La Jornada / 6 de
septiembre de 2007
Descalifican la resolución de la CNDH sobre el caso
Ascensión ves
Veracruz, ver.,
5 de septiembre. Pobladores, autoridades del municipio de Soledad Atzompa y la
Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica
(CROISZ) repudiaron el fallo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) sobre la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, y acusaron a su titular,
José Luis Soberanes, de convertirse en un “peón del poder”.
En un
comunicado firmado por Julio Atenco, delegado de la CROISZ en Veracruz, se
aseguró que la recomendación 34/2007 de la CNDH es un “texto de concertación
política entre los gobiernos federal y estatal con el Ejército, y la comisión a
cargo de Soberanes fue un simple instrumento para la impunidad”.
Sostuvo que el
caso no está cerrado para los pobladores nahuas, y adelantó que éstos
presentarán denuncias en instancias internacionales, pues en México “el estado
de derecho huele a descompuesto y es fuente de injusticia”.
En el texto se
expuso que la CNDH “tiene razón en decir que el caso de Ernestina es
extraordinario, pero no por los innumerables errores y omisiones de los peritos
veracruzanos (que tienen 20 años de experiencia profesional), sino por la
descarada, burda, escandalosa e impune manipulación política de los gobiernos
federal y estatal para torcer la ley y garantizar la injusticia para la
víctima, e impunidad para los delincuentes incrustados en el Estado mexicano”.
Acusó que la
CNDH intervino en el caso de la muerte de Ascensión Rosario “no para investigar
el dicho de la víctima antes de morir, y ya conocido nacionalmente, que
señalaba a los militares como responsables de la violación múltiple y que
presumiblemente sería la causa de su muerte posterior, sino para iniciar una
investigación paralela a las ministeriales, y presionó para que la autoridad
competente desechara las pruebas originales y aceptara las que ellos crearon a
su gusto”.
Sostuvo que sin
tener facultades legales, la CNDH sustituyó al Ministerio Público y suplió a la
Procuraduría General de Justicia de Veracruz en la indagatoria. “Por eso se dio
el lujo de citar a las autoridades municipales en suplencia de la comparecencia
que ya habían tenido ante el Ministerio Público, y ahora se atreve a decir que
el presidente (Felipe Calderón) obstruyó las investigaciones.
“La CNDH sólo
trató de demostrar que Ascensión Rosario murió por causas naturales producto de
su pobreza. Por eso, durante la segunda necropsia, las muestras del cuerpo de
la mujer indígena que solicitó la comisión, fueron de los órganos vitales
internos y no de la vagina y el ano, que le fueron ofrecidas por los peritos
veracruzanos, pero rechazaron.”
El
dirigente de la CROISZ aseguró que los pobladores de Soledad Atzompa refutan el
fallo de la CNDH, con el cual se pretende cerrar el caso, pero la exigencia de
una investigación imparcial continuará ahora en el ámbito internacional.
La
Jornada / 4 de Septiembre de 2007.
Pocas
investigaciones de la CNDH han demostrado tantas fallas de funcionarios:
Soberanes
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes
Fernández, destacó ayer el cúmulo de errores, omisiones y falsedades que
rodearon la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, y reveló varias deficiencias
en el funcionamiento del Estado mexicano en su conjunto: “se evidenciaron de la
peor manera la ineficiencia burocrática, la inoperancia y la deficiente
preparación de numerosos servidores públicos, pero también la incuria y la mala
fe”.
Pocas
investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) “han demostrado tantas fallas de servidores públicos”, destacó
Soberanes, y abundó: “no exagero al afirmar que lo más difícil no fue encontrar
los errores y omisiones de los funcionarios que incurrieron en falta, sino los
aciertos de quienes se esforzaron por realizar una labor impecable y
debidamente apegada a derecho”.
El presidente
de la CNDH denunció que en varias de las diligencias realizadas por las
autoridades estatales “estuvieron presentes y participaron personas que no eran
funcionarios”. Por ejemplo, la necropsia efectuada a la mujer indígena, oriunda
de la sierra de Zongolica, “se efectuó en la funeraria Hermanos Vázquez, y su
propietario, Héctor Vázquez Vázquez, fue quien la hizo, y el médico forense
Juan Pablo Mendizábal, de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de
Veracruz, la firmó”.
Otra de las
irregularidades e ilegalidades es que la perito criminalista Ricarda Mora, de
la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, “se sintió mal en la necropsia
y encargó a su amiga, Verónica Sánchez Arruelo, que tomara la secuencia
fotográfica, ‘y como yo no soy experta –dijo–, le pedí al médico forense que me
indicara qué imágenes deseaba que tomara, y me percaté que la cirugía la
realizaba Héctor Vázquez’”.
También otra
persona, conocida como “Jorge Herbao –un madrina
de la Policía Judicial– estaba presente en la necropsia, y ahí Mendizábal le
pidió que él trasladara las muestras a Servicios Periciales, mismas que fueron
entregadas casi dos días después”.
Aún más: “el
médico forense declaró ante el Ministerio Público que la afirmación que hizo en
su dictamen de neurocirugía el pasado 26 de febrero de este año, en el sentido
de que encontró abundante líquido seminal –en el cuerpo de Ernestina Ascensión
Rosario– fue una apreciación de carácter subjetivo y que pudo ser confundida
con líquido vaginal”.
En el mismo
sentido, la perito médica, María Catalina Rodríguez, quien señaló en su
dictamen “probable perforación del recto –de la mujer indígena–, aseveró que
tal afirmación no le consta, que la copió de una nota médica”.
Por lo que
respecta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente de la
CNDH denunció que fue informado en la investigación que el batallón al que
presuntamente pertenecen los militares acusados de violar a Ascensión Rosario
fue destinado a esa región “para realizar patrullajes y actividades de búsqueda
de información, con el fin de disuadir e inhibir cualquier tipo de acción
violenta por parte de expresiones subversivas con presencia real en la
jurisdicción, y ubicar campos de adiestramiento, casas de seguridad, líderes, centros de acopio de
armamento, vestuario y equipo, entre otros”.
En su
actuación, los militares fueron negligentes, cometieron irregularidades,
infracciones a la ley, falsearon información, como el hecho de señalar “que la
CNDH formuló una propuesta de conciliación en el caso de Ascensión Rosario al
instituto armado. Por ser una violación grave de derechos humanos, el asunto no
podría someterse a procedimiento de conciliación”, aseguró Soberanes.
Incurrieron además
en ejercicio indebido del cargo, cometieron graves irregularidades, como emitir
boletines de prensa “con datos contrarios a la verdad, lo que generó
expectativas en la población y contribuyó al enrarecimiento de la información”,
como fue “mentir al decir que tenían muestras de líquido seminal de la difunta
y muestras de los militares, que los iban a analizar”, apuntó.
La Sedena,
acusó Soberanes, actuó irregularmente en repetidas ocasiones, para empezar el campamento
no debía estar ubicado cerca de donde vivía la señora Ascensión; diversos
militares se negaron además a colaborar con las investigaciones, sin recibir
sanción alguna por obstruir la justicia.
En el México
democrático, dijo, es inadmisible que la Sedena pueda incurrir en situaciones
de desinformación como política de comunicación social.
Añadió: “el
Ejército no puede conducirse como una caja negra; la Sedena necesita seguir
evolucionando e informar con más claridad y transparencia a la sociedad a la
que se debe y a la que sirve”.
Asimismo, el
titular de la CNDH señaló que “está comprobado que el traductor en el caso
asentó afirmaciones que jamás fueron dichas por la hija de Ernestina
Ascensión”.
No fue la CNDH,
aseguró Soberanes, “la que informó al Presidente de las causas de la defunción,
fueron los militares que participaron en la segunda necropsia, como quedó
manifiesto en la investigación, pues el día 12 de marzo de este año la Sedena
ya tenía un dictamen elaborado en el que asegura que la mujer indígena murió de
gastritis”.
26 de Junio de 2007
*Repudio al carpetazo oficial al caso
Ernestina y exigencia de JUSTICIA*
La
sociedad organizada repudia categóricamente el veredicto de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Veracruz, el cual afirma que Ernestina
Ascensión Rosario no fue violada ni asesinada.
Condenamos
la actitud de Emeterio López Márquez, Procurador General de Justicia de
Veracruz, y la de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, que al dar por
concluido el caso de violación tumultuaria, tortura y asesinato por militares,
de Ernestina Ascensión Rosario, indígena nahua de 73 años, favorecieron la
impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del estado de derecho.
EL
gobernador Fidel Herrera Beltrán, ejerció su estrategia cómplice de aislamiento
en contra de los familiares de Ernestina. Denunciamos que impidió un derecho
fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo al artículo 21
Constitucional.
Es
altamente preocupante que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán se
halla arrogado el papel de representante de la voluntad de los familiares de
Ernestina Ascensión Rosario, y que públicamente halla declarado que" los
familiares firmaron de conformidad la decisión del no ejercicio de la acción
penal y el cierre del caso".
Desde
el pasado 30 de abril, día en que se dio a conocer formalmente el cierre de la
investigación de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), los
familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes
policiales de Veracruz, sin acceso para la prensa ni a las organizaciones
defensoras de los derechos humanos. El 22 de mayo se agotó el plazo para que
los familiares pudieran interponer el recurso de amparo.
Se
han negado derechos fundamentales al proceso legal. El sistema de Justicia y el
Estado de Derecho, protegieron a los militares violadores y asesinos
Es
indignante que el titular de la desaparecida fiscalía especial para el caso,
Juan Alatriste Gómez, halla informado recientemente, que se "agotó el
plazo jurídico para impugnar el fallo sobre la muerte de Ernestina y nadie
presentó ningún recurso". Ya no hay recursos legales para reabrirlo, está
totalmente cerrado; el expediente de Ernestina quedó archivado, afirmó cínicamente
el fiscal.
Estas
violaciones al estado de derecho confirman que los integrantes del ejército
cuentan con el apoyo total del poder ejecutivo y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
La
situación de extrema violencia que viven los indígenas de la sierra de
Zongolica ha llegado a tal grado, que el 21 de mayo fue encontrado el cuerpo
desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con señales de suma
violencia y tortura. Su cuerpo mostraba un cinturón de hombre en el cuello,
jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de
extrema violencia.
Adelaida
Amayo Aguas, quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del
Consejo Radiofónico Indígena Nahua, y encargada de la gestión de créditos para
Proyecto productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CONADEPI).
Denunciamos
que el espurio atenta en contra del estado de derecho de la convivencia
democrática. Denunciamos que atenta gravemente contra la vida de las mujeres
indígenas, y silencia las voces democráticas.
Las
organizaciones sociales continuaremos con la denuncia de la violación de los
derechos humanos y de los asesinatos y violaciones de las mujeres indígenas
nahuas de la sierra de Zongolica, Veracruz.
¡¡
Justicia para Ernestina Ascensión y Adelaida Amayo Aguas!!
*
*Comité Ciudadano Rosario Ibarra.
Mujeres
Universitarias de Xalapa
Ciudadanas
Veracruzanas Independientes
Representantes
del Gobierno Legítimo
Shara
Martínez Vara. Coordinadora del /Comité Ciudadano Rosario Ibarra. /Coordinadora
Pobana de Mujeres de Organismos Civiles
"PINOME
XOXOQUE NO PAN OMOTLAMOTLAQUE"
"SOLDADOS DE VESTIDO
VERDE SE ME ECHARON ENCIMA"
Este día, en la
sesión plenaria del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) los
comisionados ponentes decidirán si la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) debe proporcionar los nombres de los responsables del retiro del
primer comunicado de prensa (con número 19) que la dependencia federal emitió
el pasado 6 de marzo sobre la violación y muerte de la señora Ernestina
Ascensión Rosario -presuntamente cometido por efectivos militares-, así como de
la emisión de un nuevo comunicado con el mismo número en el que se omite el
tema de las supuestas muestras de semen de los probables agresores.
Diputados
del PRD serán la sombra de Soberanes y Medina (Por Gabriela Romero
Sánchez. La Jornada. 15 de Junio de 2007).
Diputadas locales y federales del PRD, así como integrantes de diversas
organizaciones sociales se convertirán en "la sombra" de los
titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes,
y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, quienes con
sus acciones de inconstitucionalidad pretenden dar marcha atrás a las reformas
aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de
aborto.
Así quedó de manifiesto durante la reunión que ayer tuvo un grupo
importante de mujeres, convocadas por la presidenta de la Comisión de Equidad y
Género de la ALDF, Leticia Quezada, en donde también se llamó a cerrar filas en
torno a un derecho al que no renunciarán: decidir libremente acerca de su
cuerpo.
Quezada Contreras señaló que el próximo sábado estarán al mediodía en la
explanada de la delegación Coyoacán, a donde citaron al ombudsman nacional para
que presente sus argumentos del por qué se opone a la despenalización del
aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación.
La legisladora del PRD señaló que hasta el momento no han recibido
ninguna respuesta del presidente de la CNDH acerca del emplazamiento que le
hicieron la semana pasada para sostener un debate público en torno a ese tema.
"Soberanes jugó sucio en el caso de Ernestina Asencio, no lo
olvidaremos, y se ha convertido en el vocero del gobierno federal y del
Episcopado, además de defender los intereses del Yunque", aseveró.
Soberanes: a título
de insuficiencia (Por Carlos Monsiváis. Reforma. 10 de junio de
2007).
"Que se sienten para que no se cansen de esperar, porque no voy a
renunciar. El derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo en la concepción es
un machismo al revés. Lo dice la Constitución. Lo que es plano no es
chipotudo." José Luis Soberanes, Reforma, 1 de junio de 2007.
Rotundo, tartajeante, siempre incierto de su capacidad para convencer,
brumosamente enfático, un ejemplo notorio de alguien desorientado por lo que él
mismo va diciendo... Sirvan estas palabras de introducción a José Luis
Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), que
es desde hace unos años y lo digo por describirlo no por halagarlo en sus
términos, el típico leguleyo de la derecha, si la generalización se permite y
tiene qué, porque si algo es Soberanes es una generalización en sí mismo.
Las tretas
del huizachero
En su primera etapa en la CNDH, Soberanes quiere desacreditar su fama,
nunca negada, de miembro del Opus Dei y busca acreditarse por el interés en
hechos ya no minimizables (atropellamientos de los derechos de los portadores
de VIH y enfermos de sida, de los indígenas, de los minusválidos, los
disidentes religiosos, ya en mucho menor medida de los trabajadores, y de modo
francamente alegórico los migrantes). Su preocupación se mide por acciones
carentes de continuidad, y su ocupación (muy señalada) es el derroche
presupuestal, en acatamiento de las tradiciones gubernamentales: "Si todos
se enteran de lo que hago, a lo mejor resulta que sí lo hice".
Él sonríe en entrevistas y discursos y sus asesores (la legión
desbordada) le entregan interpretaciones y frases vinculadas remota y
sonoramente con los derechos humanos. Algunos asuntos le salen bien, y él, por
disciplina, le dedica un tiempo a la semana al "jogging del amplio
criterio", que le hace escuchar a representantes de minorías acosadas,
organizar simposios de bioética, atender reclamos de mujeres golpeadas, hacer
recomendaciones en casos de niños con sida maltratados o expulsados de sus
escuelas... Por desdicha, la burocratización del impulso pronto se vuelve la
inercia dominante en la CNDH, pero el beneficio de la duda lo patrocina, ya que
de él sólo se esperaban actos muy derechistas.
De pronto, lo previsible. En 2005, el regreso al sectarismo. En una
reunión con evangélicos, Soberanes se trepa a una de sus intuiciones y dice tal
cual: "La educación laica es discriminatoria", porque le quita a los
estudiantes la oportunidad de la educación religiosa. ¿Y en qué se apoya
Soberanes? En el artículo 12 del Pacto de San José (Costa Rica): "Los
padres de familia y en su caso los tutores tienen derecho de que sus hijos o
pupilos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones". El texto en cuestión es un tanto sexista al eliminar a las
madres y, más específicamente, a las viudas y las madres solteras, pero
desemboca en algo contundente, opuesto a Soberanes: la educación religiosa y
moral (y en este ámbito la moral depende de la religión que se profese) sólo
pueden impartirla las instituciones religiosas. Lo propio de la educación
pública es la historia de las religiones (en plural), no la educación
religiosa. Al Estado empeñado en la educación religiosa en todos los niveles se
le llama desde hace muchísimo teocracia.
Notas sobre
un Legado de las Tangas sin Morbo
"El Comité Nacional Provida de México y 14 otros grupos recibieron
el reconocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las palabras del
presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, fueron muy significativas.
'Independientemente de cualquier ideología y doctrina, el concepto de derechos
humanos tiene que ser universal...entre los derechos humanos, el primero, sin
duda, es el derecho a la vida', dijo el señor Soberanes al felicitar a las
organizaciones premiadas".
Jorge Serrano Limón, presidente del Comité Nacional Provida de México,
secundó y amplió las declaraciones del Sr. Soberanes. "Más de 50 millones
de abortos en el mundo, en los países donde esta práctica es legal, un
sinnúmero de abortos en aquellos donde afortunadamente aún es penalizado,
insistentes ataques de diferentes gobiernos con la promoción de diferentes
métodos abortivos, cuya intención es destruir la vida, han marcado un verdadero
genocidio en el mundo moderno".
Información
del Comité Nacional Provida de México, 15 de abril de 2002.
Todas las
mujeres que serán ultrajadas se enferman previamente de gastritis
Al reelegirse en la CNDH, Soberanes aguarda el triunfo doble: el suyo y
el de su causa política y clerical, y si pone lo suyo en primer término
-extraigo mis conclusiones de lo acontecido- es con tal de: a) recordarle a la
sociedad que Dios es el titular de los derechos humanos; b) dilapidar un enorme
presupuesto en la publicidad que al confirmar sus éxitos lo sorprenda
gratamente.
Surge el caso de Ernestina Ascensión, la señora que, según su familia y
su pueblo es violada en Zongolica por soldados, y que muere poco después. Al
principio Soberanes finge indignarse pero al declarar Felipe Calderón que la
señora Ascensión murió de gastritis, reconsidera y ofrece los resultados de una
investigación que bien pudo ordenar desde el principio y que llega tarde para
persuadir. No es lo mismo recomendarle a una escuela de Yucatán que reintegre
al quinto año de primaria a una niña con VIH (lo que está muy bien), que
enfrentar a los guardianes de las instituciones, y por eso la CNDH propiedad de
Soberanes, afirma:
Se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por
sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en
una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso
neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen
médico no se observaron lesiones de origen traumático al exterior (La Jornada,
30 de marzo de 2007)
La crítica de las ONGs lo cerca, y el Ombudsman acelera su autismo
jurídico, y traslada al Congreso (o más bien, adonde lo dejen perorar) la
tempestad de documentos que, según dice, avalan la afirmación presidencial.
Soberanes no persuade (sus habilidades son más bien disuasivas) y se indigna al
comprobarlo, y en su furia delata complots y familias que desean ufanarse del
atractivo sexual de su madre o abuela a los 72 años. Al frente del convoy de pruebas
que un buen número de ONGs califican de hechizas, Soberanes cabalga...
'Aquí dice la encuesta muy bien clarito que sólo la Iglesia tiene más
credibilidad que yo, y ella ya tiene 2007 años'
¿De qué se
ufanan los funcionarios que han perdido la credibilidad?
Supongo que de las encuestas virginales que sostienen su paso triunfal. A
Soberanes -yo no lo sé de cierto, lo archisupongo- lo influyen los altos
destinos con que sueña y que, es de esperarse, lo sueñan. Con todo, lo primero
es lo primero, él es un jurista descalzo, un carmelita de la fe, y por eso
tartamudea su argumento a propósito de la despenalización del aborto: los
cambios de la Asamblea del DF al Código Penal, asegura Soberanes, "rebasan
el ámbito de la ciudad" (nomás porque usted lo dice, santo varón), y
provocan contradicciones entre leyes locales e instrumentos internacionales
signados por México. Así sea. No lo prueba pero le da a las ciento y tantas
páginas de su alegato la forma de parábola para infieles. (Entiéndase por
infieles los incapaces de leerlo en su integridad o de tomar sus interminables
repeticiones como dogmas eslabonados).
Al fin, Soberanes pone a trabajar a sus asesores (muchos) que le entregan
un dossier sobre la Vida, así, sin precisiones, y ese único lugar común le sirve
para enarbolar la teocracia a nombre, claro, del "Estado de Derecho",
ese viejo amigo de Atenco, Oaxaca, San Luis Potosí, Mérida, Zongolica, Sinaloa,
las víctimas de los talamontes.
Sin jamás ocuparse por la feliz concordancia de género y número, Soberanes
se alza con el cuero cabelludo de los "errores jurídicos" de la
Asamblea del DF, le quita la palabra y el punto de vista a su propio Consejo
Consultivo, y se lanza a la visita de las Siete Estaciones de Radio y las dos
de Televisión.
Perdida la ilusión de persuadir, Soberanes se domicilia en la arrogancia.
A su servicio los espacios informativos de gran alcance, inaccesibles a sus
adversarios o, según él, sus enemigos. Soberanes no oculta su sorna, algo en el
estilo de que si los críticos usaran telépatas de masas para difundir sus
tesis, él, de inmediato, metería un recurso de inconstitucionalidad de la
telepatía, y revisa de paso y muy complacido sus argumentos. Miren esto por
ejemplo:
Se encuentran en conflicto dos derechos fundamentales. Por un lado, el de
la mujer para decidir de manera libre y responsable la interrupción del
embarazo y, por otro, el derecho del varón para decidir sobre su derecho de
procreación... De acuerdo a este principio la mujer sólo puede elegir sobre su
cuerpo antes de la concepción. (Reforma, 30 de mayo de 2007)
Así que no existen los derechos de las mujeres que antes de que se
cumplan las doce semanas quieran abortar, que hayan sido violadas, que no
tengan pareja, etcétera. Tal especie, según la CNDH, es decir según Soberanes,
es decir según la totalidad de la CNDH, no tiene razón de existir. Él sigue la
ruta de su intuición y, arregla los hechos de modo de entretener nuestro
candor: "Efectivamente hemos recibido algunas solicitudes para interponer
la acción de inconstitucionalidad, de parte de grupos, no de parte de personas
del PAN". Así que los panistas se han desinteresado del asunto, ningún
panista, ninguno de ellos, eh. Voto útil a don José Luis que, de inmediato,
acelera su don de manipulación: "El debate no puede centrarse en razones
religiosas o de Estado laico, lo que debe analizarse es si las reformas
aprobadas son las correctas, y eso le compete definirlo a la Corte". Así
que las razones del Estado laico son prescindibles en un Estado laico,
precisamente el mismo que emplea a Soberanes, el mismo que se atiene a la
Constitución de la República. ¡Ah, ingratitud! Por lo demás, "el alejado
de las cuestiones religiosas" se pronuncia el mismo día en que la
institución gemela, su clon moral, la PGR, asegura: "una norma no puede
permitir la privación de la vida del producto de la concepción", un
planteamiento estrictamente religioso de parte del "Estado laico" de
Calderón, que quizás, me atrevo a suponer, le ofrece a Soberanes otra
oportunidad de encuestas triunfadoras. También Cristo caminó sobre los polls,
podría él decir.
Me apena la
pena de muerte, por eso las mujeres no tienen derechos
Entre los alegatos de Soberanes se halla un hito en la historia de la falsa
jurisprudencia: el aborto como aplicación estricta de la Pena de Muerte, con
todo y variantes de la guillotina o de la silla eléctrica.
Trae a cuenta Soberanes, interminablemente, el Artículo 22 constitucional
que imponía la pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al
parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario,
al plagiario, al asaltador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves
de orden militar.
Después de contiendas solemnes el artículo queda redactado así:
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación...
No se considera confiscación de bienes...
No se considera confiscación la aplicación...
Acto seguido, Soberanes insiste: en México no hay Pena de Muerte y la Constitución
Política prohíbe en forma expresa las penas de mutilación, los azotes, los
palos, las marcas y los tormentos a los infractores acreditados como
responsables de la comisión de un ilícito, sanciones que son de menos gravedad
que la privación de la vida.
Uno sigue preguntándose: "¿Y esto qué tiene que ver? ¿A dónde lo
lleva su turismo constitucional?" Y Soberanes, el Astuto, el Crescencio
Rejón que a todas las viejas les niega el amparo, contesta:
La pena capital ha sido abolida en materia penal federal y en las
entidades federativas se ha adoptado este criterio abolicionista.
Desde el año de 1961 hace más de cuarenta años que la pena de muerte no
se aplica en nuestro país, por ser contraria al sentimiento humanitario de la
inmensa mayoría del pueblo mexicano, tal y como lo señala el Ejecutivo en su
iniciativa de reformas.
La argumentación, por así darle un apodo, es letárgica e invade página
tras página. Alzado por la logorrea, Soberanes notifica de múltiples estudios
de sociólogos y criminólogos que concluyen: la aplicación de la Pena de Muerte
no disminuye la tasa de criminalidad en aquellos Estados en los que aún
subsiste, por lo que no produce ningún efecto benéfico para la sociedad.
"Así no hay justificación de la Pena de Muerte, y nuestra legislación debe
ser acorde a los instrumentos y Tratados internacionales suscritos por México
en el sentido de abolir dicha sanción". Uno tiembla al imaginarse lo que
sigue: los abortos no evitan la natalidad. Fracasaste demonio disfrazado de
Malthus y píldoras del día siguiente. Y en plena campaña contra el don de
síntesis, Soberanes da la estocada final, estocada a la que me temo no se
asomará jurista alguno, incluso si sigue despierto. (Lector, léalo en voz alta,
por favor):
La prohibición de la pena de muerte lleva como origen la preservación de
la vida, ya que su imposición no debía implicar la violación de este derecho
fundamental, como tampoco el concepto de rehabilitación social... (Siguen
páginas).
Apenas puede uno respirar, pero Soberanes está en pie de genio: si no hay
pena de muerte el aborto no debe despenalizarse. Atiéndase a lo que sigue y
déjese el desciframiento a los equipos de las series norteamericanas de CSI:
Por otra parte, la redacción contundente del artículo 22 constitucional
coincide con el reconocimiento de la vida como valor fundamental en nuestra
Constitución. Al prohibirse la pena de muerte de manera absoluta, es dable
interpretar en sentido contrario que se está salvaguardando la vida, pues donde
no hay muerte sólo cabe la vida.
Si queda un abogado vivo en la sala, que le entregue la medalla Belisario
Cantinflas al Ombusdsman. En fin, se puede renunciar al ejercicio del derecho,
eso es muy común, pero renunciar a la razón y pretender ejercer el derecho, eso
sí es privilegio de grandes funcionarios. Donde no hay muerte sólo cabe la
vida, y gracias a esta filosofía la derecha mexicana ha dado otro de sus
estruendosos pasos en falso.
Los derechos
humanos no son para las que viven y deciden desde el pecado
Quizás lo más "pintoresco" de la argumentación (démosle ese
nombre) de Soberanes, sea su gana ansiosa de repetirse. Redacta tantas veces
sus hipótesis pequeñitas que uno acaba sospechando: si no se da tregua con lo
mismo es por aquello de "Dilo todo el tiempo que convencerás a alguien".
¿Pero a quién persuade lo ilegible? El redactor de Soberanes salta de un texto
a otro como para marear a los lectores, a los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia y a nadie más. Eso es notable: la Comisión de Derechos Humanos sólo
plantea sus tesis (porque ir a la televisión a soltar tres frases hasta el
hartazgo no es plantear tesis) a once ministros. Eso sí que es privatizar algo
que en otras manos y con una intención democrática podría ser importante.
Queda claro al enésimo proferimiento: el derecho a la procreación es
libre y si este derecho fundamental de procreación es libre,
"consecuentemente, no vemos por ningún lado que el derecho de procreación
implique el derecho fundamental de la mujer a la autodeterminación de su
cuerpo, mucho menos a una maternidad aislada, esto es, sin que se considere al
padre progenitor." ¿De qué habla tan circularmente este señor? Se
comprende que su religiosidad lo lleve a ignorar el aborto clandestino y el
elevado número de mujeres que lo padece; se comprende que por sus giros
dogmáticos no mencione en momento alguno a esas veintenas de miles de mujeres
que cada año emprenden esa travesía, ¿pero no existen además de las mujeres la
realidad y los datos que aportan los censos, la sociología, la antropología social
y la mera verificación de los sentidos?
El porcentaje de madres solteras es impresionante en todo el país, el
aborto por violación (que Soberanes no asume en lo mínimo) no llevaría a padre
progenitor alguno a dar su anuencia (y reconocerse culpable), el abandono de
las mujeres embarazadas que tanto distingue al machismo no se recompondría con
el llamado del Ombudsman: "El derecho a la procreación debe considerarse
siempre en sentido positivo, pues de lo contrario la procreación, que es lo que
se pretende al ejercerse este derecho, puede llegar a no materializarse, lo que
es contradictorio".
Léase con cuidado o con descuido lo anterior, el resultado es lo mismo:
un abogado que es funcionario de los derechos humanos lo sabe todo, es vidente
y es sismógrafo de la vida, y conoce que todo embarazo es el resultado de un
pacto explícito para ejercer el derecho de procreación. Sé que no está en manos
de estas falsas argucias disparatadas conseguir un retroceso lamentable en
materia de la despenalización del aborto. Sé también que la litis (Sic de
vasallaje a la cultura jurídica hoy dominante en México) no se centra en los
oscurecimientos repetitivos de Soberanes, sino en el desastre que significa una
mentalidad así en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que es tan
groseramente irresponsable, señor doctor, no es chipotudo.
Cimac / 4 de
Junio de 2007
Zongolica: feminicidio y proceso
político. Segunda y última
Por
Guadalupe Gómez Quintana
México
DF, 4 junio 07 (CIMAC).- Las mujeres, fundamentales en la reconstitución de los
municipios indígenas, las más vulnerables en la lucha por la autonomía.
En
1980, las comunidades indígenas de la sierra de Zongolica estaban divididas por
diferencias religiosas y políticas, y porque los recursos federales y estatales,
siempre escasos, se perdían en una maraña de corrupción y burocratismo. No
había espacio para la gestoría social en pos de bienes.
Así
vivían en Soledad Atzompa, recuerda Julio Atenco, fundador en esa década del
Centro Promotor de Justicia para el Desarrollo AC. Y así viven aún, al límite
de la supervivencia, muchas comunidades serranas.
Pero
en varios poblados empezó un proceso de reconstitución que significa la
organización y la unificación de las comunidades, en busca de mejores
condiciones de vida y respeto a sus derechos.
Sucedió
así como dice el antropólogo Eugenio Bermejillo, para las y los indígenas,
"ya no hay para donde huir, el siguiente cerro, el otro y el otro, tienen
dueño y precio y ya no sirven para esconderse. Entonces hay que dar media
vuelta y enfrentar a los perseguidores: al ganadero, al coyote y la fuerza que
los respalda".
En
1980, en Tehuipango, el municipio más pobre del país, se rebelaron: "hubo
matanza de población debido a problemas sociales".
En
esos años, Gloria y Norma Arenas Agís, promotoras de Conasupo en la sierra,
fundaron con Salomón Lemus, párroco de Tequila, la Unión de Todos los Pueblos
Pobres de la Sierra (TINAM, por sus siglas en nahuatl), que trabaja aún en
defensa de las comunidades contra los caciques acaparadores de café, madera y
monopolistas del transporte.
Al
finalizar la década, se organizaron un sinfín de agrupaciones productivas, de
gestión social y en defensa de sus derechos humanos, más allá de militancia
partidista o religión. Se inició también un movimiento político partidario que
logró el triunfo del Partido de la Revolución Democrática en varios municipios,
entre ellos Atzompa, a partir de 1993.
La
influencia del movimiento zapatista, en 1994, fue decisiva, reconoce Julio
Atenco, quien fue asesor, junto con la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), en la mesa
de autonomía para los Acuerdos de San Andrés, incumplidos aún por el gobierno
federal.
Existen
hoy, entre otras, la Organización Indígena Nahuatl de la Sierra de Zongolica,
la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ), Unión de
Campesinos y Artesanos de la Sierra Nahuatl de Zongolica (UCASNZ) y Matimosepan
Palewika Zongolica AC.
También
el Consejo Popular Indígena de la Sierra de Zongolica que une a maestros
bilingües y a luchadores sociales y "busca convertirse en alternativa de
lucha civil y pacífica", como reconoció el subcomandante Marcos en un
comunicado.
MUJERES
Y GESTIÓN
En
este proceso de reconstitución, organización y gestión, las mujeres
"juegan un papel muy importante en la economía del hogar" y su
participación "en la vida social comunitaria y en la gestión ha ido
incrementándose", dice el Consejo Consultivo de la radiodifusora XEZON, La
Voz de la Sierra Zongolica, fundada en 1991.
La
XEZON, por su poder de convocatoria y cohesión es, como otras estaciones
indigenistas, fundamental para la organización social y la gestión, donde el
trabajo de las mujeres es de gran influencia, indica Ana María Pepino,
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en
radiodifusión y género.
MADERA,
MILITARES Y MUERTE
En
Soledad Atzompa y otros municipios, las comunidades recuperaron la explotación
de los recursos forestales, a través de sus organizaciones. Esto implica
trámites, permisos, organización de equipos de trabajo, capacitación,
reforestación. Prácticamente todos ahí se dedican a la fabricación de muebles.
Pero
el Ejército está siempre alerta para presionar y extorsionar a otras comunidades
que no cuentan con sus papeles en regla, denuncian las organizaciones. Los
soldados suben y bajan a la sierra, desde su cuartel en Orizaba, donde están
desde hace muchos años, y no es extraño que cometan tropelías contra la
población.
En
2002, el Consejo Nacional Indígena (CNI), comunidades y ONG protestaron por la
militarización de Zongolica, solicitada por algunos alcaldes, sobre todo
panistas. Interrogados por las autoridades municipales, los soldados dijeron
que no buscan narcotraficantes, ni guerrilleros.
Pero
en marzo de 2006 detuvieron a los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle
Tecpile y Gustavo Robles López, acusados de "delincuencia organizada con
la finalidad de cometer terrorismo".
Y
este año ocurrió la violación y asesinato de la señora Ernestina Ascencio
Rosario, en el municipio de Soledad Atzompa; de Adelaida Amayo Aguas,
integrante del Consejo Consultivo de la XEZON y gestora de recursos de la CDI,
en la carretera Zongolica-San Juan Texhuacan; de la niña Adriana Colohua, de 12
años.
El
25 de abril por la noche, Juana Cano, coordinadora de la mesa de salud y
medicina tradicional, también del Consejo de la XEZON, sufrió un intento de
secuestro.
Y
el 4 de mayo, un grupo de delincuentes penetró el domicilio de la señora Lourdes
Pérez Amayo, causándole destrozos y robándole sus pertenencias, denunció en una
carta a la radiodifusora.
MUNICIPIOS
AUTÓNOMOS Y ELECCIONES
Varios
municipios en Zongolica se empeñan en la construcción de su autonomía indígena
municipal y las elecciones municipales de septiembre, donde se disputarán 212
alcaldías y 50 diputaciones en total- pueden representar un paso más en ese
proceso.
Esto
significaría la captación, sin intermediarios ni desvíos, de los recursos
federales y el fortalecimiento de los usos y costumbres en los municipios,
en detrimento de la influencia de los poderes fácticos que dominan la
zona: talamontes, caciques del café y del transporte.
El
costo de cada voto que se emita el 2 septiembre será de 17.80 pesos. Sería
deseable que el proceso político en Zongolica no cueste la vida de más mujeres.
Cimac / 1 de
Junio de 2007
Soberanes sirve al gobierno federal,
pues aspira a la SCJN
Por
María de la Luz Tesoro
México
DF, 1 junio 07 (CIMAC).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, no es un hombre que pueda superar
sus creencias de carácter personal y religioso, ni su vínculo con el Opus
Dei, lo que lo incapacita para ser Ombudsman y sin duda para ser ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como son sus pretensiones,
afirmó hoy el diputado local José C. Díaz Cuervo.
Lo
anterior con relación a lo señalado por Soberanes, quien aseguró ayer que no hay
ninguna previsión legal que le impida hacer uso de sus facultades, entre las
cuales está presentar demandas de inconstitucionalidad.
"Lo
que si podemos afirmar es que la CNDH está en manos de la Santa Inquisición y
no quisiera ver a la Santa Inquisición en el máximo tribunal del país (SCJN)
dictando sentencias en función de una justicia divina o de un derecho natural,
por encima del derecho positivo mexicano", subrayó Díaz Cuervo.
Ayer,
en el marco de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, en
Palacio Nacional, Soberanes aclaró que la decisión de presentar una demanda de
acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, contra la reforma a varios
artículos del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Salud del
Distrito Federal en torno a la interrupción del embarazo, tiene su base legal
en lo dispuesto en el Artículo 105 constitucional, así como en la Ley de la
CNDH y en su Reglamento Interno.
Además,
Soberanes conminó, en un boletín de prensa, a las y los legisladores perredistas
a asumir las razones para un diálogo. Y, en respuesta a quienes piden su
renuncia, dijo que es la Constitución mexicana la que establece las facultades
del Ombudsman e incluso las causales para su destitución.
Al
respecto, Díaz Cuervo dice: "Todos sabemos que la propuesta para la
integración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia la hace el
presidente de la República, y no sería extraño que ya haya negociado su
candidatura para ocupar alguna vacante en la SCJN; por eso Soberanes Fernández
está actuando al servicio del gobierno federal, como lo viene haciendo, porque
este caso no es único, está el de Zongolica, el de Digna Ochoa, el de las
mujeres de Ciudad Juárez, el caso de Oaxaca, en fin tenemos un amplio
expediente de su actuación".
En
exclusiva para Cimacnoticias, el diputado de Alternativa Jorge Carlos Díaz
Cuervo le recordó al presidente de la CNDH que para lograr ser ministro del
máximo tribunal de la nación se requiere de la ratificación del Senado de la
República, donde el PAN no es mayoría, advirtió.
LA
DEMANDA DE SOBERANES
La
demanda de acción de inconstitucionalidad que promueve el Presidente de la
CNDH, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y del jefe del Gobierno capitalino respecto a
las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal,
hace varios señalamientos.
En
el documento, la CNDH precisa que demanda las reformas a dos ordenamientos
legales del Distrito Federal, los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código
Penal; la adición del tercer párrafo al Artículo 16 Bis 6, y la adición del
Artículo 16 Bis 8 a la Ley de Salud para el DF, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007, y solicita su invalidez.
También
hace extensiva la invalidez del Artículo 148 del Código Penal para el Distrito
Federal y del Artículo 16 Bis 7 de la Ley de Salud para el DF.
Respecto
a los artículos arriba citados del Código Penal, sostiene que contravienen el
derecho a la vida del producto de la concepción, consagrado en los
artículos 22 y 123 de la Constitución política mexicana.
Soberanes
Fernández la enmarca en diez conceptos de invalidez que consisten: Derecho a la
vida del producto de la concepción; derecho a la vida; derecho a la protección
del proceso de gestación; derecho a igualdad, protección y paternidad; derecho
a la igualdad y no discriminación; derecho a la vida y no discriminación por
razones de edad; inexacta aplicación de la Ley Penal ; invasión de competencia;
derecho de objeción de conciencia y derecho a la salud en su dimensión social y
principios de legalidad.
La
pruebas que presenta son dos: primera, documental pública.- consistente en el
Testimonio de la Escritura Pública número 72 mil 294, mediante la cual se
protocoliza la designación emitida a favor de José Luis Soberanes Fernández por
la Cámara de Senadores, como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de fecha 28 de octubre de 2004.
La
segunda, documental pública.- consistente en un ejemplar de la Gaceta Oficial
del Distrito Federal de 26 de abril de 2007, donde se publica el Decreto por el
que se reforman los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el
Distrito Federal, se adiciona un tercer párrafo al Artículo 16 Bis 6 y se
adiciona el Artículo 16 Bis 8 a la Ley de Salud para el Distrito Federal.
Considera
que los artículos en cuestión del citado Código deben ser declarados inválidos
con efectos generales, toda vez que dejan descubiertas dos fases de la vida del
producto de la concepción que tienen protección constitucional.
Las
excluyentes de responsabilidad penal establecidas en el Artículo 148 del Código
Penal para el Distrito Federal no tienen aplicación, debido a que se está frente
a un periodo del proceso de gestación en el cual las conductas que se realicen
en contra de la vida del producto de la concepción no están penalizadas,
advierte.
Asimismo,
aclara que siguiendo los términos del actual Artículo 148 del Código las excluyentes
de responsabilidad tienen aplicación respecto del "delito de aborto",
y conforme a los reformados artículos 144 y demás relativos del citado
Código ese delito se comete al interrumpirse el embarazo después de la 12
semana de gestación.
Al
no estar penalizada la conducta que atente contra la vida del producto de la
concepción ni poder aplicarse alguna de las excluyentes de responsabilidad,
siendo que existe una protección constitucional a favor del producto de la
concepción, prácticamente se está propiciando la interrupción de la vida desde
la concepción hasta la 12 semana de gestación, lo que contradice frontalmente
la normativa constitucional y, por ello, subraya, deben de declararse inválidas
con efectos generales las normas legales impugnadas.
Para
sustentar los conceptos de invalidez, José Luis Soberanes evoca la Constitución
en su Artículo 4º, señalando que este precepto constitucional es un marco de
seguridad para la familia y protección de la sociedad, porque comprende el
bienestar físico y mental del ser humano y la asistencia para su adecuado
desarrollo mejoramiento de su calidad de vida consagrando derechos de igualdad,
de salud, de vivienda y de alimentación.
En
cuanto a los artículos 1º, 14 y 22 constitucionales indica: "que al
establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos
que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce
de los derechos que la propia constitución consagra, prohibiendo la esclavitud
y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado -.- de la vida, sin
cumplir con la garantía de audiencia."
Y
"que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la
propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los
individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe
la existencia ni disfrute de los demás derechos", concluye el presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5 casos más de violación y abuso
sexual en escuelas de Veracruz
Por
Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba,
Ver., 1 junio 07 (CIMAC).-. Las violaciones y abusos sexuales de menores de
edad en escuelas públicas del estado de Veracruz continúa. En los últimos 10
días suman cinco las víctimas, todas son niñas. La complicidad de autoridades
educativas y sindicales propicia que los agresores, maestros y trabajadores de
la educación, gocen de impunidad.
No
obstante lo ocurrido en el municipio de Xico, en donde un empleado habilitado
como maestro abuso sexualmente de por lo menos 13 niñas de entre seis y siete
años de edad --lo que motivó que legisladores acordaran elevar en la entidad
las penas en contra de pederastas-- las agresiones contra niñas y niños siguen
ocurriendo.
Este
jueves en la agencia del Ministerio Público del sector norte, en la ciudad de
Orizaba, fue interpuesta una denuncia en contra del bibliotecario Eric
Hernández Rodríguez del CBTIS 142, ubicado en Mariano Escobedo, quien con
engaños llevó a una joven de 16 años al centro de computo para abusar sexualmente
de ella, luego con amenazas trató de que la menor de edad guardara silencio,
pero sus padres descubrieron el hecho, denunciaron y se inició la investigación
ministerial 341/07.
Al
conocer los hechos, la dirección del plantel --y a solicitud del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-- le otorgó permiso a Eric
Hernández Rodríguez para ausentarse de sus labores por tiempo indefinido, hasta
que resolviera su situación legal y no afectar así la reputación del plantel.
Dos
casos más ocurrieron en los municipios de Isla y Castillo de Teayo, en donde
dos niñas de 7 y 8 años de edad respectivamente fueron víctimas de abuso sexual
por sus profesores, ambos casos los denunció la Asociación Estatal de Padres de
Familia y al parecer quedarán impunes, pues los maestros al saber de las
denuncias huyeron del centro de trabajo y ya se encuentran prófugos.
Trascendió, además, que existe el riesgo de que los agresores sean transferidos
por el SNTE a otro lugar.
En
la zona norte de Veracruz se registró un caso más. En la escuela primaria
Independencia Nacional, el director del plantel, Luis Cortés Vázquez, abuso
sexualmente de dos niñas de 12 y 13 años de edad.
En
este caso madres y padres de familia no lograron la captura del director del plantel,
quien fue alertado por sus compañeros profesores. Ante los hechos se interpuso
una demanda judicial, averiguación previa 108/07, radicada en Poza Rica.
La guerra
sucia, contra las mujeres*
Rosalva
Aída Hernández Castillo
Los
primeros meses de gobierno del presidente Felipe Calderón se caracterizan por
la militarización de las principales regiones indígenas del país y la
continuidad de una política de penalización de los movimientos sociales que, en
nombre de la "paz social", pretende justificar la violencia de Estado
y la represión. La modificación al Código Penal Federal, aprobada el 26 de
abril del 2007, para "castigar el terrorismo" y fijar penas más
severas para quienes amenacen la tranquilidad de la población "por
cualquier medio violento", es denunciada como una estrategia más para
criminalizar a los movimientos sociales.
El llamado
"multiculturalismo neoliberal" que caracterizó el gobierno de Vicente
Fox --mediante la apropiación y trivialización de las demandas de los pueblos
indígenas-- es sustituido ahora por un neo-conservadurismo que trata como
delincuentes a los indígenas organizados y sustituye la retórica en torno al
reconocimiento cultural, por un discurso desarrollista contra la pobreza. (El
Estado y los indígenas en tiempos del pan. Neoindigenismo, legalidad e
Identidad, Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y Teresa Sierra, coordinadoras,
ciesas-Porrúa, México 2005.)
En este
nuevo contexto, las mujeres indígenas sufren de manera específica las
consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad
e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de
organización indígena y campesina. La denuncia de la violación de una anciana
nahua de 73 años, Ernestina Ascención Rosario, por parte de cuatro efectivos
del Ejército en la Sierra de Zongolica en Veracruz, el pasado 25 de febrero,
pone en evidencia el rechazo de la población indígena ante la presencia del
ejército en sus comunidades. El debate nacional que este incidente provocó ha
convertido al cuerpo de Ernestina en una arena de pugnas políticas entre el
gobierno federal, estatal y municipal, donde la justicia parecería ser la
última prioridad de funcionarios y gobernantes.
