guillermo Herbert y Jesús Galván, del PAN, de un total de casi 40 legisladores que debieron asistir a la reunión.

Frente a ellos, Soberanes demandó al jefe del Ejecutivo la creación de una fiscalía especial federal que investigue los homicidios y desapariciones en esa ciudad fronteriza; elaborar un registro nacional sobre desaparecidas; que se solicite la cooperación de autoridades de Estados Unidos y que se fortalezca la cooperación técnica y científica entre la PGR y la procuraduría de Chihuahua.

Urge deslindar responsabilidades

Apremió a los gobiernos de Chihuahua y al municipal de Ciudad Juárez a deslindar responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado, por las omisiones en que han incurrido en las investigaciones, así como de los agentes del Ministerio Público por falsear información difundida a la sociedad y entregada a la CNDH.

Asimismo, demandó que el gobierno del estado replantee la labor de la fiscalía especial que investiga los homicidios en Ciudad Juárez.

Soberanes destacó que una de las conclusiones de la investigación es que hay crisis en la procuración de justicia y en seguridad pública. "Si estos acontecimientos no son tomados como señales y advertencias de un cáncer en expansión, en el futuro podríamos vernos en la fase terminal, cuando ya no haya remedio."

Ante ello pidió a autoridades y sociedad considerar que las reformas al sistema de procuración de justicia "no pueden esperar más". Subrayó que mientras no se sepa quiénes son los homicidas y no se haga justicia no habrá palabras que alivien el dolor de los familiares de las víctimas, no habrá promesas que hagan resurgir la confianza en la justicia y no habrá compromiso que devuelva la esperanza a los ciudadanos.

Abundó: "Junto al reclamo social que nos lleva a exigir ni una muerta más, seguiremos arrastrando la vergüenza nacional de saber que más de 300 mujeres pueden ser asesinadas sin que las autoridades logren identificar y sentenciar a los responsables".

Más adelante señaló que "terminó el tiempo de duelos y quebrantos en los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez. No podemos seguir con el tema de las condolencias, pues el Estado mexicano no se creó para eso. Cualquier Estado moderno tiene la obligación fundamental de procurar justicia, a la cual no puede declinar".

El senador priísta Ernesto Gil Elorduy preguntó a Soberanes su opinión sobre el nombramiento de la comisionada para el caso Juárez, a lo que el ombudsman respondió: "La señora (Guadalupe Morfín Otero) tiene funciones de tipo social, no tiene que ver con las investigaciones. Ella lo ha dicho. El acuerdo para crear ese puesto dice que se va a abocar a la línea social, y está bien que el gobierno se preocupe por las cuestiones sociales. Yo no lo critico, pero lo que hay que hacer es investigar".

Soberanes precisó: "en este país, de acuerdo con la Constitución, la única autoridad competente para investigar es el Ministerio Público. Yo no sé si a la señora Morfín le vayan a dar el rango (de Ministerio Público o fiscal), pero debe haber alguien a quien le den ese cargo. Nosotros proponemos la creación de una fiscalía especial federal que investigue. Si a la señora Morfín le dan el cargo, debe contar con el apoyo suficiente para realizar las investigaciones".

Advirtió que si no se nombra un fiscal especial "continuaremos en este lago de inconsistencias y el Estado seguirá sin responder una demanda social e internacional y nos seguirán coscorroneando en el exterior".

Por su parte, el senador panista Guillermo Herbert le preguntó su opinión sobre la actitud injerencista de España y otros países que han condenado los crímenes. Soberanes respondió: ante "un Estado que no sabe cumplir sus obligaciones, cualquiera se siente con derecho a jalarle las orejas".

Los ausentes

Entre los legisladores que no fueron a la reunión figuran los presidentes de las tres comisiones unidas del Senado de la República: Derechos Humanos, el priísta Miguel Sadot Sánchez Carreño; de Justicia, el panista Jorge Zermeño, y de Equidad y Género, Araceli Escalante.