Este caso
no es algo aislado. Según informes de Amnistía Internacional, desde
Lo paradigmático
del caso es que, una vez más, pone en evidencia el racismo y el sexismo de los
grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la
impunidad en México. Pese a que Ernestina Ascención denunció a sus violadores
antes de morir y quince personas --familiares, autoridades comunitarias y
médicos legistas--, escucharon su denuncia y dieron fe de los estragos que la
violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana, el presidente Felipe
Calderón negó la veracidad de la denuncia sin tener ningún informe médico o
legista que fundamentara su versión de "muerte por gastritis". Como
en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del "Supremo" fue
suficiente para desmentir el certificado de defunción, las necropsias firmadas
por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de Justicia de
Veracruz y el propio testimonio de la víctima. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, instancias creadas
supuestamente para defender los derechos de los ciudadanos, hicieron eco de la
versión oficial. Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres, descalificó las
últimas palabras de Ernestina, ya que fueron expresadas en náhuatl y la mujer
estaba moribunda (¡?). Después de un amplio debate nacional sobre el caso,
todas las pruebas de la violación parecen haberse esfumado junto con la familia
de la víctima.
La misma
impunidad y el mismo racismo, encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres
mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo
de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, tlapanecas, de
Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco
soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de
Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del ejército mexicano en 1997; las
mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de
Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas
abandonadas en abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú agredida sexualmente por
ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec,
Guerrero, en febrero del 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11
soldados el 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres,
Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de
seguridad en mayo del 2006; las trece mujeres de Castaños, Coahuila que el 11
de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20
soldados. Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas
cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza
la violencia sexual como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las
mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno
patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento
indígena. Como lo plantea Maylei Blackwell, la violación es una colonización
íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus
cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el
espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial.
En esta
lucha por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas y
campesinos, las mujeres mantienen una importante participación. Las fotos de
las mujeres zapatistas enfrentando al ejército han dado la vuelta al mundo. En
la coyuntura actual oaxaqueña, las mujeres fueron las encargadas de tomar la
radio universitaria y durante tres meses fueron voces femeninas las que
diariamente transmitieron desde Radio Caserola las demandas de destitución del
gobierno de Ulises Ruiz y los llamados a mantener la resistencia.
La
participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los
de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de
las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano.
No es casual entonces que ante el "peligro desestabilizador" los
poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres. El nuevo
colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para
sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.
Análisis
de género en otras regiones militarizadas como el de Davida Wood en Palestina o
Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político
militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de
lucha política y la violación sexual se instrumenta como forma de demostrar
poder y dominación sobre el enemigo. Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca
no son una excepción: la militarización y la paramilitarización afectan de
manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una
ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos
sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura
sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del
grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del
Estado mexicano "se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente
como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus
enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en
los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su
sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de
debilidad del enemigo" (Dette Denich, en el libro colectivo Feminism,
Nationalism and Militarism, 1995).
Todos
estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad,
que parecen sacados de un expediente sobre la represión en Guatemala, han
sucedido en el México de la "transición democrática", mientras el
gobierno mexicano firma varios convenios internacionales contra la violencia
hacia las mujeres. Estos compromisos han sido letra muerta y no han limitado ni
frenado a las fuerzas represivas del Estado. Esta política de "dos
caras" caracteriza al gobierno de Felipe Calderón, pues por un lado el
Congreso aprobó en febrero pasado una de las leyes contra la violencia hacia
las mujeres más avanzada de América Latina, tipificando el delito de
feminicidio, a la vez que mujeres activistas de Atenco y Oaxaca siguen
encarceladas y las violaciones sexuales cometidas durante los operativos
policiacos y militares siguen sin castigarse.
La
apropiación e institucionalización de los discursos en torno a la equidad de
género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica
nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo
como parte de la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento
feminista y el movimiento indígena para denunciar y desarticular las
estrategias neocoloniales que usan la violencia sexual como herramienta
contrainsurgente. La libertad de los y las presas políticas debe de ser una
demanda urgente de las organizaciones feministas, pues la integridad física de
quienes denunciaron la violencia sexual estará en peligro mientras continúen
presas. Durante el conflicto magisterial en Oaxaca, 153 mujeres han pasado por
las cárceles y muchas de ellas han sido víctimas de violencia física y
psicológica. Trece mujeres participantes en el movimiento continúan
desaparecidas y 64 activistas siguen presos. En el caso de Atenco, 29
activistas siguen en la cárcel, entre ellos cinco mujeres.
En el
contexto político actual, recuperar la radicalidad de la crítica feminista
resulta fundamental ante una política de Estado que utiliza los cuerpos de las mujeres
indígenas y campesinas como campo de batalla de una nueva guerra sucia que en
estos momentos específicos se libra en distintas regiones de México.
*Aída
Hernández es investigadora de CIESAS y coordinadora del Seminario Género y
Etnicidad
CIMAC / 29 de Mayo de 2007
Reabrir caso Ascensión y respeto a autonomía de pueblos: OSC
Y que Ejército respete el Artículo
129 constitucional
Por
María de la Luz Tesoro
México
DF, 29 de mayo 07(CIMAC).- Organizaciones civiles y sociales se pronunciaron
por la reapertura del caso de Ernestina Ascensión Rosario, por la
intervención de organismos internacionales defensores de los derechos humanos y
la realización de un peritaje cultural y lingüístico del caso.
Exigieron
también la salida del Ejército Mexicano de las comunidades indígenas y que se
ponga fin al clima de violencia e inseguridad en la Sierra de Zongolica.
Durante
el encuentro "Zongolica. Ernestina, Reclamo de Justicia, Derechos Humanos,
Autonomía Indígena y Municipal", también se acordó que los ayuntamientos
tengan la obligación de asegurar la participación de las mujeres en los cargos
municipales, en un 50 por ciento, en el corto plazo.
Además,
que se incorporen los criterios de equidad y género en la vida municipal, que
tenga como meta principal la erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres.
Asimismo,
se convino en solicitar la intervención del equipo forense argentino que
actualmente trabaja en los casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y
pedir la intervención de los organismos internacionales, como la Organización
de la Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar a las
autoridades mexicanas a reabrir el caso de Ernestina, le den seguimiento y
estén pendientes del mismo.
También
se estipuló la creación de un organismo de investigación independiente que sea
propio de las organizaciones de los derechos humanos, para continuar con el
caso.
Condenaron
enérgicamente la intervención de Felipe Calderón Hinojosa, quien politizó el
proceso judicial, protegió a los criminales y decidió violar los derechos
humanos de la señora Ernestina.
AUTONOMÍA
Y EJÉRCITO
Entre
los resolutivos que se tomaron en el citado encuentro, celebrado en los días 26
y 27 de mayo en el Museo de la Ciudad de México, también destacan:
En
el marco de la autonomía indígena y municipal, se acordó que los miembros del
Ejército, policías estatales y federales deberán sujetarse al principio de
respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y municipales.
Que
los mandos militares y policiacos deberán respetar, coordinarse, efectuar y
establecer convenios para su actuación en los estados y municipios, siempre en
el respeto irrestricto de los derechos humanos y las leyes del país.
Que
las autoridades municipales debidamente constituidas y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación deroguen las jurisprudencias que violan el Artículo 129
de la Constitución, que permite al Ejército realizar tareas de seguridad
pública; es decir que el Ejército ya no se dedique hacer trabajo de seguridad
pública y regrese a los cuarteles.
Fortalecer
los principios que regulan la relación de civiles y militares, que implique la
preeminencia de lo civil sobre lo militar; lo que implica que en tiempos de paz
el ejército esté en sus cuarteles y campamentos fuera de las poblaciones, como
actualmente dice el citado Artículo 129.
Éste
también establece que miembros del Ejército no puedan alojarse en casas,
terrenos o instalaciones particulares, ni exigir alimentos, leña y otras
prestaciones a civiles.
Cuando
un militar cometa un delito donde estuviese implicado un civil, el caso se
deberá tunar a la autoridad civil, no del fuero militar.
De
igual forma, se acordó que en la Reforma del Estado se reconozca la autonomía
indígena y municipal, que significa tener un régimen multimunicipal y
multicultural que refleje la diversidad de nuestro país, lo que implicaría
reconocer la autonomía de nuestros pueblos, territorio y también reconocer las
formas de ejercicio del gobierno propias de los pueblos.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE EL ASESINATO, VIOLACIÓN Y TORTURA DEERNESTINA ASCENCIO ROSARIO.ENCUENTRO: ZONGOLICA ERNESTINA, RECLAMO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS, AUTONOMÍA INDÍGENA Y MUNICIPALRealizado los días 26 y 27 de mayo en el Museo de la Ciudad deMéxico. Antecedentes El domingo 25 de febrero, Ernestina Ascensio Rosario, indígena de 72 años, de la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, fue violada y asesinada por militares del ejército mexicano. En el desarrollo de los acontecimientos posteriores al suceso, las Autoridades militares, el gobierno federal y la CNDH ignoraron los justos reclamos de los habitantes del municipio y de sus autoridades comunitarias y municipales, quienes han exigido el castigo a los culpables y el esclarecimiento de los hechos. Felipe Calderón Hinojosa, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, intervinieron de manera indebida, para desviar la acción penal correspondiente y presionar con todo el aparato coercitivo del Estado, con la finalidad de exculpar a los presuntos militares violadores y asesinos. La situación de extrema violencia y de violación a los Derechos Humanos que viven los indígenas de la sierra de Zongolica y sus organizaciones ha llegado a tal grado, que el lunes 21 de mayo fue encontrado el cadáver desnudo de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia. Adelaida Amayo Aguas quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de la gestión de créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El Estado mexicano ha dado a estos casos un trato que es violatorio de los derechos humanos, ha puesto en entredicho la autonomía municipal, y ha incumplido los acuerdos firmados por él, en materia de derechos indígenas (Convenio 169 de la OIT) y la propia Constitución mexicana. Lo que sucedió con Ernestina y Adelaida es una muestra de la historia sistemática de violaciones a los derechos humanos que se vive en la Sierra de Zongolica y en otras regiones indígenas del país. Nos pronunciamos Los Pueblos y sus Autoridades municipales y comunitarias nahuas Soledad Atzompa y de municipios vecinos en la Sierra de Zongolica, así como las organizaciones sociales y civiles aquí presentes repudiamos de manera enérgica el veredicto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Se trató de un crimen solapado por el Estado, de un crimen político que no debe quedar impune. Demandamos la reapertura del caso de Ernestina Ascensión Rosario. La intervención de los organizamos internacionales (ONU, OEA, CIDH) defensoras de los derechos humanos y la realización de un peritaje cultural-lingüístico del caso. Condenamos las actitudes del procurador Emeterio López Márquez y el gobernador Fidel Herrera Beltrán, que al dar por concluido el caso de violación y asesinato por presuntos militares de Ernestina Ascensión, nahua de 72 años, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del llamado Estado de Derecho. Condenamos enérgicamente la intervención de Felipe Calderón Hinojosa que politizó el proceso judicial, protegió a los criminales y decidió como cabeza del estado mexicano violar los derechos humanos de Ernestina. Demandamos que termine el clima de violencia en inseguridad en la Sierra de Zongolica, que se castigue a los culpables de los crímenes cometidos contra mujeres indígenas, que se respeten los derechos de humanos de los familiares de las víctimas y se aplique la justicia para acabar con la impunidad de estos asesinatos y violaciones de mujeres. Demandamos al gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, que abandone su estrategia de ser cómplice del aislamiento en contra de los familiares de Ernestina, ya que está impidiendo un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo con el artículo 21 constitucional. Nos pronunciamos por una profunda Reforma del Estado en donde en cada uno de sus temas de discusión se discuta transversalmente los derechos de los Pueblos Indígenas para definir al Estado y la Nación Mexicana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Leyes Secundarias como Pluriétnica, Pluricultural y de Pluralidad jurídica. EXIGIMOS: 1. Renuncia inmediata del titular de la CNDH, José Luis Soberanes. 2. Renuncia inmediata del Procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez. 3. Renuncia inmediata de la Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos de Veracruz, Noemí Quirasco Hernández. 4. Demandamos un alto al hostigamiento a los luchadores sociales y de los Derechos Humanos, y a los Pueblos Nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz. 5. Esclarecimiento total del asesinato de Adelaida Amayo Aguas y castigo a los culpables. 6. Justicia para Ernestina Ascensión Rosario y Adelaida Amayo Aguas. 7. Rechazamos cualquier intento de militarizar a la Sierra de Zongolica 8. Diálogo público con el Ejército sobre su presencia en la Sierra de Zongolica. 9. Condenamos la intervención de Felipe Calderón Hinojosa proteger a los criminales PROPUESTAS DE REFORMA MUNICIPALISTA EN MATERIA DE RELACIÓN ENTRE PUEBLOS ORIGINARIOS Y EJÉRCITO FEDERAL 1) Reconocer la autonomía indígena y municipal que implica tener un régimen multimunicipal que refleje la diversidad y la pluriculturalidad de nuestro país. a. Esto implicaría reconocer la libre autodeterminación de los pueblos y su soberanía en su territorio. Además de reconocer las formas de ejercicio del gobierno propias de los pueblos originarios. b. En el marco de la autonomía indígena y municipal los miembros del ejército y policías estatales y federales deberán ajustarse al principio de respeto a la autonomía de los pueblos y municipios. c. Los mandos militares y policíacos deberán respetar, coordinarse y establecer convenios para su actuación en los estados y municipios, siempre en el respeto irrestricto de los derechos humanos y de las leyes del país. 2) Fortalecer los principios que regulan la relación de los civiles con los militares que implican la preeminencia de lo civil sobre lo militar. a. Ello implica que en tiempos de paz, el ejército esté en sus cuarteles y campamentos, fuera de las poblaciones. (exigimos que se cumpla lo expresado en el artículo 129 de nuestra Constitución Política, sin que el ejército pueda alojarse en casas, terrenos o instalaciones particulares, ni exigir alimentos, bagajes, leña y otras prestaciones a los civiles). b. Cuando un militar comete un delito en donde estuvieses implicado un civil, el caso lo deberá tomar la autoridad civil. No al fuero militar. 3) Incorporación de criterios de equidad de género en la vida municipal. a. Que tengan como meta principal, la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, haciendo la obligación constitucional en todos los municipios de establecer planes y políticas afirmativas para mejorar la salud, educación, situación laboral, económica, sexual y reproductiva de hombres y mujeres. OTROS RESOLUTIVOS. 1. REFORMA A LA JUSTICIA PENAL, QUE EL FORO CIVIL NO SE SUBORDINE AL FORO MILITAR. QUE LOS DELITOS COMETIDOS POR MILITARES SE JUZGUEN EN TRIBUNALES CIVILES. 2. CREAR UN MECANISMO DE INVESTIGACIÓN QUE SEA PROPIO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES Y LOS PUEBLOS NAHUAS DE ZONGOLICA PARA EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO. 3. PEDIR LA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO FORENSE ARGENTINO, QUE TRABAJA ACTUALMENTE EN LOS CASOS DE LAS MUERTAS DE JUÁREZ. 4. SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES MEXICANAS A LA REAPERTURA DEL CASO. 5. LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA CND 6. RENUNCIA DEL PRODURADOR DE VERACRUZ 7. RENUNCIA DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ 8. EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE MARINO RENTERÍA, QUE SE PAGUE LA INDEMNIZACIÓN A LAURO GARCÍA Y SE RECONOZCA LEGALMENTE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS PARA QUE AHÌ HABITEN 9. IMPULSAR EL PERITAJE CULTURAL-LINGÜÍSTICO EN EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO. 10. QUE SE LLEVEN LOS ACUERDOS Y RESOLUTIVOS DE ESTE ENCUENTRO, EL EXPEDIENTE DE ERENESTINA ASCENCIO A LA ONU Y A LA OEA PARA QUE LE DEN SEGUIMIENTO AL CASO. 12. EL EJÉRCITO DEBE REGRESAR A LOS CUARTELES.
CIMAC /
25 de Mayo de 2007
No está
cerrado el caso de Ernestina Ascensión
Por Lourdes Godínez y Ma. De la Luz Tesoro
México, 25 mayo 07 (CIMAC).- Con el propósito de
tapar y encubrir al Ejército, en el informe que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) presentó sobre las causas de muerte de la señora
Ernestina Ascensión Rosario oriunda de la comunidad de Tetlacinga, en Soledad
Atzompa, Veracruz, presuntamente violada por militares, "hubo
irregularidades deliberadamente cometidas", consideró hoy el
periodista Miguel Ángel Granados Chapa.
Y es que a casi tres meses de la muerte de la señora
nahua en la sierra de Zongolica, continúa el "debate" sobre la
actuación de la CNDH ahora cuestionada en una mesa de análisis de este caso en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para el periodista Miguel Ángel Granados Chapa,
"el caso no está cerrado" y observó "tres hilos sueltos":
por un lado, señaló, se puede exigir mediante una acción penal que el
Ministerio Público de Veracruz reabra el caso en el ámbito penal veracruzano.
Además dijo, aún está en curso la investigación de
la Procuraduría de Justicia Militar y en tercer lugar, está pendiente la
recomendación que haga la CNDH.
Al hacer un recuento de las contradicciones
"oficiales" en el caso, Granados Chapa cuestionó si la CNDH
participa y tiene interés en todos los casos de homicidio, cuando su
misión no es averiguar delitos sino violaciones a los derechos humanos y al
mismo tiempo cual es la presencia del Ejército en la zona; ya que, sostuvo, no
está ahí para combatir al narcotráfico.
En tanto, el diputado perredista Marco Matías
Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en San Lázaro sugirió
una especie de "peritaje cultural", el cual, dijo, podría dar un
vuelco a los resultados de la investigación.
El perredista lamentó que Ernestina no haya sido ni
la primera ni la última mujer violada por militares, por lo que sugirió conocer
el perfil de estas mujeres que han sido abusadas y violadas por miembros del
Ejército. ¿Serán líderes en sus comunidades?, ¿pertenecerán a grupos armados?,
fueron algunas de las preguntas que el legislador dejó al aire.
Matías Alonso se pronunció por impulsar otras
líneas de investigación, por nombrar a un grupo de expertos nacionales e
internacionales para re-examinar el caso y evaluar la función del Ejército en
la región, para lo que presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados.
Además informó que hace tres semanas se reunieron
con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
pedirle que retome el caso, a lo que el organismo internacional respondió que
lo hará una vez que se hayan agotado todas las instancias nacionales.
UN CASO PARADIGMÁTICO
La directora del Programa Universitario de Estudios
de Género (PUEG) Marisa Belausteguigoitia, señaló que el caso de la señora
Ernestina se ha convertido en paradigmático por los elementos sociales, de
género, culturales y geopolíticos: era mujer, indígena, pobre, de edad avanzada
y la vinculación de su comunidad con movimientos de autonomía.
Para la académica, este caso ha logrado demostrar
"la profunda impunidad de nuestro sistema jurídico y la desatención,
descuido y hasta corrupción de nuestros servidores públicos" sobre todo,
enfatizó, si se trata "de sujetos marginales".
Criticó que Felipe Calderón se haya adelantado a
hacer declaraciones en torno al caso "que sólo lo enredaron",
puntualizó, ya que adelantarse al juicio aún cuando éste resulte certero
"es una medida de poder y de captura de la realidad".
NO SE IRÁ DE LAS CALLES
Por su parte, en torno al papel del Ejército en la seguridad
del país, ayer en la Cámara de Diputados, el Procurador General de la
República, Eduardo Medina Mora, afirmó que el Estado mexicano hará uso de toda
su fuerza para recuperar los espacios controlados por las organizaciones
criminales y la delincuencia organizada.
Durante la reunión de trabajo que sostuvo con los
diputados de la Comisión de Justicia que preside César Camacho Quiroz, el
procurador enfatizó que el Ejército mexicano se mantendrá por un tiempo
razonable en el combate a la delincuencia organizada, toda vez que el artículo
29 constitucional faculta al presidente de la República a hacer uso de las
fuerzas armadas para garantizar la seguridad de la sociedad mexicana.
Medina Mora reiteró que la participación del
Ejército en la batalla por recuperar la paz, tranquilidad y las zonas
geográficas disputadas por las organizaciones del crimen organizado, están
legitimadas en la Ley Orgánica de las fuerzas armadas y en una jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo explicó que la estrategia es integral y
consta de 3 etapas: los operativos son el primer paso para recuperar la
geografía y abatir los niveles de violencia, además de restablecer la confianza
ciudadana.
El procurador general de la República señaló como
un segundo paso la reconstrucción del Estado, en tanto que el tercero es para
lograr la participación de la ciudadanía y fomentar la cultura de la denuncia.
Medina Mora puntualizó que a pesar del esfuerzo que
realiza el gobierno mexicano para combatir el narcotráfico, Estados Unidos no
ha colaborado lo suficiente principalmente en lo que tiene que ver con el
tráfico de armas y lavado de dinero.
Zongolica:
encapuchados intentaron secuestrar a maestra rural
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Mixtla de Altamirano, Ver., 25 mayo 07 (CIMAC).- En
medio del reclamo ciudadano para el retiro de las fuerzas militares del estado
de Veracruz, surgen nuevos incidentes en la zona serrana de Zongolica: hombres
vestidos de negro, encapuchados y armados circulan a bordo de camionetas en
comunidades indígenas, dos de ellos intentaron plagiar a una maestra rural en
el municipio de Mixtla de Altamirano, la intervención de vecinos y familiares
evitaron un incidente mayor.
El pasado lunes, el presidente municipal de
Zongolica, Máximo Muñoz Choncoa, solicitó urgentemente la presencia de grupos
estatales de seguridad en la zona serrana ante la presencia de presuntos grupos
armados que irrumpen la tranquilidad entre las comunidades indígenas,
principalmente en Tonalixco el Chico y Moxala.
El Presidente, de extracción panista, recordó que
precisamente durante 2006 un profesor fue asesinado a machetazos en la
comunidad de Moxala, por lo que existe el temor de que se registre un nuevo
homicidio en esa zona en donde difícilmente existe vigilancia estatal.
Reconoció que el ayuntamiento de Zongolica cuenta
con tan sólo ocho elementos policiacos para dar cobertura a este municipio, que
tiene una extensión superior a los 347 kilómetros cuadrados, donde existen 144
localidades dispersas entre las montañas.
Las declaraciones del munícipe de Zongolica
quedaron reforzadas con el violento intento de secuestro ocurrido la noche del
lunes cuando dos sujetos encapuchados y vestidos de negro arribaron a una comunidad
indígena del municipio de Mixtla de Altamirano e intentaron secuestrar a la
profesora rural Juana Inés Cano Tepole, de 24 años de edad, cuando salía de su
casa para realizar sus necesidades fisiológicas en una fosa séptica ubicada a
unos metros de la vivienda.
Según quedó asentado en la denuncia interpuesta en
la agencia del Ministerio Público de Zongolica, el pasado lunes por la noche
fue jaloneada por los dos sujetos que intentaban subirla a una camioneta
estacionada a unos pasos de ese lugar.
Los hombres la sujetaron y golpearon intentando
taparle la boca para evitar que pidiera auxilio, sin embargo durante el
forcejeo pudo gritar y alertar a sus familiares y vecinos que de inmediato le
brindaron ayuda, propiciando que los agresores salieran huyendo del lugar.
Pese al llamado a las autoridades municipales y
estatales, y de los operativos que se llevaban a cabo en ese momento, no
lograron la captura de los "encapuchados".
PIDEN SALIDA DEL EJÉRCITO
Cabe mencionar que en forma paralela a estos hechos
ocurridos en la zona serrana, grupos civiles y religiosos demandan el retiro
del Ejército mexicano del estado de Veracruz y que sea de nueva cuenta la
policía estatal la que retome las medidas de control de la delincuencia
organizada a través del programa Veracruz Seguro.
Más aún cuando, como aseguró el Secretario del
Consejo Técnico Estatal de Seguridad Pública Amadeo Flores Espinoza, la
presencia del Ejército podría ampliarse a todo el estado de Veracruz y no
únicamente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En este contexto, la demanda ciudadana del retiro
de las fuerzas militares de la entidad se vio acrecentada la mañana de ayer
jueves, luego de que militares atacaron cuatro camionetas en las que viajaban
en el tramo carretero de Nautla por lo menos 50 personas indocumentadas con
destino a los Estados Unidos. Los militares dispararon contra las y los
tripulantes de los vehículos al negarse sus conductores a detener las unidades.
Varias personas resultaron lesionadas, entre ellos
el hondureño Gerardo Vázquez Gómez y Rodrigo Durán de origen guatemalteco,
quines fueron trasladados al hospital general de Martínez de la Torre.
CIMAC /
24 de Mayo de 2007
Iniciarán
nahuas y OSC defensa internacional del caso Ernestina
Por Carolina Velásquez
Soledad Atzompa, Ver., 24 mayo 07 (CIMAC).- La
situación de las mujeres indígenas en zonas militarizadas, la manipulación
política del llamado Estado de Derecho y el uso del Ejército mexicano como
instrumento de represión política, serán algunos de los temas que antecederán a
"los acuerdos solidarios" para la defensa internacional de Ernestina
Ascencio Rosario, indígena presuntamente violada y asesinada por militares en
Soledad Atzompa, en febrero pasado.
Julio Atenco Vidal, fundador de la Coordinadora Regional
de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) y director de
Obras Públicas del ayuntamiento de Soledad Atzompa, detalló que en las
instalaciones del Museo de la Ciudad de México, a partir de las diez
horas del sábado 26 y domingo 27 de mayo se llevará a cabo el Encuentro
Nacional: Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos, autonomía indígena
y municipal.
En el acto, organismos civiles de todo el país
retomarán la defensa de la señora Ernestina Ascencio Rosario, informó Atenco,
pues a pesar de que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz cerró el
caso, el pueblo indígena nahua y organizaciones pro defensa de los derechos
humanos discutirán la reapertura del caso a través de organismos
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Atenco Vidal, entrevistado por nuestra corresponsal
en Veracruz Laura Castro Medina, explicó a Cimacnoticias que "para
el pueblo nahua de Soledad Atzompa Ernestina fue violada y asesinada por
militares".
Lamentó, también, que el gobernador de Veracruz
Fidel Herrera Beltrán "incumplió su palabra de defender a su pueblo en su
calidad de titular del estado soberano de Veracruz, y con ello renunció también
a su papel de representante político del pueblo veracruzano, para prestarse a
ser sólo un instrumento de represión del gobierno federal en contra de su
propia gente".
El encuentro, convocado por el Ayuntamiento de
Soledad Atzompa y el Centro de Servicios Municipales "Heriberto
Jara", la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz y el Comité
Ciudadano Rosario Ibarra, tiene por objetivo no sólo denunciar el caso de
Ernestina Ascencio Rosario, sino también dar a conocer a nivel nacional e
internacional la problemática de los derechos humanos de la Sierra de Zongolica.
Otros de sus propósitos es iniciar una discusión
nacional acerca del papel que juega el Ejército mexicano en los municipios y
comunidades indígenas del país. Además de hacer propuestas de
"modificación constitucional" para garantizar un trato justo entre
las fuerzas armadas y los pueblos indígenas y sus autoridades, de tal manera
que "no sea violatorio de la autonomía indígena".
Con relación a la violación y asesinato de
Ernestina Ascencio Rosario, las organizaciones convocantes señalan que el
Estado mexicano ha dado a este caso un trato violatorio de los derechos
humanos, ha puesto en entredicho la autonomía municipal y ha incumplido los
acuerdos firmados por él, en materia de derechos indígenas (Convenio 169 de la
OIT) y la Constitución mexicana.
"Lo que sucedió con Ernestina es una muestra
de la historia sistemática de violaciones a los derechos humanos que se vive en
la Sierra de Zongolica y en otras regiones del país", consideran.
En la inauguración se contará con la participación
del presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el
presidente municipal de Tehuipango, Leoncio Macuixtle Macuixtle.
Por la Cámara de Diputados estarán la presidenta de
la Comisión de Equidad y Género, diputada Maricela Contreras, y el presidente
de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Marcos Matías,
LOS TEMAS
Durante el encuentro nacional, una persona del
pueblo de Soledad Atzompa hará la reconstrucción de la muerte de Ernestina
Ascencio Rosario. También se presentará una carta que fue dirigida al
Comandante de la zona militar de Orizaba, Modesto Antonio, agente municipal de
Mexcala, Soledad Atzompa y las inconsistencias de la resolución judicial.
Julio Atenco señaló que "se expondrá claramente
la forma por la cual se dio una completa eliminación y tergiversación de
pruebas fundamentales del caso por parte de la CNDH y de la PGJE de Veracruz,
además de destacar de éste último su perverso control económico de los
familiares de Ernestina y su secuestro elegante para evitar que impugnara la
resolución judicial en el plazo que marca la Ley".
De esta manera se demostrará que "tanto el
Gobierno Federal y el Estatal cómo el marco jurídico e institucional de la
nación sirve a intereses ajenos al pueblo, además la forma en la que suciamente
actuaron para torcer la ley y las instituciones".
Finalmente, Atenco convocó a todos los organismos
nacionales e internacionales a que participen en este "evento de
trascendencia no sólo para el pueblo indígena de Zongolica sino de todo el
país".
Miedo de
hablar y salir a la calle, en Nocupétaro
Por Miriam Ruiz/enviada
Nocupétaro, Mich., 24 mayo 07 (CIMAC).- Crisol del
Ejército mexicano en la época de la independencia, Nocupétaro, Michoacán, es
hoy un municipio marginado donde sus casi ocho mil habitantes tienen miedo de
hablar y salir a la calle luego de la incursión de los soldados mexicanos que
dejó como saldo por lo menos una violación y abusos sexuales a tres menores de
edad
El 2 de mayo, cuenta gente del pueblo y los medios
de comunicación, llegó el Ejército, sin orden ni honor a saquear las casas y a
llevarse a gente de la localidad, entre ellas a cinco mujeres en un
helicóptero.
Las cuatro jóvenes, demasiado vulnerables y
asustadas como para enfrentar ahora a los medios de comunicación que las
rondan, eran trabajadoras de un restaurante, o bar, La Estrellita, en la
cabecera municipal, Nocupétaro. También iba la dueña del negocio, Carmela
Gamiño, todavía en prisión.
Hijas de la marginación, casi todas bajaron de las
comunidades aledañas donde no hay oportunidad para nadie, menos para las
mujeres. Dos de estas adolescentes son madres ya y tienen miedo de que
"alguien" las mate o la comunidad las repudie, dice a Cimacnoticias
una mujer prominente de este lugar, que también tiene miedo a mostrarse.
El pueblo de donde en 1810 salió el procer José
María Morelos en la guerra de independencia, "Cuna del Ejército
Mexicano", como reza a la entrada de la carretera un letrero de
bienvenida, es hoy un lugar hosco y atemorizado.
La entrevistada anónima resume la historia: se
fueron los hombres, migraron. Las mujeres quedaron solas, como se percibe hasta
hoy.
Es Tierra Caliente por su ubicación geográfica
--lindando con la frontera del estado de Guerrero--, su clima y por la
llegada un día de narcotraficantes, hombres con armas y dinero. La entrevistada
dice a Cimacnoticias que estos hombres -públicamente conocidos como Zetas-
"no se metieron con nadie".
Pero. Con tanto miedo, qué se puede decir.
IMPUNIDAD MILITAR
Y luego, llega a Nocupétaro el Ejército mexicano
-con entre 21 y 25 mil efectivos fuera de sus cuarteles en ocho estados de la
República-- al que el presidente mexicano Felipe Calderón ha dado todo su apoyo
para actuar en una guerra declarada por él mismo como consigna a diario la
prensa mexicana.
Esa misma institución que en 1994 cobijó la
violación a tres hermanas tzeltales en un cuartel en Chiapas, a dos indígenas
tlapanecas en 2003, como ya consignó desde la Procuraduría Militar hasta la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También están las denuncias de las 13 mujeres en
Castaños, Coahuila. Y el caso de la indígena nahua Ernestina Ascencio, en la
sierra de Zongolica, Veracruz.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nunca
ha respondido públicamente por los ataques sexuales contra la población civil a
favor de las agredidas. Su patrón es prometer investigaciones, al tiempo que
genera información que las culpabiliza por ser guerrilleras, narcotraficantes o
prostitutas.
EN EL FONDO
Las cuatro menores de edad fueron capturadas a las
ocho de la mañana en el restaurante donde trabajaban acusadas de proteger a los
Zetas por efectivos del Ejército, como consignan aún las versiones filtradas
por la inteligencia militar a los medios.
De lo que estas adolescentes ya no quieren hablar
es de cómo fueron llevadas a un helicóptero, de la intimidación que vivieron,
de la tortura sexual que con otras palabras acusó, un día después de los
hechos, la presidencia municipal de Nocupétaro ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
La comunidad, que hoy no quiere tener nombre, es la
que repite la historia: en el helicóptero las amenazaron con echarlas al mar, a
los tiburones. A todas las golpearon. Las "durmieron" con alguna
sustancia y no saben cuanto tiempo pasó. Tres días, de acuerdo con la CNDH.
Una de ellas habría dicho que las golpearon con los
puños cerrados, que ya en el cuartel (Zona 21 Militar) un hombre y una mujer le
pidieron se desvistiera y la miraron sin examinarla.
Su denuncia está hecha en la Procuraduría General
de la República (PGR), de acuerdo a las versiones de la CNDH donde refieren las
investigaciones sobre por lo menos una violación y cómo las amenazaron con
tomar represalias con sus familiares si se quejaban.
De acuerdo a la legislación nacional, la violación
es un delito del fuero común, por lo que toca a la justicia civil hacer la
investigación aún si los violadores portan uniforme militar.
Sin embargo, mientras las declaraciones
presidenciales se convierten en carta blanca para las acciones -legales o
delictivas- de los soldados mexicanos, del otro lado, las jóvenes y la
comunidad hoy se sienten solas y todavía más abandonadas por el Estado
mexicano.
CIMAC / 23
de Mayo de 2007
Calderón
debe responsabilizarse por soldados violadores
Por Hypatia Velasco Ramírez
México, DF, 23 mayo 07 (CIMAC).- Luego de externar
su preocupación sobre el caso de la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario,
Amnistía Internacional (AI) aseguró hoy que las investigaciones y actuaciones
por parte de las instancias que se vieron involucradas son contradictorias,
además de que existe un enrarecimiento al final de las posiciones y resultados
sobre el asunto.
Por ello, la organización consideró necesario que
las autoridades estatales hagan una investigación imparcial y exhaustiva,
"pues para nosotros no está resuelta la indagación".
Esta mañana, en la presentación del Informe anual
de la organización "El estado de los derechos Humanos en el mundo",
Liliana Velásquez Ramírez, presidenta de AI México, dijo que la actuación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo dio pie a dudas sobre los
resultados de las conclusiones, lo que puede restarle en cierta medida
credibilidad al organismo.
"La actuación de la CNDH pareció haber
reemplazado la función del Ministerio Público y convalidó la actuación militar.
Si la CNDH no garantiza su independencia e imparcialidad puede perder
credibilidad", indicó.
Durante la conferencia, las diputadas perredistas
Maricela Contreras Julián, Valentina Batres Guadarrama y Alliet Bautista,
integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados,
entregaron a AI una carpeta del informe y la valoración del proceso de
investigación que realizaron la Procuraduría de Veracruz y la CNDH en el caso
de Ernestina.
La entrega de esta información, anunciada en días
anteriores a Cimacnoticias por Batres Guadarrama, llegará también al Alto
Comisionado de la ONU en Nueva York, Human Right Watch y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),.
Luego de recibir el material de manos de las
legisladoras, Velásquez Ramírez aseguró que lo haría llegar a los
investigadores de AI en Londres para que se hagan cargo del caso y que se
realicen las investigaciones pertinentes.
Sin embargo, la serie de violaciones a mujeres por
parte de militares que han venido sucediendo, como en el caso de Ernestina, son
abusos de los cuales Felipe Calderón tendría que hacerse responsable, pues es
él, en su calidad de jefe de Estado, quien está usando y ordenando al Ejército
que entre a estas comunidades y combata al narcotráfico, dijo a
Cimacnoticias Velásquez Ramírez.
Asimismo aseguró que Calderón, además de
responsabilizarse, debe buscar las medidas necesarias que protejan a aquellas
personas que pueden ser víctimas de abuso por parte de los militares. Y las
mujeres son el grupo más vulnerable, particularmente las indígenas y las que se
encuentran dentro de los grupos marginados.
Por ello AI teme que sigan aumentado los casos de
mujeres violadas por miembros del Ejército, argumentó.
Velásquez Ramírez, dijo que AI considera que los
tribunales militares deben cambiar su código para así permitir que los abusos
cometidos contra las y los ciudadanos puedan ser pugnados por tribunales
civiles.
Con ello, subrayó, se daría una muestra de
imparcialidad y de que los tribunales militares están abiertos a que sean
juzgados cuando cometen abusos de derechos humanos y de no ser así se crearía
"una formula de impunidad".
Desde hace varios años AI tiene una marcada
preocupación sobre la intervención de militares, pues aún cuando existe el
reconocimiento de que el gobierno tiene la facultad y la responsabilidad de
garantizar el orden público y la seguridad, la organización ha visto la
extensión del uso de las fuerzas armadas en funciones policiales, incluso,
cuando no están capacitadas ni diseñadas para tales funciones, dijo Velásquez
Ramírez durante la conferencia.
Con lo anterior "se corre el riesgo de que
surjan graves violaciones a los derechos humanos", dijo.
Asimismo, señaló que utilizar un brazo tan
importante del Estado como es el Ejército para combatir la inseguridad o el
narcotráfico no es lo más adecuado, debido a que no existe un sistema que
obligue a las autoridades a llevar a los responsables de los abusos de derechos
humanos ante la justicia.
Esto representa "un leguaje y un mensaje
peligroso para los derechos humanos, toda vez que no se está garantizando que
durante los proceso que se lleven a cabo haya un marco que les brinde la
protección necesaria", finalizó. No aceptan familiares de Adelaida
resultados de necropsia.
CIMAC /
22 de Mayo de 2007
Zongolica:
rincón de impunidad
Por Laura Castro Medina,corresponsal
Zongolica, Ver., 22 mayo 07 (CIMAC).- Quince días
han pasado desde que el cadáver de Adelaida Amayo Aguas, quien tenía 40 años de
edad, fue encontrado en el camino vecinal que comunica San Juan Texhuacan con
Zongolica, a la altura de la localidad de Totolca, sin que hasta el momento la
Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) dé a conocer causas claras, y
convincentes para sus familiares, sobre su muerte.
No aún se despejan las dudas en la comunidad de
Zongolica y en el país por la violación y muerte de doña Ernestina Ascencio
Rosario, fallecida el pasado 25 de febrero en el municipio de Soledad Atzompa,
a manos presuntamente de militares, cuando una nueva averiguación previa está
ya en curso para investigar la muerte de otra mujer.
Esta vez, la muerte de Adelaida es averiguada por
el agente del Ministerio Público Conciliador e Investigador de Zongolica, Ángel
Vichi Fomperosa, quien inició la Investigación Ministerial 94/2007.
En entrevista exclusiva con Cimacnoticias,
familiares de Adelaida Amayo se dijeron molestos e indignados por la versión de
algunos medios informativos locales, que han afirmado que la muerte se debió a
que consumió hierbas, porque pretendía realizarse un aborto de manera
clandestina, debido a que estaba embarazada de un sobrino político.
Ante esta versión, que niegan rotundamente,
exigieron a las autoridades estatales a conducirse con ética y responsabilidad
y que esclarezcan este caso conforme a derecho, pues opinan que no es necesario
denigrar la imagen ni la reputación de una mujer que sólo se dedicaba a la
gestión social y que no puede defenderse porque ya no vive, sólo para
incrementar la estadística de los casos esclarecidos por la PGJE.
Los familiares aclararon que Adelaida Amayo era
integrante del Consejo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) del municipio de Zongolica, cuya función es la
recepción, distribución y gestión de recursos federales para proyectos
enfocados al desarrollo comunitario. Y no tenía nada que ver con la caja
solidaria de ahorro, como se ha asegurado.
Explicaron que una de sus actividades principales
dentro del Consejo del CDI era entregar documentación y convocar a reuniones a
personas que deseaban tramitar recursos federales para algún proyecto, así como
a los que resultaban beneficiarios de los recursos federales, pues el dinero
que se entrega a los beneficiarios no es a fondo perdido sino que deben
reintegrarlo.
LOS HECHOS
El pasado miércoles 2 de mayo, Adelaida le dijo a
su pareja Hilario Lara Luna -con quien vivió por 22 años y con quien procreó
cinco hijos- que iría al CDI a recoger documentación para entregarla a algunos
beneficiarios, por lo que salió de su domicilio alrededor de las 11:30 horas
con la intención de abordar el camión de las 13:30 horas a Apoxteca. Fue la
última vez que sus familiares la vieron con vida.
Al percatarse que no llegaba a su domicilio, sus
familiares comenzaron a buscarla desde ese mismo día, por lo que acudieron a
las oficinas del CDI, donde nadie les dio información.Su búsqueda terminó el
lunes 7 de mayo, cuando Marcelino Tepola, hijo de un compadre suyo, localizó el
cuerpo.
De acuerdo con informes de fuentes allegadas a la
Agencia del Ministerio Público de Zongolica, el hallazgo se reportó a las 10:30
horas y, según los familiares, personal de esa agencia les pidió esperar en las
oficinas de esa agencia.
Aproximadamente las 17:00 horas de ese martes
tuvieron los familiares noticia de que el cuerpo había sido trasladado a las
instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de ese municipio.
Los deudos mencionaron que "como no estaba un
médico de apellido Zavaleta", el personal de esa agencia se comunicó con
el médico legista Néstor Maceda Martínez, con cédula profesional 3939, quien aproximadamente
a las 23:00 horas procedente de Orizaba arribó al Semefo. Ahí estuvo por
espacio de cuando 45 minutos y se marchó enseguida.
Minutos antes de la llegada del médico, permitieron
el acceso a Victoria Amayo Aguas para realizar la identificación oficial del
cuerpo.
Sin saber lo que ocurría, los familiares
preguntaron en varias ocasiones al personal de la agencia ministerial qué
ocurría y a qué hora les serían entregados los restos de Adelaida, lo que
ocurrió alrededor de la 02:00 horas del martes 8 de mayo.
Una patrulla del municipio de Texhuacan
trasladó a esa hora los restos de Adelaida hasta la capilla que se ubica frente
al domicilio donde ella vivía, en la localidad de Palulca. Fue velada hasta las
14:00 horas y sepultada de ese mismo día.
Los familiares aseguraron que es mentira que
Adelaida haya sido trasladada a Orizaba o a Xalapa, como se aseguró también en
un primer momento, "pues ella siempre estuvo aquí y nosotros con
ella".
IRREGULARIDADES EN EL DICTAMEN FORENSE
El inmueble que alberga al Semefo de Zongolica es
un lugar inacabado, improvisado y sucio, que no cuenta con la infraestructura
ni equipo para realizar una necrocirugía como lo establece la ley.
Por eso, y porque el médico Maceda Martínez sólo
permaneció 45 minutos con el cuerpo de Adelaida, los familiares consideran
inadmisible que la PGJE asegure que la causa del deceso haya sido: anoxia por
broncoaspiración de restos vegetales (helechos, entre otros, que no se
especifican) y choque hipovolémico por abertura de cérvix por aborto provocado,
como en el escrito número de folio 257 asegura el Ministerio Público Ángel
Vichi Fomperosa, información asentada también en el certificado de defunción
signado por el mismo legista.
La familia asevera que hay claros indicios que se
trata de un homicidio y que derivan de los estudios que deben realizarle a las
ropas que Adelaida llevaba puestas el día que falleció. Y hacen un llamado a
las autoridades estatales a que lleven a cabo el análisis de todas las pruebas.
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Los familiares dicen que han sido interrogados en
más de dos ocasiones por las autoridades ministeriales. En especial a Hilario
Lara le han hecho acudir a la Agencia del Ministerio Público en siete
ocasiones, donde de manera intimidatoria lo han acosado con preguntas que
tienen que ver con la conducta que tuvo su esposa en vida, con expresiones
como: "me puedes decir todo, ahora ella ya no está, si alguna vez te puso
el cuerno, dime".
Consideran que esta presión sobre Hilario es para
fortalecer la versión del aborto, que sospechan ha sido difundida por personal
de la misma PGJE.
Por otro lado, Hilario Lara aseguró que su sobrino
Carmelo Lara, de quien dicen estaba embarazada Adelaida, tiene 38 años y ha
vivido con ellos desde hace 13, pero "yo nunca he visto ni vi ninguna
actitud deshonrosa de él hacia mi mujer; si eso fuera otra cosa hubiera
sido".
"La última vez (que fue a declarar) ya le dije
al agente que ya eran muchas veces las que me llamaban y siempre me preguntan
casi lo mismo. Aunque en las últimas veces han cambiado las preguntas que me
hacen, pero son preguntas que molestan porque son de mi vida con ella. Que
cuántas horas dormía con ella y cosas así."
Repudio al veredicto del gobierno de Veracruz y exigencia
de JUSTICIA - Caso Ernestina Ascensión
La
sociedad organizada repudia categóricamente el veredicto de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Veracruz, el cual afirma que Ernestina
Ascensión Rosario no fue violada ni asesinada.
Condenamos
la actitud de Emeterio Márquez, Procurador General de Justicia de Veracruz, y
la de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz, que al dar por concluido
el caso de violación y asesinato por presuntos militares, de Ernestina
Ascensión Rosario, indígena nahua veracruzana de 73 años, favorecieron la
impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del estado de derecho.
Hacemos un llamado urgente al gobernador Fidel Herrera Beltrán, para que
deje de ejercer su estrategia cómplice de aislamiento en contra de los
familiares de Ernestina ya que está impidiendo un derecho fundamental de la
víctima y de los agraviados, de acuerdo al artículo 21 Constitucional.
Es
altamente preocupante que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán se
arrogue indebidamente el papel de representante de la voluntad de los
familiares de Ernestina Ascensión Rosario, y que públicamente haya
declarado que los familiares firmaron de conformidad la decisión del no
ejercicio de la acción penal y el cierre del caso.