Otros ausentes fueron los legisladores del PRD Jesús Ortega, Rutilio Escandón y Leticia Burgos. Tampoco asistieron las panistas Micaela Aguilar y Susana Stephenson. Se argumentó que las ausencias se debieron a que la mayoría se encontraba en sus estados, después de un largo puente. Otros no pudieron tomar el vuelo a tiempo.

Ante los cuatro senadores que lo escucharon, el ombudsman subrayó que es intolerable la carga de negligencia, desatención, omisiones e inclusive discriminación, engaños y reportes falsos, que ha caracterizado la conducta de muchos agentes encargados de investigar y esclarecer los hechos.

La presidenta de la comisión legislativa que investiga los crímenes, Dulce María Sauri, presidió la reunión. De entrada, lamentó el hecho de que hoy no se podrá celebrar el acto público en Los Pinos de la presentación del informe.

Después, en entrevista, aseveró que el informe es muy importante, "me hubiera gustado que el presidente Fox recibiera en Los Pinos al ombudsman y en acto público hubiera apoyado a la CNDH con la fuerza del gobierno de la República para lograr las propuestas que el informe contiene".

Marchan en al menos siete estados para exigir el esclarecimiento de decenas de crímenes de mujeres

En ocasión del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, dependencias gubernamentales y organizaciones civiles de estados diferentes a Chihuahua dieron cuenta de las decenas de mujeres que han fallecido en forma violenta.

En Guanajuato, con los expedientes de 50 mujeres asesinadas y 15 desaparecidas, en los últimos tres años, lideresas de organizaciones civiles anunciaron que recurrirán a la Corte Internacional para exigir justicia y se castigue a los responsables de los crímenes.

Y en entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Coahuila, también se realizaron marchas y actividades para protestar por las decenas de mujeres muertas en forma violenta.

En Guanajuato, la coordinadora del movimiento estatal Milenio Feminista, Verónica Cruz, dijo que las muertes de mujeres en el estado han sido en serie en 10 municipios; 21 de ellas de León. La mayoría de las "víctimas fueron golpeadas, violadas, destazadas y luego las arrojaron en terrenos baldíos".

Las dirigentes del Centro de Derechos Humanos Victoria Díaz , Milenio Feminista, Centro Las Liebres y Movimiento Amplio de Mujeres, entre otras, presentaron los listados con los nombres, domicilios y fechas de los crímenes que les proporcionaron los familiares de cada una de las víctimas y advirtieron que recurrirán a la Corte Internacional para exigir justicia.

En Tamaulipas, de acuerdo con un recuento que realizó la Policía Ministerial del Estado, en los últimos cinco años han muerto asesinadas 105 mujeres, situación que representa un promedio de 21 crímenes anuales.

El director de la Policía Ministerial del Estado, Óscar Mario Hinojosa Ramírez, y el delegado regional de la Procuraduría General de Justicia estatal, Héctor Fernando Vallejo García, coincidieron en que este tipo de violencia en Tamaulipas nada tiene que ver con la situación que se presenta en Ciudad Juárez.

Ambos funcionarios señalaron que en la mayoría de los casos, una de las causas más comunes son los problemas entre parejas o romances truncados, así como pleitos entre parejas.

En Morelos, organizaciones civiles dieron cuenta de una investigación que arroja 20 homicidios de mujeres en los últimos dos años. En su mayoría, detalló Juliana García Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), los cadáveres han sido abandonados a las orillas de los caminos, autopistas y terrenos baldíos.

La funcionaria exigió a la Procuraduría General de Justicia indagar a fondo sobre los homicidios de mujeres, pues argumentan que por una condición de género por lo regular los ministerios públicos juzgan estos casos como si fueran pasionales o motivados por una situación simple de violencia.

En Jalisco, la Secretaría de Salud informó que en 2003, los casos de violencia contra mujeres han sumado 2 mil 186, muy por encima de los 1 mil 247 que se registraron durante 2002.

Manifestaciones

Decenas de mujeres, encabezadas por la activista Maricruz Flores, marcharon por las principales calles de Monterrey, para "sensibilizar a la población de la situación de la mujer en Nuevo León".

La entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en violencia contra el género femenino.

También en Ciudad Juárez y Chihuahua, la ciudad capital, marcharon representantes de organizaciones no gubernamentales, estudiantes, amas de casa y familiares de mujeres asesinadas, para exigir justicia y la detención de los responsables de los homicidios en la entidad. (Con información de Justino Miranda, Luis C. Cano, Xóchitl Álvarez, Carlos Coria y Cayetano Frías).

"Hasta que encuentren a los asesinos de nuestras hijas nos vamos a callar"

"¡Señoras, sigan llorando a sus hijas, sigan buscando los cuerpos ustedes solas, porque el señor Presidente de la República no tiene tiempo para atenderlas!", exclamó Marilú, la joven hermana de Lilia Alejandra García, una de las asesinadas en febrero de 2001. Después de este emplazamiento y tras cuatro horas de reunión, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, gestionó un encuentro en Los Pinos y se acordó que el primer mandatario las recibiera 20 minutos al día siguiente.

Las madres habían dicho todo lo que tenían que decir. A la comisionada nacional, Guadalupe Morfín, le recordaron que le dan un voto de confianza, pero que "sólo los hechos confirmarán nuestra apreciación hacia usted". Frente a Santiago Creel, Morfín aceptó crear una mesa de trabajo para que se cotejaran las demandas de las madres y sus reclamos por la negligencia en la impartición de justicia.

Un día después, el martes 25 de noviembre, la audiencia con el primer mandatario, en la que también participaron el procurador Rafael Macedo de la Concha, el titular de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y Creel Miranda, se prolongó por casi una hora. De la absoluta indiferencia inicial, señalan, por lo menos lograron exponer sus reclamos.

Así ha sido el periplo de las cerca de 20 madres de muchachas y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, que desde el viernes 21 han recorrido prácticamente todas las instancias de poder de la ciudad de México para reiterar su demanda central: no queremos promesas, sino asesinos confesos. "Hasta que encuentren a los asesinos de nuestaras hijas nos vamos a callar", afirma Norma Andrade, quien ha sido una de las más activas participantes de esta delegación, en la que se encuentran Ramona, veterana en la lucha por justicia, desde que asesinaron a su hija en 1995; Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena, cuya osamenta hasta ahora las autoridades chihuahuenses identificaron; Norma Ledesma, madre de Paloma Escobar, y Soledad Aguilar, entre otras.

Ante abogados de la cooperativa Pascual, del secretario de Gobernación, Santiago Creel, y del propio presidente Vicente Fox, la delegación de madres y activistas también ha exigido que se finquen responsabilidades a ex funcionarios del gobierno de Francisco Barrio, que actualmente se encuentran en la Secretaría de la Función Pública. Por "negligencia, encubrimiento o participación" en distintos delitos relacionados con los crímenes, las madres han exigido que se investigue la actuación de Francisco Molina Ruiz, ex procurador estatal y ex director de la lucha contra las drogas; de Alejandro Castro Valles, ex primer comandante de la Policía Judicial chihuahuense, y su escolta, Jaime Gurrola.

Al presidente Vicente Fox le entregaron un largo reporte sobre negligencias y omisiones en las pesquisas desde 1995. El procurador Rafael Macedo de la Concha simplemente se comprometió a leer sus demandas y enlistó los "logros" del gobierno federal desde que se impulsaron las 40 acciones del Plan Integral de Seguridad Pública. Fue hasta hoy, a más de 100 días de que se inició ese programa, que la opinión y las peticiones de las madres de las víctimas fueron escuchadas en Los Pinos.

En estos cinco días de intensas actividades el grupo de madres estuvo en la delegación Cuauhtémoc, donde la titular de la demarcación, Virginia Jaramillo, encabezó un homenaje a cuatro integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. El sábado sostuvieron una reunión con el Consejo de la Cooperativa Pascual. Esta empresa les ofreció desayunos y comidas durante su estancia en la ciudad de México, así como apoyo jurídico y una alianza para "impulsar una cultura de la legalidad".