Desde
el pasado 30 de abril, día en que se dio a conocer formalmente el cierre de la
investigación de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), los
familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por
agentes policiales de Veracruz, sin acceso para la prensa ni a las
organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hasta el día de hoy, ha sido
imposible establecer contacto con los familiares de Ernestina. Están por
vencerse los 15 días, que marca la ley de la materia para combatir el acto de
autoridad, para que los familiares interpongan un recurso de amparo.
La
situación de extrema violencia que viven los indígenas de la sierra de
Zongolica ha llegado a tal grado, que el lunes pasado fue encontrado el
cuerpo desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años,
con señales de suma violencia y tortura. Su cuerpo mostraba un
cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro
cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia.
Adelaida
Amayo Aguas, quien deja en la orfandad a cinco hijos, era integrante del
Consejo Radiofónico Indígena Nahua, y encargada de la
gestión de créditos para Proyecto productivos ante la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI).
Denunciamos
que el gobierno mexicano atenta en contra del estado de derecho de
la convivencia democrática. Denunciamos que atenta gravemente contra la vida de
las mujeres indígenas. El gobierno mexicano silencia las voces democráticas .
Las
organizaciones sociales continuaremos con la denuncia de la violación de los
derechos humanos y de los asesinatos de las mujeres indígenas nahuas de
la sierra de Zongolica, Veracruz.
Exigimos
la inmediata aparición de los familiares de Ernestina. Debido a que el día 22
de mayo del 2007 se agota el plazo para que los familiares interpongan el
recurso de amparo.
Comité
Ciudadano Rosario Ibarra.
Mujeres
Universitarias de Xalapa
Ciudadanas
Veracruzanas Independientes
Representantes
del Gobierno Legítimo
Shara Martínez Vara. Coordinadora del Comité Ciudadano Rosario Ibarra.
La
Jornada / 21 de Mayo de 2007
El caso
Ernestina Ascensión debe aclararse: funcionario de
Por Víctor Ballinas
El representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, aseveró que en el
caso del fallecimiento de la indígena Ernestina Ascensión Rosario "hay
muchas cosas que no se han aclarado debidamente, es necesario que se expliquen
de manera más extensa y con más elementos para que la ciudadanía conozca lo que
ocurrió realmente".
Precisó que, debería ser "la Procuraduría
General de Justicia del estado de Veracruz la que informe detalladamente a la
sociedad, de lo que ocurrió con sus investigaciones, porque es la institución que
ha manejado información controversial. Ahí, en ese caso, se requiere mucha
precisión".
Sobre este punto, cabe señalar que al conocerse la
agresión a la mujer indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, la
procuraduría estatal informó desde un inicio que "Ascensión Rosario había
sido violada y que además había homicidio".
Posteriormente, cuando la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos negó que hubiera ocurrido la violación, y que la mujer
indígena falleció por anemia, la procuraduría de Veracruz insistió en que
"Ernestina Ascensión sí había sido violada", pero, posteriormente,
apoyó la investigación de la CNDH, y en conferencia de prensa, la procuraduría
estatal aseveró que "la mujer indígena murió de anemia y que no hubo
violación".
La CNDH, en entredicho
Amerigo Incalcaterra manifestó que la oficina en
México del Alto Comisionado "no hizo una investigación del caso, no
contamos con elementos propios para hacer una evaluación al respecto, pero sí
señaló que hay algunas cosas que no han sido debidamente aclaradas en este caso
y deben ser explicadas a detalle y con mayores elementos".
El funcionario de la ONU señaló que no conoce la
indagatoria que realizó la CNDH, pero "si ese órgano nacional de defensa
de los derechos humanos ha dicho ciertas cosas, seguramente se ha basado en
investigaciones científicas y técnicas para hacer sus evaluaciones".
La oficina del Alto Comisionado en México, resaltó
Incalcaterra, "está abierta a escuchar, y si la CNDH considera correcto
llevar con nosotros los resultados de su investigación con muchísimo gusto
escuchamos, nosotros no tenemos interlocución directa con las víctimas ni con
las autoridades que investigaron el caso, Por eso, no tenemos los elementos que
tiene la CNDH, ni los que tiene la procuraduría estatal, pero lo cierto es que
hay dos situaciones, lo cual para la sociedad civil es necesario aclarar con
mayor precisión hasta dónde han llegado las investigaciones".
En tanto, la presidenta de la Academia Mexicana de
Derechos Humanos, Gloria Ramírez, destacó que el caso de la indígena Ernestina
Ascensión Rosario "puso en entredicho a la CNDH; hubo contradicciones, hay
que fortalecer la figura del ombudsman,
no sólo que muestre informes, sino que convenza".
En lo que representa la primera acción jurídica
contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal, que entró en vigor
el mes pasado, agrupaciones "en favor de la vida" interpusieron una
inédita demanda de amparo en nombre de niños no nacidos que se encuentran en
etapa embrionaria. El recurso fue interpuesto en el estado de San Luis Potosí
por un grupo de futuros padres inconformes que fueron respaldados por
organizaciones civiles, pero el juzgado tercero de distrito de esa entidad no
admitió la competencia y turnó el caso a un juez federal de la ciudad de
México. Sin embargo, el juzgado tercero de distrito de amparo en el Distrito
Federal, a cargo de Ricardo Guzmán Wolffer, tampoco quiso entrar al estudio de
la demanda de garantías, que busca cancelar las reformas al Código Penal
aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF.
El Universal / 21 de Mayo de 2007
Estudiantes protestan en certamen
de belleza
Por Yetlaneci Alcaraz
El escenario del Paseo de
la Reforma no sirvió ayer sólo para enmarcar el desfile de traje regional de
las aspirantes a Miss Universo. También fue utilizado para la denuncia social
por un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM, quienes
protagonizaron su propio desfile: señorita Ciudad Juárez, señorita Zongolica,
señorita Oaxaca y señorita Michoacán.
Con altavoces y carteles en los que se reclamaba la
falta de actuación de las autoridades en las violaciones y asesinatos de
mujeres mexicanas a manos del Ejército y las Fuerzas Armadas del país, la
treintena de estudiantes se apostó a un costado del escenario principal.
"En México no estamos para este tipo de
festejos. Estamos viviendo la militarización de pueblos en donde se viola y
mata a las mujeres y los asesinatos de Ciudad Juárez siguen impunes. ¿Cómo se
pretende celebrar la belleza de unas cuando se está matando la de otras?",
gritaba un joven al tiempo que señalaba a sus compañeras ataviadas con harapos
y bañadas en tinta roja y morada, para simular la sangre manada por heridas y
golpes.
Como respuesta, la
indiferencia del público. "Váyanse al zócalo a ver si allá les hacen caso
y dejen ver", gritó una voz femenina, molesta porque las cartulinas le
impedían contemplar a las misses.
La concurrencia casi en
su mayoría -12 mil asistentes estimó la titular de Turismo, Alejandra Barrales-
estaba eufórica y a la espera de ver desfilar a la representante mexicana.
El grupo de estudiantes
no tuvo otra opción más que replegarse a una de las bancas de piedra que adornan
el Paseo de la Reforma y esperar a que terminara el evento para volver a gritar
por el altavoz sus consignas.
Mientras eso sucedía, el
escenario principal veía desfilar a cada una de las participantes en el
certamen mundial. Entre las más ovacionadas se encontraron las representantes
del continente: Belice, Colombia, Guatemala, Jamaica, Venezuela y, por
supuesto, México.
Entre aplausos y gritos,
Rosa María Ojeda caminó con cadencia y elegancia los cerca de
"¡México!
¡México!", gritaban las mujeres, sobre todo de edad avanzada, quienes con
admiración la observaron pasar. A un costado, los estudiantes de la UNAM
miraban con impotencia y callados la euforia de la multitud.
CIMAC /
19 de Mayo de 2007
Que
militares presuntos violadores comparezcan ante juzgado civil
De la redacción
México DF, 18 mayo 07 (CIMAC).- Organismos civiles
de defensa de los derechos humanos llamaron al ombudsman nacional, José Luis
Soberanes, a que en la recomendación que emita sobre el caso de Michoacán, en
el que presuntamente cuatro menores de edad fueron violadas por militares, y
otros casos, "exprese claramente la necesidad de que sean tribunales
civiles los que conozcan de los procesos penales iniciados contra
militares", de lo contrario, señalaron, favorecería la impunidad.
En un comunicado firmado por varias organizaciones
defensoras de derechos humanos, entre los que se encuentra el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), expresaron su preocupación
ante el informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
sobre la actuación de militares responsables de violaciones a derechos humanos
en el estado de Michoacán.
Aunque consideraron como positivo que por vez
primera la CNDH se haya pronunciado porque el Ejército no participe en tareas
de seguridad pública -como lo han recomendado diferentes mecanismos
internacionales de derechos humanos- señalaron que es "alarmante que una
vez documentadas las múltiples violaciones a derechos humanos por parte de
militares en Michoacán, la CNDH reconozca expresamente que la Procuraduría de
Justicia Militar es la autoridad competente para conocer de las investigaciones
que puedan iniciarse para esclarecer los sucesos".
En reiteradas ocasiones, señala el documento, organismos
internacionales de derechos humanos (como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura)
han señalado la necesidad de que los delitos cometidos por militares contra
civiles sean conocidos por la justicia civil con independencia de que hayan
ocurrido en actos de servicio de los castrenses.
"En México el personal militar parece gozar de
inmunidad frente a la jurisdicción civil y tiene la protección de la justicia
militar", agrega.Las recomendaciones coinciden en que cuando el Estado
permite que investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos
cometidas por militares sean dirigidas por órganos de justicia militar, la
consecuencia es que se deja en la indefensión a las víctimas civiles, al no
existir independencia e imparcialidad ni de la Procuraduría ni de los
tribunales militares.
Por el contrario, argumenta, cuando una autoridad
civil conoce los casos, permite que los órganos potencialmente imparciales
estudien, investiguen y juzguen conforme a derecho al personal castrense, se
revierte la impunidad.Las organizaciones civiles señalan que "la CNDH ha
omitido por completo impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de
organismos internacionales dirigidas a limitar el fuero militar" dejando
de esta forma a las víctimas en un estado de indefensión."En tanto las
cosas permanezcan así, una vez más afirmamos que la justicia militar no respeta
la garantía de seguridad jurídica, ni mucho menos condiciones de imparcialidad
e independencia y mantiene en estado de inequidad procesal a los civiles
que se ven sometidos a dicha jurisdicción".
LOS OPERATIVOS MILITARES, UN RIESGO
Un análisis desde la sociedad civil señala que ante
la ausencia de elementos que permitan evaluar la efectividad de los operativos
y el permanente aumento del número de ejecuciones en diversas regiones del
país, así como las primeras bajas militares y civiles, lo que queda es
cuestionar la labor del gobierno en materia de seguridad, ya que cada vez son
más las voces que aseguran que la guerra del gobierno federal contra el crimen
organizado "está perdida".
Y es que el gobierno de Felipe Calderón ha creado
un nuevo grupo de militares de élite: el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal,
similar al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el cual fue creado en 1994 y
al grupo Anfibio de Fuerzas Especiales, creado en 2001.El nuevo grupo, entre
cuyas funciones estará intervenir en situaciones críticas de perturbación de la
paz, estará al mando exclusivo del presidente de la República, aunque técnica y
operativamente dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por lo pronto, tal y como está sucediendo en
Michoacán y municipios aledaños, los militares están tomando el control total
de los espacios públicos y privados, amedrentando a la población y cometiendo
abusos. De permanecer por un periodo más largo en las comunidades, es posible
que continúen las violaciones sexuales contra las mujeres, desapariciones
forzadas y otros delitos, como frecuentemente ocurre con los ejércitos de
ocupación.
EN JUEGO CREDIBILIDAD DE CNDH
Con respecto a la aparición en los medios de
comunicación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
José Luis Soberanes, para dar a conocer diversas quejas por violaciones a las
garantías individuales, entre ellas la violación a una joven de 17 años y a
otras tres menores de edad que hubieran sido abusadas sexualmente en Michoacán,
un análisis del CISI (Centro de Investigaciones Sociales Interdisciplinarias)
considera que "el asunto es serio y merece toda la atención de lo que de
aquí se derive".
Ya que, sostiene, "la acusación, que según el
titular de la CNDH, cuenta con los elementos suficientes para darlos por
buenos, o por lo menos para que Soberanes haya salido a los medios a dar esta
especie de 'alarma' para evitar que se continúe con estos excesos".
Sin embargo, de corroborarse las acusaciones,
"el Ejército mexicano tendrá que actuar en consecuencia y no dejar pasar
estas serias y lamentables situaciones que se han dado con personal de esta
institución".
También, lo que está en juego, señala el análisis,
es la propia credibilidad de la CNDH y del ombudsman nacional.
Al parecer, a Soberanes "le ha caído en sus
manos la posibilidad de quitarse, aunque sea un poco, la sensación de duda y
poca confianza que le produjo el caso de la muerte de Ernestina
Ascencio".07/LGL/GG/CV
La
Jornada / 18 de Mayo de 2007
Persisten
dudas sobre las causas de la muerte de Ascensión: diputadas del PRD
El PRD en la Cámara de Diputados denunció que la
investigación pericial y ministerial de la muerte de Ernestina Ascensión
Rosario no determinó la verdad histórica del hecho ni produjo certeza jurídica
en torno al mismo, toda vez que persisten las dudas sobre la probable violación
sexual por vía anal y vaginal; la causa de muerte, y la existencia de presuntos
responsables.
Alliet Bautista, Valentina Batres y Maricela
Contreras, diputadas perredistas, dieron a conocer las contradicciones y
retractaciones en las que incurrieron las autoridades del estado de Veracruz y
del gobierno federal en torno al deceso de la anciana, ocurrido en la sierra de
Zongolica, suceso del cual se desprende la probable actuación de integrantes
del Ejército Mexicano.
Las legisladoras presentaron un legajo sobre los
errores detectados en la averiguación, de los cuales resaltan tres puntos
fundamentales:
"Que los médicos tratantes del hospital
regional de Río Blanco, de la Secretaría de Salud federal, diagnosticaron aún
con vida a la señora Ernestina una rectorragia (sangrado del recto), con
sangrado fresco y lesión en vagina, con posible perforación del recto y abuso
sexual; los expertos del hospital regional de Veracruz determinaron que las
pruebas histiológicas no se podían realizar porque los tejidos tenían autólisis
(destrucción de los órganos). Prueba que inexplicablemente la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) señala que realizó por medio del hospital
Primero de Octubre, y que son el fundamento científico de las afirmaciones
negativas y descalificaciones que se han realizado en contra de la procuraduría
estatal de Veracruz.
"Las pruebas genéticas sobre una blusa verde y
pantaleta amarilla establecieron no sólo la presencia del cromosoma Y
(masculino), sino que evidenciaron la presencia biológica de cuando menos tres
hombres."
Valentina Batres adujo que el gobernador de
Veracruz, Fidel Herrera, incurrió en sinnúmero de contradicciones, porque
cambió "diametralmente todas sus declaraciones y entrevistas. Pero lo que
ya resulta una burla a la memoria de Ernestina, a la justicia y al respeto es
que no se realizó una investigación limpia".
Para Alliet Bautista, las autoridades del estado de
Veracruz dieron un giro inesperado a las investigaciones que habían realizado.
"El 16 de abril nos mostraron fotografías que son completamente diferentes
a las que nos mostró la CNDH en una reunión posterior a la comparencia de José
Luis Soberanes en la Cámara de Diputados. Ahora existen tres versiones sobre la
causa de muerte y seis diagnósticos que en conjunto constatan las aberraciones
en que incurrieron los peritos de la CNDH".
Y fue Maricela Contreras, presidenta de la Comisión
de Equidad y Género, quien reiteró que la muerte de la mujer indígena no
quedará impune, porque el expediente de las irregularidades jurídicas citadas
será presentado a organismos internacionales.
"La idea es ir a derechos humanos de la ONU y
a Amnistía Internacional para presentar la información que hemos recabado,
desde periodística, oficial, versiones estenograficas de reuniones con
funcionarios, con el fin de que nos den una opinión sobre el caso que fue
cerrado y ahora es casi imposible que se reabra. Tener acceso a los documentos,
nos daría muchas luces."
La Jornada / 18
de mayo de 2007
Piden a la CNDH investigar actos violatorios de
militares
Ciudad Victoria, Tamps., 17 de mayo. El gobierno de Tamaulipas solicitó a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue dos presuntos actos de
violación a los derechos humanos por parte de elementos de Ejército Mexicano en
la ciudad de Miguel Alemán. En un incidente, soldados irrumpieron en un festejo
del Día de las Madres, donde dos mujeres resultaron lesionadas, una de ellas de
85 años; el otro ocurrió en Díaz Ordaz, el 29 de abril, donde un civil
identificado como Eric murió baleado a manos de un soldado en un retén, cuando
pretendió huir de efectivos castrenses que intentaron bajarlo por la fuerza de
un vehículo.
El
Economista.com.mx / 18 de Mayo de 2007
por redacción
luego de comprobarse que no
cometieron ningún delito, las cuatro menores de edad que denunciaron presuntos
abusos por parte de militares durante los operativos en michoacán, salieron de
forma definitiva del albergue tutelar de esta ciudad.
Morelia.- Luego de comprobarse que no cometieron
ningún delito, las cuatro menores de edad que denunciaron presuntos abusos por
parte de militares durante los operativos realizados en Michoacán, salieron de
forma definitiva del Albergue Tutelar de esta ciudad, en donde permanecieron
dos semanas.
Las jóvenes salieron anoche del centro bajo la
custodia de integrantes de la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) y acompañadas de sus padres, quienes se negaron a
hacer declaraciones.
Estas menores fueron detenidas por personal militar
el pasado dos de mayo, junto con otras siete personas (seis hombres y otra
mujer), en el restaurante bar “La Estrella”, del municipio de Carácuaro.
Esto, como parte del operativo que se puso en
marcha tras la emboscada que sufrió en días pasados un convoy militar, en el
que murieron cuatro integrantes del Ejercito Mexicano en aquel municipio.
A los detenidos se les presentó en posesión de un
arsenal compuesto de tres escopetas y más de 500 cartuchos útiles, y días
después fueron puestos en libertad.
El informe preliminar de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías fundamentales
de los michoacanos por parte de miembros del Ejército suscitó ayer reacciones
en contra del ombudsman José
Luis Soberanes, a quien le criticaron por su tardía actuación y su falta de
credibilidad.
Sin embargo, también motivó el reconocimiento del
coordinador de los diputados del PAN, Jorge Zermeño, respecto de que el crimen
organizado ha rebasado la capacidad del Estado para salvaguardar la seguridad
de la ciudadanía.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro y la Red Todos los Derechos para Todos, el informe de Soberanes "llega
un poco tarde" y más bien da la impresión de que pretende "lavar su
imagen" luego de que su actuación en el caso de la señora Ernestina
Ascensión dejó un cúmulo de dudas.
En el mismo sentido se expresó el PRD, al
considerar que el ombudsman
carece de credibilidad para asegurar que militares violaron a mujeres en
Michoacán, después de la controversia que generó con el caso Ascensión.
Inclusive, la secretaria de Derechos Humanos del
Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, Marcela Nolasco, pidió que Soberanes
sea removido de su cargo, y que a la CNDH se le otorguen más facultades para
que sus recomendaciones realmente tengan efecto.
Resaltó que en el PRD insistirán para que se
aplique la justicia en este tipo de casos, y recordó que tan sólo en su partido
tienen documentados 35, ocurridos en diversas partes del país, donde hay
presencia militar.
En tanto, el secretario general del PRD, Guadalupe
Acosta Naranjo, apuntó que con su informe sobre la actuación del Ejército en
Michoacán, Soberanes quiere recuperar un "poco la credibilidad" que
perdió, al señalar que la señora Ascensión no murió a consecuencia del ataque
sexual de que fue objeto. En este caso, dijo, se manejó con
"torpeza", lo que "alentó la impunidad" de los militares.
Reconocimiento panista
Sólo el panista Jorge Zermeño, presidente de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados, rechazó el llamado de la CNDH para
sacar al Ejército de las calles, porque, reconoció, el crimen organizado ha
rebasado la capacidad del Estado mexicano para salvaguardar, mediante sus
corporaciones policiacas, la seguridad de la ciudadanía.
Por su parte, Luis Sánchez, vocero de la bancada
del PRD en esa cámara, coincidió con el ombudsman
en el señalamiento de que el Ejército debe salir de las calles, y dijo que
todas las fuerzas políticas, los órdenes de gobierno y los sectores sociales y
económicos del país deben diseñar una estrategia conjunta para "frenar
este derramamiento de sangre".
En tanto, especialistas en derecho constitucional y
en fuerzas armadas aseguraron que de no modificar la estrategia de combate al
narcotráfico, y regresar al Ejército a sus cuarteles, el Estado mexicano estará
"entregando el control del país al crimen organizado".
Guillermo Garduño Valero, catedrático de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experto en el estudio de las fuerzas
armadas, afirmó que "no será con el Ejercito regular como se podrá acabar
con el narco; se requiere de
elementos con una formación especializada que minimicen el daño a la población
civil, que hoy se encuentra atrapada entre dos fuegos".
En tanto, Miguel Angel Eraña, especialista en
derecho constitucional de la Universidad Iberoamerica, afirmó que estamos ante
un gobierno federal "empequeñecido, que ha tomado la decisión más fácil de
dejar la responsabilidad del combate al narcotráfico al Ejército, que no está
capacitado para esta tarea, sino para la defensa del territorio nacional".
A su vez, el Centro Pro y la Red Todos los Derechos
para Todos también criticaron que Soberanes esté haciendo un uso político de su
cargo, porque no explicó el objetivo de su informe preliminar sobre la
situación de Michoacán, y más bien parece que es una nueva práctica con la que
pretende recuperar su imagen pública.
Luis Macías, director del Centro Pro, señaló que si
Soberanes tuviera una preocupación real por la actuación de los militares en
los operativos contra el
narcotráfico, habría iniciado una queja de oficio desde diciembre de 2006.
CIMAC /
18 DE Mayo de 2007
Al menos
15 contradicciones en conclusión del caso Atzompa
Por María de
México DF, 17 mayo 07 (CIMAC).- Para no contradecir
lo dicho por Felipe Calderón Hinojosa sobre la muerte por gastritis de la
señora nahua Ernestina Ascencio Rosario y no por la presunta violación
tumultuaria de elementos del Ejército Mexicano, la conclusión del caso "es
una tomada de pelo, una falta de respeto y abaratamiento de las instituciones,
debido a que está plagada de contradicción y retractación", denunció la
diputada federal Valentina Batres Guadarrama.
Por ende, la fracción parlamentaria del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), en su calidad de observadora de las propias
verdades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Procuraduría
General de Justicia de Veracruz y de la Secretaría de la Defensa Nacional,
emplazó al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y a las autoridades
que intervinieron en la investigación a una reunión para analizar las
evidencias.
La legisladora Batres Guadarrama sostuvo que la
conclusión presentada sobre el caso de la señora Ernestina tiene 15
contradicciones del proceso de análisis forense, además de que da cuenta de lo
que dejaron de hacer la CNDH y la Procuraduría de Veracruz.
En entrevista con Cimacnoticias, Valentina Batres
sostuvo que no se tomó la declaración del presidente municipal de Soledad
Atzopan; se consulta una autopsia psicológica, que se usa en las presunciones
de suicidio, que no tienen validez en el caso de Ernestina; no hay resolución
respecto a las pruebas genéticas realizadas por la empresa Anigen sobre una
blusa verde y pantaleta amarilla, que establecieron no sólo la presencia del
cromosoma "Y" (Masculino) sino que evidenciaron la presencia
biológica de cuando
menos tres hombres.
La perredista consideró que aunque se haya dictado
el No Ejercicio de la Acción Penal en la averiguación previa que se
inició por los delitos de violación y homicidio, subsisten serias dudas en
torno a: la violación sexual por vía anal y vaginal; la causa de muerte,
etiología y circunstancias que la desencadenaron. Y sí existieron consecuentemente
probables responsables.
De tal suerte, precisó, los puntos
controversiales han sido, fundamentalmente, de carácter técnico científico y
por supuesto las contradicciones técnico-jurídicas, así como las declaraciones
de los servidores públicos de las instituciones involucradas.
En conferencia de prensa se dieron a conocer y se
evidenciaron dichas contradicciones y retractaciones sobre la verdad
histórica de los hechos mediante un análisis pormenorizado de la documentación
que las diputadas perredistas Maricela Contreras, Alliet Bautista Bravo y
Valentina Batres se allegaron.
En dicha documentación se encuentran: la conclusión
de la averiguación previa como no ejercicio de la acción penal; un documento
analítico que evidencia tres puntos fundamentales, y el hecho de que anteayer
se venció el término para interponer recurso de queja definitivo.
Así como el hecho de que los médicos tratantes del
hospital regional de Río Blanco, de la Secretaría de Salud Federal, aún con
vida Ernestina, diagnóstico rectorragia (sangrado del recto) sangrado fresco
del recto y lesión en vagina cerviz posterior, posible perforación de recto, y
abuso sexual (doctor Erick Maya).
También que los expertos del Hospital Regional de
Veracruz, como el doctor Luis Fernando Tenorio, determinaron que las pruebas
histológicas no se podían realizar porque los tejidos tenían autolisis
(destrucción de los órganos).
Además de aquellas pruebas que inexplicablemente la
CNDH señala que realizó a través del hospital Primero de Octubre, y que
son el fundamento "científico" de las afirmaciones, negativas y
descalificaciones que han realizado en contra de la Procuraduría estatal de
Veracruz.
Por lo anterior, sentenciaron las conferencistas, es
claro que la investigación pericial y ministerial no estableció la verdad
histórica como es su función, no la de Ernestina Ascencio Rosario. No hay
certeza jurídica sobre los hechos y sí tenemos a la vista de todos el
aislamiento y la casi sustracción de la familia en este periodo
estratégico de diez días en que podía ser impugnada la resolución de no
ejercicio de la acción penal y un documento que gravosa y vergonzosamente
ofrece la procuraduría del Estado donde renuncia la familia a su derecho de impugnación
y de esclarecimiento de los hechos.
Durante el desarrollo de la conferencia, las
perredistas emplazaron públicamente al gobernador Fidel Herrera, así como a
funcionarios de diversas instancias estatales, a mantener una reunión con
las diputadas y diputados federales. 07/MLT/GG
CIMAC /
18 DE Mayo de 2007
Caso
Zongolica acabó con la credibilidad de CNDH: OSC
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 17 mayo 07 (CIMAC).- Organizaciones
civiles y defensores de derechos humanos estatales coincidieron en que la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) enfrenta una grave crisis de
credibilidad y criticaron severamente la actuación del Ombudsman
nacional, José Luis Soberanes, a quien acusaron de "cerrar filas en el
gobierno de Felipe Calderón", y le hicieron un llamado "a
apartarse urgentemente de estas prácticas".
Durante el Encuentro Nacional "El Ombudsman,
herramienta de Participación Ciudadana" que se realiza en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Ramírez, presidente de la Comisión
Ciudadana de Derechos Humanos de Baja California, advirtió que ante la
actuación de la CNDH por el caso de Ernestina Ascencio, al que calificó como
"emblemático" la ciudadanía perdió la confianza en las autoridades
federales y estatales
incluida la CNDH.
"Llama la atención, señaló Ramírez, la actitud
de Soberanes en el régimen de Felipe Calderón que contrasta con el
enfrentamiento político con Vicente Fox en la última parte de su
sexenio".
Para el defensor de derechos humanos, la CNDH pasó,
de tener una actuación justa e imparcial y de ser la voz de los sin voz, a
cerrar filas en el gobierno en turno.
"Casualmente", señaló, este año el
presupuesto para la comisión fue de más de 700 millones de pesos
"presupuesto mayor al que un organismo de defensa de derechos humanos haya
tenido no sólo en México sino en todo el mundo".
El equipo de transición de Felipe Calderón, señaló
Ramírez, "intervino en la negociación y formulación del presupuesto de
egresos en la Cámara de Diputados, incluido el de la CNDH, que de seguro
cabildeó su presupuesto".
Sobre el caso Zongolica, el también ex Ombudsman de
Baja California enfatizó que Soberanes se excedió en sus atribuciones y
"sospechosamente se adelantó en su resolución a la del Ministerio Público
de Veracruz, omitiendo señalar el motivo de la presencia del Ejército en éste y
otros lugares y desvalorando la palabra de las hijas e hijos de
Ernestina".
Así, "el Ombudsman no protegió a
las víctimas sino al aparato del Estado", señaló.
Para Raúl Ramírez es notoria una excesiva
intervención de la CNDH en este caso, a diferencia de otros igualmente graves
en donde ésta no actúa de manera expedita o simplemente no interviene.
Señaló que la función de la CNDH debería contribuir
a esclarecer este caso y no a "enturbiar las investigaciones
ministeriales", que traen como consecuencia la impunidad.
Dijo que no es justificable por ninguna
circunstancia que el presidente del organismo nacional encargado de proteger
los derechos humanos en México "se coloque del lado del gobierno, que
justifique y encubra sus excesos".
Ramírez advirtió que con este mensaje de la CNDH,
se coloca de facto a la ciudadanía en un estado de indefensión ante los
abusos del poder.
Este caso (como otros) demuestra hasta dónde llega
el interés del régimen de mantener incólume y a toda costa el prestigio de las
fuerzas armadas.
Finalmente, Raúl Ramírez señaló que la CNDH debió
pronunciarse hace diez años por la utilización de las fuerzas armadas en tareas
que constitucionalmente competen a la autoridad civil y preguntó ¿por que hasta
ahora Soberanes hace señalamientos que desde mucho tiempo atrás han reclamado
las ONG?
El encuentro Nacional, que inició este día y
concluirá mañana, fue convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en
colaboración con el Observatorio Ciudadano del Ombudsman, de la Cátedra UNESCO
de Derechos Humanos de la UNAM. 07/LGL/GG/CV
La Jornada / 17 de Mayo de 2007
Ante la CNDH, mujeres
violadas en Michoacán relatan agresión
Padecieron puñetazos, insultos y amenazas de muerte
Nunca les vieron el rostro. Los militares llegaron
a bordo de tres o cuatro camionetas y por la fuerza se metieron a la casa de la
señora Carmela. A las mujeres las golpearon con los puños, les cubrieron la cara,
les amarraron las manos y les jalaron el cabello. No saben por qué o cómo, pero
luego de que estuvieron en un cuartel del Ejército en Michoacán, han tenido un
flujo con "olor feo".
Es el testimonio de las cuatro menores de edad,
quienes trabajaban en el restaurante La Estrellita, en el municipio de Nocupétaro, y que fueron víctimas de violación y abuso
sexual por parte de integrantes del Ejército Mexicano, que supuestamente
investigaban los vínculos de la que era su patrona, Carmela, con Los Zetas, en esa localidad.
Las jóvenes estaban juntas en la casa de Carmela,
quien había salido a la tienda con una de ellas, cuando llegaron los militares
vestidos de negro y camuflados. Eran alrededor de las ocho de la mañana del
pasado 2 de mayo.
De inmediato les preguntaron si Carmela tenía mucho
dinero, sobre su relación con Los Zetas
y la muerte de cinco miembros del Ejército. Ninguna de las jóvenes sabía de qué
les hablaban. Sólo una de ellas reconoció a un individuo que le mostraron en una
fotografía. Sin embargo, a las cuatro las amarraron, golpearon y se las
llevaron para subirlas a un helicóptero.
Las agresiones no cesaron, y estando en el aire las
amenazaron con lanzarlas al mar, que serían comida de los tiburones. Uno de los
testimonios recabados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora
en poder de instancias federales y estatales, para que inicien las
investigaciones, señala que en el trayecto del viaje los militares decían:
"al cabo que les gusta que las anden agarrando', les alzaban las faldas,
les daban nalgadas, les metieron la mano dentro de los calzones, se los
jalaron; también les dijeron que si no querían un cigarrito y una cervecita, 'pinches drogadictas putas', y se burlaban".
Al llegar al cuartel, al que todas identificaron
por los dormitorios, a dos de las mujeres les pusieron "algo en la
nuca", sintieron caliente y se quedaron dormidas. A otra de ellas le
pusieron la mano en la nariz y de inmediato se durmió. Una más sólo pudo decir
que en el cuartel "la acostaron en una cama".
En los testimonio también quedó asentado que cuando
despertaron las condujeron a una habitación donde "estaban un hombre y una
mujer, quienes dijeron que eran doctores". La mujer les pidió a cada una
de ellas, por separado, que se quitaran la ropa. A dos de las adolescentes
simplemente las miró y no dijo nada más.
A otra de ellas, le señaló que estaba sangrando.
Esta chica, de 17 años de edad, refirió además que "le ardía la vagina y le dolía la rajada de su cesárea, y las
ingles".
Ella misma había dicho que tenía sed durante el
viaje en el helicóptero y obtuvo por respuesta "tienes sed, a ver dame
unos mamucos para que se te quite".
Las tres mujeres señalaron que luego de que
despertaron sentían dolor en las manos, las cuales estaban hinchadas y moradas,
y no sentían sus dedos pulgares.
Otra de las jóvenes, también de 17 años, denunció
que luego de que la sacaron del cuartel, la subieron a una camioneta donde un
par de soldados también la agredieron sexualmente, "le tocaron las piernas,
senos y vagina, y le decía que con ella se iban a
quitar las ganas". A ella misma le tocó "una calentadita" dentro
de las instalaciones del Ejército, donde le preguntaban por su presunta
relación con Los Zetas.
La pusieron contra la pared, con los brazos
levantados, alrededor de una hora, aunque tampoco pudo ver a sus
interlocutores. Una mujer era la que hacía las preguntas y repartía las
cachetadas cuando se enojaba porque la adolescente no le decía lo que quería.
A ella también le tocó estar dentro de una
camioneta, probablemente toda una madrugada, durante la cual las ventanas y
puertas estuvieron abiertas.
De acuerdo con las versiones de las jóvenes, fueron
varias las horas, tal vez los días que las mantuvieron retenidas hasta que las
llevaron a las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación. Antes de
llegar las desamarraron y les quitaron las vendas de la cara. Todas declararon
ante el Ministerio Público sobre las agresiones de que fueron víctimas y
expresaron su temor por las amenazas que recibieron, pues si denunciaban, les
dijeron, sus familias pagarían las consecuencias.
Agotados, los
alcances de la CNDH, dice el PRD (Por Mauricio Pérez. Milenio Diario. 17 de Mayo de 2007)
Nolasco sostuvo que el PRD tiene conocimiento
de al menos 35 casos de violaciones de mujeres por parte de militares desde
1994. La secretaria de Derechos Humanos
del PRD, Marcela Nolasco, demandó a los grupos parlamentarios de su partido que
promuevan la inmediata remoción del presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, José Luis Soberanes, al considerar que “esa figura del
ombudsman no le sirve a este país”.
En entrevista, la dirigente perredista planteó que el
defensor emite sólo juicios de opinión, sin tomar en cuenta informes o
dictámenes ministeriales. Aun en el reciente caso de presuntas violaciones a
jóvenes en Michoacán por militares, contraria su posición con lo ocurrido en
febrero pasado en Zongolica, Veracruz.
Nolasco sostuvo que el PRD tiene conocimiento de al menos 35
casos de violaciones de mujeres por parte de militares desde 1994.
Dijo de Soberanes: “Lo que queremos es que realmente él sea
removido, y que esa figura y esas facultades que tiene la CNDH se cambien
dentro de la reforma del Estado, que tengan más alcance, no queden nada más en
recomendaciones, sino que realmente se procuren los derechos humanos”.
A partir de recomendaciones, consideró, “no vamos a hacer
nada, y lamentablemente el comisionado cambia de opinión según le parece, según
vea cómo está el clima; qué credibilidad puede tener ahora”.
En entrevista por separado, el secretario general del PRD,
Guadalupe Acosta Naranjo, afirmó que muy probablemente sea cierto el caso de
violación de mujeres en Michoacán, pero con esa declaración el ombudsman pretende
“recuperar un poco de credibilidad que perdió en el asunto de Zongolica.
El propio Soberanes, añadió, “debería reconocer que la
torpeza con que se manejó Zongolica –en el caso de la indígena Ernestina
Ascensión–, solamente alienta la impunidad y que se pueden repetir casos como
hoy se demuestra en Michoacán o como sucedió en Castaños, Coahuila”.
De acuerdo con informes de su Secretaría de Derechos Humanos,
el PRD tiene registrados casos de violaciones de mujeres por militares en
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Coahuila y Veracruz.
Claves
Señalamientos
Atentados a la integridad física, violaciones sexuales de
cuatro menores, allanamientos, torturas, cateos ilegales y detenciones
arbitrarias están entre las 52 quejas documentadas hasta el momento por la CNDH
por abusos militares durante los operativos en Michoacán y que anteayer dio a
conocer José Luis Soberanes.
Soberanes cuestionó que a 10 años de creada la Policía
Federal Preventiva, la corporación no ha logrado ser un instrumento capaz de
enfrentar la delincuencia.
Cuestionó la participación del Ejército en las acciones
anticrímenes, pues ni así se ha detenido la escalada de violencia que este año
ha cobrado un millar de vidas.
El caso Ascensión no debe cerrarse (Por Arnoldo Graus. La
Jornada. 16 de Mayo de 2007)
Si no fuese porque se trata de la muerte de un ser humano, la historia de
torpezas, de mentiras, de impunidad y de encubrimientos en torno a las causas
del fallecimiento de la indígena Ernestina Ascensión podría ser material
inagotable para los amantes del absurdo.
Para los deudos de Ernestina el problema es triple:
el asesinato de su madre, la grosera e intocable impunidad con la que se ha
manejado el caso y el fin de su privacidad. Para los que escribimos,
"desde lejos", el problema es doble: el nuevo gobierno mexicano no
respeta a la opinión pública y poco le preocupan los derechos humanos. Para el
gobierno el problema es que no hay problema: han decidido enterrar a Ernestina
en los sótanos de la impunidad.
Por esas razones, y ante la perspectiva de que el caso Ascensión sea la tónica que
prevalecerá en este sexenio, es imprescindible seguir escribiendo sobre la
muerte -¿asesinato?- de la indígena. No obstante que los medios de comunicación
cuestionaron, y siguen cuestionando las actitudes y las opiniones de los
políticos implicados, poco se consiguió: dentro del propio gobierno los
"más poderosos" decidieron meter a todos sus subordinados al redil
con tal de unificar ideas, a pesar de las grotescas contradicciones y mentiras
que tuvieron que espetar para "cerrar el caso".
Esa actitud es también una muestra de los métodos
que se utilizarán en el sexenio. Del caso
Ascensión se desprende que es válido sacrificar la verdad con tal
de unificar, que para proteger a las instituciones gubernamentales es permitido
despreciar hasta donde sea necesario el sentir de la opinión pública, que los
miembros del gobierno deben desdecirse, a pesar de que se deteriore su imagen,
para así preservar la unidad y que los derechos humanos no serán prioridad en
los tiempos por venir. El mensaje es claro: no hay espacio ni respeto por el
disenso.
No recreo nuevamente las historias de lo sucedido
en Zongolica porque son del dominio público (en la revista Proceso del 6 de mayo Miguel Angel Granados
Chapa escribe un excelente resumen de los acontecimientos). Baste resaltar el
hecho de que el cuerpo fue exhumado y sometido a una segunda necropsia, evento,
por demás, poco común en la práctica de la medicina legal; ese ejercicio denota
las incertidumbres de los implicados y el afán por demostrar lo que ellos
necesitaban demostrar. Agrego que aun cuando desconozco las cifras oficiales,
no creo que en México se efectúen anualmente más de dos o tres dobles
autopsias. Huelga decir que la segunda autopsia no sólo no convenció, sino que
fue en detrimento de la verdad: de nada sirvieron las conclusiones a las que se
llegó después del procedimiento.
Es difícil recordar en el pasado reciente
situaciones similares al caso Ascención.
En esta ocasión, el cúmulo de contradicciones y mentiras dentro del circuito
gubernamental rebasa lo permisible y cuartea el edificio ético que debe
sostener su credibilidad. Después de la muerte de la indígena -26 de febrero-,
el problema fundamental para la sociedad radica en cómo confrontar el desprecio
hacia la verdad de nuestros jerarcas, conducta que, por supuesto, traduce el
profundo menosprecio hacia sus ciudadanos.
El daño moral emanado del caso Ascensión es inmenso. Resulta
incomprensible que nuestros gobernantes hayan preferido sacrificar la verdad
con tal de "no manchar" sus instituciones. Se requiere inteligencia y
astucia para saber mentir por tiempos prolongados, cualidad poco común en
nuestros jerarcas. Cuando se repasa lo dicho por las autoridades implicadas no
sólo se advierten contradicciones que por obvias resultan sandeces, sino que se
hace evidente la falta de respeto y la magra comunicación que impera entre
ellos.
Se nota también que la mentira los fue superando
poco a poco y que el carpetazo
fue la única solución que les quedó para no incurrir en más errores y para no
incluir a otros dignatarios (bastan inter
alia, el Presidente, el secretario de Gobernación, el gobernador de
Veracruz, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos...
etcétera).
La historia de la muerte de Ernestina Ascensión es
una historia de desprecio. De desprecio hacia la vida. De desprecio hacia los
deudos. De desprecio a quienes atestiguamos los sainetes de nuestros jerarcas.
De desprecio por la verdad.
Imposible respetar a quien infringe la verdad.
Imposible confiar en quien la pisotea. El caso
Ascensión es parteaguas de la política del desdén como parte de la
política del gobierno de Felipe Calderón.
Militares violaron y torturaron en Michoacán: CNDH (Por Nayeli Roldán y Carolina
Rivera. Milenio Diario. 16 de Mayo de 2007)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos "documentó" la violación sexual de una menor de edad por parte de militares e investiga tres casos en los que hay indicios de que soldados que participan en el Operativo Conjunto Michoacán retuvieron, golpearon y narcotizaron a jovencitas.
El ombudsman José Luis
Soberanes y el perito Fernando Cervantes, en conferencia de prensa, afirmaron
que hasta el momento tienen acreditado plenamente "con evidencia científica"
la violación de una adolescente, presuntamente perpetrada durante un traslado
luego de que fue detenida. En el caso de las otras tres menores se están
analizando las pruebas, dijo el ombudsman. Una de ellas, aseveró el perito
Cervantes, "entró en un estrés postraumático y no podía ni hablar, pero
con base al apoyo de la psicóloga se entabló una comunicación. Estamos en
espera de los resultados de sus estudios histológicos y patológicos".
Además "parece ser
que fueron narcotizadas; se están haciendo análisis de sangre y orina"
para determinar si se les sometió con una sustancia. En las declaraciones hay
coincidencia en que les dieron a oler algo que les produjo sueño profundo.
Permanecieron inconscientes cierto tiempo y "no saben con certeza qué les
ocurrió del 2 al 4 de mayo".
Soberanes indicó que
tres de las agraviadas tienen 17 años y una 16, e indicó que pertenecen a un
mismo municipio de Michoacán.
De acuerdo con las
investigaciones de la CNDH, como parte del Operativo Conjunto, el Ejército llega
a un lugar, "efectúa cateos, detiene personas, las traslada en
helicópteros, las interroga en cuarteles o instalaciones militares y después
las traslada en vehículos o camionetas hasta las oficinas de la PGR",
informó la segunda visitadora, Susana Pedroza. Es durante ese proceso en se
presentarían los agravios.
Sobre el proceso legal
de los delitos, afirmó Soberanes, "la inves-tigación le corresponde a la
Procuraduría de Justicia de Michoacán; pero independientemente de eso,
emitiremos una recomendación a la Sedena para que se sancione a los
responsables".
El Ejército no puede ser
policía
Enfatizó que la
Secretaría de la Defensa Nacional ha colaborado en las investigaciones de la
comisión y "ha expresado su compromiso de respeto a la justicia; esa actitud
es, a un mismo tiempo, esperanza y evidencia de que no se pueden tolerar actos
violatorios de los derechos fundamentales".
El titular de la CNDH
además sostuvo que con la presencia del Ejército en Michoacán y otros estados,
no está rompiendo el orden constitucional, pero sí trastoca el sistema legal,
por lo que llamó a que los efectivos militares sean retirados "lo antes
posible de las calles y cumplan su función exclusiva de defensa de la soberanía
nacional, no de la persecución de la delincuencia".
La presencia del
Ejército tiene que ser, dijo, sólo en apoyo a las autoridades
constitucionalmente creadas para ello, es decir, los cuerpos policiacos.Aseveró
que "los soldados no están capacitados para funciones de policía y al
hacerlo se sobrepasan y entonces vemos estos excesos".
Descuido de sexenios
pasados
El ombudsman recordó que
la Policía Federal Preventiva tiene 10 años de creada y se debió lograr que
fuera "el instrumento que requiere la sociedad; pero ahora estamos
padeciendo el descuido en la lucha contra el crimen organizado del sexenio
pasado; estamos pagando esos costos".
Soberanes hizo el
exhorto a fortalecer la PFP, las policías estatales y municipales, así como
darles capacitación, equipamiento y salarios dignos para que los militares
regresen a los cuarteles.
De hecho, el ombudsman
indicó que el cuerpo de élite recién creado debió asignarse a la PGR.
Otros abusos
Luego de los operativos
contra el crimen organizado en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo
y Apatzingán, José Luis Soberanes informó que la CNDH ha documentado
adicionalmente actos de tortura, ejercicio indebido del servicio público,
cateos ilegales, detenciones arbitrarias, lesiones, allanamientos de morada,
entre otras, que los militares están cometiendo contra ciudadanos.
Manifestó que las
investigaciones se originaron por una queja del alcalde de Nocupétaro y a
partir de ésta se solicitó información a la Sedena y a la PGR. La PGR asegura
que no participó en los hechos.
Hasta el día de ayer se
recibieron 52 quejas, de las cuales 10 son de personas que presentan lesiones
menores, certificadas por peritos de la CNDH y "en dos de los casos los
agraviados presentan lesiones que hacen presumir que fueron víctimas de tortura".