Ese mismo día estuvieron en la feria del libro del Zócalo, donde dieron a conocer una lista de sospechosos de cometer los crímenes. Los nombres y apellidos volvieron a salir: los Zaragoza Fuentes, los Fernández, los Domínguez, Hank Rohn, Sotelo, Molinar, Urbina y Cabada, entre otros.

El domingo tuvieron una recepción en la delegación Iztacalco, gobernada por el perredista Armando Quintero, y fueron hasta la delegación de la nunciatura apostólica, donde monseñor Giulio Sanbeni atendió las peticiones de una delegación encabezada por Católicas por el Derecho a Decidir y cuatro madres, entre ellas Patricia Cervantes, Soledad Aguilar y Josefina González.

El representante del nuncio les aseguró: "vamos a enviar a la Santa Sede el escrito que nos han entregado. Estén tranquilas, pues sus palabras serán escuchadas".

Tranquilidad es lo que menos le queda a este grupo de madres. Ellas reiteran ante todos sus interlocutores sus demandas fundamentales: destinar recursos financieros a la búsqueda de mujeres desaparecidas, crear un banco de datos de ADN para cotejarlo con el de las madres, elaborar un archivo nacional de desaparecidas (propuesta que fue muy bien recibida por Vicente Fox, comentó una de las asistentes), la reparación del daño a las madres de las víctimas y, sobre todo, investigación y castigo a los responsables.

Desencantadas por las promesas y el juego político, que también las ha convertido en objeto de críticas e infundios -"nos acusan de lucrar con la muerte de nuestras hijas, de estar apoyadas por partidos e intereses políticos"-, esta delegación identifica claramente a sus adversarios: las autoridades de Chihuahua.

Norma Andrade advierte que ahora están preocupadas por otro hecho judicial: el próximo año, de acuerdo con las leyes de Chihuahua, pueden prescribir varios crímenes cometidos entre 1992 y 1993, sin que los culpables hayan sido sentenciados.

Por lo pronto, coinciden, el reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de la fuerza que ellas demandaron. "Nosotros queríamos una recomendación y no un reporte más del sinnúmero de irregularidades que ya sabemos", sentenciaron.

Con lista de "logros" responde Creel a inquietud del PEN Club sobre feminicidio

Se han dado pasos para dar una respuesta integral al problema en Juárez, sostiene
ALONSO URRUTIA
En: La Jornada (Sociedad y Justicia). p. 46

Al responder a una nueva demanda de esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, sostuvo que el Ejecutivo federal ha dado pasos para dar una respuesta íntegra al problema con objeto no sólo de esclarecer las muertes, sino también de iniciar un proceso de reconstrucción del tejido social de esa ciudad fronteriza.
Durante un encuentro con escritores de diversos países agrupados en la organización PEN Club Internacional, también habló la comisionada para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín, quien destacó que la pretensión es trabajar en "el área de la verdad". Con ello se pretende que se cumplan sin cortapisas las recomendaciones que diversos organismos internacionales han realizado al gobierno mexicano, que, como se vinculan con tratados internacionales, equivalen a disposiciones obligatorias.
Explicó que el caso "del feminicidio en Juárez comenzó por una invisibilización del problema, por considerar excluibles y borrables a mujeres de poco arraigo, de pocos recursos en esa ciudad fronteriza".
Ambos funcionarios dieron respuesta a una carta del PEN Club dirigida al presidente Vicente Fox que fue leída durante la reunión, en la que los escritores expresaron su "repudio" a los asesinatos de mujeres. Al mismo tiempo destacaron que es un clamor internacional el esclarecimiento, porque estos hechos "avergüenzan" y "causan gran dolor".
Agenda de reconciliación social
Morfín dijo que se trabajará en una agenda de reconciliación social, en el diseño de fórmulas específicas para la reparación del daño y en la reconstitución del tejido social junto con la sociedad juarense y con los familiares de las víctimas.
Poco antes, como preámbulo, Creel hizo un resumen de las diversas medidas que ha adoptado el gobierno mexicano para mejorar la situación de los derechos humanos. De entrada, citó la firma de 26 convenios internacionales -"como nunca antes se había hecho"- que implicaron asumir mayores compromisos.
Destacó también la excarcelación de más de 2 mil personas que se encontraban detenidas injustamente, entre ellas "el compañero (Francisco) Gallardo". Apuntó también que el gobierno mexicano solicitó a la Organización de las Naciones Unidas el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
En su alocución subrayó la importancia que ha tenido en la aplicación de una nueva política de derechos humanos la apertura de los archivos de la guerra sucia. El hecho de que la sociedad pudiera conocer los secretos de las policías políticas del país en las décadas de los sesenta y setenta forma parte de un proceso para alcanzar la justicia, expuso. Esto, añadió, se ha visto reforzado con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera imprescriptible la desaparición forzada de personas.