En Apatzingán se han
presentado formalmente quejas por detenciones arbitrarias (ocho) y
allanamientos de morada con daños en propiedad ajena (tres).
José Luis Soberanes
resaltó que está atento al caso de los comunicadores Gamaliel López y Gerardo
Paredes, de Tv Azteca, así como de las lesiones que sufrió el camarógrafo
Russell Jurel Pérez, corresponsal de Telemundo.
El titular de la CNDH
exhortó a la sociedad a no ignorar hechos violatorios de los derechos humanos,
pese a la colaboración de la Sedena en las investigaciones, y a exigir
"frenar a quienes atentan contra personas indefensas escudándose en el
poder de una institución del Estado".
Claves
Base de la acusación
La investigaciones de la
CNDH toman como primera base las declaraciones de las víctimas. En un caso, hay
elementos para presumir violación.
Las menores declaran
haber sido retenidas dos días y no tener claridad sobre mucho de lo que pasó en
ese tiempo; probablemente fueron narcotizadas.
La intervención de
militares (que habrá de determinar un juez en su momento) se desprende de estos
dichos e investigaciones de la propia comisión.
La Sedena asegura que no se encubrirá a soldado alguno (Por Rubén Mosso. Milenio
Diario. 16 de mayo de 2007)
La Sedena prefirió esperar hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos termine sus indagatorias y, de momento, informó a través de un comunicado que no hará comentarios sobre los supuestos abusos cometidos por algunos de sus efectivos en Michoacán.
a Secretaría de la
Defensa Nacional advirtió que se mantendrá pendiente del resultado de dichas
investigaciones para que sean las autoridades competentes quienes declaren
sobre el caso.
La institución castrense
subrayó que en ninguna situación o circunstancia encubrirá acciones delictuosas
del personal militar, pero exigió que si los órganos jurisdiccionales resuelven
que los soldados no incurrieron en ilícitos, se respete tal determinación.
Dejó claro que en el
supuesto caso de que se encuentren pruebas fehacientes contra algún elemento del
Ejército, la Procuraduría General de Justicia Militar consignará a los
probables responsables, exigiendo el máximo castigo con todo el rigor de la
ley.
Asimismo, reiteró su
compromiso de cooperar con las investigaciones y de salvaguardar la seguridad
de los mexicanos con estricto apego a derecho y respeto a los derechos humanos.
CIMAC /
15 de Mayo de 2007
Gobierno
de Veracruz aisló a familia de Ernestina Ascencio
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba, Ver., 15 mayo 07 (CIMAC).- El gobierno del
estado de Veracruz implementó una estrategia intencional de aislamiento de la
familia de la señora Ernestina Ascencio, para impedir que tuvieran acceso a
asesoría jurídica independiente y que impugnaran el dictamen de la Procuraduría
General de Justicia de Veracruz (PGJE), que señala como natural la muerte de la
indígena de Soledad Atzompa, afirma el Observatorio Veracruzano de Derechos
Humanos.
Representantes del organismo investigador no
gubernamental, que preside Christopher Alexis Servín Rodríguez, sostuvieron que
aparentemente la PGJE, a través de la Fiscalía Especializada, pretendía
agilizar el cierre del expediente sin agotar todas las líneas de investigación.
Por ello, la ONG reprueba la misteriosa
desaparición de la familia Inés Ascencio, luego de que fueron recogidos en sus
domicilios sin previo aviso por unidades de seguridad pública estatal, sin
permitir antes un diálogo con medios de comunicación o con los organismos
civiles con que previamente establecieron un acercamiento.
Estos hechos evitaron que se agotaran las líneas de
investigación y que las propias diligencias de investigación no fueran
sometidas a una revisión judicial, lo que implica la violación a un derecho
humano fundamental de las víctimas y de sus familiares.
Otra de las irregularidades detectadas por el
Observatorio Veracruzano es que la misma Procuraduría, en combinación con René
Huerta, dirigente de la CROISZ, declaró públicamente que la familia
aceptó el dictamen y que rechazó el ejercicio de una acción penal. Sin embargo,
la ausencia de la familia en circunstancias por demás sospechosas indica que
podría ser falsa la aceptación o mediante presiones y coacciones tuvieron que
aceptarla.
En su informe de inconsistencias sobre el caso
Ernestina Ascencio, que será presentado en la Asamblea Nacional el 26 y
27 de mayo en la Ciudad de México, el Observatorio Veracruzano de Derechos
Humanos expondrá la ausencia total del Estado democrático de Derecho en
Veracruz, así como las irregularidades en las investigaciones de la PGJE,
dependencia que no cumplió con los estándares internacionales de objetividad e
imparcialidad con que deben ser conducidas las investigaciones y actuaciones de
los encargados de la procuración de justicia.
Se incurrió en la violación de por lo menos cuatro
convenciones y tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra la Mujer y la Convención Belem Do Pará.
El Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos
sostuvo desde el pasado 13 de abril un acercamiento con las autoridades de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de que el organismo
internacional conozca el caso e intervenga en el mismo de forma imparcial.
FAMILIA DE ERNESTINA, DE VACACIONES
Cabe recordar que el 30 de abril, Martha, Carmen,
Juana, Julio y Francisco Inés Ascencio fueron trasladados junto con sus hijos y
nietos a la ciudad de Xalapa para conocer el dictamen de las investigaciones de
la PGJE. Y, sin notificar a sus vecinos, se trasladaron a bordo de un autobús
de turismo a Tampico. Posteriormente permanecieron durante algunos días en
Ixtapan y finalmente se trasladaron a la Ciudad de México para visitar la
basílica de Guadalupe.
De acuerdo a versiones de René Huerta,
"representante" de la familia, el viaje fue financiado por la
Fundación Cordobesa del Golfo, la cual es presidida precisamente por Vicente
Montiel, colaborador personal del gobernador Fidel Herrera Beltrán.
NO RENUNCIÓ EL PROCURADOR
A cuatro días de que se ponga en marcha el programa
Veracruz Seguro, trascendió hoy por la mañana la renuncia presentada por
Emeterio López Márquez como procurador de Justicia del estado, sin embargo la
renuncia fue negada por el gobernador Fidel Herrera, al término de una
ceremonia por el Día del maestro, la tarde de este mismo día.
Aceptó que el Procurador viajaría a Guadalajara,
como éste lo había ya anunciado, a realizar "comisiones oficiales". Y
dijo a la prensa que mientras lo necesitara, lo tendría como procurador.
Cabe destacar que la posición de Emeterio López
Márquez ante la opinión pública se complicó, debido a las múltiples
contradicciones generadas con el Gobierno Federal y la CNDH en el caso de la
indígena Ernestina Ascencio, y la presión que lo obligó a retractarse del
informe inicial sobre las causas de la muerte de la señora, situación que dejó
mal posesionada a la fiscalía veracruzana y a él mismo como titular.
Para consultar opiniones y algunos otros datos, se
encuentra el Blog: CASO SOLEDAD ATZOMPA: ALLECE LA ANCIANA
ERNESTINA ASCENCIO PRESUNTAMENTE VIOLADA POR MILITARES
http://wemmage.blogspot.com/
CIMAC /
14 de Mayo de 2007
Ernestina
Ascencio sí fue violada
Por María de
Soledad Atzompa, Ver, 14 mayo 07 (CIMAC).- No, no
es posible que el Procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López
Márquez, siga sosteniendo que la señora Ernestina no había sido violada; y que
los familiares, ahora en manos de la procuraduría, ya no exijan el castigo de
los culpables de su muerte.
Así se expresó el presidente municipal de Soledad
Atzompa, Javier Pascuala, al entrevistarse el pasado 5 de mayo con las
diputadas federales Maricela Contreras y Valentina Batres.
En el encuentro, realizado en la Sierra de
Zongolica, Pascuala aseguró que la gente del pueblo no sale de su asombro,
disgusto y decepción, al ver como la propia familia de la señora Ernestina y
las autoridades de Veracruz tergiversaron el caso.
"Ahora resulta que no fue violada. La gente
apoyaba a la familia y era su aliado, pero ahora con esta situación, pues se
decepcionan", dice.
Pascuala narró lo vivido junto con la familia,
cuando el 25 de febrero Ernestina Ascencio fue encontrada presuntamente violada
y asesinada por elementos del ejército.
SUS PALABRAS
Miguel Castro de Jesús, amigo de la señora
Ernestina, dijo que el 26 de febrero la encontró en su casa amarrada y
ultrajada por los militares, eso es falso, porque después del ultraje
perpetrado por elementos del Ejército fue tirada a la orilla de una ladera.
La señora Martha, su hija, la encontró grave, dijo
que cuando ella la encontró y al tiempo que la quiso voltear para colocarla boca
arriba le preguntaba: Mamá, mamacita, qué te paso, pero ella no respondía. De
inmediato, Martha mandó a la niña (su hija) por un jarro de agua a la casa,
debido a que a doña Ernestina la encontraron a unos 150 ó
Como demoraba la niña con el jarro de agua, Martha
fue a encontrarla. En el camino se encuentra con dos vecinos, de nombres José y
Luis, a los que les pide su ayuda para levantar a doña Ernestina, los señores
la acompañaron hasta donde estaba tirada su mamá y le dieron el agua.
Minutos después Martha vuelve a preguntarle a la
señora qué es lo que le había pasado. Doña Ernestina en su lengua náhuatl, en
nuestra lengua, dijo: "Se me echaron encima, gente que viene de fuera".
Alfredo, su yerno, dijo pues hay que llevarla con
un doctor particular para que la atiendan inmediatamente; por eso fue que
acudimos con el médico, de nombre Marcos García, de aquí de Ciudad Mendoza, una
vez ahí nos dijo que tenía que internarse, por lo que nos mandó a una clínica,
que aquí esta muy cerca, se llama Los Ángeles.
Pero, después de 20 ó 30 minutos llegó el ingeniero
René Huerta, con uno de los hijos de la señora, yo estaba adentro en el pasillo
de la clínica y no alcance a ver cuál de ellos había llegado, si con Julio o
con Francisca.
René entra y me dice ya llegó uno de sus hijos y
vengo con él, pide que la señora sea trasladada al hospital de Río
Blanco.
El doctor García, en ningún momento dijo no, él
dijo no hay ningún problema, vamos a hacer un reporte médico, porque este es un
problema (se le dijo que había sido una violación) y a la mejor mañana me
preguntan y aquí lo tengo, por eso hay que hacer un reporte médico.
El reporte no decía que tenía la señora porque ahí
no la revisaron, sino que sólo le dieron los primeros auxilios. El doctor
García, de la clínica de Los Ángeles, dijo "si se la llevan es bajo su
responsabilidad", eso dijo. No lo escuchó René Huerta porque estaba
afuera.
Cuando llegué al hospital, la secretaria nos
dijo que el médico legista ya estaba informando a la familia que sí había sido
violación, que fue violada por la parte recta y de frente, que le habían
reventado un intestino y que al día siguiente, como a las 9:00 de la mañana, la
iban a operar a la señora.
La que nos informó creo que era la médico legista,
doctora Ramírez, la del Ministerio Público es la doctora Catalina Rosales, ella
es la que toma la nota. Ahí René Huerta le pidió que lo que les habían dicho
los familiares lo hicieran por escrito. Ella dijo que no porque eso tenía que
ser integrado en la investigación previa, pero que posteriormente los
familiares podían solicitar una copia.
Fue a mi secretario al que al otro día le informan
que ya había muerto. La señora fulana de tal falleció a las 6:30 de la mañana,
los familiares ya vinieron por el cuerpo, ya se les entregó y ya la llevaron,
tiene como 15 ó 20 minutos que se fueron.
¿MUERTE NATURAL?
Sí, se confirma la violación. Lo lamentable es que
ahora determinen que fue una muerte natural. El mes de abril, aquí tengo
apuntada la fecha de cuando fue la reunión con los diputados, el día 16 de
abril, cuando se reúnen los diputados federales en Jalapa, es donde ya ahí se
confirma que la violación sí existía por parte de los sardos.
Y eso, entonces ahora por qué dice que no hubo
violación, el procurador de estado. Yo no pude asistir, pero después de las
reuniones que han venido sosteniendo la familia con las autoridades del estado,
ahora ya tergiversan la situación y dan por hecho de que no hubo violación.
Ahora está disgustado el pueblo, porque dice que
cómo es posible que el procurador del estado siga sosteniendo que la señora
Ernestina no había sido violada: Ahí deberían actuar conforme a derecho para
que se investigue y se encuentren a los culpables, se castiguen y el pueblo se
tranquilice.
Pero ahora que conocen esta versión lo lamentan,
porque el problema que se está viendo es que los familiares son los que ya
cayeron en manos de la procuraduría del estado para tergiversar este asunto.
Entonces el pueblo está inconforme por lo de los
familiares, si los familiares seguían exigiendo que se castigara a los
culpables, pues el pueblo de Atzompa que es un aliado de la familia estaba
apoyándolos; pero ahora, que hay esta situación, el pueblo se decepciona por la
actitud de la familia.
Pascuala remata su denuncia, diciendo a las
diputadas que la CNDH conoce el testimonio de Marta, "la hija de Ernestina
dijo que era una violación, por eso entró el traductor de la Comisión. ¿Ahora
resulta que no es cierto?" 07/MLT/CV
El
Financiero / Mayo 11 de 2007
Otra mujer asesinada en Zongolica
Por José Reveles
Cuando todavía no se
disipan los nubarrones por la confusa actuación de las autoridades en torno a
la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, otra vez en la
sierra de Zongolica, Veracruz, apareció el cuerpo de una mujer, presuntamente
violada y estrangulada.
Adelaida Amayo Aguas no era una ciudadana común y corriente. Tenía 38 años y
era gestora de préstamos para los indígenas de la región, ante la caja popular
solidaria de Zongolica e integrante del Consejo Consultivo de la radiodifusora
indígena local. Además, colaboraba cercanamente con la candidata perredista a
la alcaldía de Zongolica, Dolores Rivera Ramírez.
Su marido Hilario Lara exigió una investigación profunda sobre el caso hasta
dar con el paradero de lo que él llamó "asesinos" de su esposa. El
cuerpo desnudo, en etapa avanzada de descomposición, fue abandonado en una
cuneta del camino que va de Mixtla de Altamirano a San Juan.
La información inicial, según reportó ayer -Día de las Madres- la enviada de
"W Radio" en la zona, Sanjuana Martínez, habla de violación y
estrangulamiento.
Empero, la Procuraduría de Veracruz, cuya credibilidad ha quedado en entredicho
por el caso de Ernestina -hallada grave el 25 de febrero tras una presunta
violación cometida por militares y quien falleciera en la madrugada siguiente-
prefirió ordenar una necropsia que practicaron tres médicos durante siete
horas. Los resultados aún no se dan a conocer, aunque el cadáver apareció desde
el lunes.
Pobladores de Zongolica están temerosos de que se desate una ola de violencia
en sus comunidades. Las mujeres ya no deben andar solas en la región: "es
peligroso", sugirieron policías que resguardan las viviendas de la familia
de Ernestina, en Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa.
Sanjuana Martínez, recientemente galardonada con el Premio Nacional de
Periodismo 2007, entrevistó a Rosa Ixmatlahua, de 36 años, madre de cuatro
hijos, quien es vocal de Oportunidades para dar ayuda a mujeres de la zona:
"Dice (Rosa) tener gran desasosiego porque desde el 26 de febrero, día en
que sepultaron a Ernestina Ascensión, le preocupa el clima de inseguridad para
las mujeres que se vive en Zongolica, debido a la presencia de soldados."
Esta mujer declaró textualmente, según se constata en el archivo de audio
transmitido este jueves por la mañana:
"Nosotras pues, ahora ya. Antes pues no les teníamos miedo, pero ahorita
sí ya les tenemos miedo. Ya no queremos que haya (soldados), que se vayan o que
anden por los bosques y que no nos hagan mal. Nosotros no queremos que nos
dañen, porque si quieren cuidar, que cuiden. Si no, pues no. Que entre el
gobierno, que si lo quiere que los mande, pero que les diga que no hagan
daño."
"¿Justicia o ayuda?"
Francisco Juárez Collana, juez de Tetlatzinga, la comunidad en donde Ernestina
fue agredida por la tropa, según la primera versión de los familiares (ahora
están totalmente acotados por miembros del PRI y del gobierno veracruzano,
quienes no les permiten hablar y los vigilan en todo momento), aunque la
procuraduría estatal concluyó que la anciana murió "por causas
naturales", relata lo que enviados del gobierno federal les plantearon a
los hijos y demás parientes de la indígena fallecida:
-¿Quieren justicia o ayuda?
Con el argumento de que su mamá ya estaba muerta y se hallaba descansando con
Dios, los cinco hijos (Martha, Julio, Carmen, Juana y Francisco Inés Rosario)
aceptaron ayuda. Se ignora cuánto, pero hubo dinero en efectivo, construcción
de cinco casas de las más baratas, viaje a Ixtapan de la Sal, Estado de México,
y al Distrito Federal.
CIMAC / Mayo
10 de 2007
Hallan
otra mujer violada y muerta en Atzompa
Por Laura Castro Medina, corresponsal
Soledad Atzompa, Ver., 8 mayo 07 (CIMAC).- A la ola
de declaraciones contradictorias sobre la violación y muerte de la señora nahua
Ernestina Ascencio, a manos de presuntos militares, se suman las especulaciones
sobre el paradero de sus hijas e hijos y el hallazgo del cadáver de otra mujer
violada en la sierra Zongolica, que revive la indignación y el miedo entre la
población serrana.
Para la Procuraduría General de Justicia de
Veracruz el caso está cerrado, mientras el Ministerio Público Militar, que
reconociera la violación de la señora, guarda hermetismo sobre sus propias
investigaciones.
El último día de abril, Francisco, Marta, Juana y
Carmen, descendientes de doña Ernestina, partieron a Xalapa, a bordo de autobús
de lujo, tras la entrega de otros seis millones de pesos en apoyos de parte del
gobierno del estado, para conocer el dictamen que también se daría a conocer a
la opinión pública.
Ahí estuvieron hospedados en el Hotel México y
revelaron al medio electrónico www.alcalorpolitico.com
que iban a recibir dinero del gobierno del estado, además de que el gobernador
les hizo la promesa de ayudar a todo el pueblo.
Pero a una semana de emitido el dictamen, no se
sabe con certeza el paradero de los hermanos Inés Ascencio. El Gobernador de
Veracruz asegura que se ubican en la Ciudad de México. Sin embargo, vecinos de
Tetlacinga aseguran que se encuentran en el interior de sus nuevas viviendas
construidas por el Gobierno estatal, hoy custodiadas celosamente por seis
policías, con dos patrullas del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz.
Y mientras vecinos y autoridades del lugar buscan
la forma de contactar a la familia para exigir que apelen dentro del plazo de
15 días que marca la Ley el Dictamen emitido por la PGJE, los más de tres mil
indígenas que desde un inicio se solidarizaron en el reclamo de justicia hoy
cuestionan el mutismo de los descendientes directos de la señora Ernestina.
Por su parte, Emeterio López Márquez, procurador de
Justicia, y Juan Alatriste, Fiscal Especial en el caso, fueron contundentes:
Ernestina Ascencio murió por causas naturales, no había crimen que perseguir.
Cabizbajo y sin responder cuestionamiento de la
prensa, el fiscal veracruzano no pudo aclarar las causas por las cuales días
antes había afirmado enérgicamente ante legisladores y medios de comunicación
que el crimen de Ernestina Ascencio no quedaría impune.
AHORA ADELAIDA
La tarde de ayer nuevamente el miedo, pero también
la indignación, se apoderaron de la comunidad nahua, tras el hallazgo del
cadáver de quien en vida se llamara Adelaida Amayo Aguas, de 38 años de edad,
empleada de la caja Solidaridad del municipio de Zongolica.
Su cuerpo en estado de putrefacción fue encontrado
por lugareños en un camino de terracería en la desviación al municipio de
Mixtla de Altamirano. La mujer, que se encontraba desaparecida desde el pasado
miércoles, presenta rastros de violación y estrangulamiento.
Las autoridades del Ministerio Público de Zongolica
y el subprocurador de Justicia en la zona centro, Miguel Mina Rodríguez,
guardan hermetismo sobre este nuevo asesinato en la zona serrana.
Sin embargo, la noticia del nuevo asesinato se
difundió rápidamente en la zona serrana, reviviendo la indignación de las
comunidades indígenas.
Milenio Diario / 10 de Mayo de 2007
Zongolica: PRD alista reporte de "contradicciones
oficiales"
Por Mauricio Pérez
El secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo ayer que ese partido no admite carpetazo en la investigación de la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión en la sierra de Zongolica, e informó que presentará un documento sobre la participación perredista para ventilar ese caso, en el cual exhibirá “terribles contradicciones oficiales”.
En conferencia de
prensa, sostuvo su reto al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para que
niegue que le dijo —en el contexto de la investigación sobre la muerte de la
anciana— que se practicaban pruebas de ADN a soldados y que dos habían sido
detenidos.
Acosta Naranjo señaló
que “hay un abuso” de Herrera por haber planteado que “estamos sacando raja
política de un tema tan lamentable como éste, y me parece una artimaña de muy
baja ralea”.
Reafirmó que la supuesta
confusión sobre la indagatoria para determinar las causas de la muerte de la
mujer de 73 años, ocurrida el 26 de febrero pasado, surgió de los propios
comunicados emitidos por el Ejército.
“Ellos son los que
dijeron que estaban investigando el caso del asesinato y que iban a tomarle las
muestras de ADN a los miembros del Ejército; dijeron que estaban revisando las
muestras de semen en el cuerpo de la señora, que había delincuentes que se
habían vestido de soldados para involucrar al Ejército”, recordó el dirigente.
“En esa supuesta
confusión, lo que creo es que el presidente espurio, el señor Felipe Calderón,
dio una orden y luego se montó toda una serie de pruebas para justificar lo que
había sido el dictamen”, expuso Acosta Naranjo.
La semana pasada, el
secretario general del PRD exigió a la Cámara de Diputados y al Senado, así
como a organizaciones defensoras de los derechos humanos, que impidan que se dé
carpetazo a la investigación de la muerte de Ernestina Ascensión.
Descalificó la última
versión de la procuraduría veracruzana sobre el caso, en la que se establece
que la anciana no fue víctima de violación o asesinato, aunque antes había
indicado lo contrario.
Entre las anomalías que
ha denunciado el PRD están que Felipe Calderón se adelantó al reporte oficial
y, en una entrevista, indicó que la mujer murió de un problema
gastrointestinal.
La versión del
Presidente de la República se dio a conocer incluso antes de que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos difundiera también que, según sus conclusiones, la
mujer no fue ni violada ni asesinada.
Claves
Caso cerrado
La noche del 30 de
abril, la procuraduría de justicia de Veracruz cambió su versión sobre la
muerte de Ernestina Ascensión y de plano declaró cerrado el caso por no
encontrar elementos para señalar algún delito.
El procurador Emeterio
López, quien había sostenido que la anciana murió tras una violación, y el
fiscal especial Juan Alatriste, indicaron: "La muerte no es imputable a
factores externos a la fisiología de su organismo". El PRD vio esto como
"confabulación de Estado".
La
Jornada / 9 de Mayo de 2007
La
Familia Inés Ascensión calla sobre caso Ernestina
Después de siete horas de dar "vueltas por la
ciudad" de México, los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario y otros
familiares de la indígena muerta hace meses en la Sierra de Zongolica llegaron
a la Basílica de Guadalupe.
Aunque su arribo estaba previsto para las 11 de la
mañana -según anunció ayer el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a Carmen
Aristegui, conductora del noticiario Hoy por hoy-, Efraín, intérprete de la
familia nahua, soltó: "No querían llegar porque ya no quieren hablar con
nadie".
A otro intérprete, después de muchos intentos en
dos horas, le dijo: "Ya lo que pasó, pasó, y lo único que queremos es la
bendición de Dios. Ya no vamos a decir nada. La intención de estar en la
Basílica es con un fin espiritual".
Dos meses atrás los hijos de la indígena, entre
ellos Julio Inés Ascensión, denunciaron que su madre había sido violada
tumultuariamente por soldados en Tetlalzinga, municipio de Soledad de Atzompa,
donde hace 12 años hay presencia militar.
La tarde de ayer, el propio Julio rehuyó hablar;
reflejaba temor y nerviosismo. Algunas palabras dijo a intérpretes nahuas
enviados por Aristegui, pero prácticamente nada con los reporteros.
"No hablamos el mismo náhuatl, para qué
hablamos" -decía Julio a los intérpretes-, y con el mismo argumento, pero
en castellano, esquivó a la prensa: "No hablamos el mismo idioma, no nos
entendemos". Sus hermanas y demás familiares hicieron mutis total y hasta
corrían cuando se les hacía una pregunta.
René Huerta, de la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica -destituido de la dirigencia de
esa agrupación y desconocido en abril pasado por las comunidades de la sierra
por presuntos acuerdos que tuvo con el gobierno federal para, mediante
presiones, lograr que la familia Inés Ascensión se desistiera de las acusaciones
contra el Ejército-, en todo momento evitó el contacto de los medios de
comunicación con Efraín, a quien llamaba continuamente -así conocimos su
nombre- cuando algún reportero se acercaba. Menos aún había posibilidad de
dialogar con los hijos o los yernos de Ernestina.
Increpado por tres reporteras, Huerta sostuvo que
su presencia obedecía a que "soy invitado de la familia (de Ernestina); me
tiene confianza, no hago más que ayudarla". Dijo que la familia Inés
Ascensión fue apartada de su comunidad desde hace cuatro días por "la
zozobra, el temor y el hostigamiento de muchas personas que siempre les
preguntan; son compañeros que no tienen prudencia y se sienten agredidos".
Además, "los han seguido en algunos vehículos y hubo disparos en una de
las casas de ellos; a raíz de eso salen".
De las acusaciones en su contra por las comunidades
de Zongolica, dijo: "Es su dicho; esto va más allá de esta
situación". No obstante, aceptó tener una "relación de trabajo"
con el gobernador de Veracruz.
-Se dijo que el lunes vendría la familia Inés
Ascensión a la basílica, ¿por qué no vino?
-Porque se descompuso el carro.
-¿Hoy también?
-No, pues lo tenían que revisar.
-Los familiares de Ernestina se ven asustados, ni
siquiera quieren voltear a vernos...
-Es parte de su forma de ser, pero también es por
toda la situación que se ha venido; lo que ellos piden es tranquilidad y que
los dejen en paz todas las gentes que los están importunando; que no sabemos
quienes sean, ni la familia los conoce.
Además de Huerta, en el lugar había personal del
área de comunicación social del estado de Veracruz y presuntos periodistas,
entre ellos Jorge Díaz Basáñez, quienes seguían a los reporteros cuando se
acercaban a los indígenas.
La familia Inés Ascensión -acompañada por 19
menores- ingresó al antiguo y nuevo edificio de la basílica; en el primero, los
cinco hermanos rezaron ante la imagen de la Virgen de Guadalupe; en el segundo,
participaron en la misa de las 18 horas.
Fueron muchos los intentos por hablar. Incluso
llegaron tres intérpretes nahuas y fue hasta después de las 19 horas cuando
Julio les dijo en su lengua: "Ya lo que pasó, pasó; lo único a que venimos
es a pedir la bendición de Dios; no queremos saber nada del gobierno, porque
dijeron e hicieron lo que les conviene. Venimos a pedir la bendición, porque
Ernestina se fue con Dios; ya no está con nosotros".
Milenio
Diario / 9 de Mayo de 2007
luis h. álvarez: ignoraba el caso
ernestina, "pero no fue violada"
Por Elba Mónica Bravo
La Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no conoció el caso de la indígena
Ernestina Ascensión, reveló su titular, Luis H. Alvarez, quien acompañó al
presidente Felipe Calderón durante una gira por la entidad, pero justificó su
inacción al considerar que “fueron las circunstancias que imperaron alrededor
de este tema lo que impidió que la comisión tuviera conocimiento oportuno”.
No obstante, el ex líder nacional del PAN y encargado de la oficina para la
Atención de los Pueblos Indígenas rechazó “tener dudas” sobre las causas
oficiales de la muerte de Ascensión.
Descartó que el presunto abuso sexual haya causado el fallecimiento de la
señora de 73 años. Se le preguntó su opinión sobre la versión de que no se
trató de una violación y respondió: “es de esperarse que en efecto así haya
sido como nos ha llegado la información”.
Comentó que solicitó a las autoridades información sobre el caso Zongolica,
pero al preguntarle si fue al gobierno de Veracruz, prefirió el silencio y no
específico a qué “autoridad” le pidió el expediente.
Al encabezar el acto de restauración de las capillas Otomí-Chichimeca, Calderón
le pidió a Alvarez que “se meta con todo en las comunidades indígenas” no sólo
de Querétaro, sino de los pueblos de las entidades vecinas y “se aboque fuertemente”
a dotar de agua potable, drenaje, servicios, y piso firme a las personas que
habitan en las comunidades de dos mil 500 habitantes o menos.
Así como mejorar las escuelas primarias, pues minutos antes el niño Enrique
entregó una carta al mandatario en la que solicitó que apoyara con el techo y
baños de la escuela, ubicada en San Antonio de la Cal.
El mandatario aprovechó para mencionar que su administración entregará un apoyo
permanente de mil pesos bimestrales a las personas de más de 70 años; antes la
señora Ignacia Ramírez exclamó: “¡a ver cuándo viene otra vez!”, pero Calderón
respondió: “va a ser complicadito, pero vamos a ver”.
La
Jornada / 7 de Mayo del 2007.
"Desaparecen"
los hijos de Ernestina Ascensión
Este lunes se cumplen dos semanas desde que los
cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Inés -Marta, Carmen e Isabel,
Francisco y Julio- fueron sacados de Tetlaltzinga, su comunidad en lo alto de
la sierra de Zongolica, por tres patrullas de la Policía Auxiliar veracruzana y
trasladados, inicialmente, a Jalapa. Se ignora su paradero.
Justo a partir del momento en el que la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio un giro de 180
grados en su postura inicial de investigar la muerte de la mujer nahua por una
violación tumultuaria y concluir sorpresivamente que se trató de una muerte
natural, "por parasitosis", y que no procedía la acción penal, sus
descendientes abandonaron sus casas.
Lo anterior fue constatado por tres diputadas
federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Valentina Batres,
Alliet Bautista y Marisela Contreras, quienes viajaron el fin de semana a la
región y llegaron hasta las viviendas de la familia. Ahí sólo encontraron las
casas abandonadas y a policías del estado, con armas largas, bajo las órdenes
del comandante Héctor Manuel Alcántara Ortiz, vigilando el área. Un sobrino de
doña Ernestina, Bernardo Ascensión, que laboraba en uno de los talleres de
carpintería de la familia, recibió al grupo de legisladoras, pero no proporcionó
ningún dato.
A partir de ese día, 30 de abril, cuando el fiscal
especial Juan Alatriste y el procurador de Justicia veracruzano, Emeterio López
Márquez, anunciaron el no ejercicio de la acción penal, los hermanos Ascensión
Inés perdieron todo contacto con sus vecinos, el resto de su parentela, sus
autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de derechos humanos
y la prensa.
Agentes "protegen" viviendas de la
familia
Según el testimonio del presidente municipal de
Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, a partir del 22 de abril -fecha en la
que él subió hasta Tetlaltzinga para interesarse por la familia-, un comando
integrado por 10 elementos del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz,
con dos camionetas tipo pick up
de la corporación, permaneció custodiando las viviendas de los hijos de
Ernestina, en las orillas del pueblo. Los agentes decían estar brindando
"protección" a los familiares, pero en la práctica los aislaban de
todo contacto con el exterior.
El día 30, cerca de las siete de la mañana, varios
testigos de los pueblos aledaños vieron bajar a los cinco hermanos de la
montaña dentro de una patrulla, custodiados por dos camionetas con policías
armados. No hablaron con nadie. Algunas autoridades del municipio suponen que fueron
trasladados a Orizaba, pero otros consideran que es probable que hayan sido
llevados hasta Jalapa.
Según datos recabados por las legisladoras en las
entrevistas que realizaron con pobladores de la región, en el pueblo se rumora
que están en México, "invitados por el presidente Felipe Calderón, porque
los quiere tener cerca".
Este sábado 5 de mayo, en una reunión de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Veracruz y las tres
diputadas -Contreras, que preside la Comisión de Equidad y Género; Batres y
Bautista, que integran la Comisión de Derechos Humanos- se concluyó que lo que
se pretende en este operativo
de aislamiento en el que intervienen los gobiernos estatal y federal es
"mantenerlos guardados" mientras transcurre el plazo de 15 días
hábiles desde el momento en el que la procuraduría estatal resolvió que en el
caso de doña Ernestina no hay delito que perseguir porque falleció de
"parasitosis", para que posteriormente ninguno de sus hijos pueda
impugnar esta conclusión de la averiguación previa.
Una vez transcurridos los 15 días, prescribe la
posibilidad de que los interesados se inconformen con la resolución de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
El primero de mayo, en entrevista, el gobernador
Fidel Herrera declaró que "había hablado" con la familia de Ernestina
y que habían firmado un documento de conformidad con la conclusión del
procurador. No se conoce en qué términos fue redactado este documento, que no
se ha hecho público. Tampoco se explicó con qué propósito se pidió la firma de
los familiares de la víctima. Al día siguiente, en la televisora local,
aparecieron en público por última vez los cinco hermanos Inés Ascención,
tomándose la foto con Herrera Beltrán, pero sin hacer declaración alguna.
La diputada Valentina Batres consideró que
"nadie sabe si su firma de conformidad fue voluntaria o si fue lograda por
presión de las autoridades".
Otro de los hallazgos de las diputadas en su gira a
Soledad Atzompa es que el expediente médico de doña Ernestina en la clínica
Unidad Médica Rural de Acultzingo fue extraído.
Personal de la clínica recuerda bien a la señora
Ascensión, una mujer sana para su edad, con algunos antecedentes de bronquitis
y que hace algunos años fue atendida ahí mismo por una mordedura de perro en la
pierna. Ni un rastro de gastritis, úlceras pépticas o, como finalmente se dijo,
parasitosis. El jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano
del Seguro Social en Orizaba, doctor Javier Yeo Canales, reclamó el expediente
y no lo devolvió.
Estos datos fueron valorados en la reunión que
sostuvieron las diputadas Batres, Contreras y Bautista con los representantes
de las siguientes organizaciones: el Centro de Servicios Municipales Heriberto
Jara, Matraca, que trabaja con niños y trabajadores de la calle, la Red de
Organismos Civiles de Veracruz, el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos
(OVDH) y los representantes de las redes de defensa del voto del 2 de julio.
En la reunión, Cristopher Servín, del OVDH, informó
que su organismo ya interpuso, el pasado 22 de abril, una queja ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por irregularidades en la
investigación de este caso.
La
Jornada / 7 de Mayo del 2007.
El caso
Ascensión Rosario se cerró definitivamente: procurador estatal
Por Andres T. Morales
Jalapa, Ver., 6 de mayo. El procurador de Justicia de Veracruz, Emeterio
López Márquez, descartó que vaya a renunciar al cargo tras los vaivenes en la
investigación sobre la muerte de la anciana Ernestina Ascensión Rosario y el
repudio por el fallo de la fiscalía especial, que determinó que la indígena
falleció por causas naturales.
López Márquez reiteró que el caso fue cerrado
definitivamente y no se volverá a abrir. La única investigación vigente es la
que se le sigue a los médicos legistas que participaron en la primera autopsia
del cadáver de la indígena nahua, quienes aseguraron que fue violada.
Entrevistado en el contexto de la sesión del
Consejo Político Estatal del PRI, adonde acudió como delegado, aseguró que la
conclusión de que Ascensión Rosario murió por causas naturales está "muy
bien sustentada".
Al cuestionársele sobre la complicada terminología
con la que se explicó el fallo judicial, admitió que la dependencia a su cargo
se precipitó al hablar de una violación sexual y homicidio de la señora
Ascensión Rosario, debido a los reportes mal elaborados por parte de los
forenses.
"Teníamos un certificado y pues yo no soy un
perito médico; (esa versión) fue la primera que se nos dio a nosotros, el
conocer que eso era (violación)", añadió el procurador veracruzano.
Indicó que por ello la única investigación que
sigue vigente es en contra de los tres peritos que revisaron y practicaron la
autopsia al cadáver; sin embargo, se deslindó al señalar que "el hecho de
que una persona cometa un error no quiere decir que la culpa sea de
todos".
En ese sentido, Emeterio López rechazó que vaya a
dejar el cargo luego de que diversas organizaciones no gubernamentales y
diputados tanto locales como federales lo acusan de manipular la investigación
para que el gobierno estatal se congraciara con la Presidencia de
Indicó que el gobernador Fidel Herrera Beltrán es
el único que puede sugerir y decidir sobre su renuncia. "Lo que puedo
decir es que se actuó conforme a derecho; ahí está todo", aseveró.
Por su parte, Herrera Beltrán negó que su
administración haya tenido un enfrentamiento con el Ejecutivo federal por el
caso de la anciana Ernestina Ascensión, y calificó como "espléndido"
el encuentro privado que sostuvo el pasado viernes con el presidente Felipe
Calderón Hinojosa.
-Antes de esta reunión había malentendidos con la
Presidencia, ¿ya se superaron?
-Ninguno, nunca ha habido ninguno.
El
Financiero / 7
de mayo de 2007
Sin rastro de hijos de Ernestina, en Tetlatzinga
Por José Reveles
TETLATZINGA, Ver., 6 de
mayo.- Ni rastros de Julio, Martha, Juana, Carmen y Francisco Inés Ascensión en
sus paupérrimas viviendas de madera o en las cinco nuevas (tres por cuatro
metros) que les construyó el gobierno de Veracruz. Un piquete de policías con
armas largas resguarda las casas vacías en las laderas de Tetlatzinga.
Hoy se cumplen siete días de que los cinco hijos de la anciana indígena
Ernestina Ascensión Rosario fueron sustraídos a las miradas, al contacto
directo o telefónico de toda su comunidad, de periodistas, de organizaciones
civiles y hasta de tres diputadas federales que intentaron hablar con ellos
este fin de semana.
Testimonios de los policías de guardia que comanda Armando Aguilar Hernández,
del joven Bernardo Ascensión -sobrino nieto de doña Ernestina a quien hallamos
haciendo muebles de madera en el taller junto a la casa principal- y de otros
pobladores, indican a EL FINANCIERO que la familia fue llevada a la ciudad de
México.
"Que irían de paseo unos días y que el presidente de la República los
quería ver y que les iba a dar hospedaje, les dijeron."
La verdad es que la incomunicación obligada en que se hallan los familiares de
Ernestina -por cuya gravedad física y muerte, a finales de febrero, se
iniciaron pesquisas por supuesta violación sexual y homicidio presumiblemente
cometidos por militares- comenzó hace dos semanas, cuando el 22 de abril el
gobierno de Veracruz envió dos pick up con al menos diez agentes del Ipax (Instituto
de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial).
Ni siquiera Javier Pérez Pascuala, presidente de Soledad Atzompa, municipio de
la Sierra de Zongolica al que pertenece Tetlatzinga, pudo ver el lunes 23 de
abril a los parientes de la que todavía era considerada "víctima".
"Fui con varios agentes municipales a las seis de la mañana, pero los
policías me dijeron que habían salido. Antes me exigieron identificación.
Volvimos a las seis de la tarde y tampoco pudimos ver a ninguno. Les estuvimos
llamando desde afuera y nadie salió. Uno de los nietos, desde atrás de la
puerta, decía que no habían regresado."
Pero el virtual secuestro de toda la familia se materializó el lunes 30, al
amanecer, cuando una tercera patrulla subió por ellos al pueblo. Los bajó custodiados
por una pick up delante y otra detrás, para que en la Procuraduría de Veracruz
firmaran un papel, diciendo que ya no exigen nada, que aceptan el dictamen de
la muerte natural de su madre.
Cerca de la medianoche de ese día, el fiscal del caso, Juan Alatriste, dio
carpetazo al asunto y dijo a la prensa que la muerte de la anciana "no es
imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo";
que no hubo elementos para acreditar la violación y el homicidio con los que habían
iniciado la averiguación.
"Parece que estamos frente a una nueva modalidad de arraigo
extrajudicial", se comentó en una reunión de las diputadas federales
Maricela Contreras (presidenta de la Comisión de Equidad y Género) y Valentina
Batres (de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara) con organizaciones
civiles de Veracruz (una tercera, Alliet Pacheco, había regresado luego de
estar en Zongolica):
"Aquí hay una supeditación de los órganos de justicia estatales frente al
poder central", porque tanto el gobernador Fidel Herrera como el
procurador Emeterio López Márquez primero afirmaron que la anciana fue víctima
de violación tumultuaria y homicidio y ahora concluyen que fue muerte natural
"por parasitosis", expresaron a su vez Guadalupe Rebolledo, Patricia Benítez
y otros dirigentes civiles.
Se adivina la intención de mantener como rehenes a los familiares de doña
Ernestina, los únicos jurídicamente aptos para impugnar, en un término
perentorio de 15 días, la decisión oficial de cerrar la investigación y no
ubicar delitos ni culpables.
"Ignoramos si fue voluntaria la aceptación de que doña Ernestina murió por
causas naturales, por los mismos hijos que habían denunciado hace dos meses y
medio la agresión de los soldados. Nadie más allá de las autoridades ha podido
hablar con ellos", expresaron las legisladoras.
La Jornada / 4 de mayo de 2007
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados llevará el caso de Ernestina
Ascensión Rosario a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), y recurrirá
también a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, con el propósito de que
valoren y juzguen la actuación del Estado mexicano, dado que los resultados de
las investigaciones realizadas en el país en torno a la muerte de la indígena
de Zongolica "son una vergüenza".
En conferencia de prensa, las diputadas perredistas
Valentina Batres y Marisela Contreras señalaron que la actuación de las
autoridades federales y estatales, así como de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), ha sido "tan turbia, oscura y absurda" que
la única opción que queda son las instancias internacionales.
A su juicio, no tiene caso solicitar la
intervención de ninguna otra autoridad federal o estatal, porque ya demostraron
que no son confiables y no se les puede creer nada. "Enredaron el caso
creyendo que así no se entendería nada y que igual daba si un día sostenían una
cosa y después otra".
No se necesita ser muy perspicaces, dijeron, para
dudar de "los resultados", pues en los primeros días después de la
muerte de Ascensión Rosario tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
como la CNDH y el gobierno de Veracruz sostuvieron que la anciana había sido
violada, como denunciaron los familiares. Se habló de pruebas físicas e incluso
se llevaron cabo exámenes de semen de más de 78 elementos militares, según
información de la propia Sedena.
Sin embargo, "a raíz del dictamen médico de
'gastritis' que hizo el señor Felipe Calderón, todo se transformó: la
investigación de la Sedena, de la que hasta la fecha no sabemos nada, la de la
CNDH, que se hizo de una atribución investigadora ad hoc, y finalmente de la procuraduría estatal".
La situación, agregaron, es peor que durante los
gobiernos priístas, ya que "no es el presidente quien pregunta de qué
murió, sino que le preguntan: ¿y de qué quiere que muera, señor
presidente?". Las diputadas perredistas advirtieron que aunque la vida de
Ernestina Ascensión no vale nada para los gobernantes, hay que decirle a los
involucrados "que no hay injusticia o impunidad que no se pague".
Informaron que integran el expediente que habrán de
llevar a la CIDH y a las demás instancias internacionales. "No se trata de
una queja o demanda -precisaron-, sino de una solicitud de opinión "sobre
el estatus que guarda la protección de los derechos humanos en México".
Antes, detallaron, se tienen que agotar otras
instancias, esperar a que la CNDH haga pública su recomendación y tener el aval
de la familia de Ernestina Ascensión, cuyos miembros son los que deben
suscribir la demanda.
Denunciaron que los familiares de la anciana han
sido acosados por autoridades locales y federales, que los mantienen bajo un
cerco.
La Jornada / 3 de Mayo de 2007
Ordenan "ley mordaza" en Veracruz por el
caso Ascensión
Veracruz, Ver., 2 de
mayo.
Para no contradecir al mandatario estatal Fidel Herrera ni facilitar a la
prensa datos que abunden en la controversia, el gobierno de Veracruz ordenó a
todos los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE)
-entre ellos el titular, Emeterio López, los médicos legistas que participaron
en las autopsias hechas al cadáver de Ernestina Ascensión Rosario y el fiscal
especial para el caso, Juan Alatriste Gómez- no conceder entrevistas a los
medios informativos sobre el veredicto emitido por el Ministerio Público sobre
la muerte de la anciana.
Fuentes de la
procuraduría veracruzana, que pidieron no ser identificadas, señalaron que en
especial los tres médicos legistas: María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal
e Ignacio Gutiérrez Vázquez, quienes aseguraban tener pruebas sobre la
violación sexual de la anciana y la existencia de un homicidio,
"prácticamente fueron acuartelados" en la ciudad de Jalapa para no
ser localizados por los reporteros.
Desde la tarde del
pasado lunes, la oficina del fiscal especial Juan Alatriste Gómez, en la ciudad
de Orizaba, se encuentra sin servicio y sus ayudantes afirman que el
funcionario "permanece en Jalapa en reuniones con el procurador".
Pese a que también se
intentó localizar a los médicos Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, ambos se
negaron a conceder entrevistas. Mendizábal fue el encargado de practicar la
primera revisión al cuerpo de Ernestina Ascensión Rosario, el 26 de febrero
pasado, cuando falleció en el Hospital Regional de Río Blanco, y firmó el parte
médico de defunción en el cual se especificaba como "muerte violenta-mecánica",
además de asentar que el cuerpo presentaba "fractura craneoencefálica, de
cervicales y costillas".
En tanto, Gutiérrez
Vázquez estuvo a cargo de la segunda necropsia practicada el 9 de marzo en el
cementerio del poblado de Tetlatzinga, donde fue exhumado el cadáver, y afirmó
que las pruebas de laboratorio arrojaron la presencia en la región anal y
vaginal de fosfatasa acida prostática (FAP) y Proteína P30, que únicamente son
producidas en la próstata del varón.
"Entonces tenemos
que sí hubo un ilícito, el abuso sexual que ya está corroborado y consta en los
expedientes del Ministerio Público", aseguró el galeno a La Jornada
el pasado 20 de abril.
"La orden fue no
hablar, lo tienen prohibido, en especial estos médicos, es orden directa del
gobernador", confiaron las fuentes de
Mientras tanto, la
presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco
Hernández, sostuvo que independientemente del fallo emitido por el Ministerio
Público sobre el caso de la anciana fallecida, por su experiencia profesional,
conserva la impresión original que daba credibilidad a las últimas palabras de
la indígena trasmitidas a sus hijo sobre el ataque sexual que aparentemente
sufrió por parte de un grupo de soldados.
Sin embargo, en
entrevista telefónica sostuvo que "oficialmente" no puede opinar del
caso, aunque rechazó que se le haya impuesto la "ley mordaza".
"Ya estoy demasiado
grande y con la experiencia suficiente para dejarme callar", comentó.
En tanto, de manera
sigilosa, los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Rosario fueron
trasladados por personal del gobierno del estado desde Soledad Atzompa a la
ciudad de Boca del Río, donde se reunieron en privado con el gobernador Fidel
Herrera y funcionarios de
La reunión, que originalmente
estaba programada en Jalapa, se dio la mañana de este miércoles, previo a que
Herrera Beltrán acudiera al municipio de Mecayapan para acompañar al presidente
Felipe Calderón Hinojosa.
Guadalupe Acosta
Naranjo, secretario general del PRD, exigió la renuncia de Emeterio López, procurador
general de Justicia de Veracruz, y de Juan Alatriste, fiscal especial para el
caso de la muerte de la anciana Ernestina Ascensión Rosario, y que se les
investigue.
El dirigente perredista
tomó el asunto desde finales de febrero, cuando se supo que la mujer
presuntamente fue víctima de violación por parte de probables miembros del
Ejército mexicano.
Por ello, demandó que se
finquen responsabilidades contra López, Alatriste y los médicos legistas que
tuvieron en sus manos el asunto.
Apenas el lunes, la
Procuraduría veracruzana determinó que la indígena de la sierra Zongolica no
fue violada ni asesinada, y por ello decidió no ejercitar acción penal alguna y
cerró el caso.
"Lo mínimo que
debería hacer el procurador es renunciar e iniciarse un proceso de
investigación tanto al procurador, al fiscal especial y a los médicos legistas
que dieron afirmaciones falsas", manifestó Acosta Naranjo.
El secretario general
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró no creíble la versión
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de que no hubo
violación ni fue asesinada Ernestina Ascención Rosario.
"Si es verdad, debe
renunciar el procurador y castigarse al fiscal especial y los médicos legistas
que metieron en un grave problema nacional a autoridades tan importantes como
es el propio Ejército mexicano", sostuvo Acosta.
El lunes, el perredista
dijo que el propio gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, cambió su versión.
"Contradice lo
dicho por él antes. El señor Fidel Herrera, gobernador del estado de Veracruz,
a mí me informó que se estaba haciendo el análisis de todos los miembros del
Ejército destacamentados en Zongolica, y que habían detenido preventivamente a
dos miembros del Ejército, eso me lo informó a mí Fidel Herrera y que me
desmienta. Entonces, hoy no sé si ya recibió instrucciones para echarse para
atrás", sostuvo Acosta Naranjo.
La semana pasada el
gobernador dijo que no había responsabilidad de miembros del Ejército en el
fallecimiento de la anciana.
CIMAC / 1 de Mayo de 2007
Orizaba, Veracruz, 1 mayo 07 (CIMAC).- El coordinador de asuntos indígenas del Comité Directivo
Nacional del PRD, Carlos Mezhua, y diputados federales dieron a conocer que
buscarán que la muerte de la señora nahua de Soledad Atzompa, Ernestina
Ascencio se investigue a fondo, e incluso solicitarán la destitución del
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luís
Soberanes, “al ser un asunto bastante turbio”.
Por otro lado, este martes durante el desarrollo
del desfile del Día del Trabajo en la ciudad de Orizaba, el gobernador Fidel
Herrera Beltrán se negó a responder cuestionamientos sobre el caso, limitándose
a responder que “ya no voy a tocar el tema, de ese tema ya no hablo”,
únicamente se entregó un boletín distribuido por su personal que sólo expone la
resolución de la PGJE del lunes 30 de abril.
Conocedores del dictamen oficial de la PGJE,
integrantes de la sociedad civil se manifestaron durante el desfile del Día del
Trabajo en Orizaba lanzando consignas y advertencias a las autoridades de que
continuarán con las manifestaciones hasta obtener un dictamen que les dé
certeza de la realidad de los hechos.
Por su parte la nueva titular del Instituto
Veracruzano de la Mujer (IVM), Martha Mendoza Parissi, reconoció que es muy
raro que de un momento a otro se cambie la versión de una violación a un caso
de muerte por causas naturales o mecánicas. Por ello, la titular del IVM expuso
que la Procuraduría debe brindar mayor información sobre las bases que tuvieron
para cerrar un caso que ha sido tan controvertido.
Ante el rechazo de la sociedad civil y la advertencia
del gobernador Fidel Herrera de que no hablará más del tema, la Procuraduría
General de Justicia de Veracruz (PGJE) finalizó la investigación sobre la
muerte de la señora nahua de Soledad Atzompa, Ernestina Ascencio, diciendo que
la causa fue una probable parasitosis y la existencia de heces fecales
intestinales.
En reunión con la prensa estatal, celebrada la
noche del 30 de abril, el procurador veracruzano Emeterio López Márquez y el
fiscal especial Juan Alatriste informaron que, de acuerdo a las investigaciones
realizadas, los desgarres anales de la víctima se debieron presumiblemente a
diversos factores, pero no por la introducción de un miembro viril u otro
objeto.
Tajantes expusieron que con base en las pruebas de
laboratorio obtenidas, la causa de muerte de Ernestina pudo ser por una
parasitosis y la existencia de heces intestinales que le provocaron sangrado
pélvico. Así, con base a los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política
Local, la institución del Ministerio Público concluyó que no ejercitará la
acción penal por los supuestos delitos de violación y homicidio.
Presentando un expediente de más de 100 fojas, los
representantes del poder judicial en Veracruz negaron todo cuestionamiento de
la prensa, externando que durante dos meses se integraron al expediente
140/2007/AE pruebas documentales, técnicas, análisis científicos, información
pericial, y el expediente clínico del hospital Regional de Río Blanco.
Cabe recordar que hace poco menos de dos semanas el
Procurador de Veracruz, en entrevista concedida en la capital del estado,
reconoció que existían elementos que indicaban la existencia de un delito el
cual se encontraba en proceso de investigación, destacando que la investigación
tenía un avance del 70 por ciento.
El 14 de marzo, Hugo Zárate Amescua, director del
Hospital Regional de Río Blanco, lugar en donde fue atendida la señora,
reconoció que hubo agresión física en contra de ella y esa le había provocado
sangrados rectales, como consta en grabaciones en poder de Cimacnoticias.
El día de ayer, en Soledad Atzompa poco antes de
que la PGJE emitiera en la capital del estado su informe final sobre las
investigaciones de la muerte de doña Ernestina, violada y torturada
presuntamente por elementos del ejército, habitantes de esa comunidad, así como
de otras cercanas como Atempa, Mexcala, Huitzila, Acultzinapa, y Xiquila
recibieron al subsecretario de Finanzas, Javier Duarte y Ochoa, quien acudió
para entregar cemento para los trabajos del programa “Piso Fiel”, a través del
cual ninguna vivienda de esa comunidad tendrá piso de tierra.
Acompañado por representantes de la Comunidad
Europea y por los diputados priístas Ignacio Valencia y Pedro Montalvo, informó
sobre la aplicación de más de 22 mil millones de pesos, a fondo perdido, en
proyectos de desarrollo para las zonas de mayor necesidad en Veracruz.
Seis millones en apoyos para el mejoramiento de la
calidad de vida de mil 100 familias de las comunidades de la zona. Soledad
Atzompa, explicó Javier Duarte, será uno de los municipios favorecidos con este
proyecto durante los próximos cinco años.
México, DF. No se encubrirán acciones delictivas del personal militar si se
descubre que incurrieron en algún ilícito en el caso de la indígena Ernestina
Ascensión Rosario, declaró el secretario de la Defensa Nacional,
Guillermo Galván Galván.
Al comparecer ante la comisión de la Defensa
Nacional de la Cámara de Diputados, el secretario reiteró que
el caso no está cerrado y aseguró que los militares presuntamente
involucrados con la muerte de la indígena nahua están
disponibles para rendir su declaración en el momento en el que sean requeridos
por la autoridad civil.
Galván Galván comentó que la indagatoria militar
aún no concluye y se continúan practicando las diligencias que resulten
necesarias.
Agregó que desde un principio se han proporcionado
las facilidades y los apoyos necesarios a las autoridades civiles para la
práctica de sus investigaciones: "En este sentido, el personal militar
presuntamente involucrado ha permanecido disponible para que rinda su
declaración en el momento en que la autoridad civil así lo
requiera", expresó.
El funcionario refirió que en la Procuraduría de
Justicia Militar se integra la indagatoria correspondiente para determinar si
los elementos que se encontraban en la base de operaciones ubicada en Zongolica,
Veracruz, infringieron la disciplina militar.
Si los órganos jurisdiccionales, manifestó,
resuelven que no se incurrió en delito alguno entonces se exigirá respeto a tal
decisión.
En su exposición enumeró las diversas reuniones del
procurador militar con legisladores y autoridades civiles, así como la
disposición para colaborar con las indagatorias.
Pobladores de Zongolica confian en sanción contra
militares (Por Enrique Méndez y Roberto
Garduño. La Jornada. 26 de Abril de 2007)
México, DF. Pobladores de Soledad Atzompa expresaron su confianza de que el
Ejército Mexicano sancionará, como ofreció el titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), a los soldados que habrían participado en la
violación de la anciana Ernestina Ascensión Rosario.
En conferencia de prensa con diputados federales,
Javier Antonio Hernández expresó: “si no tuviéramos confianza en el gobierno y
sus instituciones, no pediríamos que nos ayuden”.
Por su
parte, Braulio Antonio Rosario, afirmó que al reclamar justicia, los indígenas
de la sierra de Zongolica, Veracruz, no denigran la imagen de una persona o del
Ejército: “Lo que nos pasó es de verdad, es cierto. El ejército en vez de
combatir a la delincuencia, va a delinquir”.
Boca del Río, Ver., 25 de abril. El gobierno del estado de Veracruz requirió a José
Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), el expediente integrado por la muerte de la indígena Ernestina
Ascensión Rosario, ocurrido en Zongolica, para que se sume a las
investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya
que debe ser el Ministerio Público la única instancia que delibere sobre el
caso.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien informó
lo anterior, agregó que el lunes pasado se reunió con el ombudsman nacional en la ciudad de
México para presentarle los avances de la indagatoria hecha por la procuraduría
estatal.
Agregó que el gobierno de Veracruz esperará el
dictamen del Ministerio Público y la posible recomendación que emitirá la
comisión nacional para actuar en consecuencia.
Tras participar en la apertura del foro de la
Organización Mundial de Aduanas, Herrera Beltrán expuso que en la reunión con
Soberanes Fernández participaron tanto el procurador local, Emeterio López
Márquez, como los peritos que intervinieron en las dos autopsias hechas al
cadáver de Ascensión Rosario.
En el encuentro no sólo se le informó a Soberanes
sobre el estado y avances de la indagatoria hecha por la PGJE, sino que se le
ofreció integrar al expediente las pruebas documentales que el ombudsman dice tener sobre el caso.
A la petición personal hecha por Herrera Beltrán,
se adicionó la solicitud formal que el fiscal especial del caso, Juan Alatriste
Gómez, envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
''Si la CNDH obsequia el requerimiento hecho por el
Ministerio Público de Veracruz, todos los documentos que integran el expediente
técnico y el científico de lo actuado por la comisión, podremos dar curso a que
la autoridad averiguadora, única establecida por la Constitución y la ley para
encargarse de la sustanciación de un proceso como este, pueda cumplir con su
deber'', aseveró el gobernador.
''Necesaria, colaboración mutua para esclarecer el
crimen''
A pesar de que el Ministerio Público es la única
instancia facultada constitucionalmente para emitir veredictos, la procuraduría
veracruzana admitirá los expedientes de la CNDH en afán de colaborar para
esclarecer el crimen, enfatizó.
''Tengo para mí que la sensibilidad, el talento y
la responsabilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hará posible
esta colaboración entre instituciones para encontrar la verdad y que pronto
podamos establecerla'', expresó el mandatario.
Herrera Beltrán reiteró que ''no hay ningún
conflicto'' entre Soberanes Fernández y las autoridades veracruzanas, pese a
las versiones encontradas y señalamientos mutuos por el caso Ascensión Rosario,
y se negó a abundar sobre las descalificaciones del ombudsman hacia las instancias estatales.
''Vamos a dejar que el Ministerio Público haga su
tarea y no quiero empezar a especular, porque eso es lo que ha constipado ese
ambiente'' , señaló a los reporteros.
Se realizará en Oaxaca; busca evitar las
''maniobras represivas'' contra movimientos sociales
Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento
de la acción política y social en contra de las ''maniobras represivas''
ejercidas en contra de los movimientos sociales, en especial de las mujeres en
Latinoamérica, y en el caso de México exponer la actuación que ha tenido el
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis
Soberanes, en relación con diversos casos, a partir de hoy en la ciudad de
Oaxaca se realizará el Encuentro de Mujeres en Resistencia de México y
Sudamérica.
En conferencia de prensa, Pilar Muriedas, Josefina
Chávez y Marusia López, integrantes de la organización Espacio Feminista,
precisaron que otra de las finalidades del encuentro es ''compartir
experiencias en torno a la grave crisis social, política y económica de México
y Latinoamérica, y la formación de movimientos de izquierda que luchan por
transformar la sociedad para lograr justicia, equidad y democracia''.
Muriedas precisó que las representantes de las
agrupaciones mexicanas se manifestarán en relación con la actuación de
Soberanes y acordarán un resolutivo para exigirle que realice el trabajo que se
le encomendó. ''Uno de los temas que se va a tocar es el papel que está jugando
el ombudsman nacional, porque
todos los casos de abusos en contra de mujeres, los feminicidios en Ciudad Juárez, las trabajadoras sexuales
violadas por militares en Castaños, Coahuila, lo ocurrido en Atenco y ahora lo
de Ernestina Ascención Rosario, en Zongolica, han llegado a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y no ha habido una respuesta contundente,
porque Soberanes no está cumpliendo con su papel, y lo de la anciana
presuntamente violada por militares fue la gota que derramó el vaso, pues ahora
resulta que el defensor se pasa al bando de los violadores de los derechos
humanos; todo ello nos tiene indignadas.''
En dicha reunión participarán más de 200
representantes de agrupaciones de mujeres, entre éstas: Comité por la Libertad
de las Presas de Atenco, Movimiento Mazahua en Defensa del Agua, Mujeres
Indígenas de Atzompa, Zongolica, y organizaciones de otros países, tales como
la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia, Mujeres Migrantes de Estados Unidos
y el Frente Nacional Campesino de Venezuela. En el encuentro se abordará la
lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Sobre esto, Muriedas indicó que con la reciente
despenalización del aborto en el Distrito Federal, México da un paso adelante,
pero destacó que ahora lo que viene es que se apruebe una ley a nivel federal,
porque ''no es justo que haya mujeres de primera y de segunda en el ejercicio
de los derechos reproductivos y sexuales; tampoco que ahora tengan que venir a
la capital del país para poder interrumpir el embarazo; en cada estado debe
haber una legislación al respecto''.
No obstante, consideró que lo ocurrido en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un ''triunfo sobre los grupos de
derecha y en favor de las mujeres''.
El encuentro, que también busca establecer ''lazos
de solidaridad'' entre las mujeres latinoamericanas, concluirá el próximo
sábado.
Diputadas de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia, Nueva Alianza, Verde
Ecologista de México (PVEM), Alternativa Socialdemócrata y Revolucionario
Institucional (PRI) cuestionaron una y otra vez al presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, por su
actuación en el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente
violada y asesinada por militares en Zongolica, Veracruz.
Durante la comparecencia del ombudsman nacional ante comisiones
unidas en la Cámara de Diputados, le señalaron que con su exposición ''no
despejó las dudas'' sobre este caso, además de que ''investigó delitos y no
está facultado para ello''.
Soberanes fue citado a comparecer ante las
comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y de Justicia, para dar
cuenta de su trabajo en la investigación sobre la muerte de Ascensión Rosario,
pero dichas instancias legislativas determinaron que el titular de la CNDH ''no
presente las pruebas médicas, las investigaciones que ha realizado, los
resultados de laboratorio -las pruebas científicas-,
ni fotografías ni videos; no es nuestro papel hacer esa valoración y tampoco es
el suyo''.
''Estoy sacado de onda''
Soberanes Fernández, incrédulo por esa
determinación, respondió: ''Protesto, porque se me ha impedido en una
comparecencia presentar las pruebas. No se me ha permitido dar debida
respuesta. Ustedes me impiden que les muestre la verdad. Estoy sacado de onda,
ahora sí, como se dice''.
Desde la primera intervención, la perredista
Maricela Contreras fue tajante:
''Está usted aquí, doctor Soberanes, por la
criticable actuación con la que se ha conducido en el caso de la muerte de
Ernestina Ascensión Rosario, porque se ha extralimitado en las funciones que le
otorgan la Constitución y la ley. Por la manera tendenciosa e imprudente que ha
dado al manejo de la información sobre las investigaciones y por las contradicciones
en las que ha incurrido; también por recurrir a violaciones de los derechos
humanos de las víctimas de la posible comisión de un delito...
''No se trata, doctor Soberanes, de pleitos de
verduleras, como usted despectivamente lo ha calificado; el asunto por el que
viene a informar a esta soberanía merece respeto, ética y profesionalismo en su
trato y no la expresión discriminatoria, clasista y misógina del encargado de
la defensa de los derechos humanos''.
El titular de la CNDH insistió ante las y los
diputados que lo que ocasionó la muerte de Ernestina Ascensión fue ''una anemia
aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas,
en una persona que cursaba con neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico
en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''.
También dio cuenta de los resultados de los peritos
adscritos a la comisión: médico forense, especialista en delitos sexuales,
patólogo, internista, médica cirujana, criminalista, químico y especialista en
genética. También citó el informe del director del hospital regional de Río
Blanco y de seis médicos que atendieron a la hoy occisa, quienes señalan que
''la paciente no presentaba datos de haber sido violada, ni por vía vaginal ni
anal''.
El presidente de la Comisión de Justicia, el
priísta César Camacho Quiroz, dijo que hoy ''nos abocamos a un asunto delicado,
hay mucha polémica, datos contradictorios y empecinamientos que parecen marcar
este suceso; queremos que haya coordinación de autoridades, todas, CNDH,
procuradurías General de la República (PGR) y estatal, así como Poder Judicial;
que se declare la responsabilidad a que haya lugar, no a la impunidad ni
moldear la verdad''.
Defensa blanquiazul
La diputada panista y presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Omheira López, destacó que resulta lamentable que se quiera
descalificar a la CNDH. ''No hay una sola evidencia de que los militares fueran
los responsables. Del caso han hecho una bandera política que en poco o nada
ayudará''.
Ante los primeros cuestionamientos, el ombudsman dio a conocer que hace unos
días se reunió con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y acordaron que sea
el Ministerio Público quien investigue; la comisión aceptó entregarle ''sus
pruebas''.
Luego intervinieron 24 diputadas y diputados, y con
excepción de los del PAN, casi todos cuestionaron la actuación de Soberanes en
este caso. Le demandaron justicia, verdad y castigo, y le dejaron en claro que
''lamentablemente ninguna duda ha sido despejada con su exposición. ¿Por qué
adelantarse si las facultades de la CNDH son hacer recomendaciones por
violaciones a derechos humanos, no determinar culpables? Estamos cansados de
protagonismos''.
Dijeron más: ''Se tiene la percepción de que se
trata de exculpar a soldados, porque así lo denunció la difunta -al decir que
los militares se le montaron-, hay graves contradicciones entre la CNDH y la
procuraduría estatal. Usted dijo primero que se investigaba violación sexual y
que los soldados debían ser juzgados por la vía civil, y luego coincide con lo
dicho por el presidente Felipe Calderón, que la mujer murió por anemia aguda''.
Catarata de preguntas
Los legisladores consideraron que ''existía
consenso en el reconocimiento de su trabajo, porque se había conducido con
ética; explique por qué la CNDH ha actuado así: investiga un delito y no
defiende los derechos humanos. ¿Por qué intervino de oficio?, ¿por qué descalifica
el trabajo de la procuraduría (estatal)?, ¿por qué no ha investigado a los
militares?, ¿por qué no emitió recomendación al Ejecutivo?, ¿investigó a la
Sedena?''
Soberanes pidió una vez más que lo dejaran mostrar
las pruebas y que se permitiera que los peritos que lo acompañaban expusieran
sus conclusiones. ''Yo no soy médico, no puedo contestar muchas preguntas''.
La respuesta fue: ''La comparecencia es para los
titulares, no con sus auxiliares; no queremos ver pruebas ni fotografías''.
El ombudsman
dijo: ''Protesto, porque se me ha impedido en una comparecencia presentar
pruebas. El artículo 102 constitucional me faculta; también la ley de la CNDH,
artículos 14 y 24. Con base en la ley di a conocer resultados de investigación.
La recomendación que emitiré en semana y media estará dirigida a la Sedena y a
la procuraduría de Veracruz'', y prometió contestar por escrito las preguntas
que no tuvo tiempo de responder. Asimismo, invitó a los legisladores a conocer
la indagatoria de la CNDH, ''cuando quieran''.
El
Universal / 26 de Abril del 2007.
Médicos
recibieron presiones en caso de indígena muerta, acusan
Por Liliana Alcántara
Personal y
directivos del Hospital Regional de Río Blanco, en Veracruz, que atendieron a
Ernestina Ascención antes de su fallecimiento, declararon ante el Ministerio
Público que luego de la valoración hecha a la mujer de 73 años constataron que
no había indicios de que hubiera sido violada sexualmente y denunciaron
presiones para que declararan lo contrario.
En ese contexto, ayer, legisladores de las comisiones unidas de Equidad y Género, Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados impidieron que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presentara los resultados de las investigaciones periciales, mediante las cuales, el personal de este organismo determinó que Ernestina Ascención no fue violada y que murió a causa de un cuadro de anemia aguda provocada por una gastritis desatendida.
Luego de manifestar que
se inconformaba por esa situación, Soberanes informó que podría ser la próxima
semana cuando se emita la recomendación sobre este caso, la cual será dirigida
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, pero también a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “por contribuir a enrarecer el
clima” en torno a este caso.
Legisladores del PRD,
PT, Convergencia y Alternativa criticaron al ombudsman nacional por
“usurpar” las funciones del Ministerio Público y hacer “el trabajo sucio” al
tratar de “desviar” el curso de las investigaciones.
Ernestina Ascención
murió el 26 de febrero pasado en el municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz.
La Procuraduría veracruzana aseguró que murió a causa de las lesiones que le
produjo una violación sexual en la que presuntamente está involucrado personal
del 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar.
La opinión médica
El lunes pasado, el
presidente de la CNDH se reunió en privado con el gobernador del estado de Veracruz,
Fidel Herrera, y acordaron que la comisión le daría la información que ha
obtenido a partir de sus investigaciones a la Procuraduría estatal.
Una de las pruebas que
posee el organismo —y a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL— es la declaración
ministerial que presentó personal del Hospital Regional de Río Blanco —como
parte de la averiguación previa 140/07/A, lugar a donde fue trasladada
Ernestina Ascención para ser atendida antes de su muerte y donde falleció el 26
de febrero.
En la declaración, el
personal, encabezado por el director del Hospital, Hugo Zárate Amezcua y la
médico gineco-obstetra, María Elena Ramírez, aseguró que “la paciente no
presentaba datos de haber sido violada ni por vía vaginal ni vía anal”.
Se establece que la
mujer fue llevada al hospital por el señor René Huerta, representante de una
ONG, “quien insistía ante los médicos que anotaran en el expediente que la
paciente había sido violada por los soldados destacamentados en la localidad de
donde era originaria la hoy difunta”.
Milenio /
26 de Abril del 2007
Impiden a Soberanes mostrar evidencias
Por Mauricio Juárez y Fernando Damián
El presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, José Luis Soberanes, fue acusado por legisladores federales
de haber actuado de manera tendenciosa e imprudente en el caso de la muerte de
la indígena Ernestina Ascensión.
Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, la presidenta de la
Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián, afirmó que el
ombudsman fue citado “por la criticable actuación con la que se ha conducido”.
La perredista acusó a Soberanes de haberse “extralimitado en las funciones que
le otorga la Constitución; por la manera tendenciosa e imprudente que ha dado
al manejo de la información de las investigaciones que se han hecho sobre el
caso y por las contradicciones en las que ha incurrido; por recurrir a
violaciones de los derechos humanos de las víctimas de la posible comisión de
un delito”.
En el transcurso de la ronda de preguntas, las diputadas cuestionaron
insistentemente al presidente de la CNDH sobre las investigaciones del
organismo. Pero al momento que Soberanes quiso apoyarse de los médicos-peritos,
para presentar la explicación técnica, los legisladores se opusieron e
impidieron que hiciera uso de fotografías que a juicio de la Comisión
evidencian que la muerte de la indígena no fue por violación.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián, le
había exigido abstenerse de exhibir ese material, por respeto a “la memoria de
Ernestina Ascensión Rosario”.
La respaldaron la también perredista Valentina Batres y la petista Rosa Elía
Romero.
Adriana Dávila, del PAN, protestó por la actitud de las opositoras. “¿Por qué
cuando fuimos a Veracruz sí permitimos que nos mostraran fotografías, y esta
vez no?”, reprochó.
Hubo un rápido cónclave entre Contreras Julián y César Camacho Quiroz,
presidente de la Comisión de Justicia, en donde determinaron que no le
permitirían a Soberanes exponer las fotografías.
La perredista argumentó que las comparecencias son con los titulares, no con
los auxiliares. Además, “no queremos ver las pruebas ni las fotografías de los
trabajos periciales”.
El ombudsman respondió que en sus anteriores presentaciones en la Cámara de
Diputados, y a lo largo de cuatro legislaturas, siempre ha sido auxiliado por
peritos y personal de la CNDH.
Y ante la reiterada negativa, Soberanes compareció “bajo protesta”.
Valentina Batres, también del PRD, le cuestionó por qué después de la
declaración de Felipe Calderón, en el sentido de que la indígena de Zongolica
murió a causa de una anemia aguda, se ha dedicado a informar que no hay
elementos para involucrar a militares en la presunta violación.
Las diputadas de oposición, incluidas las del PRI, Nueva Alianza, Convergencia
y PT insistieron en que la muerte de Ascensión fue producto de una violación.
Sin embargo, Soberanes subra-yó: “el deceso de la señora Ernestina Ascensión
fue una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas”.
Ante las comisiones de Equidad y Género; de Derechos Humanos, y de Justicia, el
ombudsman responsabilizó a la Procuraduría de Justicia de Veracruz de haber
incurrido en omisiones e inconsistencias en las diligencias del caso.
Indicó que con los estudios de la CNDH se halló que en la primera necropsia,
practicada por personal médico de la procuraduría, “se detectaron diversas
omisiones e irregularidades”, indispensables para determinar las causas del
fallecimiento.
Descartó que la muerte haya sido producto de una violación. En la exhumación,
dijo, no se corroboraron desgarros en las regiones vaginal y anal. Tampoco
existen alteraciones ginecológicas y proctológicas producidas por la
penetración no consentida de un objeto romo de diámetro mayor a los orificios
vaginal y anal.
Y explicó que las alteraciones de la región anal corresponden a la manipulación
realizada durante la exhumación, para separar los glúteos y visualizar la
región, cuyas características son de haberse producido posmortem.
Precisó que en las pruebas nunca existieron espermatozoides en las muestras de
la región anal ni vaginal.
Dijo que “la CNDH cuenta con las evidencias necesarias que permiten acreditar
que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz se condujo contraria a lo
establecido en el Código de Procedimientos Penales para Veracruz”.
La dependencia estatal, agregó, no preservó debidamente todos aquellos indicios
indispensables para la investigación, sobre todo en un caso tan delicado como
el que se expone, contraviniendo con dicho actuar su función, lo que propició
una escalada de especulaciones sin contar con los elementos objetivos
correspondientes.
No ha crecido el
número de militares en Veracruz
Por
Lydiette
Carrión
La Secretaría de Defensa Nacional negó que hubiera
militarización en la sierra de Zongolica. “El despliegue militar que se
mantiene en todo el territorio nacional tiene como objetivo el cumplimiento de
las misiones generales establecidas en el artículo primero de la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos”, aseguró.
Mediante una solicitud de información, en la que se preguntó a la Sedena cuáles
son los motivos de la creciente militarización, registrada desde hace unos años
en la sierra Zongolica, la dependencia negó que esto ocurriera.
Ello a pesar de que, de acuerdo con habitantes de la región veracruzana, la
militarización ha crecido en años recientes.
La Zongolica es una zona de alta miseria. Ahí se localiza el segundo municipio
más pobre del país, la región tiene índices de marginación similares a los de
África. La población en su mayoría habla el nahua y como segunda lengua,
español.
En años recientes, la población ha migrado en busca de trabajo, en particular a
Baja California, y regiones de Estados Unidos.
El
Universal / 25 de Abril del 2007
Soberanes
comparece por caso de indígena muerta
Por Liliana Alcántara
El 26 de febrero pasado, Ernestina Ascención, una
mujer indígena de 73 años de edad, murió en el municipio de Soledad Atzompa, en
Veracruz.
Tras su muerte, se inició
una disputa que se mantiene a la fecha entre el gobierno estatal y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque el primero asegura que murió
luego de ser violada por militares y la segunda niega lo anterior, y señala que
el fallecimiento fue producto de una anemia aguda.
Para hablar al respecto,
el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, comparecerá este miércoles ante
los legisladores integrantes de las comisiones unidas de Equidad y Género,
Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En tanto, organizaciones
civiles insisten en que se haga un tercer peritaje independiente de ambas
instancias públicas a fin de que se puedan esclarecer los hechos.
Reportes del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) señalan que Ernestina
Ascención fue encontrada por sus familiares en la mañana del domingo 25 de
febrero en un estado crítico de salud.
Según sus familiares, la
mujer “que presentaba golpes en diversas partes del cuerpo” sólo pudo decir:
“Los militares se me
vinieron encima”, razón que les hace suponer que fue atacada sexualmente por
miembros del Ejército adscritos al 63 batallón de infantería de la 26 zona
militar.
La mujer fue trasladada
al centro de salud de su comunidad, pero dada la gravedad de su estado la
llevaron al Hospital Regional de Río Blanco, donde finalmente falleció el 26 de
febrero.
El certificado elaborado
por peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz señala que
Ernestina Ascención murió como consecuencia de una infección en intestinos e
hígado, aunque también presentaba huellas de tortura y perforación del recto.
Luego de conocer este
dictamen, un grupo de pobladores encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa,
Javier Pérez Pascuala, realizaron un mitin para exigir que el Ejército saliera
de la zona de manera definitiva.
El 6 de marzo, la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado de prensa en el
que informó que esta institución había entrevistado a cuatro oficiales y 79
soldados y que no halló pruebas que los involucraran en la muerte de Ernestina
Ascención.
Desde el 27 de febrero,
cuando se supo de este caso a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos inició una investigación de oficio y el 9 de marzo personal especializado
de esta comisión realizó una segunda necropsia, al considerar que en la primera
—hecha por la procuraduría estatal— tenía diversas irregularidades como el
hecho de que no se hayan recolectado y analizado muestras de tejido que eran
indispensables para determinar si había presencia de semen.
Luego de la segunda
exhumación y después de entrevistar a familiares, autoridades estatales y
municipales, la CNDH determinó que Ernestina Ascención no había sido violada y
que su muerte fue producto de un cuadro de anemia aguda.
El presidente de la
CNDH, José Luis Soberanes, informó en conferencia de prensa el pasado 19 de
abril, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz manipuló
las pruebas y cometió errores y omisiones que el Ministerio Público deberá
investigar.
Veracruz, Ver., 24 de abril. Aproximadamente 300 indígenas de la sierra de Zongolica
partieron hoy hacia la capital del país para instalar un plantón frente a la
Cámara de Diputados -donde mañana (miércoles) comparecerá el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes
Fernández- y exigir la destitución del ombudsman.
En asamblea comunitaria celebrada la noche del
lunes anterior en Soledad Atzompa, autoridades municipales, agentes comunales,
jueces indígenas y dirigentes de organizaciones civiles acordaron enviar una
comisión representativa a la sede parlamentaria.
El propósito de la protesta es "defender las
últimas palabras" de la anciana; exigir que no se otorgue impunidad a los
responsables de su presunta violación y muerte, y solicitar la destitución de
Soberanes, quien comparecerá sobre el caso a petición de los legisladores.
"La CNDH no investigó el señalamiento de
Ernestina (Ascensión) de que sus agresores y violadores fueron los soldados,
sino que pidió la exhumación para investigar sobre los males y posibles
enfermedades que tenía la hermana, y así tratar de demostrar que su muerte fue
debido a los padecimientos por su edad y apoyar las declaraciones del
Presidente de la República de que fue muerte natural y no hubo violencia ni
violación", señala el acta de la sesión.
La Coordinadora Regional de Organizaciones
Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) y la agrupación civil Zepaniah
Titlatozke, coordinarán la movilización hacia el Distrito Federal.
Además, en la asamblea se acordó desconocer y
ordenar la destitución formal de René Huerta Rodríguez al frente de la CROISZ,
por los presuntos acuerdos que hizo con el gobierno federal para presionar a la
familia Inés Ascensión de que se desistiera de los señalamientos contra
efectivos del Ejército y "vender el movimiento que reclama justicia.
"La familia (Inés Ascensión) es humilde y son
inocentes, el que está haciendo mal es René Huerta. Tal parece se está
queriendo lucrar con la muerte de nuestra hermana Ernestina y que está
negociando. René Huerta está envenenando a la familia", fueron algunos de
los señalamientos.
Pese a que se convocó al dirigente de la CROISZ a
la asamblea para que informara de las reuniones entre funcionarios federales y
los deudos de Ernestina Ascensión Rosario, éste se rehusó a atender el llamado.
Por esa razón los dirigentes comunitarios acordaron su destitución y le
ordenaron no presentarse en las comunidades de la sierra de Zongolica.
Los líderes indígenas de Soledad Atzompa informaron
que el caso de la muerte de Ernestina Ascensión fue enviado a Amnistía Internacional
para que intervenga directamente, debido a la actuación de la CNDH, que se ha
colocado en favor de los agresores de la mujer nahua fallecida el pasado 26 de
febrero.
La Jornada / 24 de Abril del 2007
La ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas,
adscrita a la agencia especializada en delitos sexuales de la Procuraduría
General de Justicia de Veracruz, emitió el 25 de febrero a las 11:40 un dictamen
médico sobre la indígena Ernestina Ascensión -siete horas antes de que
muriera-, después de una exploración física de la paciente. Este documento
contiene un certificado de lesiones que reporta que "al tacto rectal"
se detecta una "ámpula con contenido líquido al parecer con perforación de
pared posterior de recto". Asienta además: "se alcanza a palpar
sacro, doloroso a la palpación".
Añade: "Paciente senil en malas condiciones
generales al parecer con cuadro de perforación de recto (...) sus condiciones
son graves, con riesgo de muerte. Pronóstico: reservado para la vida".
El dictamen, dirigido a la agente del Ministerio
Público del área de delitos sexuales, María Lourdes Montes, indica que el acompañante
de la paciente, René Huerta (dirigente de la Coordinadora Regional Indígena de
la Sierra Zongolica) fue informado de la situación, que se resume así:
"Perforación del recto, bronconeumonía,
encefalopatía hipóxico isquémica, hipotermia, agresión sexual". Recomienda
"manejo urgente por cirugía general y/o coloproctología".
Esta médico especializada en ginecología y
proctología es una de la serie de personas que, involucradas directa o
indirectamente en la investigación de la muerte de la señora Ascensión, han
sido señaladas por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, José Luis Soberanes, de haber incurrido en "falta de
profesionalismo, manipulación de pruebas, errores y omisiones" en la
investigación e inclusive "intencionalidad política" y
"motivaciones extralegales".
Soberanes ha advertido que presentará demandas
penales o emitirá recomendaciones de la CNDH en contra de una larga lista de
testigos y funcionarios que de alguna manera han tenido participación en la
investigación de Zongolica, encabezados por el propio procurador veracruzano,
Emeterio López, a quien, según anunció, demandará "ante la Procuraduría
General de la República".
En principio, ya procedió en contra de la propia
doctora Rodríguez Rosas y los dos peritos forenses que realizaron la primera
necroscopia de la anciana el 26 de febrero. A raíz de las quejas del ombudsman, los tres profesionistas
fueron suspendidos temporalmente de sus empleos.
En la lista negra del titular de la CNDH figura
también Huerta, a quien "acusa" de haber insistido en que los peritos
forenses escribieran en sus dictámenes que "la víctima había sido violada
por los soldados". También amenaza con denunciar "en su momento"
al presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, por
"entorpecer" la investigación al hacer "caso omiso" de dos
requerimientos de
Por último, también enderezó culpas contra el
traductor que asignó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para
asistir a la familia Inés Ascensión en sus declaraciones judiciales. Sin
embargo, aunque las hijas de Ernestina Ascensión requirieron la presencia de un
intérprete -en este caso un abogado náhuatl asignado por la CEDH- para sus
declaraciones ministeriales ante la fiscalía especial, los hijos y un sobrino,
Arturo Ascensión, testigo clave del caso, hablan bien español y no necesitan
traductor. Sus afirmaciones son consistentes con las primeras declaraciones de
sus hermanas, que sostienen que la víctima, al ser encontrada desfalleciente,
dijo que soldados se le "habían echado encima".
Finalmente, en oficios recientes a las autoridades
veracruzanas, la CNDH ha pedido explicaciones sobre el porqué de la ayuda
económica que han recibido en Tetlalzinga los descendientes de Ernestina.
A pesar de que varios de los dirigentes y
pobladores de la sierra de Zongolica involucrados en la averiguación han
denunciado haber recibido amenazas de muerte, Soberanes no ha considerado
concederles medidas cautelares ni ha emitido declaración alguna de protección o
solidaridad. Pero sí emitió una orden de medidas cautelares en favor del
director del hospital regional de Río Blanco, Hugo Zárate, quien en una etapa
inicial de la investigación declaró que doña Ernestina murió por violación y
respaldó todas las diligencias que se suscribieron en el nosocomio que dirige.
Sin embargo, según hizo "mención
especial" Soberanes en su conferencia de prensa del pasado 19 de abril,
Zárate y "los seis médicos que intervinieron en la atención" de la
anciana -no cita sus nombres- "rindieron un informe" ante la CNDH en
el que el director del hospital desmiente sus propios dichos en el sentido de
que la señora Ascensión no presentaba "datos de haber sido violada por la
vía vaginal o anal", y atribuye ese dictamen, suscrito inicialmente por
él, a "presiones" de Huerta, que había trasladado a la mujer mal
herida al hospital.
Tres días antes, el mismo doctor Zárate asistió,
junto con varios doctores de su equipo, a la reunión de análisis que
sostuvieron el 16 de abril 11 legisladores federales y 10 locales con el equipo
investigador del caso Ernestina Ascensión, el gobernador del estado, Fidel
Herrera, su secretario de Gobierno, Raymundo Escobar, y el procurador estatal.
En esa sesión de trabajo que se realizó en el
puerto de Veracruz, el fiscal y otros funcionarios de la procuraduría estatal
informaron detalladamente sobre la evolución de la averiguación previa que se
realiza en el estado, y reiteraron que, con los datos e indicios que se
asentaron en el expediente, se acredita la comisión de un ataque sexual
violento que causó la muerte a Ernestina Ascensión. En ese momento, Zárate y su
equipo avalaron los reportes rendidos a los legisladores.
Según la reconstrucción de la sesión, hecha por
algunas diputadas federales que participaron, Zárate en ningún momento dijo que
no hubiera indicios de una violación.
Por otra parte, Soberanes lanzó una segunda
descalificación al trabajo de la ginecóloga Rodríguez Rosas, la médico adscrita
a la agencia especializada del Ministerio Público para delitos sexuales de Veracruz,
a quien acusa de no haber asentado en el expediente clínico "la supuesta
exploración física que debió haber realizado ante nuestra petición por supuesta
violación, ya que dicho expediente lo tuvo en su poder".
La especialista, presente en la reunión en
Veracruz, amplió su testimonio y añadió que la agencia especializada en la que
da servicio tiene antecedentes de "muchos casos" de violación a
mujeres en la sierra de Zongolica.
En el caso de la muerte de Ernestina Ascensión
Rosario, el Congreso de la Unión debería formar una comisión de peritos
independientes que den una respuesta satisfactoria para todos, señaló la ex
comisionada de los Pueblos Indígenas Xóchitl Gálvez.
Se refirió ayer a la presunta violación que habrían
cometido soldados en contra de Ascensión Rosario, en Zongolica, Veracruz. Antes
de abundar sobre el caso, primero acotó que en esa zona existe una gran
violencia hacia las mujeres, y recordó que como responsable de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas conoció de dos casos de
violación cometidos por parte de familiares de las víctimas.
Consideró que en el caso de la anciana indígena
"alguien miente y hay contradicciones", por lo que se deben realizar
más pruebas periciales que permitan esclarecer los sucesos y que este hecho no
quede impune.
Estimó que en la solución de este caso debería
participar un tercero, el Congreso de la Unión, y que de ser necesario el
cuerpo se debería exhumar. Sostuvo que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) "nos debe una explicación contundente y que los ciudadanos
podamos creer" y que se esclarezca el hecho sin importar quienes son los
responsables.
"Necesitamos una información veraz, que nos
deje satisfechos", agregó, y pidió que en casos como este haya más cuidado
y no se usen este tipo de situaciones con fines políticos.
El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán,
afirmó ayer que en el caso de la muerte de Ernestina Ascención Rosario su
administración esperará los resultados de la investigación que la Procuraduría
General de Justicia del estado lleva a cabo. Es un asunto que está en manos del
Poder Judicial, del cual soy respetuoso, dijo.
Habrá, sostuvo, un riguroso respeto a la autonomía
del Ministerio Público y en su momento habrá un pronunciamiento del gobierno
del estado. Por el momento, añadió, hay una interacción dinámica con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Diario Monitor / 20 de Abril del 2007
Milenio Diario / 20 de Abril del 2007.
La "prueba" del MP, de mujer de 35 años: CNDH
Jesús Sánchez
Soberanes quiere ser fiscal, pero no vamos a
permitirlo: procurador de Veracruz.
La procuraduría de
Veracruz presentó muestras de dos diferentes mujeres para probar que Ernestina
Ascensión fue violada, informó ayer la CNDH al presentar el informe sobre el
caso de la anciana nahua muerta en Zongolica, Veracruz.
La comisión mantuvo la tesis que ha hecho pública desde hace semanas: Ernestina
no fue violada. La visitadora Susana Pedrosa dijo que los cotonetes de muestreo
de la indagatoria veracruzana contienen sustancias propias de sustratos
vaginales superficiales e intermedias que proceden de una mujer no mayor de 35
años, mientras que las células parabasales corresponden efectivamente a una
mujer de la edad de la occisa.
Explicó que las mujeres jóvenes cuentan con mayor presencia de estrógenos y
progesterona en los estratos intermedios y superficiales vaginales hasta que
llega la menopausia. Así el cuerpo de Ernestina (73 años al momento de su
muerte) no producía estrógenos y progesterona, por lo que las muestras
superficiales e intermedias que entregó la procuraduría veracruzana no pueden
haber sido tomadas de su cuerpo.
"En las pruebas de Ernestina se debían haber encontrado células
parabasales, puesto que a esa edad ya no existen las hormonas (salvo que)
hubiera estado tomando hormonas en forma abundante, lo que ya se desechó",
dijo.
La presentación del informe estuvo presidida por el ombudsman José Luis
Soberanes quien se hizo acompañar por cinco de los peritos que intervinieron en
el caso.
La CNDH no se movió un milímetro de su postura: la muerte fue por causa
natural.
Recomendación y posibles delitos
José Luis Soberanes fue el encargado de hablar sobre eventuales
responsabilidades de funcionarios veracruzanos.
Aseguró que, de entrada, se vio-lentó el derecho a la legalidad y seguridad
jurídica de Ernestina y sus familiares, porque se expidió una necropsia donde
se dice que la mujer murió por traumatismo craneoencefálico, ruptura de
vértebras cervicales y se encontró abundante líquido seminal, haciendo suponer
una violación.
Cuando se pidió un segundo peritaje, en la exhumación se detectaron aún más
irregularidades. El ombudsman adelantó que la CNDH recomendará una
investigación federal por omisiones, negligencia, impericia y por la irregular
integración de una averiguación previa, así como por manipular información y el
ejercicio indebido de la función pública contemplados en la ley.
Los funcionarios veracruzanos, especialmente los de la procuraduría local, se
encuentran ante el riesgo de ser separados de su cargo. La CNDH pidió al
gobierno estatal que se apliquen medidas cautelares para preservar la
integridad de los funcionarios implicados.
La Sedena
La Sedena aparecerá en la re-comendación, pero sólo por haber divulgado
información de la investigación ministerial antes de tiempo.
- Claves
Las primeras irregularidades
Alteración de las declaraciones
La visitadora a cargo del caso, Susana Pedrosa, señala que en las primeras
declaraciones de los familiares de Ernestina, la persona que apoyó la
traducción del náhuatl al español "puso palabras que nunca dijeron
ellos". Posteriormente, con apoyo de otros traductores, se revisaron las
grabaciones y no se encuentraron las palabras "violada",
"atada", y lo único que dijo la anciana es que "los soldados se
acercaron a mí". No hay mención a que la golpearon, la violaron, la
ataron; sólo "los soldados se acercaron a mí".