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Camelia Romero Millán, Unidad de Documentación del PIEM. [email protected]

Identifica PGR restos de una de las víctimas

Silvia Otero
El Universal
Viernes 28 de noviembre de 2003
Nación, página 22

Estudios genéticos de ADN determinaron que se trata de Neyra Azucena Cervantes

La Procuraduría General de la República, después de realizar estudios genéticos a una de las víctimas de Ciudad Juárez, confirmó que se logró identificar que los restos óseos encontrados el pasado 14 de junio en los cerros conocidos como Los Cuernos de la Luna, corresponden a Neyra Azucena Cervantes, quien fue reportada como desaparecida desde el mes de mayo de este año.
Después de que la madre de Neyra Azucena solicitó la intervención de la dependencia federal para realizar los estudios de ADN que permitieran descartar o confirmar que los restos correspondían a los de su hija, la mujer aceptó el resultado de las pruebas genéticas realizadas por la PGR y anunció que reclamará los restos.
La PGR dio a conocer que luego de que en junio pasado se localizaron en las inmediaciones de Ciudad Juárez los restos de una víctima más, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua de forma preliminar identificó a la víctima como Neyra Azucena, ya que la vestimenta que llevaba la última vez que fue vista con vida, coincidía con las prendas halladas en los cerros Los Cuernos de la Luna.
No obstante, Patricia Cervantes no confió en este resultado, ya que aunque las prendas eran similares a las que vestía su hija el día de su desaparición, consideró que éstas parecían añejas y se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que solicitó a Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR, estudios de ADN para establecer la identidad de los restos.
Después de que se realizaron los trámites procesales ante el Juzgado Sexto de lo Penal del fuero común, la PGR designó al perito químico Alfonso Luna Vázquez para realizar los estudios genéticos a los restos que se presumían eran de Neyra Azucena.

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Exige CIDH acabar con los homicidios

Julián Sánchez
El Universal
Viernes 28 de noviembre de 2003
Nación, página 23

"El Estado debe atender completamente las recomendaciones legales e institucionales"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los esfuerzos del gobierno federal para atender los asesinatos en Ciudad Juárez, pero considera que debe acelerar las acciones para poner fin a ese fenómeno con la mayor brevedad ante el persistente clima de temor y de inseguridad que se extiende hacia otras regiones, consideró la representante de ese organismo, Marta Altolaguirre Larrondo.
La defensora de derechos humanos, que ha investigado desde hace varios años el fenómeno, señaló que el Estado debe atender completamente las recomendaciones legales e institucionales de la CIDH, pues hasta el momento sólo se ha tenido una respuesta parcial de éstas.

Urgen medidas

"Es evidente que una situación que se ha prolongado durante los últimos 10 años no puede resolverse de inmediato, pero también es evidente la obligación del Estado de adoptar medidas encaminadas para poner fin al fenómeno a la brevedad posible".
Marta Altolaguirre Larrondo, quien ofreció una conferencia magistral en la Universidad Iberoamericana (UIA), resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al gobierno mexicano proteger a los familiares de las víctimas de la intimidación, hostigamiento y ataques de los que han sido objeto.
De igual modo, sostuvo, debe acabarse con la impunidad evidente que ha existido en torno de los crímenes de mujeres, los cuales reflejan en su mayoría una conducta perversa con rasgos misóginos que evidencian la complejidad y la urgencia de buscar los remedios integrales que requiere el fenómeno de Ciudad Juárez.