Al dar estas declaraciones, Ernestina Ascensión estaba agonizando y tenía falta
de oxígeno.
Un caso especial es el de René Huerta, líder de una ONG que actúa en Zongolica.
Estuvo presente en las instituciones médicas a las que fue llevada Ernestina,
incluso en la exploración ginecológica con el argumento de que la mujer no
hablaba español. Fue él quien pidió que se asentara en actas que hubo
violación. Este personaje no ha sido llamado a declarar ante el MP estatal que
se ha hecho cargo del caso.
- Claves
Los exámenes médicos
"No supieron recolectar pruebas"
Sobre el trabajo de peritaje de la procuraduría veracruzana, el médico
criminalista de la CNDH Ricardo Coronado llamó la atención al hecho de que se
haya dicho inicialmente que había “abundante semen”, y preguntó: ¿por qué (la
autoridad veracruzana) no hizo la cuantificación de este elemento y de la
proteína P30?, esto último en referencia al elemento que sólo se encuentra en
la próstata y es rastreado en casos de violación.
También llamó la atención al hecho de que nunca se halló esperma en las pruebas
de laboratorio.
Así la CNDH, aun después de recibir los paquetes de pruebas periciales que
guardaron los peritos veracruzanos, reiteró que la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Veracruz no cuenta con pruebas sólidas para sostener su
tesis de una violación.
Aún más, lo que presentó la procuraduría "no es concluyente y no hay
manera de verificarlo", pues los propios forenses no supieron colectar
pruebas y eliminaron las pocas que hubo por considerarlas “infectocontagiosas”.
En el caso de la presencia de la fosfatasa ácida (la sustancia que sólo
producen los hombres y que supuestamente fue encontrada en el área rectal de
Ernestina en la primera necropsia), una vez más Coronado cuestiona que no se
haya utilizado el "abundante líquido seminal" para cuantificar este
elemento, lo que deberá explicarse en la investigación que lleve a cabo la
autoridad competente.
La
Jornada / 20 de Abril del 2007.
Acusación
penal contra la procuraduría veracruzana
Victor Ballinas
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, José Luis Soberanes, dio a conocer ayer el informe que rindieron a la
CNDH el director del hospital de Río Blanco, Veracruz, y los seis médicos que
atendieron a la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, donde se asienta
que ''la paciente no presentaba datos de haber sido violada ni por vía anal ni
vaginal. El señor René Huerta la trajo (al nosocomio) e insistía en que se
anotara en el expediente que la paciente había sido violada por soldados
destacamentados en la localidad de donde era originaria la difunta''.
En conferencia de prensa, convocada de última hora,
Soberanes Fernández acusó al gobierno de Veracruz de ''manipular los hechos y
las pruebas, pues actuó con errores, omisiones y falta de profesionalismo''.
A su vez, la segunda visitadora de la CNDH, Susana
Thalía Pedroza, anunció que ya se pidieron a la administración estatal medidas
precautorias para los médicos y el titular del hospital que presentaron el
informe, porque ''se teme por su vida''.
Asimismo, Soberanes dijo que presentará denuncia
penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios de
la procuraduría estatal ''por actos y omisiones en que incurrieron en la
necropsia y en la averiguación previa, por no proporcionar los informes que se
les requirieron y (ofrecer) pruebas falsas''.
Pedroza, quien lleva la investigación del caso,
denunció que ''la señora Ernestina Ascensión Rosario no dijo en náhuatl que la
violaron, ni que la amarraron, ni que la golpearon. Ella expresó más bien que
los soldados se le acercaron''.
Explicó que la CNDH pidió a la Comisión de Derechos
Humanos de Veracruz que la apoyara con un traductor, y quien hizo esta función
sólo ''interpretó las palabras de la indígena y puso cosas que nunca dijeron
los familiares''. Señaló que también se solicitó el apoyo del Instituto
Nacional de Antropología e Historia en la traducción, y así se pudo saber ''qué
fue lo que realmente dijeron'' los deudos sobre las últimas palabras de la hoy
occisa.
Soberanes estuvo acompañado en la conferencia de
prensa por los médicos peritos. Ahí aseveró que la CNDH lamenta muy seriamente
que un órgano procurador de justicia tropiece no solamente con las innegables
dificultades de una investigación criminal como ésta, sino también con los
errores y los graves descuidos de procedimiento de algunos de sus servidores, y
deploró que, ''en lugar de corregirlos pretenda negarlos y con ello abra de par
en par las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite''.
Abundó: ''Es paradójico, y no voy a omitirlo, que a
la misma autoridad que ha incurrido en graves errores deba corresponderle ahora
la delicada tarea de esclarecer los hechos para procurar justicia. A pesar de
muchos fallos garrafales, esa autoridad estatal tiene la responsabilidad de
acumular pruebas hasta establecer si existió una agresión y quiénes fueron los
culpables, para encontrarlos y consignarlos judicialmente''.
Preguntó al procurador de Veracruz, Emeterio López
Márquez: ''¿Con qué elementos lo hará?, ¿enviará para esto a los mismos peritos
que dejaron pudrirse en una hielera pruebas fundamentales?, ¿a los mismos
funcionarios que aseguran que las muestras que les fueron solicitadas no las
pueden enviar porque ya se les consumieron?''
Dijo que no le correspondía a él responder esas
interrogantes, pero que estaba seguro de no ser la única persona que se
pregunta en estas semanas cuáles pueden ser las motivaciones de orden
extralegal que llevan a una autoridad estatal a desdibujar los hechos, y
subrayó que ''estas maniobras políticas atropellan la posibilidad de un
compromiso para buscar la verdad y abrirle paso a la justicia''.
Insistió en que la procuraduría veracruzana ''no
sólo hizo una muy deficiente necropsia y una mala investigación, sino ha
insistido en dar un tratamiento mediático a información confidencial al hacer
circular una fotografía en la que el cadáver aparece junto a un envase de
refresco con un derrame junto a la cabeza. ¿Qué se intentaba mostrar o
demostrar con esa imperdonable patraña?''
Dijo que en la recomendación que hará en unas
semanas incluirá señalamientos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
y destacó que con los comunicados que emitió esa dependencia creó expectativas
equivocadas y contribuyó al enrarecimiento de la información sobre el caso.
Interrogado sobre si esa recomendación incluirá al
presidente Felipe Calderón quien, en una entrevista con La Jornada, dijo que ''la mujer
indígena no había sido violada, sino que murió de gastritis crónica'', el ombudsman expresó que no es el caso,
pues al Presidente sólo se le pueden fincar delitos de traición a la patria y
otros más graves.
Por su parte, los peritos explicaron que entre las
múltiples contradicciones resultado de las necropsias están las pruebas que se
enviaron a la CNDH. Como ejemplo mencionaron que muestras celulares de la
vagina de la occisa no corresponden con su edad cronológica. ''Ellos (la
procuraduría estatal) tienen que dar la respuesta; las muestras son de una
mujer por lo menos 30 años menor''.
En su turno, Thalía Pedroza expresó que se ha
comunicado con los hijos de Ernestina Ascensión para informarles de los
resultados que han obtenido del caso. Ellos, subrayó la funcionaria, están
enterados de las investigaciones de
-¿ Y les creen?
-Pues tienen que creerlo, es la verdad, es lo
investigado.
Soberanes concluyó que no hubo violación. El
deceso, destacó, ''fue causado por una anemia aguda por sangrado de tubo
digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que
cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de
resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''.
La
Jornada / 20 de Abril del 2007.
''Verificables,
los desgarres anales de Ascensión Rosario''
Blanche Petrich
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) de Veracruz, Noemí Quirasco, sostuvo que el dictamen médico que
se le hizo a la anciana nahua Ernestina Ascensión, el pasado 25 de febrero -40
minutos antes de la medianoche-, en el hospital regional de Río Blanco-Orizaba,
y las dos necropsias realizadas posteriormente, la primera el 26 de febrero y
la segunda el 12 de marzo, coinciden ''en lo medular'', que es la existencia
''perfectamente verificable y comprobada'' de cuatro desgarres en la región
anal de la difunta.
La funcionaria, con 27 años de experiencia como
agente del Ministerio Público y seis años trabajando específicamente en el área
de delitos sexuales, precisó que el análisis especializado de estos tres
dictámenes permite afirmar que los trabajos de los médicos legistas fueron
''eficientes'' en el registro de estos desgarres, aunque reconoció que uno de
los peritajes, el que suscribió el médico forense Pablo Mendizábal en la
primera necropsia, adolece de una ''falla técnica'', al haber registrado la
presencia de ''abundante líquido seminal''. No porque no se hubiera encontrado
este tipo de fluido, aclaró, sino porque hablar de ''abundante'' no es
técnicamente correcto.
Noemí Quirasco añadió que fue asesorada, para
revisar estos expedientes, por la ginecóloga Guadalupe Viveros Lagunes, también
funcionaria de la CEDH, especialista con 17 años de experiencia en asistir a
mujeres, hombres y menores víctimas de agresiones sexuales. ''Y después de
revisar con mucha atención todos los peritajes llegamos a la conclusión de que
estos desgarres son ciertos. Y esta es la parte medular de la investigación''.
Después de conocer las declaraciones que ayer mismo
hizo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José
Luis Soberanes, Quirasco respondió en entrevista telefónica: ''Una cosa es
decir que por la negligencia de un perito se incurrió en violación de derechos
humanos y otra, muy distinta y fuera de lugar, es agregar juicios de valor y
afirmar que el perito fue malicioso o que tergiversó un dictamen con fines
aviesos. Se pueden puntualizar los errores, pero no cabe en el lenguaje de un ombudsman hablar de chismes de
verduleras o de cochineros''.
Estas expresiones, agregó, ''sólo obstaculizan la
investigación. Los titulares de derechos humanos debemos procurar que el
Ministerio Público investigue correctamente. No nos corresponde, en lo
absoluto, entrar al fondo del asunto. Es más, lo tenemos prohibido. La
investigación del delito le corresponde al Ministerio Público''. Criticó que
antes de concluida la investigación, una instancia que no tiene competencia
emita afirmaciones contundentes en el sentido de que no hubo violación,
''porque de esta manera la CNDH está juzgando, sentenciando y absolviendo a
posibles responsables de un delito''.
Ante la avalancha de críticas y acusaciones de
''intencionalidad política'', de las que han sido objeto las instancias
oficiales de Veracruz, la comisionada estatal se pregunta: ''¿Por qué sembrar
tanta confusión? ¿Por qué las declaraciones múltiples de la CNDH? ¿Por qué la
Secretaría de la Defensa ha emitido boletines en los que asienta afirmaciones
contradictorias? ¿Por qué la segunda visitadora, Susana Pedroza, habla de la
existencia de más de tres mil hojas, si la averiguación previa, radicada en
Veracruz, consta a la fecha de 306? ¿Se trata de cantidad o de calidad?''
Por último, la funcionaria señaló que, por
experiencia, sabe que muy excepcionalmente una víctima de violación miente. ''Y
mucho menos una indígena, ya que su sexualidad concierne a lo más pudibundo de
su humanidad''.
La
Jornada / 20 de Abril del 2007.
Furtiva
reunión de González Uyeda con deudos
Fabiola Martinez, Andrés T. Morales: reportera y
corresponsal
Por segunda ocasión, el subsecretario de Gobierno
de la Secretaría de Gobernación (SG), Abraham González Uyeda, se trasladó ayer
a la sierra de Zongolica, Veracruz, para reunirse con los familiares de la
indígena Ernestina Ascensión Rosario.
A escondidas de las autoridades municipales y
estatales, el funcionario y los cinco hijos de Ernestina fueron trasladados de
la comunidad de Tetlatzinga a Ciudad Mendoza y posteriormente a Boca del Río.
De acuerdo con fuentes de la SG, González permanecerá en la zona ''por lo menos
dos días'' y tiene instrucciones precisas de volver a escuchar testimonios y
realizar un informe ''objetivo'' del caso.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
insiste en que Ascensión Rosario falleció a consecuencia de una anemia aguda,
derivada de una úlcera gástrica, pero la Procuraduría General de Justicia de
Veracruz asegura que la mujer murió tras golpes y un ataque sexual,
presuntamente tumultuario.
Los familiares de la occisa, en especial una de sus
hijas, aseguran que su madre les dijo antes de perder el conocimiento que había
sido atacada por soldados, por lo que exigen justicia. Sin embargo, tras su
recorrido inicial por esa zona, el subsecretario declaró a la prensa, el lunes
pasado, que ''ellos (los familiares) insisten en que no se puede hacer un
señalamiento de los culpables, ni de que fuera el Ejército o elementos del
Ejército''.
La versión fue desmentida de inmediato por el
presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, presente en la
reunión de poco más de dos horas entre el funcionario e integrantes de la
familia. Las fuentes consultadas precisaron además que los encargados de
Atención Ciudadana de la SG, Lorenzo Gómez y Jorge González, encargado y
subdirector de esa área, respectivamente, viajaron también al lugar.
En Bucareli consideran que sería un riesgo que el
tema se ''politice'' (el presidente municipal citado es de extracción
perredista). Por otra parte, en lo que fue considerada una maniobra de
distracción, los hermanos Martha, Carmen, Juana, Francisco y Julio Rosario
fueron transportados desde las 8 de la mañana a Ciudad Mendoza. Representantes
de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de
Zongolica afirmaron que González Uyeda ''exigió'' evadir la presencia de
autoridades municipales y de abogados de la familia. ''Quería hablar solo con
ellos", aseguraron.
A su vez, el alcalde Pérez Pascuala dijo que no
fueron notificados de la reunión. Afirmó que la entrevista que ''a
hurtadillas'' tuvo el funcionario federal obedece a un interés claro de evadir
la intervención de autoridades municipales, de las organizaciones indígenas y
de todos los que han brindado apoyo y asesoría a los deudos. Indicó que
González Uyeda se comprometió con el cabildo de Soledad Atzompa a mantenerlos
informados de toda asamblea o reunión sobre el caso, y especialmente no ejercer
ningún tipo de presiones o amenazas contra los familiares, algunos de los
cuales tienen problemas para hablar español.
Estudio pericial
Asimismo, en Jalapa, el secretario de Asuntos
Campesinos y Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, Juan Carlos Mexhua, mostró en una conferencia de prensa
un estudio pericial que, aseguró, es el que el médico legista Juan Pablo
Mendizábal Pérez entregó a la agencia del Ministerio Público Especializada en
Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba.
Mendizábal fue quien practicó la primera autopsia,
el pasado 26 de febrero. ''En este estudio se apreció salida de líquido
hemático por recto, en abundancia, con múltiples desgarres''. Según Mexhua, el
médico indicó que se efectuó un examen interno de la cabeza de Ernestina
Ascensión Rosario, a través de una incisión en forma de diadema, es decir, de
izquierda a derecha.
''Se separan los colgajos cutáneos y se confirman
los hematomas en regiones frontal, porción derecha y central, así como en
regiones temporales; se realiza craneotomía y se retira la calota ósea,
apreciándose hemisferios cerebrales derecho e izquierdo con circunvoluciones
hemorrágicas'', explica en el documento.
Al explorar el piso medio y la base del cráneo,
puntualiza el dictamen pericial realizado a las 22 horas del 26 de febrero,
''se aprecia a nivel de la roca, temporal derecho, hemorragia, así como en
canal raquimedular, fractura y luxación de vértebras cervicales".
En tanto, la revisión realizada en el tórax de la
anciana señala: ''Se apreció fractura de arcos costales, derecho e izquierdo,
tercero, cuarto, quinto y sexto de ambos lados''.
En las conclusiones del certificado de la necropsia
de ley, el médico legista establece que ''las causas de la muerte fueron
traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales y
anemia aguda''. Tipo de muerte: ''traumática''.
El Economista
ADRIÁN TREJO / 20 Abril del 2007.
El caso de la indígena
Ernestina Ascencio ha generado un debate entre las autoridades involucradas en
la investigación del caso y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, José Luis Soberanes. Es de todos conocida la conclusión de la investigación
que realizó la CNDH sobre el caso y que concluye que la muerte de Ascencio se
debió a causas naturales derivados de males gástricos crónicos. La
investigación desmiente -o pretende hacerlo- la primera versión dada a conocer
por la Procuraduría de Justicia de Veracruz, quien certificó la violación
presuntamente tumultuaria de la anciana en la sierra de Zongolica. Soberanes
afirmó tajante "que no hay delito"; lo mismo aseguró el presidente
Felipe Calderón incluso antes de la presentación del informe de la CNDH. Ayer
el procurador de Justicia de Veracruz, Emeterio López Márquez, afirmó que en
las pruebas periciales que lleva a cabo ésta dependencia "quedó acreditado
el cuerpo del delito de violación". López Márquez lamentó que el ombudsman
manifestara que "no hay delito porque pareciera haberse autonombrado como
fiscal especial sin ninguna atribución". En estas están. Por lo pronto
Soberanes comparecerá la próxima semana ante los diputados al igual que el
secretario de la Defensa Guillermo Galván Galván. La muerte de Ascencio será
tema obligado. (…)
CIMAC / 20 de Abril del 2007.
PRD
solicitará renuncia de Soberanes por caso Atzompa
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Xalapa, Ver., 19 abril 07 (CIMAC).- Doña Ernestina
Ascencio Miranda fue violada y torturada. José Luis Soberanes, presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miente. Y con sus declaraciones sólo
busca privilegiar al Gobierno Federal en lugar de luchar por los grupos
desprotegidos. Por ello, el PRD solicitará formalmente su renuncia, afirmó el
secretario de Asuntos Indígenas del Comité Nacional de ese partido, Juan Carlos
Mezhua Campos.
En rueda de prensa celebrada este jueves en la
capital del estado, el representante perredista, acompañado de militantes del
Sol Azteca refutó las declaraciones de Soberanes sobre las causas
"naturales" de la muerte de la señora de Tetlacinga.
Mezhua mostró fotografías de la autopsia, las
cuales recibió de manera anónima, así como los dictámenes de los peritos, en
donde se demuestra que además de la violación la mujer presentaba fracturas en
cráneo y vértebras. Además, dijo, la Procuraduría General de Justicia cuenta
con muestras de ADN extraídas del cuerpo de la mujer.
Externó Mezhua Campos que el Comité Directivo Nacional
de su partido exigirá la renuncia del Presidente de la CNDH, porque no ha
cumplido con su obligación de brindar apoyo y defensa a los desfavorecidos y ha
privilegiado intereses del Gobierno Federal.
Citó que no es la primera ocasión en la que Soberanes
incurre en una acción que lastima a la sociedad, recordando casos de violación
por parte de militares ocurridos en Chiapas o en Castaños, Coahuila, donde
también ha mostrado parcialidad a favor del ejército y en consecuencia al
Gobierno Federal
Sin embargo hizo énfasis en que lamentablemente en
el caso de Soledad Atzompa, la CNDH emitió una postura sin contar siquiera con
un dictamen,
defendiendo abiertamente a los soldados.
Así mismo, exigió que la Procuraduría General de
Justicia de Veracruz emita un informe y desmienta las versiones de la CNDH, y
que el gobierno estatal
exponga la verdad de los hechos, sin que tenga
temor por posibles represalias del gobierno federal.
PGJV
incurrió en negligencia y precipitación: CNDH
Por Hypatia Velasco Ramírez
México, DF, 19 abril 07 (CIMAC).- La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandará a la Procuraduría General de
Justicia de Veracruz ante la Procuraduría General de la República (PGR), por haber
manipulado y entregado información falsa e incurrir en el ejercicio indebido de
la función pública en el caso de las investigaciones de Ernestina Ascencio
Rosario, dijo esta mañana en conferencia de prensa José Luis Soberanes,
presidente de este organismo.
Durante la presentación de la Síntesis del Informe
sobre las indagatorias de la CNDH sobre el caso de Ernestina Ascencio, quien
fuera presuntamente violada y asesinada por militares en febrero pasado,
Soberanes reiteró su tesis de que "Ernestina murió a causa de una anemia
aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas y cursaba,
además, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y
trombosis mesentérica".
De acuerdo con el doctor Mario Pérez Gámez, médico internista
de la CNDH, lo anterior era un cuadro mórbido y agudo que presentaba ya
Ernestina y que no fue atendido por el médico que la trataba pues no llevaba el
tratamiento adecuado que ameritan estos casos. "No se tomó en cuenta que
podía terminar en una trombosis".
Al respecto, Soberanes advirtió que la Procuraduría
General de Justicia de Veracruz incurrió en manipulación de pruebas, errores y
omisiones durante la investigación del caso.
Además, señaló que la procuraduría local no sólo
hizo "una muy deficiente necropsia y una mala investigación, sino que
también ha insistido desde el primer momento en dar un tratamiento mediático a
información confidencial al hacer circular una fotografía en la que el cadáver
de Ernestina aparece junto con un envase de refresco con un derrame de sangre
junto a su cabeza".
¿Qué se intentaba mostrar o demostrar con esta
imperdonable patraña?, preguntó José Luis Soberanes.
Asimismo, consideró que la autoridad estatal que
"ha incurrido en graves errores de investigación, como es la procuraduría
de Veracruz, tiene la obligación de esclarecer los hechos para procurar
justicia".
De acuerdo con documentos entregados por la CNDH
durante la conferencia, el organismo ha generado 30 actas circunstanciales y
cuenta con 614 fotografías correspondientes a la necropsia, al lugar de los
hechos, testimoniales y a la exhumación del cuerpo.
Según los documentos, la CNDH ha generado 35
oficios de solicitud de informes a distintas autoridades como la Procuraduría
General de Justicia Militar de la Secretaría de Defensa Nacional, la
Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia y la
Secretaría General de Gobierno, entre otros.
Durante su intervención, Soberanes señaló que en
breve la CNDH emitirá sus recomendaciones correspondientes al gobierno del
estado de Veracruz "al haber acreditado violaciones a los derechos
fundamentales de legalidad, seguridad jurídica e irregular integración de la
averiguación previa en agravio de la hoy occisa y de sus familiares".
Dijo también, que dentro de las recomendaciones se
encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pues los comunicados
emitidos por ésta contribuyeron al "enrarecimiento de la información sobre
el caso".
Por lo que la CNDH recomendará que el órgano interno
de control de la Sedena investigue la información emitida por este organismo y
si encuentra elementos que incurren en delitos penales se hagan del
conocimiento de
NO FUE VIOLADA
Por su parte, la Segunda Visitadora General, Susana
Talía Pedroza de la Llave, dijo que las irregularidades que en un principio
encontraron los elementos de la CNDH a cargo de la investigación corresponden
al gobierno de Veracruz en el sentido de que violentó los derechos a la
legalidad y seguridad jurídica de Ernestina y sus familiares.
Asimismo aseguró que los testimonios de los
familiares ya han sido analizados por una especialista en náhuatl e insistió
que en ningún momento las palabras de la señora o lo que dijeron los familiares
es que fue violada, "tenemos el documento del hospital Río Blanco
-donde fue atendida Ernestina- y en el que ellos constatan que no fue
violada".
Agregó, "pedimos el apoyo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz para que nos ayudaran en la
traducción y lo que encontramos de principio es que la persona que apoyó la
traducción puso palabras que nunca dijeron los familiares y esta en una
constancia que ya ha certificado el propio traductor".
El traductor que proporcionó la propia Comisión,
dijo Pedroza de la Llave, hizo labor de intérprete y no de traductor. "Hay
palabras que ni siquiera dijeron los familiares, por ejemplo violada y/o
atada".
Según la relatora, lo que en realidad dijeron -los
familiares- es "los soldados se acercaron a mí, no puedo hablar, y el
dolor que ella sentía era por la enfermedad que tenía".
No dijeron que la golpearon, ni que la amarraron.
Simplemente Ernestina dijo "los soldados se acercaron a mí".
Para entonces, dice la relatora, la señora
seguramente ya estaba agonizando, tenia hipoxia es decir, le faltaba oxígeno.
SÍNTESIS DEL INFORME
La Síntesis del informe señala que existe evidencia
documental, microscópica, de laboratorio y macroscópica de fallecimiento de la
paciente por proceso médico mórbido y no traumático.
"La ausencia de células espermáticas en las
muestras rotuladas como región anal demuestra fehacientemente la ausencia de
semen.
"El supuesto líquido seminal recabado durante
la primera necropsia en región de genitales fue indebidamente presentado para
su traslado en las oficinas centrales de la Dirección de Servicios Periciales
de la Procuraduría estatal".
La síntesis señala que hay una notoria impericia,
negligencia y precipitación por parte de los peritos adscritos a la
Procuraduría estatal, al emitir sus dictámenes sobre la necropsia y exhumación
"lo que se corrobora con sus propias declaraciones rendidas ante el agente
ministerial a cargo de la averiguación previa 140/07/A".
Y, dice la síntesis, al rendir su informe a la
CNDH, el director regional de Río Blanco y los seis médicos que intervinieron
en la atención a Ernestina Ascencio durante su estancia en el nosocomio afirman
que "no presentaba datos de haber sido violada ni por vía vaginal ni por
vía anal".
Asimismo señalan que fue llevada al hospital por
René Huerta, representante de una ONG, quien insistía ante los médicos que
anotaron en el expediente que la paciente había sido violada por los soldados
destacamentados en donde era originaria la hoy difunta, y que "las
fracturas encontradas a nivel de parrilla costal fueron originadas por las
maniobras de reanimación cardiopulmonar, al haber presentado paro
cardiorrespiratorio".
Paro, que según los médicos de Río Blanco, se
presentan en personas de la tercera edad y que no son provocadas adrede.
Aseguraron los médicos que no hubo fractura de cráneo ni de vértebras
cervicales toda vez que Ernestina llegó semiinconsciente, sin evidencia o
manifestación clínica de fractura.
JUSTICIA PARA ERNESTINA
En tanto, las organizaciones Comité Ciudadano
Rosario Ibarra;Mujeres Universitarias de Xalapa, Veracruz; Ciudadanas
Veracruzanas Independientes; Autoridades Nahuas de Soledad Atzompa, Veracruz y
Representantes del Gobierno Legítimo demandan del gobierno federal, de las
autoridades mexicanas, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas
por Amnistía Internacional (AI) y la Organización Mundial Contra la
Tortura (OMCT) en relación a la violación tumultuaria y asesinato de
Ernestina Ascencio Rosario, por presuntos militares mexicanos.
En un comunicado de prensa, rechazan
categóricamente la afirmación de Felipe Calderón, en el sentido de pretender
exculpar a los militares violadores y asesinos, ya que en la segunda
necropsia se reitera que sí fue violada.
Expresan su profunda preocupación por las
expresiones exculpatorias de autoridades locales y federales, asimismo de
aquellas que se supone están obligadas, éticamente y legalmente, a defender los
derechos humanos, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en voz de
su representante.
La CNDH carece de datos para negar que la víctima
fuera violada. Para la sociedad es grave que la CNDH pretenda exonerar a los
militares.
Demandan también el total cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional y de la Organización Mundial
Contra
Que no quede impune este crimen del ejército,
dicen. "Justicia para Ernestina Ascencio Rosario, de la etnia nahua, de
Soledad Atzompa, Sierra de Zongolica, Veracruz", concluye el documento.
Atzompa:
CNDH rechazó tejidos vaginales y anales de necropsia
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba, Ver., 19 abril 07 (CIMAC).- El presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes,
actúo con
premeditación y realizó una autopsia a la medida de
sus intereses: tras la exhumación del cuerpo de la indígena de Tetlacinga se
negó a recoger tejidos vaginales y anales de la víctima, explicó Julio Atenco
Vidal, líder natural de Zongolica y director de Obras Públicas de Soledad
Atzompa.
Atenco Vidal criticó la postura de José Luis
Soberanes, quien en un claro intento por exculpar al Ejército de la violación y
muerte de doña Ernestina, ha emitido informes que enrarecen el proceso de las
investigaciones oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Reiteró que las determinaciones de la CNDH no son
oficiales y no tienen carácter jurídico o de influencia en el proceso penal que
se sigue, esa es competencia exclusiva del Ministerio Público.
Reiteró el líder natural de los grupos indígenas de
la sierra de Zongolica que, durante la pasada reunión entre legisladores,
Procuraduría General de Justicia y el propio Gobernador de Veracruz, se
expusieron los avances de los resultados de las investigaciones, en los cuales
se demuestra claramente que hubo violación sexual contra la víctima.
Señaló que causó extrañeza al personal de servicios
periciales que la CNDH se haya limitado a solicitar, durante la exhumación del
cuerpo el pasado 9 de marzo, tejidos de corazón, pulmón e hígado rechazando los
cortes de las entradas de vagina y ano, en donde existía un claro daño
provocado por un objeto extraño.
El entrevistado destacó que, contrario a los
peritos de la CNDH, los especialistas del Ministerio Público Militar sí
extrajeron cortes de piel de ano y vagina, con el propósito de hacer sus
propios análisis.
Acotó que con ello se demuestra que desde un inicio
la CNDH no tenía intención alguna de corroborar la violación sexual en contra
de la mujer, pero sí pretendía desde un inicio demostrar alguna deficiencia
física de ella y así fundamentar la teoría del gobierno federal de "una
muerte natural".
Repitió el entrevistado a Cimacnoticias que, de
acuerdo con los exámenes de los peritos de la PGJE, se encontraron en la
cavidad vaginal y anal rastros de proteína proteica y fosfata ácida, sustancias
que produce exclusivamente el hombre en actividad sexual.
CIMAC / 19 de Abril del 2007.
Caso
Zongolica, un camino contra la razón
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 18 abril 07 (CIMAC).- 25 de febrero de
2007. Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años de edad, muere a causa de
lesiones en diversos órganos vitales, originados por una violación múltiple,
cometida presuntamente por 4 elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de
Tetlacinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz.
El informe del médico forense detalla que la mujer
murió por fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado
por una penetración múltiple. Por ello se inicia la investigación, asentada en
las averiguaciones previas 140/07 y 471/07, en la Agencia Especializada en
Delitos Sexuales y en la Agencia del Ministerio Público Investigador,
respectivamente
27 de febrero del 2007. Ante el hecho, al menos 3
mil habitantes de esta comunidad náhuatl de la sierra de Zongolica exigen al
gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, el castigo a los responsables y
el retiro de las fuerzas armadas acampadas en distintos puntos de la zona
serrana.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno del
estado, mientras continúan las investigaciones, los 4 elementos del Ejército
Mexicano señalados como los presuntos responsables de este crimen, están a
disposición del Ministerio Público.
1 de marzo del 2007. El presidente municipal de
Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, da un plazo de 15 días a Felipe
Calderón y a los órganos judiciales para que se castigue a los responsables del
delito y, junto con autoridades de otros municipios, exige ante el Congreso
estatal la salida del Ejército Mexicano de la sierra náhuatl de Zongolica.
2 de marzo del 2007. Mientras que autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dicen desconocer el
procedimiento que se sigue a los cuatro militares presuntos responsables de la
violación y muerte de una mujer de Soledad Atzompa, cuatro hombres vestidos de
civil y custodiados por al menos 10 soldados ingresan a la Agencia
Especializada en Delito Sexuales y Contra la Familia radicada en la ciudad de
Orizaba.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exculpa
a miembros del Ejército, a través del comunicado de prensa 017, de la muerte y
violación de la indígena. El Procurador de Justicia en Veracruz, Emeterio López
Márquez, reitera que el caso seguirá siendo investigado por la dependencia a su
cargo asegurando que no quedará impune el delito.
6 de marzo del 2007. A través del comunicado
de prensa 019, la Sedena informó que cuatro oficiales y 79 soldados de
tropa fueron interrogados. Asegura el documento que los exámenes a los
genitales de todo el personal concluyeron que no presentan ningún tipo de
lesión en dicha área, indicativo considerado para establecer que no han tenido
actividad sexual, cuando menos 7 días antes de los hechos que se imputan.
7 de marzo del 2007. La Sedena distribuye a
los reporteros un comunicado, numerado también como 019, pues pretendía
sustituir el anterior, que fue intercambiado a algunos medios de comunicación.
En él la dependencia señala la presencia en la sierra de Zongolica de hombres
con uniformes de militares ajenos a la institución armada, los cuales, afirma,
habrían violado y asesinado a la indígena náhuatl de Soledad Atzompa.
La sociedad civil sospecha que quizás la intención
del ejército fue hablar de grupos paramilitares ubicados en la sierra de
Zongolica y desviar así la atención de la ciudadanía que señala como culpables
a miembros del Ejército Mexicano.
8 de marzo del 2007. La Sedena informa que se
llevaron a cabo análisis de semen y sangre y que tomará entre 15 y 20 días
obtener las conclusiones. El titular de la dependencia militar aclaró que en
esos momentos no había elementos detenidos, únicamente 93 acuartelados.
ONG, como el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la
Tortura, inician una serie de llamados contundentes para que la comunidad
internacional no ignore este terrible acontecimiento.
9 de marzo del 2007. Ante las omisiones halladas
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe forense
practicado a la mujer náhuatl, afirma la dependencia, el cuerpo de la víctima
fue exhumado por personal de la CNDH y de la Procuraduría del estado.
12 de marzo del 2007. Habitantes de la zona serrana
de Zongolica amenazan con movilizaciones masivas para exigir que el delito no
quede en la impunidad. La Procuraduría de Veracruz afirmó que habrá que
esperar 40 días los resultados de la exhumación.
13 de marzo del 2007. Felipe Calderón asegura -en
una entrevista al diario La Jornada-- que la indígena murió de una úlcera
gástrica, en un velado deslinde a la Sedena. Antes de que la CNDH presente los
resultados de la exhumación.
14 de marzo del
16 de marzo del 2007. El presidente de la CNDH,
José Luis Soberanes, dice que la muerte se habría debido a causas naturales y
que no se puede asegurar que haya habido violación.
26 de marzo del 2007. Con marchas y plantones, por
lo menos mil indígenas de la sierra de Zongolica reclamaron apoyos para el
desarrollo de sus comunidades y el esclarecimiento de la muerte de la indígena
náhuatl de 73 años violada y torturada por presuntos militares.
27 de marzo del 2007. Reunidos en asamblea,
representantes comunitarios de Soledad Atzompa consideraron necesario
solicitar, a través de organizaciones civiles del país, la intervención de
tribunales internacionales para esclarecer el homicidio de la señora indígena
de la comunidad de Tetlacinga.
28 de marzo del 2007. Fidel Herrera, gobernador de
Veracruz, dice que la causa de la muerte "fue atribuida a una violación
presuntamente cometida por un grupo de soldados".
28 de marzo del 2007. Indignadas por los resultados
de la autopsia que solicitó la CNDH sobre el caso, que niegan la existencia de
la violación sexual, feministas exigieron una nueva autopsia pero realizada por
peritos extranjeros.
29 de marzo del
3 de abril del 2007. Organizaciones y familiares de
la indígena náhuatl, anuncian que denunciarán penalmente al titular de la CNDH
y además solicitarán formalmente la intervención de Amnistía Internacional para
el esclarecimiento de la muerte de la señora.
9 de abril del 2007. Indígenas de Soledad Atzompa,
exigen una audiencia con Felipe Calderón Hinojosa.
10 de abril del 2007. Señalan legisladores que
citarán a comparecer al presidente de la CNDH, a fin de que informe verazmente
sobre las investigaciones realizadas al respecto, toda vez que su desempeño ha
causado fuertes dudas, contraviniendo el trabajo de muchos años de la misma.
13 de abril del 2007. Inmujeres-DF demanda al
Estado mexicano "una investigación eficaz y oportuna que dé como resultado
el esclarecimiento de estos hechos lamentables y, en su caso, el castigo a los
culpables conforme lo señala la ley".
16 de abril del 2007. Se reúnen el Gobernador
de Veracruz, ocho legisladores federales, la titular de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos, Noemí Quirasco Hernández, y el procurador de Justicia
Emeterio López Márquez, durante la misma se reiteró el compromiso del Estado
para castigar a los responsables de la muerte de la señora náhuatl de la sierra
de Zongolica
La Jornada / 17 de Abril del 2007.
El ombudsman
nacional, José Luis Soberanes, aceptó que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) tiene los "cotonetes" con los que se tomaron las
"muestras en las cavidades" de Ernestina Ascensión Rosario, y
"esos sí fueron analizados", por lo que anunció que será este jueves,
en la comparencia ante diputados, cuando informe de los resultados.
Al expresar que no se va a poner como
"verdulera, a pelearme por lo que digan o no digan", adelantó que ese
día ratificará lo que ha venido señalando dicha comisión en relación con el
caso, y que consiste en descartar la presunta violación en contra de la mujer
indígena.
Para ello, dijo, "tengo pruebas, tengo
evidencias científicas, y el día en que me convoquen los diputados se las voy a
llevar a la cámara y se las voy a mostrar ahí. Yo ya no quiero andar con estos
dimes y diretes y guerra de declaraciones; me voy a los hechos, y es lo único
que quiero".
Al preguntarle si hubo algún robo de pruebas, ya
que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz ratificó que entregó a la
CNDH los tres hisopos con muestras tomadas durante la primera necropsia al
cadáver de Ascensión Rosario, respondió: "Ni se robaron el expediente ni
nada. El tema fue que las laminillas donde venían las pruebas de semen no las
entregaron, porque dijeron que era material infecto-contagioso...
"Lo que nos entregaron fueron los cotonetes
con los que se habían tomado muestras en las cavidades de la occisa. Y esos sí
los tenemos y sí fueron analizados", admitió.
En una breve entrevista en el contexto de la firma
del convenio entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNDH para la
promoción de los derechos humanos de los niños y las niñas, Soberanes Fernández
insistió en que este caso se quiere contaminar con tintes políticos.
Rechazó hablar de lo que encontraron en los
hisopos, aunque insistió en que mostrará a los legisladores las evidencias
científicas que darán sustento a una posterior recomendación.
En relación a si convencerá a la familia con las
pruebas que presentará, consideró que "por supuesto que sí". Molesto,
recurrió al siguiente ejemplo: "si yo le digo ahorita que es de día y ahí
está el sol, es una prueba de que aquí está el sol".
Al cuestionarle sobre la necesidad de que la CNDH
profundice más en el caso, consideró que no hace falta, porque de lo contrario
"me estaría haciendo guaje solo".
En este sentido, añadió: "yo tengo mi trabajo,
la comisión tiene su trabajo serio, objetivo, que es el que le vamos a mostrar
a los diputados y, por supuesto, a la opinión pública. Posteriormente,
estaremos a la disposición de todos ustedes, los medios, para aclarar cualquier
cosa", dijo.
Consideró que "no es sano" para la
democracia ni para los derechos humanos que las "instituciones se estén
tirando los platos en la cabeza y haya una guerra de declaraciones y estemos
denostándonos unos a otros. Ceo que no ganan las instituciones, y sí tienen
mucho que perder. Por eso, lo que quiero es pruebas, pruebas y más
pruebas".
CIMAC / 17 de Abril del 2007.
Sí hubo
violencia sexual contra mujer nahua de Atzompa: PGJV
Por Laura Castro Medina/corresponsal y Ma. de la
Luz Tesoro/reportera
Orizaba, Veracruz.- Sí hubo actividad sexual
violenta en contra de la señora indígena de la comunidad de Tetlacinga en
Soledad Atzompa, informó la Procuraduría General de Justicia de Veracruz
(PGJEV) al presentar un avance detallado sobre sus investigaciones, durante la
reunión privada de más de tres horas, sostenida entre el gobernador de
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, autoridades judiciales estatales, autoridades
municipales de Soledad Atzompa y la comisión plural de diputados del Congreso
de la Unión, así como legisladores locales.
Además, aseguró que la CNDH no puede emitir un
dictamen final cuando sus peritos no tomaron muestras para hacer las
investigaciones clínicas correspondientes y por ello solicitaron el muestreo
clínico a la PGJE de Veracruz.
De acuerdo al titular de esta dependencia,
Emeterio López Márquez, y con base en los estudios realizados por los peritos
de la dependencia, sí hubo violación a la indígena náhuatl victimada a fines de
febrero presuntamente por militares destacamentados en Soledad Atzompa.
Así mismo, tanto autoridades estatales como
legisladores locales y federales ahí presentes, cuestionaron la postura de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), misma que afirma que la
muerte de la anciana obedece a causas naturales por una gastritis no atendida,
cuando no practicó los estudios clínicos al cadáver por carecer de muestras.
Durante la reunión, en la que se respondieron
detalladamente todas las dudas de los legisladores, se dio a conocer que la
CNDH no tomó muestras para realizar sus estudios clínicos por lo que
solicitaron el pasado 10 de abril el muestreo realizado por especialistas de la
PGJE para continuar con sus indagatorias.
En respuesta a la petición el día 12 de abril, le
fueron enviados a la CNDH los hisopos con el líquido seminal extraído del
cuerpo de la mujer, así como cortes de piel tanto de la entrada vaginal como
anal en donde se muestra las lesiones producto de una penetración violenta.
El procurador de Justicia del Estado y la encargada
de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia,
dependiente de la PGJE, reiteraron que están plenamente demostrados daños
visibles anales y vaginales por la agresión sexual violenta.
RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS
Así mismo el Fiscal Especial para el caso, Juan
Alatriste, dio a conocer que en las próximas horas se llevará a cabo la
reconstrucción de los hechos ocurridos desde la tarde del 25 de febrero
hasta la mañana del 26 de febrero.
En la reunión se dio a conocer que lamentablemente
ahora el subsecretario de Gobernación, Abraham Kuno González, ha vertido
comentarios sobre el hecho de que no hay señalamientos de la familia en contra
de los militares, y que tampoco la señora náhuatl en su lecho de muerte señaló
a los soldados como los responsables de la agresión.
Ante ello el líder natural de la sierra de
Zongolica y director de Obras Públicas de Soledad Atzompa, Julio Atenco Vidal,
respondió tajante que la familia sostiene su versión por las palabras emitidas
por "la hermana mayor" horas antes de morir, "los hombres de
verde se me echaron encima" decía una y otra vez la señora en su lengua
materna a hijos, primos y sobrinos, así como a médicos que la atendieron,
señalando directamente a los soldados, a quienes se les conoce como "los
hombres de verde", explicó Atenco Vidal.
COMPARECENCIAS
Atenco Vidal comentó que la familia, autoridades y
una comisión comunitaria analizan la posibilidad de asistir a la sesión del
Congreso en la que comparecerá José Luis Soberanes en días próximos.
Por su parte, la comisión legislativa, integrada
por los y las diputadas Omeheira López Reyna, Valentina Batres, Yary del Carmen
Gebhardt Garduza, María Dolores González Sánchez, Alehid Mariana Bautista
Bravo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Adriana Dávila Fernández, Rosa Elvia
Soriano Sánchez., Jair Arturo Flores Grande y Pedro Montalvo Gómez continúan
recopilando información para poder contar con las pruebas necesarias que
comprueben las anomalías en que incurrió el titular de la CNDH y con las que lo
puedan cuestionar.
Así mismo, los legisladores exigirán la
comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y no se
descarta solicitar la presencia de Felipe Calderón, quien se adelantó a dar un
dictamen del caso cuando no había los elementos comprobatorios
correspondientes, asumiendo con ello atribuciones de competencia exclusiva del
Ministerio Público, explicó la diputada perredista Valentina Batres.
SOBERANES, EL 25 DE ABRIL
En la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de
Equidad y Género, Justicia y de Derechos Humanos aprobaron citar al presidente
de la CNDH, José Luis Soberanes, para el próximo 25 de abril, informa nuestra
reportera María de
En dicha comparecencia deberá explicar lo relativo
a la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario, de Zongolica, Veracruz.
Es fundamental que Soberanes Fernández informe
sobre las investigaciones realizadas en el caso debido a que se presume la
intervención en el fallecimiento de Ascencio Rosario de miembros del Ejército
mexicano, informaron las y los legisladores.
El formato de la comparecencia será a propuesta de
los presidentes de dichas comisiones: diputada del PRD Maricela Contreras
Julián, de Equidad y Género; César Camacho Quiroz, diputado del PRI, de la
Comisión de Justicia, y Omeheira López Reyna, de Derechos Humanos.
En entrevista con Cimacnoticias, la diputada
Maricela Contreras reiteró que la comparecencia se tiene planeada para el día
25 y no para el día jueves, como habría declarado el propio Soberanes. "No
sabemos de dónde sacó la fecha Soberanes Fernández, por que nosotros no
habíamos reconvenido nada", expresó.
Las comisiones unidas de Justicia, de Derechos
Humanos y Equidad y Género "apenas se reunieron esta mañana y designaron
la fecha, el próximo 25 de abril, así como el formato."
Comentó que una de las propuestas planteada por las
comisiones precisa la intervención inicial de la presidenta de la Comisión de
Equidad y Género, seguida por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y por una ronda de intervenciones de los diversos grupos
parlamentarios.
FIRMAS PARA ERNESTINA
Paralelamente, organizaciones civiles (OSC) y
personas dirigirán el próximo día 20 una carta a diversas autoridades federales
y de Veracruz para mostrar su "indignación, preocupación y rechazo a la
actuación del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), cuyas declaraciones confusas y a todas luces insuficientes respecto
al asesinato y violación de la que fue objeto la señora Ernestina
Ascencio Rosario, de 73 años, por militares mexicanos, muestran serias
deficiencias en la impartición de justicia y ausencia de un verdadero Estado de
Derecho".
Las OSC, entre las que se encuentran la Academia
Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,
Red de Profesores e Investigadores de Derechos Humanos de México, Observatorio
Ciudadano de los Derechos de las Mujeres y Academia Mexicana de Derechos Humanos
AC, apoyan la decisión del pleno de la Cámara de Diputados de llamar a
comparecer a José Luis Soberanes "con el propósito de que exponga su
posición sobre al caso".
Asimismo, instan "a atender a la familia
con particular consideración. Es también motivo de preocupación que la
Secretaría de Gobernación, según notas de prensa, pretenda acallar o invalidar
a la CNDH, cuando no tiene ninguna atribución ante este órgano del Estado, ni
debe, ni puede legalmente interferir en su funcionamiento".
Asimismo, mencionan "que el Congreso tampoco
puede ignorar ni dejar impunes los numerosos casos de violaciones a mujeres
indígenas llevadas a cabo por militares, como han dado a conocer tanto ONG e
instituciones estatales, nacionales y regionales, como la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH); e internacionales, como Amnistía internacional
(AI), la Organización Mundial contra la Tortura (OMC) e incluso, la
propia Organización de Naciones Unidas (ONU).
"En el año 2004, solamente en el estado de
Guerrero, AI informa de numerosas anomalías en instituciones encargadas de
justicia y de la CNDH, en los casos de seis mujeres indígenas violadas por
soldados en los últimos diez años.
"El Congreso tampoco puede ignorar las graves
deficiencias que presentan las investigaciones realizadas por los fiscales del
Ejército Nacional: el sistema de justicia militar ha sido señalado como
inadecuado para indagar las violaciones de derechos humanos cometidas por
miembros de las fuerzas armadas, a causa de su evidente parcialidad y
falta de independencia.
"La Comisión Especial que sea creada para este
fin por el Congreso, debe considerar de manera urgente el problema que plantea
a las comunidades indígenas la fuerte presencia en sus asentamientos del
Ejército Mexicano, así como los numerosos obstáculos que disuaden a las mujeres
indígenas para presentar denuncias de violación u otras formas de violencia
sexual, que por esta causa padecen.
"Por último, concluye la misiva, el Congreso
debe considerar las recomendaciones que ha realizado la ONU, mediante sus
mecanismos temáticos de derechos humanos, así como la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, quienes han pedido reiteradamente se restrinja la
jurisdicción militar, con el fin de garantizar una estricta separación entre
las responsabilidades cívicas y las actividades específicamente
militares".
CIMAC / 16 de Abril del 2007.
Caso
Atzompa: actuación atípica de CNDH requiere explicación
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba, Ver., 16 abril 07 (CIMAC).- Antes de la
reunión con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, y con la comisión
plural de ocho diputados del Congreso de la Unión, el legislador por la
sierra de Zongolica, Pedro Montalvo Gómez, expresó que la actuación atípica de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requiere una explicación,
pues el pueblo de México dejó de confiar en un organismo nacional de protección
a los derechos humanos. Más aún cuando ahora su primer visitador ha emprendido un
esfuerzo mediático para negar lo afirmado por su titular.
Al transcurrir 50 días de la muerte de la señora
náhuatl de Soledad Atzompa, la justicia ha sido puesta a prueba, opinó Montalvo
Gómez, quien reconoció que la gravedad de este hecho ha llamado la atención
local y nacional, convirtiéndose en un asunto que conmocionó al mundo entero y
en el que existe un clamor generalizado de justicia expedita y clara.
Mencionó el legislador, en su acostumbrado mensaje
semanal dirigido a diferentes medios de comunicación, que contracorriente de la
necesidad de certeza jurídica, este lamentable suceso ha desbordado algunos
cauces institucionales, convirtiéndose en un escenario de supuestos y
declaraciones e inclusive de ejercicio extralimitado de facultades que, lejos
de aclarar la situación, han polarizado el ambiente nacional y politizado
innecesariamente un problema para el cual la ley tiene su curso adecuado.
Recordó que tras el hallazgo de la señora náhuatl
la Procuraduría de Veracruz abrió una investigación en la Agencia Especializada
en Delitos Sexuales. Así, la Procuraduría en el estado de Veracruz ha tenido
como imperativo concluir una averiguación profesional y profunda, antes de
emitir determinaciones decisiones finales o resoluciones que pudiesen ser materia
de duda o cuestionamiento.
Agregó que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos envió a visitadores a la zona y anunció investigaciones de las
denuncias de los familiares de la fallecida y de diversos organismos civiles de
derechos humanos.
Y sin esperar la terminación de las investigaciones
judiciales, a los pocos días el titular de la CNDH, José Luis Soberanas ofreció
información en donde emitió conclusiones terminantes sobre las razones de
deceso de la víctima contenidas en un documento llamado "Informe
final", aduciendo razones propias de un médico legista.
Ante la reacción nacional, el primer visitador de
dicha comisión ha emprendido un esfuerzo mediático para negar lo afirmado por
su titular, llegando a asegurar que solo se leyeron los resultados de las dos
necropsias y el primer dictamen médico.
El apresuramiento de la Comisión en sus
contradicciones ha motivado fuertes dudas sobre su desempeño, contraviniendo el
trabajo de muchos años de la misma para acreditar su seriedad y profesionalismo
que le ha ganado la confianza ciudadana, opinó el legislador por la sierra de
Zongolica.
Cabe destacar que en la reunión sostenida en la
capital del estado estuvo presente el Gobernador de Veracruz, los legisladores
federales, la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Noemí
Quirasco Hernández, y el procurador de Justicia Emeterio López Márquez. Y
durante la misma se reiteró el compromiso del estado para castigar a los
responsables de la muerte de la señora náhuatl de la sierra de Zongolica.
Caso
Atzompa: envía PGJ de Veracruz evidencias a CNDH
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Orizaba, Ver., 16 abril 07 (CIMAC).- Reitera la
Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) que la investigación sobre
la muerte de la indígena náhuatl de Soledad Atzompa se realiza apegada a
derecho e informa que ha enviado documentación y pruebas sobre la agresión de
la señora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque rebasa sus
facultades.
Los análisis químicos forenses demostraron rastros
de fosfata ácida prostática en la vagina de la mujer, revela el médico y perito
forense Pablo Mendizábal Pérez.
Mendizábal Pérez, quien estuviera encargado de la
primera necropsia a la señora indígena de Soledad Atzompa, dijo que el
procedimiento aplicado para la revisión del cadáver se hizo con estricto apego
a la ley.
Indicó el médico, quien fue reinstalado el sábado a
su puesto de trabajo en los servicios periciales de la Procuraduría General de
Justicia, que en la química forense de la mujer originaria de Soledad Atzompa
fueron encontrados rastros de fosfata ácida prostática y P-30.
Rechazó Mendizábal Pérez las acusaciones de la
CNDH, organismo que señala que los médicos incurrieron en anomalías y omisiones
en la práctica de estudios. Aclaró que se condujeron de acuerdo a la ley,
levantando el estudio del cadáver, efectuando la apertura de la cavidad
craneana, tórax y abdomen para iniciar la supervisión proctológica y
ginecológica de la mujer. Las supervisiones oculares del cuerpo concuerdan con
la química forense.
Indicó el perito -respaldado por su trayectoria
limpia dentro de la PGJE y maestrías en medicina forense- que sus declaraciones
son con base en los estudios científicos, jurídicos y forenses, pues anteriormente
sólo había suposiciones e inventos de funcionarios del gobierno federal.
Por otro lado, ante la desacreditación a la PGJE y
a su personal respecto a la investigación ministerial número 140/2007/AE sobre
la muerte de la indígena náhuatl, la PGJE de Veracruz da a conocer, en un
comunicado oficial, que el Ministerio Público ha actuado con suma verticalidad
y apego a derecho para una pronta y expedita procuración de justicia con
respecto a los hechos suscitados el 25 de febrero en el municipio de Soledad Atzompa.
Para la investigación ministerial se ordenó el
desahogo del oficio de investigación a la Policía Ministerial, inspección y
traslado de personal ministerial al hospital de Río Blanco para tomar
declaración de la agraviada, inspección ocular y certificación del estado de
salud de la "sujeto pasivo", desahogo de dictámenes periciales de
ginecología y proctológicos, dictámenes de psicología y trabajo social,
inspección ocular en el lugar de los eventos, dictamen pericial en
criminalística en fotografía en el lugar de los hechos.
Además, en el dictamen pericial de ginecología y
proctología se establecen las alteraciones que sufriera la señora, existiendo
todos los dictámenes periciales del caso.
Destaca el comunicado que el 26 de febrero del año en
curso se informó, por vía del personal del hospital de Río Blanco, al agente
del Ministerio Público Investigador el deceso de la indígena, para lo cual se
ordenó dentro de la investigación la inspección y fe de cadáver, dictamen
pericial de microcirugía, exudado vaginal y anal, para tomar muestras o
residuos del liquido espermático, extracción de muestras de vísceras y jugo
gástrico, estudios químicos, muestras de líquidos hemático y orina, para
realizar exámenes químicos toxicológicos, rastreo de piel en uñas y filamentos
capilares, además fue ordenada una diligencia criminalística de campo, con
secuencia fotográfica, toma de muestras y secuencia fotográfica en la
necrocirugía y orden de traslado de cadáver.
Abunda el comunicado de la Procuraduría General de
Justicia que en todos y cada uno de los dictámenes periciales antes señalados
se establecen las técnicas y métodos en el desarrollo de las pruebas
solicitadas, en las cuales es menester resaltar que no ha existido dilación en
su trámite, ya que estas obran dentro de la investigación ministerial y han
sido proporcionadas a las autoridades que, conforme a la ley, lo han solicitado
en todas y cada una de sus promociones, en donde además se establecen en
términos científicos que algunas de las muestras se agotaron en su desarrollo.
Con ello se asegura que las pruebas nunca se
perdieron o extraviaron, como incorrectamente lo ha señalado alguna institución
u organismo, a las cuales se les remitió copias de la documentación oficial
pública como soporte jurídico y científico.
Concluye el documento que, tal como lo establece el
Artículo 21 de la Carta Magna y leyes en la materia, solo la institución del
Ministerio Público tiene la facultad para investigar la existencia de los
delitos y la probable responsabilidad de sus autores y por lo tanto ninguna
otra institución u organismo debe asumir un papel infundado de fiscal en una
investigación ministerial donde no tiene injerencia para dilucidar las
cuestiones de fondo y más aún cuando ésta no ha concluido y toda institución u
organismo debe ser respetuoso de la garantía de seguridad jurídica y al sigilo
y discrecionalidad que debe dársele a una investigación ministerial; así como
también al respecto y dignidad de los familiares de la víctima.
Así mismo. en un afán de transparencia y voluntad,
dice el comunicado, el Gobierno estatal entregó a la CNDH los materiales
requeridos en la práctica de la autopsia de la indígena náhuatl de la comunidad
de Tetlacinga.
De esta forma la Dirección de Servicios Periciales
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) entregó al licenciado
Francisco Plata Morales y al doctor Carlos Alejandro Hernández González,
funcionarios de la CNDH, los tres hisopos con los cuales se realizaron muestras
en las cavidades vaginal y anal de la mujer presuntamente victimada por
elementos del ejército.
Con ello, dice la Procuraduría veracruzana, se da
cumplimiento a la solicitud hecha por mandato del agente del Ministerio Público
Especial que conoce de la investigación ministerial 140/2007/AE/M-III.
Los tres hisopos con los que se tomaron las
muestras y que son recibidos en cadena de custodia por el doctor Hernández
González, ya fueron analizados por peritos de
En este contexto, dice el comunicado, y aunque la
segunda visitadora de la CNDH, Susana Thalia Pedroza de la Llave, "se
excede en su actuación" al solicitar una ampliación de información al
Gobierno Estatal, pues la información requerida no tiene nexo con la queja que
se investiga, el Gobernador de Veracruz giró instrucciones para proporcionar un
informe sobre las obras y acciones realizadas desde que inició la actual
administración estatal a la fecha en beneficio de Soledad Atzompa.
Envió el Gobierno cinco legajos de documentos e
información que compilan las obras y acciones realizadas desde que inició el
gobierno del licenciado Fidel Herrera Beltrán hasta la fecha, en beneficio de
la población de Soledad Atzompa, que incluye datos sobre el programa de
inversión 2005-2007 de Soledad Atzompa y acciones del Consejo de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI) en coordinación con el Gobierno de Veracruz
RESPONDE
En tanto, el titular de la CNDH afirmó hoy, en un
acto del sector educativo, que presentará comprobaciones y datos duros sobre
sus investigaciones a los legisladores y la opinión pública y sostendrá que su
primer compromiso para defender la justicia, es hacerlo con el conocimiento de
la verdad.
Más allá de una guerra de declaraciones o de dimes
y diretes, dijo Soberanes, quien el jueves próximo comparecerá ante
legisladores en la Cámara de Diputados, están las pruebas y las evidencias
científicas.
Lamentó que este caso, iniciado a raíz de una
investigación por el fallecimiento y presunta violación sexual en contra de la
señora Ascencio, se haya llegado a sostener versiones muy contradictorias sin
el debido soporte en hallazgos y confirmaciones periciales realizadas de manera
profesional y con pleno apego a los procedimientos científicos.
"No es sano para la democracia y no es sano
para los derechos humanos -lamentó- que las instituciones se tiren los platos
en la cabeza. Creo que no ganan las instituciones y sí tienen mucho qué perder.
Por eso lo que quiero son pruebas, pruebas y más pruebas".
Reiteró que está convencido del trabajo científico,
completo y objetivo realizado por el personal actuante del Organismo nacional.
Puntualizó que será con ese trabajo como se convencerá a la sociedad y a la
familia de la señora Ernestina Ascencio cuáles fueron las causas y
circunstancias de la muerte de ésta.
Tras señalar que al trabajo realizado por la CNDH
se le ha querido contaminar con tintes políticos, dijo que quienes atacan al
organismo nacional deben responder acerca de sus propósitos.
CIMAC / 13 de Abril del 2007.
Aún sin aclararse caso mujer indígena de
Zongolica
México, 13 abril 07 (CIMAC).- Mientras se espera
comparezca la próxima semana en la Cámara de Diputados, José Luis Soberanes,
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló hoy que
"habrá verdad y justicia" en el caso del fallecimiento de la mujer
indígena náhuatl en la Sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente asesinada
luego de ser agredida y violada por miembros del ejército mexicano en febrero
pasado.
Al ser entrevistado por el periódico La Jornada,
Soberanes manifestó "yo no voy a pagar por errores de otros", luego
de señalar que la investigación realizada por la Procuraduría de Justicia de
Veracruz "es un cochinero", por lo que pidió que Felipe
Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la procuraduría
estatal "respondan por sus dichos y hechos".
Con relación a la Sedena manifestó: "nos
informó oficialmente que nunca tuvo en su poder el líquido seminal --que decía
en un comunicado de prensa estaba analizando--. Dice que la procuraduría nunca
se lo entregó, mientras que ésta nos notificó que perdió las pruebas".
Por ello, el ombudsman calificó de "un
cochinero" el trabajo realizado por la Procuraduría de Justicia de
Veracruz y de que "ha mentido y ocultado pruebas".
Soberanes afirmó estar consiente de que el
organismo que preside está siendo cuestionado por el caso de la indígena de
Zongolica y aseguró que "en mi comparecencia en la Cámara de Diputados voy
a dar el mentís a todos aquellos que, de mala fe y con mentiras, nos tratan de
desacreditar".
Y reiteró: "Tenemos pruebas contundentes de
que no hubo violación sexual ni homicidio".
INVESTIGACIÓN EFICAZ Y OPORTUNA
En tanto, mediante un boletín de prensa,
Inmujeres-DF demandó al Estado mexicano "una investigación eficaz y
oportuna que dé como resultado el esclarecimiento de estos hechos lamentables
y, en su caso, el castigo a los culpables conforme lo señala la ley", en
el caso de la mujer de 73 años de Zongolica.
Ya que las indagatorias realizadas hasta el momento
no han arrojado resultados concluyentes que permitan conocer la verdad y no
demuestran que se hayan practicado satisfactoriamente los exámenes necesarios
para determinar la causa de la muerte, señala.
Destaca que "las contradicciones y
conclusiones anticipadas en que han incurrido actores políticos de primer
nivel", han motivado la molestia tanto de los familiares de la víctima,
como de integrantes de la comunidad indígena de Zongolica, y han generado dudas
y suspicacias que ya se han hecho públicas por parte de defensores de derechos
humanos, representantes de la sociedad civil y distintas voces de la opinión
pública.
"Resulta inaceptable que al día de hoy existan
cuatro versiones 'oficiales' -divergentes entre si- sobre las posibles causas
de la muerte de Ernestina Ascensión y que los responsables de procurar justicia
y garantizar la defensa de los derechos humanos rehuyan la responsabilidad de
llegar a fondo en el esclarecimiento de este caso".
En aras de defender los derechos a la información,
a la justicia y a conocer la verdad, y apelando fundamentalmente al principio
de máxima transparencia, este organismo propone la participación de un tercer
especialista en la investigación de este caso.
"Es necesario que las partes involucradas
permitan la participación de un tercer especialista que goce de reconocido
prestigio social, quien pueda iniciar un nuevo peritaje y concluir una
investigación que ponga fin a las dudas de quienes presumen en estos hechos la
comisión de un crimen reprobable".
Inmujeres-DF no especifica que especialista,
instancia u organismo sería el encargado de hacer dicha investigación.
13 de Abril de 2007.
POSICIONAMIENTO
SOBRE LA MUERTE DE ERNESTINA ASCENSIÓN ROSARIO por parte del INMUJERES DF haz click
aquí.
CIMAC
Rompe
diálogo Gobierno Federal con indígenas de Zongolica
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Soledad Atzompa, Ver., 12 abril 07 (CIMAC).- Se
recrudece la indignación de la comunidad indígena de Soledad Atzompa al
romperse el diálogo con el Gobierno Federal, mientras que autoridades
municipales solicitaron atención médica urgente para las tres hijas de la
indígena presuntamente victimada por militares en febrero pasado, ya que su
estado de salud se deteriora ante el grave estrés a que se han visto sometidas.
A pesar de que formalmente el subsecretario de
Gobernación, Abraham Kunio González, se comprometió el pasado martes con
las autoridades de Soledad Atzompa y la familia de la indígena de 73 años, a
responder por escrito las peticiones hechas previamente por la comunidad, hasta
la tarde del miércoles esta instancia no había enviado una respuesta.
Entre las peticiones se incluyen: justicia en el
homicidio de la indígena náhuatl, respeto a la autonomía municipal y a sus usos
y costumbres, así como la salida del ejército de la sierra de Zongolica.
Cabe destacar que esta propuesta formal de las autoridades
federales sería analizada este jueves por la comunidad en una asamblea
comunitaria, sin embargo vía telefónica el subsecretario de Gobernación
notificó que no acudiría a la reunión, programada para este jueves en las
instalaciones del Palacio Municipal para dialogar con los lugareños,
argumentando cuestiones ajenas a su voluntad.
En consecuencia, la reunión programada con la
presencia de familiares de la víctima y representantes comunitarios se
suspendió.
Ante la negativa federal para destrabar el
conflicto, el enojo de la población se incrementó y a decir del Presidente
municipal de Soledad Atzompa las pláticas de negociación han quedado
prácticamente rotas.
El munícipe mencionó que aunado a la tensión por la
muerte de la "hermana mayor de Tetlacinga", en este momento se suma
otra grave preocupación derivada del deterioro en la salud de las tres hijas de
la mujer asesinada, debido a que la tensión en la que se han visto envueltas
desde el pasado mes de febrero, las mujeres se encuentran nerviosas, se niegan
a comer, duermen poco y su salud visiblemente se va deteriorando, ello preocupa
a hermanos, hijos, hijas, tíos, tías y primos de las mujeres.
OTRAS DENUNCIAS
En este contexto, integrantes del Colectivo
Feminista Cihuatlahtolli de Veracruz, exigirán a través de sus
representantes en el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) agilizar el
proceso legal de las denuncias de agresiones sexuales contra cuatro mujeres de
la región, así como el esclarecimiento de la muerte de la indígena de 73 años de
Soledad Atzompa.
Maria de la Cruz Jaimés García presidenta del
colectivo indicó que los casos se encuentran impunes ante la lentitud con que
avanzan las investigaciones. Por ello, la agrupación realiza un informe
detallado de los cuatro casos en los que se violentaron las garantías
individuales de las veracruzanas.
Recordó que el pasado 8 de marzo las integrantes
del colectivo feminista y de otras agrupaciones como la Federación de Mujeres
Urbanas y Rurales efectuaron una marcha mitin para exigir el esclarecimiento de
la muerte de la indígena de Soledad Atzompa y de 33 mujeres más asesinadas en
la región en los últimos dos años.
Explicó que también las agresiones físicas y
sexuales hacia las mujeres de la zona centro de Veracruz han sido numerosas,
sin embargo hay cuatro casos más, uno de ellos es la agresión sexual de un
intendente de la escuela primaria "Leona Vicario" de Orizaba contra
una estudiante de quinto grado.
Otro de los casos ocurridos también en esa
localidad es el abuso sexual de un profesor de la escuela secundaria "Luis
González Gómez" contra una menor de ese plantel del segundo grado; en este
caso los padres de la menor denunciaron violación, sin embargo se
tipificó como "abuso erótico sexual" lo que permitió que el profesor
agresor, Carlos Gregorio Estévez, saliera en libertad tras el pago de una
fianza, aunque el proceso legal continúa.
El tercer caso ocurrió en el ayuntamiento de
Ixhuatlancillo, en donde el secretario municipal Sergio Dazza incurrió en acoso
sexual en contra de su secretaria, la cual al no ceder a las pretensiones
sexuales fue despedida injustificadamente. Sin embargo, el funcionario
municipal se presentó a laborar esta semana con un amparo por lo que no fue
posible su aprehensión, mientras que las autoridades ministeriales sólo
integraron el delito de acoso sexual, no el de abuso de autoridad con el que no
alcanzaría fianza.
Finalmente, Maria de la Cruz Jaimés agregó que otro
asunto de preocupación es la violación de una enfermera del municipio de
Huiloapan quien tras denunciar la agresión fue amenazada de muerte por el
violador, por lo que teme que logre la libertad bajo fianza.
Los casos antes citados serán la prueba de fuego
para la recién nombrada Presidenta del Instituto Veracruzano de la Mujer,
Martha Mendoza Parissi, ella deberá mostrar una postura a favor de la defensa
de los derechos de las mujeres, de lo contrario el IVM no será digno de respeto
en Veracruz, opinó el también feminista Jairo Guarneros Sosa, representante de
la sociedad civil y miembro adherente a
Tenemos
pruebas de que Ernestina Ascensión fue asesinada: procurador
Andres T. Morales / 12 de Abril de 2007.
Veracruz, Ver. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Veracruz (PGJE), Emeterio López Márquez, afirmó que en las investigaciones
desarrolladas por la dependencia sí se tienen pruebas de la comisión de un
delito en la muerte de Ernestina Ascensión Rosario y de ataque sexual,
inclusive.
Abordado durante su visita a la Dirección de
Servicios Periciales de la dependencia, en Jalapa, el funcionario señaló que el
trabajo de la PGJE se encuentra "en entredicho" por las declaraciones
hechas al margen de los resultados oficiales. "Sin que exista una
investigación ministerial totalmente concluida, determinada, se han alzado
voces para manifestar aspectos sobre los que en este momento yo no quisiera ya
abonar", dijo.
No obstante, a pregunta expresa, López Márquez
aseveró que se tienen pruebas de que el fallecimiento de la anciana indígena
fue un homicidio y no muerte natural.
-¿Hay elementos de la comisión de un delito contra
de Ernestina Ascensión?
-Hay evidencias, obviamente, de que tenemos algún
ilícito acreditado.
-¿Hay algún delito relacionado con ataque sexual;
hay pruebas de esto?
-Hay, tenemos evidencias, les digo, pero eso
solamente en su caso el Ministerio Público tendrá que determinarlo.
López Márquez rechazó que los tres médicos legistas
que realizaron la primera autopsia al cadáver de Ascensión Rosario sean
responsables de negligencia o impericia. Explicó que su retiro temporal del
caso es para permitir que otros profesionales cotejen la información de las
tres revisiones hechas anteriormente.
Acerca del dictamen de muerte natural, sostenido
por José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), López Márquez lo calificó de "adelantado" y
sin sustento de las conclusiones que realiza la autoridad judicial.
En respuesta a la petición para que el presidente
Felipe Calderón Hijonosa conceda una audiencia a los familiares de la anciana
Ascensión Rosario, encabezados por Abraham González Uyeda, un grupo de
funcionarios de la Secretaría de Gobernación se presentó en la comunidad de
Tetlatzinga para dialogar a puerta cerrada con los deudos y les dieron el
pésame del mandatario federal.
"(El Presidente) se encuentra atento de las
investigaciones que realiza la procuraduría veracruzana y pendiente a que se
haga justicia", aseguraron a los deudos, según los presentes.
Sin embargo, los enviados no confirmaron si el
titular del Ejecutivo los recibiría personalmente "ni se tocó directamente
el tema de la muerte natural o provocada de la señora", indicaron los
allegados a la familia Inés Ascesión.
En un comunicado firmado por Julio Atenco Vidal,
fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas y funcionario
del ayuntamiento de Soledad Atzompa, se informó que el lunes 9 de abril,
González Uyeda estableció comunicación con autoridades municipales en atención
a la solicitud de audiencia con Calderón Hinojosa. Sin abundar en detalles,
Atenco Vidal anunció que para mañana jueves se convocó a una asamblea
comunitaria en ese municipio para dar a conocer los seis puntos acordados con
los funcionarios federales sobre el tema y evitar especulaciones que mal
informen a la población.
Aprueban
diputados citar a comparecer a Soberanes
El pleno de la Cámara de Diputados determinó citar
a comparecer, en los próximos días, al presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, con el propósito de
que explique el cuestionado dictamen del organismo en el que se rechaza el uso
de violencia sexual contra la anciana Ernestina Ascensión Rosario.
Los legisladores dejaron abierta una agenda para
citar a comparecer a los funcionarios involucrados en el proceso, y
determinaron que cada bancada en San Lázaro nombre a un legislador para que se
sume a las investigaciones sobre el deceso de la indígena nahua en la sierra
Zongolica.
En tanto, en la Cámara de Senadores la bancada del
PRD propuso que se llame a comparecer a Soberanes Fernández para que aclare las
versiones contradictorias que ha dado sobre el caso de la muerte de Ascensión
Rosario y la afirmación de que no fue violada por militares, antes incluso de
que concluya la investigación.
En San Lázaro, representantes de cada una de las
bancadas subieron a tribuna para conminar a los gobiernos federal y de Veracruz
a aclarar con prontitud las causas que propiciaron el deceso de la indígena.
No obstante, el panista Juan José Rodríguez Prats
solicitó la palabra para reclamar a las legisladoras, que en su mayoría
ocuparon el micrófono, de tender hacia la autoflagelación. El representante del
blanquiazul aceptó que el
testimonio más importante es el de la hija de Ernestina Ascensión, quien
confirmó que su madre le dijo que había sido víctima de un grupo de
uniformados, "¿y qué tan sólo en el Ejército hay uniformados? ¿Por qué
tenemos que condenar de inmediato a la institución?"
Rodríguez Prats también señaló que el presidente
Felipe Calderón recibió el informe que refiere la causa de la muerte de la
indígena como consecuencia de una gastroenteritis, de parte de la Secretaría de
Con la mayoría de los diputados en su contra,
Rodríguez Prats resistió las críticas que provenían de todos los grupos
parlamentarios de oposición. Y para confirmar que el PAN mantiene su postura de
no abundar más en el tema, el legislador panista sostuvo que no es posible para
su partido mantener un debate que sólo pretende confrontar al Ejército.
En el Senado, en nombre del PRD, la senadora Minerva
Hernández propuso el punto de acuerdo para citar a comparecer a Soberanes,
quien, dijo, tiene muchas explicaciones que dar; entre ellas por qué
funcionarios del gobierno federal y legisladores del PAN tuvieron información
privilegiada sobre las investigaciones de
El asunto amerita "una investigación
exhaustiva, transparente, convincente e imparcial", ya que las
instituciones y las personas involucradas están en entredicho y "sería
lamentable que en aras de encubrir a miembros del Ejército se trastocaran los
mecanismos institucionales de justicia".
Autoridades
de Veracruz, Sedena y CNDH enturbian más el caso Ascensión Rosario
Blanche Petrich / 11 de abril de 2007
Transcurridas seis semanas de la muerte de la
indígena Ernestina Ascensión Rosario, en la sierra Zongolica, Veracruz, los
comunicados, declaraciones y versiones de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades
veracruzanas chocan y se refutan. Uno de los "nudos" más enredados de
estas contradicciones se centra en las supuestas muestras de semen de los
presuntos agresores.
La Sedena divulgó inicialmente un boletín, el 6 de
marzo, en el que negó que la base involucrada acampara en Tetlatzinga, y dijo
que estaba en otro sitio a
Pocas horas después de que empezara a circular ese
comunicado, la dirección de comunicación social castrense lo retiró de su
portal cibernético y lo sustituyó por otro, también con el número 019. En este
boletín bis ya no se insiste en negar la existencia del campamento militar en
Tetlatzinga ni habla de los "desafectos", pero contiene un polémico
párrafo en el que se informa del examen médico realizado al "área
genital" de los soldados, "los cuales no presentan ningún tipo de
lesión en dicha área, indicativo que no han tenido actividad sexual, cuando menos
siete días antes de los hechos que se imputan".
Y agrega que peritos especialistas "llevan a
cabo las comparaciones" del líquido seminal encontrado en el cuerpo con
muestras de sangre de sus soldados.
Pero, ¿de qué muestra de semen hablaba la Sedena en
ese momento, cuando ya la CNDH, adelantándose a todos los estudios y peritajes,
secundaba los dichos del presidente Felipe Calderón y negaba el delito de
violación, incluso antes de que se realizaran la exhumación y la segunda
necropsia? ¿Quién realizaba ese peritaje que refería la Sedena? ¿Especialistas
militares o civiles?
La primera mención de una muestra de semen está en
el dictamen de necrocirugía de la víctima, practicada el día de su muerte por
el legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, de Orizaba. Se añade el dictamen
ginecológico-proctológico de la médico de la Agencia del Ministerio Público
para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Veracruz (PGJEV), María Catalina Rodríguez, que no menciona rastros de semen,
aunque sí un desgarre anal grave causado con objeto contundente.
El 7 y 8 de marzo, la Sedena emitió nuevos
boletines idénticos en los que reitera que se tomaron muestras hemáticas a
todos los soldados de la base en presencia del Ministerio Público veracruzano y
de dos abogados del cuerpo de Defensores del Fuero de Guerra, y que éstas,
"junto con la muestra de semen", serían trasladadas a la capital.
El 9 de marzo fue exhumado el cuerpo en Tetlatzinga
ante peritos militares y de la PGJEV, además de un equipo de la CNDH. Conforme
a la ley, compete a la Dirección de Servicios Periciales de la procuraduría
estatal emitir un dictamen en un plazo de
Pero el día 12, el presidente Felipe Calderón
emitió su opinión sobre la gastritis y desencadenó la campaña de la CNDH. A
seis días de la segunda necropsia, sin el informe de la PGJEV, Soberanes afirmó
que se trató de una "muerte natural".
El forense veracruzano Ignacio Gutiérrez Vázquez,
quien representó a la PGJEV en la exhumación, informó a finales de marzo sus
primeras conclusiones: que hubo "irregularidades y errores" en el
peritaje del legista Mendizábal, en particular cuando "señala que existe
líquido seminal en abundancia en los genitales de la misma (mujer), sin recabar
muestras ni esperar resultados de bioquímica".
Pero sus hallazgos coinciden y reconocen la validez
del dictamen proctológico de la doctora Rodríguez Rosas "en la descripción
de lesiones del área genital y anal de la víctima". Heridas de este tipo
no necesariamente son provocadas por penetración masculina, sino con objetos
contundentes. No hay rastros de sangre, pero sí desgarres que pueden ser
mortales. Existen antecedentes.
El 29 de marzo la CNDH "descartó" la
existencia de esta lesión, basada en "estudios técnico científicos"
propios. A su versión sumó una amenaza: denunciar a los funcionarios de la
PGJEV "por actos y omisiones".
A partir de ese momento se agudizó la confrontación
entre las autoridades veracruzanas y las federales, y los tres médicos legistas
de Orizaba -María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez-
quienes realizaron los primeros peritajes, fueron suspendidos de sus funciones
y sometidos a investigación penal.
El 5 de abril, la segunda visitadora de la CNDH,
Susana Talía Pedroza, agregó otro elemento de discordia al emplazar a la Sedena
a rendir resultados de sus informes con plazo de este martes, indicando
"si obtuvo el líquido seminal, quién y cómo lo obtuvo". Agrega que lo
que la PGJEV describe como "desgarres recientes" en la región anal
"son cortes con bisturí al exhumar el cuerpo".
La Sedena respondió que "no cuenta con muestra
alguna de líquido seminal (...) y jamás lo ha tenido", porque "partía
de la premisa" de que la PGJEV la tenía.
Así, entre el primero de marzo y el 6 de abril, la
Sedena emitió seis comunicados sobre el tema y al menos en dos sostiene
versiones opuestas y entra en polémica con
Además, el 26 de febrero, ante el amotinamiento de
los pobladores de Tetlatzinga y Soledad Atzompa, el coronel José Soberanes,
oficial de la 63 Brigada de Infantería, aseguró a las autoridades municipales
que llevaba "detenidos" a cuatro soldados del destacamento García, lo
que -también- resultó falso.
Ante este embrollo, el gobernador de Veracruz, Fidel
Herrera, asegura que apoyará a los investigadores locales; el fiscal especial
del caso, Juan Alatriste, se apega a las reglas del sigilo, y los testigos son
amagados para que no hagan declaraciones a la prensa.
El PRD
veracruzano plantea crear una comisión especial
Andrés T. Morales / 11 de abril de 2007
Veracruz, Ver., 10 de abril. El PRD en el Congreso estatal propondrá el próximo
martes la creación de una comisión especial para coadyuvar en las
investigaciones de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente
violada por militares, con el propósito de que no sean desvirtuadas por las
instancias federales. En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados
perredistas, Uriel Flores Aguayo, dijo que la legislatura estatal deberá evitar
que el caso sea "torcido técnicamente" por mandato presidencial para
ofrecer impunidad a los responsables de la agresión. E hizo un llamado al
procurador estatal para que no "no se amedrente" ante la embestida
del titular de la CNDH, José Luis Soberanes.
CIMAC
Subsecretario
de Segob se reúne con familiares de víctima
Por Laura Castro Medina/ 11 de Abril de 2007
Soledad Atzompa, Ver., (CIMAC).- En medio de un
fuerte hermetismo, la madrugada de este miércoles representantes del Gobierno
Federal, encabezados por el subsecretario de Gobernación Abraham Kunio
González, arribaron a la comunidad de Tetlacinga, con el fin de dialogar con
los cuatro hijos y la hija de la señora indígena presuntamente violada y
torturada por militares.
Una llamada telefónica del subsecretario de
Gobernación Abraham Kunio González, recibida la noche del pasado lunes en el
ayuntamiento de Soledad Atzompa, anunciaba la presencia de funcionarios
federales en atención a la carta enviada el pasado fin de semana a la
Presidencia de la República, en la que se solicitaba un diálogo directo con
Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo a Julio Atenco Vidal, al medio día de
ayer martes se reunieron con el subsecretario en la ciudad de Boca del Río, en
donde a nombre de Felipe Calderón se hicieron algunos compromisos para dar
solución a este conflicto que existe en la sierra de Zongolica y que
posteriormente serían planteados y analizados por los familiares y la
comunidad.
Sin embargo, cabe destacar que existía por la tarde
cierto desconcierto debido a que momentáneamente los familiares mostraban
renuencia a dicho encuentro, cansados de promesas incumplidas; pese a ello
accedieron a una reunión aunque en su comunidad, Tetlacinga.
Así, la madrugada de este miércoles los
funcionarios federales llegaron a la región de Orizaba para trasladarse a
primera hora a la comunidad de Tetlacinga. Y ahí, el subsecretario de Gobierno
de la Secretaría de Gobernación, Abraham Kunio González Uyeda, se entrevistó en
privado con los cinco hijos de la indígena victimada el pasado 25 de febrero.
De esta forma, mañana jueves en las instalaciones
del palacio municipal se llevará a cabo una reunión para dar a conocer a la
comunidad de Soledad Atzompa los términos de la reunión y los compromisos asumidos
por las autoridades federales.
El líder natural Julio Atenco Vidal mencionó que la
comunidad en general pide justicia y el esclarecimiento del crimen, así como un
diálogo directo con Felipe Calderón.
Paralelamente, en la capital del estado, el procurador
general de Justicia de Veracruz, Emeterio López Márquez, y el jefe de Servicios
Periciales, José Luis Peri Pérez, finalmente emitieron una declaración
con respecto a las investigaciones realizadas por la PGJE, señalando tener
confianza en el desempeño de los tres médicos legistas que practicaron las
primeras revisiones al cuerpo de la indígena de Tetlacinga.
Cuestionado sobre la probable violación de la
mujer, el procurador afirmó que existen pruebas que están en proceso de
investigación y una vez concluida ésta se rendirá un informe detallado del
caso.
Mientras tanto, dijo, la Subprocuraduría de Control
y Supervisión de la PGJE, a cargo de la licenciada Carolina Rodríguez Pinzón,
continúa con sus indagatorias sobre el desempeño de los tres peritos
encabezados por el doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez.
A decir de José Luis Peri Pérez, toda la labor
pericial realizada en la PGJE se basa en una profesional investigación
ministerial. Cabe recordar que, según la primera necropsia de la indígena de Soledad
Atzompa, presentaba traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de
vértebras cervicales, además de anemia aguda derivado del sangrado.
El Universal
Citan a Soberanes para caso
Ascencio
Andrea Merlos y Ricardo Gómez / 11 de abril de 2007
En un debate que duró más de dos horas
desde la tribuna, los diputados de oposición coincidieron en que urge una mejor
relación de militares con la sociedad, además de que se requiere un nuevo
peritaje para terminar con suspicacias políticas.
La Cámara de Diputados avaló la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, a fin de que informe sobre el procedimiento que se ha seguido al caso de Ernestina Ascensio, una anciana indígena que murió a consecuencia de una supuesta violación masiva realizada por militares.
En un debate que duró
más de dos horas desde la tribuna, los diputados de oposición coincidieron en
que urge una mejor relación de militares con la sociedad, además de que se
requiere un nuevo peritaje para terminar con suspicacias políticas.
En tanto el PAN defendió
al Ejército y al presidente Felipe Calderón, quien en una entrevista aseguró
que la anciana habría muerto por gastritis mal atendida. "Tenemos una tendencia
a la suspicacia, una enfermiza tendencia hacia la autoflagelación y lo primero
que ponemos en duda, muchas veces, es a la institución. Creo que ahí está una
de las grandes tareas", dijo Juan José Rodríguez Prats.
Al final, el pleno avaló
llamar a comparecer a José Luis Soberanes, para que explique las
investigaciones realizadas en torno al deceso de la indígena en Zongolica,
Veracruz.
Lo anterior después de
que hace dos semanas el PRD tomó la tribuna en protesta a la negativa del resto
de los partidos políticos para debatir el tema, por considerar delicado acusar
al Ejército de una violación.
El punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, respaldado por la Junta de Coordinación Política,
indicó que la comparecencia se realizará ante las Comisiones Unidas de Equidad
y Género, de Justicia y de Derechos Humanos.
Además, se nombrará un
legislador por cada partido político como asesor de coadyuvancia ante el
Ministerio Público para fortalecer el esclarecimiento del caso.
Durante el debate, la diputada
del PRD Maricela Contreras acusó de "servil" a Soberanes y pidió el
minuto de silencio en memoria de doña Ernestina y de las mujeres que han muerto
bajo el yugo de la violencia.
La diputada del PT
Rosalía Morelos retó a los diputados panistas y al gobierno federal a visita
Zongolica y comprobar que su población está harta de la presencia militar.
En respuesta, la panista
María del Pilar Ortega lamentó que se lancen acusaciones sin sustento, se
desacredite a las instituciones sólidas y se convierta a la Cámara de Diputados
en Ministerio Público. En su oportunidad, el diputado del PRI Pedro Montalvo
aseguró que Soberanes se extralimitó en sus facultades.
Para las legisladoras de
Alternativa, Marina Arvizu, y de Nueva Alianza Blanca Luna, tanto el gobierno
del estado de Veracruz como su Procuraduría han incumplido con investigar y
proteger a la ciudadanía, mientras que el ombudsman nacional sólo cumplió con
una orden de descalificar el caso, mientras que la Sedena se hundió en
contradicciones y boletines de prensa.
CIMAC
Comparecerá
Soberanes ante Diputados por caso Ascencio
Por Ma. de
México DF, 10
abril 07 (CIMAC).- Ante las contradicciones en que ha caído la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la muerte de la mujer
indígena Ernestina Ascencio Rosario, en Zongolica, Veracruz, la Cámara de
Diputados citará a comparecer al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes
Fernández, a fin de que informe verazmente sobre las investigaciones realizadas
al respecto, para acreditar su seriedad y profesionalismo, toda vez que su
desempeño ha causado fuertes dudas, contraviniendo el trabajo de muchos años de
la misma.
Durante el debate pactado entre los partidos
políticos representados en ese órgano legislativo, Soberanes deberá comparecer
ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Justicia y Derechos Humanos,
donde se elaborará la agenda de un calendario de comparecencias que se estimen
necesarias para el esclarecimiento del caso.
Asimismo se propuso la incorporación de
"asesores de coadyuvancia" ante el Ministerio Público para fortalecer
las investigaciones del caso; se integrarían por un diputado de cada uno de los
ocho grupos parlamentarios.Al fijar la postura del PRD, la diputada Valentina
Batres cuestionó el desempeño de la CNDH, al tiempo que se preguntó por qué las
declaraciones de la hija de Ernestina Ascencio no aparecen en las conclusiones
de
"La indígena Ernestina simboliza a un grupo vulnerable
de la sociedad, por lo que es necesario que se le haga justicia", enfatizó
la perredista.
La integrante de la fracción parlamentaria del PRD
Maricela Contreras Julián destacó que no se trata de denostar el papel que
desempeña el Ejército, sino de exigir el respeto al derecho y contar con
información fidedigna, "sobre las conductas de las que presuntamente han
participado algunos militares; además de pedir transparencia a las
instituciones".
En su exposición, la perredista enfatizó que la
violencia en contra de Ernestina Ascencio es un atentado a los derechos, a la
vida, la seguridad, libertad, dignidad, integridad física y psicológica de
todas las mujeres.
A su vez, el diputado Pedro Montalvo Gómez, de la
fracción parlamentaria del PRI, solicitó que un diputado por cada grupo
parlamentario se integre a la investigación que hace el Ministerio Público en
el caso, para coadyuvar en su trabajo; además coincidió en solicitar la
comparencia de José Luis Soberanes para que explique la actuación de la CNDH en
el mismo tema.
Lo anterior, señaló, debido a que la actuación de
la CNDH, lejos de aclarar la situación y darle certeza a la población, polarizó
la opinión sobre el funcionamiento de los órganos de procuración de justicia
del país.
Por Alternativa, su coordinadora, la diputada Aída
Marina Arvizu Rivas, propuso la integración de una comisión de legisladores
para investigar la presunta violación de Ernestina Ascencio Rosario y, en
general, los crímenes de militares contra mujeres.
Solicitó que la Procuraduría General de la
República atraiga el caso, a través de la Fiscalía Especializada en delitos
contra las Mujeres, puesto que la Procuraduría del estado de Veracruz ha sido
"incapaz" de resolver el asunto.
Agregó que la comisión deberá, de la misma manera,
estudiar otras zonas del país donde se presume que las mujeres son agredidas
por militares, como es el caso de la población de Castaños, en Coahuila.
A nombre de Nueva Alianza, la diputada Blanca Luna
Becerril consideró que la muerte de la mujer indígena de 73 años deberá ser
esclarecida. Agregó que en "el caso de Ernestina es un claro ejemplo de la
condición de marginación en la que viven muchas mujeres mexicanas",
señaló, al conminar al Pleno a legislar para incrementar los mecanismos de
defensa y promoción a fin de que las mujeres mexicanas puedan vivir sin
violencia.
En su momento, la legisladora Rosa Elia Guzmán
señaló que desde 1977 la sierra de Zongolica ha sido militarizada y desde
entonces "se han violado los derechos humanos de la población indígena
asentada en la región".
Por parte de la fracción parlamentaria del PAN, la
diputada María del Pilar Ortega Martínez dijo que la posición de su partido es
buscar que se investigue a fondo cualquier indicio, "a fin de aclarar de
manera plena y satisfactoria este lamentable deceso".
Asimismo, se pronunció a favor de la comparecencia
del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que presente
un informe detallado sobre lo indagado en torno al caso."Esta cámara
deberá coadyuvar, sin olvidar los preceptos legales, porque por encima de
cualquier cosa primero es el respeto al Estado de Derecho", dijo.
La diputada del verde ecologista, Pilar
Guerrero Rubio, exigió que el caso no quede en el abandono y que se realicen
las investigaciones y juicios necesarios a fin de castigar a quienes resulten
responsables. "Este es un claro ejemplo de que la violencia de género aún
permea en la sociedad mexicana", acotó.
Por último, en representación del grupo parlamentario
de Convergencia, María del Carmen Salvatori Bronca solicitó también a la
presidencia de la Cámara de Diputados cite a comparecer a Soberanes Fernández
para que explique las declaraciones donde señala que la señora murió a causa de
una gastritis mal atendida, cuando aún no han terminado las investigaciones.
Excelsior
Nuevo estudio presume que anciana fue violada
Hacen pública opinión técnica de médicos que
afirman que la mujer sufrió "cópula" antes de morir
Por: Andrés Becerril /
10/04/2007
Ernestina Ascencio Rosario, la mujer nahua de 73
años, originaria de Tetlatzinga, Veracruz, que murió el pasado 26 de febrero,
fue objeto de "cópula" al menos 72 horas antes de su fallecimiento y
tuvo "un coito anorectal" producido "con un pene en erección o
con algún (otro) objeto", afirma un estudio realizado por los médicos
Patricia Miranda de la Peña, especialista en gineco-obstetricia, y José
Francisco Barragán Riverón, cirujano legista, de la UNAM.
La periodista Denise Maerker presentó ayer, en su
programa Atando Cabos, la opinión técnica de ambos médicos. En el trabajo de
Miranda y Barragán se comparó la información de la autopsia y de la
necrocirugía realizadas al cuerpo de Ernestina Ascencio.
Inicialmente, la Procuraduría estatal de Veracruz
determinó que la anciana murió debido a una agresión y sostuvo que había sido
violada de manera tumultuaria. De esa agresión se responsabilizó a un grupo de
militares acantonados en Zongolica, Veracruz.