Definición en los casos

En tal sentido, insistió en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el gobierno debe priorizar las acciones destinadas a desvirtuar o confirmar las hipótesis relativas a situar como responsables del fenómeno de la violencia contra las mujeres al crimen organizado, el narcotráfico, los traficantes de órganos o redes de prostitución.
"La responsabilidad del Estado mexicano tendente a hacer frente a esa violencia y poner fin a la impunidad consiste en diseñar y aplicar medidas eficaces de prevención y respuesta que implican la participación sustancial de los gobiernos federal, del de Chihuahua y del municipal de Ciudad Juárez, así como de la sociedad civil", comentó Marta Altolaguirre Larrondo.

Acciones positivas

Dijo que debe reconocerse que entre otras acciones el gobierno mexicano ha desarrollado acciones positivas como la ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos que son aplicables a los asesinatos, además de las acciones que ha realizado el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras acciones.
"Es motivo de esperanza la noticia reciente sobre el nombramiento de la distinguida profesional María Guadalupe Morfín (como comisionada para los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez), quien con su trayectoria de capacidad y rectitud renueva la confianza de las distintas organizaciones en su lucha para que se ponga fin a las muertes violentas."
Marta Altolaguirre destacó también la creación de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados en 1997, así como la realización de mesas interinstitucionales de diálogo entre el gobierno de Chihuahua con la sociedad civil.

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Atraerá PGR 11 casos más de crímenes en Cd. Juárez

Silvia Otero
El Universal
Viernes 28 de noviembre de 2003
Nación, página 2

Reitera Macedo en San Lázaro su compromiso de esclarecer los homicidios

La Procuraduría General de la República (PGR) ejercerá su facultad de atracción para investigar 11 casos más de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que sumarán 25 las averiguaciones previas iniciadas por estos crímenes, que podrían tener relación con delitos del orden federal.
El titular de la dependencia, Rafael Macedo de la Concha, reveló así el avance en las investigaciones de tales delitos al comparecer ayer ante diputados federales de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.
Ante la serie de cuestionamientos de diversos legisladores sobre la falta de resultados en el esclarecimiento de 263 casos documentados de asesinatos de mujeres en esa ciudad fronteriza a lo largo de una década, Macedo de la Concha reveló que se está trabajando con seriedad y del análisis de los expedientes se tomó la decisión de atraer 11 casos más en los próximos días.
Aunque no quiso adelantar los delitos federales con los que pudieran estar relacionados estos nuevos expedientes, cabe recordar que en los primeros 14 casos que atrajo la PGR en abril pasado se abrieron las líneas de investigación del tráfico de órganos, participación de sectas, bandas de pornografía y de indocumentados, así como narcotráfico.
El funcionario reiteró además el compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades judiciales para esclarecer los crímenes, que insistió, son un asunto de Estado.
En el único momento de tensión de la sesión, el diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien es investigado por la PGR por lavado de dinero junto con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, al tomar la palabra cuestionó seriamente a Macedo de la Concha de que en la PGR "se mide con varas distintas".
Aseguró que se emprendió una "persecución encarnizada" contra quienes han luchado por el esclarecimiento del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y se dio entrada a la denuncia de Jorge Carpizo, que calificó de infundada y ridícula, contra el cardenal Sandoval Íñiguez.
Por ello, preguntó al procurador, ¿quién ha movido la mano de la PGR? Ya que no se ha procedido contra Carpizo por dar a conocer un video interno de la dependencia en 2002, en el que aparecía la ex subprocuradora María de la Luz Lima Malvido.
Macedo de la Concha respondió que "aplicaré la ley, trátese de quien se trate", al asegurar que su compromiso es con la aplicación de la justicia, y es indeclinable en su convicción de que no se torcerá la ley en favor de los intereses de unos u otros, pues en la institución a su cargo no se reciben líneas de nadie.
En otros temas, el procurador indicó que del inicio de su administración a la fecha se ha abatido el rezago de averiguaciones previas y mandamientos judiciales en 85 por ciento ; se ha procedido contra tres mil servidores públicos, mil 200 de ellos en materia penal, como parte del combate a la corrupción en la PGR.
Finalmente, ante los cuestionamientos de los diputados, indicó que el Senado de la República actualmente analiza una propuesta de reforma de ley para que delitos como la pornografía infantil, el turismo sexual y trata de menores se incorpore al catálogo de delitos de delincuencia organizada y aumenten las penas sin beneficios de libertad para los responsables.

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Camelia Romero Millán, Unidad de Documentación del PIEM. [email protected]

Los huérfanos de las muertas de Juárez

Liliana Alcántara/Enviada
El Universal
Domingo 30 de noviembre de 2003
Ciudad Juárez, Chih. Nadie sabe cuántos pero, desde 1993, son más notorios.

Unos regresaron a sus lugares de origen en diversos estados de la República y otros sobreviven en Ciudad Juárez, al amparo del padre o de los abuelos, aunque más de estos últimos.
Son los huérfanos de las madres que fueron asesinadas o que están desaparecidas.
No hay un censo y, por ello, los cálculos varían desde los 100 según la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de dar seguimiento al caso Ciudad Juárez hasta mil huérfanos, según refieren datos de la organización Casa Amiga.
Esther Chávez Cano, directora de esa organización, indicó que se desconoce el número exacto de los niños que han quedado huérfanos desde 1993, cuando inició la ola de asesinatos contra mujeres en esta ciudad fronteriza.
"Lo que pasa es que los expedientes están muy vacíos y así no podemos saber si las víctimas tenían hijos o dónde localizarlos, esas son cosas que no sabemos", comentó.
Además, añadió que la mayor parte de los huérfanos son llevados a otros lugares, lejos de Ciudad Juárez, "porque después de que pasa una desgracia como ésa, que pierdan a su mamá, éste ya no es ambiente propicio para su desarrollo, así es que yo creo que es mejor que se los lleven de aquí".
La activista explicó que para los huérfanos se creó un fideicomiso "que no sabemos quién se hizo cargo de él y que, además, es insuficiente".

Otro desaparecido

El Fideicomiso de Apoyo a los Familiares Directos de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez (Fidevida) se constituyó el 23 de noviembre del año pasado.
Datos de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, encargada de dar seguimiento a las investigaciones sobre los crímenes de mujeres en esta ciudad, refieren que el fideicomiso se creó con la aceptación de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez.
Para este fideicomiso se creó un Comité Técnico encargado de determinar "la calidad" de los beneficiarios con base en un censo que elaborarían estudiantes de las facultades de Psicología y Derecho de la Universidad Regional del Norte.
No obstante, Chávez Cano y Marisela Ortiz, representante del organismo civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señalaron que este fondo sólo incluye a 12 niños y excluye a los hijos de las mujeres desaparecidas.
Victoria Caraveo, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, informó que a través de este fideicomiso se ejerció un millón de pesos, sin que hasta el momento beneficie a la mayor parte de los huérfanos.
"Además debe funcionar de otra forma porque son muy burocráticos y las abuelas pierden mucho tiempo", comentó.
Caraveo informó que, por el momento, el instituto ofrece atención psicológica y médica a ocho menores "y estamos tratando de firmar un convenio con el gobierno del estado de Chihuahua para que todos los huérfanos tengan los apoyos económicos necesarios como la compra de útiles hasta que terminen la educación secundaria, además de atención médica hasta que cumplan la mayoría de edad".

¿Y los abuelos?

La directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer consideró que también deberían crearse apoyos para los abuelos de los niños huérfanos "porque ya son personas grandes que no trabajan y que aún así vuelven a tener la responsabilidad de mantener a un niño".

Asesinadas de Juárez

Nora Patricia Jara
Diario La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/048a1cap.php?origen=opinion.php&fly=1

México D.F. Lunes 1 de diciembre de 2003

El Zócalo se convirtió en gran muro de lamentaciones durante la conmemoración del Día de la No Violencia, que para las mujeres de Ciudad Juárez no existe sosiego y hasta hoy ni esperanza de vivir sin temor de ser asesinadas. Organizaciones sociales, civiles, instituciones académicas y sindicales, junto con el Gobierno del Distrito Federal, salieron a la plancha de la Plazaa de la Constitución para manifestar un ¡ya basta! por la impunidad en más de 300 muertes de jovencitas, así como la desaparición de 4 mil más.
El grado de impunidad que impera en ese municipio de Chihuahua ha hecho mella en el tejido social, que manifiesta un medio hostil, discriminatorio y claramente misógino, donde la complicidad policiaca y de la comunidad, que niega lo que expertos de la ONU han calificado de feminicidio, existe desde hace 10 años. Eso es lo que vinieron a denunciar decenas de familias supervivientes a los constantes hostigamientos por exigir justicia para sus hijas y que reciben a cambio bolsas con huesos que apenas pueden identificar como suyos.
El horror revelado en el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 24 de noviembre pasado señala que en esta pesadilla se han minimizado los crímenes y, por tanto, ignorado la investigación; que no hay indagatorias, que nadie buscó hasta ahora a los asesinos, que nadie lo hizo verdaderamente, tesis que sólo corrobora lo que decenas de organizaciones civiles y no gubernamentales han advertido durante todo este tiempo.
La novedad es que la CNDH presenta pruebas de cada una las palabras que se sustentan en más de mil 500 cuartillas y dan cuenta de las omisiones, errores y nula voluntad por resolver los crímenes. Dice el informe que a Ciudad Juárez el gobierno federal llegó tarde, y acierta al afirmar que todos llegamos tarde porque las críticas, los gritos y demandas que pugnan por detener los homicidios, que siguen ocurriendo, no pueden pararlos, mucho menos conmover a un Ejecutivo federal que se niega a recibir el informe públicamente o a hablar con las madres de las víctimas.
Familias que además de vivir la pérdida de uno de sus seres queridos, suman la desdicha de presumir una muerte inenarrable, a la vez que sufren el desplazamiento de su hogar temporal porque son hostigadas hasta que abandonan la comunidad motivadas por el miedo. En el caso de los asesinatos de Ciudad Juárez se comprueba la desatención, la negligencia, los engaños y falsedades de agentes y servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado. El ombudsman nacional documenta lo que cientos de testimonios manifiestan en el municipio juarense: que desde que se emitió la primera recomendación, en 1998, instando al gobierno a investigar los asesinatos que se perpetraban desde 1993, nadie más hizo nada en la esfera de la justicia para llegar a saber ya no digamos quién las mató, sino quién era, quiénes eran. O preguntarse siquiera ¿a quién pertenece este cuerpo? Nadie identifica a las víctimas, nadie esclarece el móvil del delito, atestigua la Comisión Nacional de Derechos Humanos y destaca que se dan por resueltos los casos sin conocer la identidad del o los probables responsables. Así, "sin que existan bases jurídicas para sustentar dichas afirmaciones".
Adentrarse en los expedientes ya merece de por sí un reconocimiento para indagar en medio de trágicas y pavorosas historias que llevan a la mayoría de las muertas a un cruel asesinato. No importa si son por causas sexuales, de violencia doméstica, pasionales o callejeros, todos contribuyen a vivir en un clima de impunidad y amenaza constante. Es lo que se expresó en las movilizaciones y manifestaciones que se llevaron a cabo en esta urbe para gritar otra vez ¡Ni una más!, con la esperanza de que con el apoyo de las instituciones que promueven el ejercicio de las garantías individuales y de la recién creada comisión para investigar el caso, a cargo de Guadalupe Morfín Otero, se conjunten esfuerzos para que el gobierno federal actúe de una vez por todas en favor de las víctimas y deslinde responsabilidades en los tres niveles encargados de gobernar y de impartir justicia en este ominoso asunto.