Pero para la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Ascencio Rosario murió de padecimientos que cualquier persona
puede tener, agravados por la pobreza en la que vivió durante 73 años y que la
tenía al límite de la vida.
La serie de contradicciones que se presentaron
desde el 26 de febrero, día de la muerte de la mujer en el hospital de Río
Blanco, y el 9 de marzo, fecha en que fue exhumado el cuerpo de la anciana,
desató una fuerte polémica en la que participó incluso el presidente Felipe
Calderón, quien el 13 de marzo dijo que Ernestina Ascencio había muerto debido
a una úlcera gástrica, opinión que fue respaldada por los estudios de los
peritos de
El jueves 5 de abril, Denise Maerker le envió a
Barragán Riverón copias de la autopsia y la necrocirugía realizadas a la mujer
nahua, con la solicitud de que, en su carácter de experto, emitiera una
opinión.
Cuatro días después, Barragán y Miranda enviaron
sus conclusiones, en las que aseguran que los dos documentos (autopsias)
"no son contradictorios, sino tal vez los podemos considerar como complementarios,
cuando se quiere entender adecuadamente el problema a tratar".
Además, con base en esos documentos, aseguran que
Ernestina Ascencio sufrió una serie de lesiones en el tórax, en la pierna
izquierda y en el muslo derecho. En el examen ginecológico, el estudio
comparativo que hicieron los médicos Miranda y Barragán sostiene:
"En la exploración de genitales externos
(ginecología) se describen laceraciones en los labios mayores y menores, así
como en introito y tercio inferior de la pared posterior de la vagina,
indicando además desgarros no recientes en el himen, y eritema en la horquilla
vulvar. Los datos descritos sugieren la realización de cópula reciente de menos
de setenta y dos horas.
"En la descripción de esfínter anal (examen proctológico)
—sigue el estudio de los especialistas—, se describe eritema y pliegues anales
radiados con excoriaciones ‘epidérmicas’(sic), al describir el esfínter anal,
describe desgarros recientes al parecer en la misma localización que las
excoriaciones, con sangrado escaso en capa y salida de líquido hemático a
través del ano. Lo anterior permite suponer la realización de un coito
anorectal ya sea realizado con pene en erección o con algún objeto".
Para reforzar la opinión de los médicos, en el
documento entregado a Maerker, Barragán y Miranda se refieren a parte de las
dos autopsias.
En la primera, indican que se refuerza la
posibilidad de la realización de cópula y coito en el cuerpo de Ascencio, al
señalar la presencia de líquido seminal en abundancia, equimosis y eritemas en
región púbica y desgarros recientes en genitales y, además, se refiere a
presencia de sangre oscura ya digerida y abundante y múltiples desgarros en
recto, sin precisar si fueron cópula y coito único o múltiples, y realizados por
uno o más sujetos.
Y en la segunda autopsia, que es médicamente
conocida como necrocirugía, dicen Barragán y Miranda que se señalan puntos
sugestivos que corroboran la realización reciente de cópula al narrar edema
vulvar, eritema de los labios menores, indicándose la toma de muestras
intravaginales y del introito, para análisis.
Sobre la causa de la muerte de Ernestina Ascencio,
el estudio de Barragán y Miranda concluye:
"La señora Ernestina Ascencio Rosario falleció
a consecuencia de la anemia aguda producida por sangrado de tubo digestivo
alto, al parecer por úlcera de estrés, y traumatismo cráneo encefálico
cervical, aunado a posible ataque sexual, este último punto se determinará con
los resultados de laboratorio, pues en caso de no existir prueba demostrativa
de semen en cavidad vaginal y de que se encontrase presencia de bacterias o
monillas, éstas podrían haber producido un líquido blanquecino (leucorrea) y
las molestias por las mismas son, generalmente, prurito severo que, al tratar
de calmar, se puede producir edema, irritación, laceraciones e incluso eritema
o equimosos causados por la misma paciente al rascarse; sin embargo, este
último diagnóstico consideramos sea muy poco probable, dado que existen
elementos físicos para aseverar la penetración violenta y/o traumática por vía
anal a la cavidad rectal".
El Financiero
El caso Zongolica, mensaje para los inconformes,
dicen indígenas
Martes, 10
de abril de 2007. José Reveles
Tres semanas antes de que la septuagenaria indígena
Ernestina Ascencio Rosario muriera -con violencia inusitada y agresión sexual
multitudinaria perpetrada por soldados, según los pobladores. A causa de
"una gastritis crónica mal atendida", diría el presidente Felipe
Calderón avalado por la CNDH-, habitantes de la sierra de Zongolica enviaron
una carta de protesta contra abusos, robos y humillaciones, que militares
cometieron en sus comunidades.
Miembros del 63 Batallón
de Infantería de la XXVI zona militar se aposentaron sin permiso, a finales de
enero, en una parcela del poblado Soledad Atzompa (propiedad de Juvencio
Romero); dispusieron arbitriamente de la leña que allí había. Cuando el dueño
de la madera protestó, oficiales le respondieron que le "hiciera como
quisiera".
Luego fueron a casa de
un vecino de nombre Emilio y le exigieron que les regalara unas tablas, a lo
que él se negó.
"Todo el tiempo
realizaron revisiones a los vehículos que pasaban. Eso no nos molesta, pues no
tenemos nada que ocultar y no somos terroristas ni narcotraficantes", dice
el escrito del 2 de febrero (EL FINANCIERO tiene copia) dirigido al jefe
militar en Orizaba, con copia para el presidente de la República y el titular
de Sedena. Agrega:
"Lo que no podemos
aceptar es que los militares nos maltraten sólo por ser indígenas nahuas, que
nos traten como si fuésemos animales porque erróneamente suponen que no
conocemos nuestros derechos".
Al final, el presidente
municipal Javier Pérez Pascuala y el agente municipal de la Congregación
Mexcala, Modesto Antonio Cruz, le exigen al mando militar "darnos garantía
públicamente de que no volverán a maltratar a nuestros ciudadanos, que se les
pagarán los pequeños bienes de que fueron despojados, que en adelante
respetarán nuestros de por sí escasos bienes y propiedades, que respetarán
nuestra investidura como autoridades comunitarias y municipales y que
respetarán nuestro territorio y autonomía indígena".
Al día siguiente, 3 de
febrero, autoridades indígenas de la zona y jefes castrenses se reunieron y
levantaron un "acta circunstanciada" (copia en nuestro poder), en
donde los soldados aceptaron pagar dos mil pesos por la leña y en el futuro
pedir permiso para usarla o para instalarse en algún terreno de la comunidad.
Firmaron el acuerdo el teniente coronel Alejandro Orozco Contreras y los cabos
Edwin Alberto Martínez y Luis Miguel González.
Por ello, los orígenes
de la agresión a la anciana, se inclinan más hacia un "escarmiento"
contra insumisos indígenas que osaron confrontar al ejército.
Presidente "mal
informado"
"La institución
castrense está dando un claro mensaje a la sociedad mexicana de que este crimen
pudo tener objetivos políticos y militares", expresa en una carta enviada
a Felipe Calderón este fin de semana la Asamblea General de Comunidades del
Pueblo Nahua de Zongolica. Se le pide audiencia para exponerle el caso
"sin intermediarios" y en tono comedido le dicen que los pueblos
nahuas se niegan a creer que "atrás de sus palabras exista mala fe";
con toda seguridad "le informaron mal".
Expertos forenses y los
propios dirigentes de pueblos de Zongolica se inclinan a concluir que la
agresión documentada en órganos genitales de la anciana de 73 años pudo haberse
realizado con instrumentos contundentes y no necesariamente por penetración de
miembros sexuales. (Aunque la Sedena, en sus boletines del 6, 7 y 8 de marzo
menciona "muestras de semen obtenidas del cuerpo de la occisa" que se
estarían analizando. El viernes se desmintió a sí misma al decir que partía de
la premisa de que estaban en manos de la procuraduría, pero nunca las ha
recibido).
El Centro de
Investigación de la Mujer difundió la opinión del sociólogo Arturo Neri
Contreras: "Los soldados saben lo que significa una mujer mayor en las
comunidades indígenas. Ellas representan no sólo la autoridad, sino que también
la tradición, la fuerza moral, son las madres de todos. Los militares lo
aprenden bien en sus entrenamientos, en su aprendizaje de la guerra de baja
intensidad contra las comunidades. Atacándola (a una anciana) están enviando un
mensaje claro a los pueblos indios, a los sublevados y a los inconformes del
país: ésta es una guerra".
CIMAC
Atzompa:
exigen nahuas audiencia con Felipe Calderón
Por Laura Castro Medina
Orizaba, Veracruz, 9 abril 07 (CIMAC).- Pese a la
entrega de millonarios apoyos del Gobierno estatal y la pretensión de una
consulta pública para decidir sobre la permanencia del ejército en la zona
serrana, indígenas de Soledad Atzompa no desisten en su reclamo de justicia por
la muerte de la mujer victimada presuntamente por militares y ya programan
marchas y exigen una audiencia con Felipe Calderón Hinojosa.
Este fin de semana, autoridades del gobierno estatal
arribaron a comunidades de Soledad Atzompa para distribuir despensas,
cobertores, láminas de zinc, bicicletas, colchonetas, cemento para construcción
de pisos en viviendas, dos autobuses escolares para las y los niños de las
comunidades, además de más de dos millones de pesos para la construcción de una
gasolinera que desde hace más de dos años demandaba la población serrana.
En Tetlacinga, lugar donde ocurrió la violación y
tortura de la indígena náhuatl, el subsecretario de Finanzas del estado, Javier
Duarte, acompañado de los diputados Pedro Montalvo e Ignacio Valencia, entregó
5 viviendas para los hijos de la víctima consistentes en un cuarto de mampostería
de
Ahí los hijos de la víctima de nueva cuenta externaron:
“No queremos dinero, no queremos nada, sólo justicia”.
Extrañados por los apoyos nunca antes vistos en
Soledad Atzompa, cerca de mil personas se concentraron en el auditorio
municipal para recibir la ayuda. Sin embargo, en su escaso español y con las
manos ocupadas por las despensas, cobertores o láminas, aclaraban a los
representantes de los medios de comunicación que no abandonarán su lucha de
justicia por la muerte de “nuestra hermana mayor”.
Hombres y jóvenes con chamarras rojas –color
distintivo de la campaña de Fidel Herrera Beltrán y ahora de la administración
estatal- sonreían abiertamente a las y los indígenas ahí presentes en una
fingida muestra de solidaridad con el pueblo de Soledad Atzompa.
No había transcurrido siquiera 24 horas cuando el
diputado priista por la sierra de Zongolica, Ignacio Valencia Morales,
presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local en la ciudad
de Xalapa anunció la realización de una consulta pública para que sean
habitantes de los 14 municipios del Distrito de Zongolica quienes determinen si
el ejército podrá seguir incursionando en la región o salga definitivamente de
la zona serrana.
Así, correspondería a los comisariados ejidales,
dirigentes de organizaciones campesinas y al Consejo de Ancianos determinar la
realización de la misma.
Recordó el dictamen emitido por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte por enfermedad de la mujer indígena,
al cual el legislador le dio validez, por lo que inquirió que incluso se
podría, con la opinión de los representantes comunitarios, exonerar a los
militares a los cuales no se les ha encontrado ninguna responsabilidad en el
caso.
Pues agregó que durante el tiempo en que ha ocupado
diferentes cargos públicos en la sierra de Zongolica nunca había recibido queja
o denuncia sobre agresiones de los soldados hacia la población.
En este contexto Jairo Guarneros Sosa, representante
de la sociedad civil y miembro adherente de la Otra Campaña, externó que estas
acciones pueden ser interpretadas con otra intención, pues tal pareciera que
intenta el gobierno estatal encubrir a los responsables del crimen de la mujer
y acallar las voces de las y los indígenas que reclaman justicia.
Explicó que los apoyos son necesarios, pues eran
demandados desde años atrás, pero su entrega en este momento se “enreda” con un
hecho lamentable que mantiene indignado a la población de la región. Por ello
es “curioso” que precisamente tras la muerte de la indígena comiencen a fluir
“sorpresivamente” las ayudas.
Para la sociedad civil los apoyos enviados por el
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, únicamente entorpecen las
investigaciones y pudieran ser considerados como un intento de compra de
conciencias.
Por otro lado aseguró que son la totalidad de las y
los indígenas quienes deben determinar sobre la presencia de los militares en
la sierra y no un grupo de “elegidos” por el gobierno estatal, la demanda es
clara. “Nadie está conforme con los abusos, robos y agresiones de los militares,
el reclamo de salida es inminente”, sentenció el entrevistado.
Cabe destacar que los hijos de la finada y las propias
autoridades municipales canalizaron una carta a Felipe Calderón Hinojosa en la
cual solicitan una audiencia privada “para dialogar, aclarar posibles malos
entendidos y para saber personalmente qué dice su corazón”.
Pues seguramente la declaración a priori de Calderón
sobre las causas de muerte de la indígena pudo obedecer a un informe equívoco
canalizado por su personal, citan en la misiva.
Por su parte integrantes del Frente Político de
Izquierda, del PRD, marcharán el próximo 13 de abril desde Córdoba hacia la
capital del estado. Durante el trayecto, contingentes de otros municipios se
sumarán a la marcha, pretendiendo llegar el 15 de abril a la capital del estado
para efectuar un plantón frente al palacio de Gobierno y exigir una respuesta
oficial a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz sobre la muerte de
doña Ernestina.
QUE SE CUMPLAN RECOMENDACIONES
Paralelamente, diversas organizaciones no
gubernamentales y de mujeres demandaron al gobierno federal, a las autoridades
mexicanas, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Amnistía
Internacional (AI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en
relación a la violación tumultuaria y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario,
por presuntos militares mexicanos.
En un comunicado de prensa, el Comité Ciudadano
Rosario Ibarra, Mujeres Universitarias de Xalapa, Ciudadanas Veracruzanas
Independientes, Autoridades Nahuas de Soledad Atzompa y Representantes del
Gobierno Legítimo rechazan “categóricamente la afirmación de Felipe Calderón,
en el sentido de pretender exculpar a los militares violadores y asesinos.
Ya que en la segunda necropsia se reitera que sí fue violada”.
Expresan su “profunda preocupación por las expresiones
exculpatorias de autoridades locales y federales, asimismo de aquellas que se
supone están obligadas, éticamente y legalmente, a defender los derechos humanos,
como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de su
representante”.
La CNDH, dicen las organizaciones, carece de datos
para negar que la víctima fue violada. “Para la sociedad es grave que la CNDH
pretenda exonerar a los militares”.
Demandan, por tanto, el total cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional y de la Organización
Mundial Contra la Tortura.
La
Jornada
"Todo
apunta hacia el Ejército", decían visitadores de la CNDH: líder indígena
Blanche Petrich. Tetlatzinga,
Sierra Zongolica, Ver.,
9 de abril.
Entre los pinos, sobre la tierra cubierta de musgo, la ofrenda de flores
silvestres que pusieron los hermanos Inés Ascención en el lugar donde cayó su
madre ya se ha secado. Francisco, el menor de los varones, baja por la empinada
ladera para señalar el lugar exacto, a unos
A su lado, su hermana Marta muerde la punta del
rebozo. Le han preguntado muchas veces si está segura de lo que dice. Ella afirma
que cuando le preguntó a doña Ernestina qué le había pasado, por qué estaba en
ese estado, la viejita le respondió: "Fueron los soldados, m'ija. Se me
echaron encima. Mieque, mieque
(muchos, muchos). Me amarraron mis pies. Me amarraron mis manos". Y se
quejaba: "Duele".
El hermano mayor, Julio, traduce para Marta, que
sólo habla náhuatl, lo que comentan en México personas poderosas -en la
Presidencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría
de la Defensa, el Instituto Nacional de las Mujeres-, quienes ponen en duda su
palabra. Y la mirada de Marta se llena de azoro: "¿Por qué no me creen?
¿Por qué iba yo a echar mentira de lo que me dijo mi mamacita?"
Entones interviene Alfredo Ascención, su sobrino,
nieto de una hermana de doña Ernestina. "Yo también lo oí. Marta me fue a
buscar cuando encontró a mi tía. Francisco y yo venimos de volada, con la camioneta, y corrimos
a ayudarla. Me dijo que la golpearon los soldados, que la amarraron. Sus manos
y pies -se señala a la altura de los muslos- estaban moreteados. Tenía el rebozo amarrado en
un modo raro, así como cruzado. Ella no lo usaba así. Y tenía el cuello moreteado. Le pregunté que con qué la
habían golpeado, pero ya no me dijo nada". Era 25 de febrero, cerca de las
cinco de la tarde.
Alfredo, a sus 21 años, no tiene el mismo aire de
resignación y fatalidad de sus tías. Tiene coraje. "Yo pregunto: ¿por qué
nos echan de mentirosos si decimos la pura verdad? No culpamos a todos los
soldados, sólo a los que cometieron violencia contra mi tía. Y los que dicen
que no es cierto, ellos no vieron, ellos no estaban aquí, a ellos no les da
pena nuestro dolor".
Alfredo y otros dos parientes, Luis y José, tomaron
a la anciana con cuidado de la cintura y los brazos, la subieron cargando por
la ladera y la acomodaron en la batea de una pick
up. Marta se acomodó a su lado. A los pocos metros pasaron frente
al campamento militar que se había instalado en esos terrenos cinco días antes.
Tres camiones castrenses estaban estacionados a la vera del camino. Los
soldados los vieron pasar, pero nadie ofreció ayuda.
De hospital en hospital
Tetlatzinga es un caserío enclavado en una montaña
de la sierra Zongolica, que alguna vez estuvo cubierta de pinos y encinos y hoy
sólo luce algunos pequeños manchones de bosque. Desde la cabecera municipal,
Soledad Atzompa, se hace no más de media hora de terracería, siempre en
ascenso. Entre las casas humildes desentona un templo protestante y la
ostentosa vivienda de su pastor. En los patios se almacenan los troncos,
producto del recurso forestal que se explota sin planificación. Cada casa tiene
un modesto taller de carpintería. Aquí se vive de la fabricación de muebles
rústicos.
La pick up
azul se detuvo frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a
la orilla del camino, pero como era domingo la encontraron cerrada. Unos metros
más abajo vive la enfermera Luisa Hernández, quien al ver a la anciana
inconsciente, sangrando, recomendó que mejor la llevaran al hospital.
Luisa y la doctora responsable de la unidad médica
fueron interrogadas por dos visitadores de la CNDH durante sus primeras
indagaciones. Cuenta René Huerta, de la Coordinadora Regional de Organizaciones
Indígenas de la Sierra Zongolica (CROISZ), que preguntaron si la anciana era
hipertensa. Las responsables de la clínica informaron que a veces reportaba
enfermedades respiratorias y que en general era una mujer sana. Los
investigadores nunca pidieron ver el expediente de Ernestina Ascención.
También, según el mismo dirigente, al concluir sus
primeras indagaciones, los visitadores le confiaron: "Todo apunta hacia el
Ejército". Ahora los funcionarios no sostienen su dicho.
A partir de la rebatiña entre las instancias de
gobierno por la "causa de muerte" de la anciana, la fiscalía especial
de la procuraduría veracruzana que investiga los hechos ha advertido a todos
los testigos que "incurrirían en delito" si siguen diciendo lo que
saben. Por eso, cuando se le pregunta a Luisa cómo vio a Ernestina cuando la
camioneta se detuvo frente a su casa, baja la vista. Parece indecisa. Al final
sólo dice: "No sé, no la revisé".
La camioneta, con la anciana agonizante, siguió
descendiendo la sierra. Al pasar por Soledad Atzompa dieron aviso a las
autoridades municipales. Se corrió la voz por las congregaciones vecinas:
"¡Que violaron a la Ernestina!" Al volante, Francisco Inés continuó
el camino hasta Acultzinapa. Ahí, en la unidad médica nuevamente les
recomendaron llegar hasta un hospital de primer nivel. Así llegaron, siempre
cuesta abajo, a Mendoza, a la clínica Angeles, donde los atendió un médico de
apellido Gante.
Francisco, entretanto, corrió a la oficina de la
CROISZ, donde se encontraba René Huerta. "Violaron a mi mamá -me dijo- y
la gente se está juntando allá arriba para madrear a los soldados", relata
Huerta, quien se movilizó de inmediato. Al llegar a la clínica privada, el
médico le confesó: "Está muy mal la señora; yo no puedo hacer ya
nada".
Entonces la llevaron al hospital regional de Río
Frío. "Ernestina sólo recobraba el conocimiento por momentos; no podía
estar acostada boca arriba, sólo de costado. Se quejaba quedito. Pidió agua. Le
mojaron los labios", recuerda René.
Huerta es testigo de los rostros desencajados los
integrantes del equipo médico que atendió a la señora, encabezado por el director
del hospital, Hugo Zárate, y al que desde el primer momento se integró la
ginecóloga especialista en delitos sexuales de la procuraduría veracruzana,
María Catalina Rodríguez Rosas.
Esto fue lo que ella dictaminó: "Se observaron
equimosis en orla himenial, equimosis en tercio inferior pared posterior de
vagina, así como laceraciones en labios mayores en horas 3, 5, 7 y 11,
desgarros antiguos en himen anular. Por cuanto hace al examen proctológico, se
observaron pliegues radios del ano con excoriaciones dermoepidérmicas, esfínter
anal con desgarro reciente con sangrado en capa y sangrado transabundante,
probable perforación rectal, lesiones que ponen en peligro la vida, tardando en
sanar más de quince días, requiriendo manejo urgente de cirugía general y/o
coloproctología".
En esa primera auscultación se produjo uno de los
nudos que hoy hacen tirante la confrontación de las dos hipótesis: una
violación brutal por vía anal que produjo una lesión interna que le causó la
muerte o "fallecimiento por enfermedad de pobreza", según
Aparentemente no se tomaron muestras seminales para
determinar la identidad de presuntos violadores. Aunque de acuerdo con las
versiones de los médicos y según consta en la propia acta de defunción, los
desgarros internos fueron provocados por penetración de objeto contundente.
Ya entrada la noche, los médicos pidieron que la
familia firmara una responsiva para poder operar a la paciente. Pero la anciana
no resistió. En la madrugada sufrió un paro respiratorio.
Soledad Atzompa, Ver. Ernestina Ascención solía levantarse, enrollar su
petate y salir al patio antes de la salida del sol. Le bastaba caminar unos
pasos hacia la vereda para contemplar un paisaje espectacular. A sus pies se extiende
su pueblo, como un nacimiento. Más abajo se vislumbra el caserío de Soledad y,
a lo lejos, el verde valle de Orizaba. Al fondo, el gigante Pico de Orizaba,
con su ropaje de nieve teñido de rosa con los primeros rayos solares.
La señora Ascención enviudó muy joven. Julio, su
primogénito, tenía apenas 11 años y Marta, la menor, era una nena de pecho.
Sacó adelante a sus cinco hijos con maíz, frijol y a veces papas. Julio y ella
sembraban y cosechaban, hacían sillas, urdían la lana de sus ovejas y hacían
mantas y cotones para
venderlos. Los últimos cobertores que tejió, gruesos y acogedores, quedaron en
una esquina de su choza.
En su mísero cuarto de piso de tierra quedaron, en un
rincón, unas cestas llenas de mazorcas. En una repisa siguen sus santos, sus
veladoras encendidas y varios dibujos infantiles de flores y árboles de
Navidad, regalos de sus nietas Silvia y Olivia. Tuvo 28 nietos.
Llegó a tener 25 ovejas y a llevarlas a pastar
caminando cuatro kilómetros diarios. Pero sus hijos la restringían últimamente,
por temor a que le agarrara una granizada en pleno campo. Aun así, cuidaba de
media docena de borregos y subía al monte cada día, después de tomar café en
casa de su hija Marta. A mediodía la esperaba Carmen, su otra hija, para
compartir con ella la frugal comida. "¿Ora quién va a llegar a mi casa?
Nadie".
Julio Inés habla en nombre de la familia:
"Nuestra mamá estaba mayor pero todavía tenía fuerzas, no estaba enferma.
Ahora nos piden que no hablemos hasta que pasen 180 días. Pero no vamos a dejar
que otros digan mentiras".
Alrededor de lo que fue la choza de Ernestina se
levantan cinco casas nuevas, de buen material, idénticas, de cinco por seis
metros. Son un regalo del gobernador Fidel Herrera para los hermanos Inés
Ascención. Y hay más.
El jueves pasado llegó todo junto. Un tráiler con
tres toneladas de cemento para completar el programa prometido por el
mandatario estatal de dotar a todas las viviendas rurales con piso de cemento;
tres camiones con 10 mil láminas de zinc, dos autobuses flamantes para
transportar a los niños de los sitios más distantes a los centros donde hay
escuelas, y más camiones con bicicletas, carretillas, picos, palas y despensas.
"Pero lo que nos dan es muy aparte -afirma
Julio Inés-; al gobernador Fidel Herrera se le agradece el apoyo. Pero seguimos
exigiendo justicia, nada ni nadie nos va a callar."
La
Jornada
Aún sin
resultados, segunda autopsia a Ascención Rosario
Andrés T. Morales.
Jalapa, Ver., 9 de abril. A un mes de la exhumación del cadáver de
doña Ernestina Ascención Rosario en el cementerio de Tetlatzinga, la Dirección
General de Servicios Periciales de la procuraduría veracruzana aún no tiene los
resultados de la segunda necropsia y, por tanto, tampoco un dictamen oficial
sobre las causas del deceso, aseguró la subprocuradora de Supervisión y
Control, Carolina Hernández Pinzón.
La funcionaria guardó silencio sobre los dictámenes
que difundió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), José Luis Soberanes, acerca de una supuesta "muerte natural",
pero acotó que el expediente de investigación no está concluido.
En entrevista, Hernández Pinzón recordó que la
procuraduría tiene un plazo de 180 días para concluir las investigaciones
contenidas en el expediente 140/2007/AE que desahoga la fiscalía especial para
el caso de Ernestina Ascención, fallecida el pasado 26 de febrero,
presuntamente a consecuencia de un ataque sexual perpetrado por un grupo de
militares.
El 9 de marzo, a petición de la CNDH, se autorizó
la exhumación de los restos, y en la diligencia pericial que se practicó en el
cementerio de la comunidad Tetlatzinga se tomaron muestras que están siendo
analizadas por peritos estatales.
Hernández Pinzón indicó que la procuraduría
mantiene bajo investigación a los tres médicos legistas que practicaron la
primera autopsia al cadáver.
El fiscal
especial del caso de Ernestina Ascención, sin reportes de
"No tengo idea de lo que está haciendo"
la comisión, dice el funcionario veracruzano.
Blanche Petrich, enviada. 9 de Abril de 2007. Orizaba,
Ver. Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) en el caso de la anciana nahua Ernestina Ascención Rosario -de
las que funcionarios de la dependencia hablan profusamente ante la prensa- no
han sido canalizadas a la fiscalía especializada que asignó la procuraduría
veracruzana, como correspondería legalmente. El organismo tampoco ha comunicado
oficialmente sus impresiones sobre el caso al Ministerio Público que lleva la
averiguación.
"No sé qué está haciendo la CNDH. No tengo ni
idea", asegura el fiscal Juan Alatriste, a cargo de la averiguación
140=2007/ae. "Lo que sé es únicamente lo que he leído en la prensa".
El caso, que ha enfrentado a las autoridades
estatales con las federales, que niegan que la señora Ascención Rosario haya
sido asesinada, fue radicado en la Agencia Especializada de Delitos contra la
Libertad, la Seguridad Sexual y Contra la Familia de la Procuraduría General de
Justicia Estatal. El 10 de marzo, 12 días después del deceso de la anciana, se
anunció la creación de una fiscalía especial.
Alatriste, que encabeza la investigación, declina
hacer cualquier otro comentario sobre su trabajo, en acato al sigilo debido en
procesos como éste. También desiste a responder a las descalificaciones de los
visitadores de la CNDH Rafael Plascencia y Susana Thalía Pedrosa y del propio ombudsman nacional, José Luis Soberanes
Fernández, quienes han calificado como de "total irresponsabilidad"
el trabajo de la procuraduría estatal.
"Se están diciendo muchas cosas pero son
versiones periodísticas, nada más", responde el penalista, con más de 20
años de experiencia en agencias de Ministerio Público y juzgados.
Reconoce, sin embargo, que la CNDH no ha enviado a
Orizaba sus investigaciones y dictámenes, ampliamente difundidos en el Distrito
Federal.
En días recientes, decenas de habitantes de Soledad
Atzompa y municipios vecinos han acudido a la fiscalía para hacer y ratificar
declaraciones ministeriales. Los familiares de la víctima, las autoridades
municipales y dirigentes de las organizaciones regionales, las enfermeras y el
personal médico que atendió a la señora y otros testigos han reiterado en sus
testimonios que hay indicios claros de que la anciana, desde el momento en que
fue encontrada en un paraje boscoso de Tetlatzinga, a menos de
Por su "impedimento legal", el fiscal
omitió informar si también han sido citados a declarar los mandos y soldados
que estaban en el campamento de Tetlatzinga o si piensa convocarlos. "Me
voy a conducir dentro de la obligación legal que tengo, de guardar absoluto
sigilo", señaló.
El fiscal, que mantiene abierta la puerta de su
despacho a lo largo de las 12 horas que permanece en su oficina, los siete días
de la semana, recibe con amabilidad a cuanto periodista se acerca por datos sobre
el curso de las investigaciones del caso. Y, sin variar, los informadores salen
con las manos vacías porque Alatriste no se desvía de su norma de silencio.
Mientras, la prensa local se pregunta sobre los
alcances y el grado de independencia que podrá tener el funcionario en este
caso que necesariamente lo tendría que llevar a terrenos. Es el caso, por
ejemplo, del periodista Héctor Sánchez Navarro, del diario digital Notiexpress,
que en su columna planteó algunas de las interrogantes que nadie responde hasta
ahora: "Cuando las investigaciones así lo requieran, ¿se atreverá el
fiscal especial a exigir información al Ejército? ¿Se subordinará éste a la
autoridad civil y entregará la información real?"
El ataque
a Ernestina Ascención, posible "mensaje de escarmiento": autoridades.
Habría irritado a oficiales queja presentada por
escrito contra soldados, señala alcalde.
"No hay oposición a la presencia del Ejército,
pero pedimos que no pisoteen derechos"
Blanche Petrich, enviada. Soledad Atzompa, Ver., 8 de abril. El 2 de febrero, tres semanas antes de la agresión física que mató a la anciana Ernestina Ascención Rosario cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, el jefe militar del cuartel de Orizaba, teniente coronel Alejandro de Jesús Orozco, recibió una queja "por mal comportamiento" de sus soldados por parte del agente municipal de la comunidad de Mexcala, Modesto Antonio Cruz.
El presidente Felipe Calderón y el secretario de la
Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, también debían haber estado
enterados de este antecedente, pues el oficio presentado por las autoridades
municipales de Soledad Atzompa tenía copia para ambos.
El presidente municipal Javier Pérez Pascuala no
descarta que el ataque a la señora Ernestina Ascención, de 72 años, estuviera
relacionado con la irritación de algunos oficiales por ese documento.
"Creo que la queja que presentamos sí está relacionada con la agresión a
nuestra hermana mayor Ernestina. Sí pudo haber sido una represalia, sí pudo ser
un mensaje de escarmiento".
Considera que los hechos tendrán graves
consecuencias en la forzada convivencia entre los soldados y los indígenas de
las comunidades serranas.
"La gente aquí ya está viendo que va a haber
impunidad. Cuando vuelvan los soldados la población va a tener más miedo. El
temor es que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto mayor."
Para Modesto, campesino que hace honor a su nombre
con su camisa raída y sus viejos huaraches, el enésimo incidente provocado por
los soldados en su comunidad -robo de leña, abuso de autoridad y faltas de
respeto a los pobladores- fue la gota que derramó el vaso. Y no le importó ser,
como agente municipal, el último escalón dentro de las estructuras de gobierno
local para querer poner un alto a los excesos.
"Siempre pasa, desde hace años", explica
Modesto a La Jornada.
"Abusan y no respetan. Llegan a nuestras tiendecitas, que de por sí casi
no tienen nada, piden refresco, piden comida y no pagan. Toman la leña de la
gente sin pedirla. Se instalan en sus propiedades y ni siquiera piden permiso.
Por temor, desde hace tiempo que muchas familias ya no mandan a sus hijas a la
escuela, porque las chamacas tienen que caminar lejos, solas por las veredas.
Con los soldados no se sabe".
No es habitual que en pueblos como éstos las
violaciones y hostigamientos a las mujeres se denuncien. Son historias que se
cuentan por lo bajo. Si hay víctimas, éstas prefieren el silencio para no ser
estigmatizadas.
Pero lo que decidió al agente Modesto a presentar
su queja por escrito fue la respuesta que recibió del cabo de infantería Edwin
Martínez ante su reclamo. "Nosotros venimos con instrucciones superiores y
aquí hacemos como queremos", le dijo.
"¿Quién es el confundido?"
Convocado como mediador, el alcalde Pérez Pascuala intentó
hacer valer la palabra de la autoridad municipal y en respuesta, a él
"también lo maltrataron".
Le contestaron que "estaba confundido, que
tenía que entender que una autoridad federal siempre iba a estar por encima de
la municipal". El alcalde respondió: "¿Quién es el confundido? Porque
yo no estoy enterado que haya sido derogada la Ley Orgánica del Municipio
Libre. Me parece que el confundido es usted". Y, según consta en el
oficio, el militar interpelado "sólo nos miró con desprecio" y dio
por concluida la discusión. Entonces, para aclarar el punto, las autoridades
municipales resolvieron llevar sus siempre infructuosas quejas orales al papel.
Así, por primera vez, los reclamos sin respuesta se plasmaron en un oficio con
todas las firmas y sellos de rigor.
Nunca habían presentado un escrito así, a pesar de
que el "mal comportamiento" de los militares venía de mucho tiempo
atrás; desde que, a mediados de los años noventa, empezaron los patrullajes de
supuestos operativos
contrainsurgentes y contra el narcotráfico.
El presidente municipal niega que la población de
Zongolica se oponga a la presencia del Ejército. Justamente eso fue lo que
reiteró cuando habló con el secretario Galván el pasado 8 de marzo durante la
audiencia con legisladores perredistas -Javier González Garza, Carlos
Navarrete, Guadalupe Acosta, Patricia Martínez, Juan Carlos Mezhua y Norberto
Carrasco- en Lomas de Sotelo.
"Le expuse que entre nosotros no hay oposición
a la presencia del Ejército. Tienen el paso libre, pero se les pide que no
pisoteen el derecho de la gente."
Con esta afirmación, las autoridades de Soledad
Atzompa rectifican las duras palabras que dirigieron el primero de marzo a
Calderón en una carta en la que expresaban: "La institución castrense
hasta ahora no nos ha servido; por el contrario, sólo nos ha agredido,
atentando contra nuestra integridad física y dignidad como personas, como
humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ejército para que de inmediato
salga de nuestro territorio y no vuelva jamás".
Los sucesos del 25 y el 27 de febrero, después del
ataque y la muerte de la señora Ascensión, pudieron haberse desbordado. La
misma noche del domingo la noticia se regó como pólvora en el escarpado caserío
de Tetlatzinga. "¡Que los soldados violaron a la Ernestina!" Al
anochecer miles de hombres se habían congregado frente a la presidencia
municipal en la cabecera, bloqueando la carretera que baja al valle de Orizaba
y cerrando el paso de un convoy militar que intentaba salir de la zona.
Era una patrulla donde viajaba el capitán José
Soberanes y cuatro soldados rasos que iban de civil. La gente sospechaba que
eran los culpables. El capitán persuadió al alcalde para que le cedieran el
paso con el argumento, que resultó falso, de que los llevaba
"arrestados".
Al día siguiente eran cerca de 6 mil los que se
congregaron en una hondonada de Tetlatzinga, dispuestos a avanzar los
"Mi pueblo -afirma Pérez Pascuala- es muy
sabio a pesar de no tener educación. Ese día demostramos que somos prudentes,
que estamos dispuestos a canalizar nuestro coraje por la vía de diálogo y la
exigencia de justicia."
El alcalde es un luchador social con un largo
camino andado. "Mucho antes del zapatismo", cuenta, "desde
mediados de los ochenta, empezamos a defender nuestros territorios y nuestros
derechos".
Fue dirigente del Centro Promotor de Justicia.
Azompa es uno de los cinco municipios perredistas de la sierra. Pero en las 22
jurisdicciones -cinco del sol azteca, tres de los más poblados panistas y el
resto priístas- se participa unitariamente en las agrupaciones productivas y de
gestión, donde tienen presencia la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra
de Zongolica, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra
de Zongolica y la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica.
Incluso la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en náhuatl)
mantiene su trabajo en la zona.
El arresto de la veracruzana Gloria Arenas,
fundadora del TINAM en los años ochenta y posteriormente dirigente del Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente en Guerrero en 1999 (actualmente
sentenciada a 50 años de prisión), alimentó versiones que datan de 1996 sobre
supuestas "ligas" de las agrupaciones de Zongolica con grupos
armados, lo mismo que el arresto, el año pasado, de los hermanos Gerardo y
Jorge Txompaxtle, presuntamente vinculados con el Ejército Popular
Revolucionario.
Esta semana, a raíz de la muerte de Ernestina
Ascención, la presunta vinculación del Ejército con los hechos, el reclamo de
justicia y la fricción entre los gobiernos estatal y federal, un anónimo que
fue distribuido a la prensa veracruzana señala los líderes de la Zongolica
-Pérez Pascuala, René Huertas, Maurilio Xocua y Julio Atenco- como miembros
"de una organización violenta y oscura" y con relaciones con la
guerrilla.
"Falso -responde el alcalde-; nosotros siempre
hemos dado la cara desde nuestras organizaciones, que son legales".
Calderón
se supeditó al Ejército en el caso Ernestina Ascencio: ONG
Soberanes no esperó a que concluyera la indagatoria
Por Emir Olivares Alonso. 8 de Abril del 2007. Las autoridades federal, estatal y militar,
así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han creado un
estado de duda en torno a las causas de la muerte de la anciana de Zongolica,
Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario (presuntamente violada por militares), al
emitir juicios a priori sin
que las investigaciones judiciales y periciales hayan concluido, coincidieron
defensores de derechos humanos.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos
los Derechos para Todos, advirtió que la actitud mostrada por el ombudsman nacional para "seguirle
el juego a (Felipe) Calderón", indican que José Luis Soberanes "tiene
una actitud de proteger y solapar el papel del Ejército", con lo que
demuestra que "ha claudicado" en su tarea de defender los derechos
humanos.
Soberanes "debería tener un parámetro de mayor
exigencia, pareciera que se ha sumado a toda esa posición presidencial de darle
un enorme peso a la figura del Ejército y evitar a toda costa su
cuestionamiento", indicó el activista.
Agregó que en el caso de la anciana indígena de
Zongolica, municipio de Soledad Atzompa, es imposible dar el beneficio de la
duda a las afirmaciones hechas por el presidente Calderón y por el titular de
la CNDH, debido a que en lugar de contribuir a la certeza y esclarecimiento de
los hechos, "actuaron de manera irresponsable al adelantar hipótesis sin
que hubiese una investigación terminada y en medio de una situación polémica;
en lugar de contribuir a la certeza", con lo cual las instancias a su
cargo pierden prestigio y credibilidad.
Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga
Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideró "una imprudencia
total" que todas las instituciones hayan emitido sus propias conclusiones
sin llegar a conocer los resultados finales de la investigación.
"Nos parece una imprudencia total y una falta
de respeto a la familia, a la víctima, a la comunidad y a la ciudadanía, el
manejo tan grave que el gobierno federal y estatal, la CNDH y la autoridad
castrense hicieron al exonerar a los militares señalados del presunto delito,
sin esperar el proceso de investigación técnico-pericial. Es una falta de
sensibilidad política ante el hecho, y una supeditación del Poder Ejecutivo al
militar, significa que Calderón sigue con la casaca militar puesta, sin querer
actuar de manera objetiva como comandante supremo", señaló Ramírez.
A su parecer, todas las instancias señaladas
debieron solicitar una investigación a fondo de lo ocurrido, y de haber
militares implicados sancionarlos conforme a derecho, "esa era la
declaración que los organismos civiles esperábamos"; y al no ser así,
dijo, el caso se enrareció, por lo que ante las dudas, solicitó a la CNDH
"nos permita una copia del expediente para dar nuestras observaciones
técnico-periciales".
Ambos defensores de derechos humanos coincidieron
en que a diferencia de su acostumbrada forma de actuar, en este caso Soberanes
Fernández emitió una conclusión "demasiado pronto", con lo que dejó
espacio para un sinnúmero de dudas.
Indígenas
piden cita a calderón por caso ascencio
Andrés T.
Morales Corresponsal. Veracruz, Ver., 6 de abril. La
Asamblea General de Comunidades del Pueblo Nahua de Zongolica envió hoy una solicitud
de audiencia al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que un grupo de
representantes indígenas y familiares de la anciana Ernestina Ascencio Rosario
-presuntamente atacada sexualmente por militares- acuda a Los Pinos y exponga
el caso "sin intermediarios".
La petición al titular del Ejecutivo es para que
"escuche nuestra palabra y así aclaremos dudas y malos entendidos",
argumenta en el documento el fundador de la Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Croisz), Julio Atenco
Vidal.
Señala que el pueblo nahua "se ha negado a
creer que atrás de sus palabras (de Calderón) exista mala fe", y que se
busca la aplicación de la justicia en el crimen de la anciana que falleció el
pasado 26 de febrero.
Indica que con la intención de proteger a los
responsables del ataque contra Ascencio Rosario se da "un claro mensaje a
nosotros y a la sociedad mexicana de que este crimen pudo tener objetivos
políticos o militares".
El escrito fechado este viernes en el municipio de
Soledad Atzompa fue firmado por los integrantes del cabildo del mismo
ayuntamiento.
"En los pasados 15 días se ha intentado
desvirtuar la realidad. El pasado 12 de marzo usted hizo una declaración sobre
este caso y mencionó que la muerte de nuestra hermana Ernestina fue debido a
una gastritis crónica mal atendida", dice el documento.
"Nosotros nos hemos resistido a creer que
atrás de su palabra exista mala fe. Estimamos que a usted le aportan
información necesariamente sintetizada y que con toda seguridad le informaron
mal. Por lo delicado del caso, puesto que están involucrados integrantes del
Ejército, le solicitamos la audiencia con el fin de que usted escuche nuestra
palabra sin intermediarios y así aclaremos dudas y malos entendidos",
agrega.
Atenco Vidal, uno de los firmantes del documento,
refiere que el crimen fue un agravio a los familiares de la víctima y del
pueblo nahuatl. "Por su condición de mujer, por ser mayor y de mucho
respeto y por ser indígena nahua igual que todo nuestro pueblo. Por eso, la demanda
de justicia es de todo nuestro pueblo", manifiesta.
Niega que haya un "plan preconcebido para
denostar al Ejército", argumento de "quienes pretenden
impunidad".
El escrito expone que el pueblo indígena no tiene
interés de agraviar a la institución castrense sino de obtener justicia en la
muerte de la anciana originaria de la comunidad de Tetlatzinga.
"Grave significa que se continúe protegiendo a
los presuntos responsables de este absurdo e inaudito crimen -todos ellos los
soldados u oficiales del Ejército- como la institución castrense misma pues
están dando un claro mensaje a la sociedad mexicana que este crimen pudo tener
objetivos políticos y/o militares", expresa.
Por su lado, el alcalde de Soledad Atzompa, Javier
Pérez Pascuala, expuso que en el transcurso de la próxima semana esperan la
respuesta del Presidente y se dijo confiado en que atenderá la tercera petición
de audiencia que le dirigen.
"Inaceptables",
las reacciones oficiales ante el caso de Ernestina Ascencio
Cuestionan abogadas las posturas de Calderón, de la
CNDH y de
De la redacción. 6 de Abril del 2007.Abogadas consideraron "inaceptables"
las reacciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del
presidente Felipe Calderón, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante el caso de la indígena
Ernestina Ascencio Rosario, porque -advirtieron-, si prevalecen sus actuaciones
"dejarán impunes la violencia sexual y la privación de la vida de la
agraviada".
Las juristas Carmen Herrera, Pilar Noriega y Julia
Suárez señalaron que a 36 días de que Ascencio Rosario fue hallada muerta,
víctima de violación tumultuaria por miembros del 63 batallón de infantería de
la zona militar de Lencero, Veracruz -según fue denunciado por familiares de la
indígena, quienes afirmaron que en lengua náhuatl ella les dijo: "los
militares se me vinieron encima"-, la única respuesta de las autoridades
"es la negación a priori
de que la anciana haya sido víctima de violencia sexual, atribuyendo su muerte
a una gastritis".
Además, "ha habido omisión para investigar
eficazmente los hechos y se ha descalificado su acusación -de que fue violada
por militares- por la razón de que fue hecha en náhuatl y estaba moribunda,
como dijo la titular del Inmujeres", subrayaron las abogadas.
Cuestionaron que a pesar de que no han concluido
las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía Especializada en Delitos
Sexuales y la agencia del Ministerio Público regional en Ciudad Mendoza, Veracruz,
"altas autoridades, entre ellas, la CNDH, el Ejecutivo, la Sedena y el
Inmujeres ya han negado la violación".
Herrera, Noriega y Suárez sostuvieron que la
actuación del gobierno federal y de la CNDH no sólo contraviene la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente a partir del 2 de
febrero de este año, sino que además "su actuación podría constituir lo
que el artículo 18 de esa norma denomina violencia institucional".
Esta, precisaron las juristas, se define como
"los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden
de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir
el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia".
Consideraron inaceptable que el Inmujeres, en lugar
de cumplir sus funciones e investigar las causas, características y consecuencia
de la violencia de que fue víctima Ascencio Rosario, y de difundir una cultura
de respeto hacia los derechos femeninos, haga referencia a la lengua que
hablaba la víctima y a que "estaba moribunda y balbuceaba; entonces se me
quita la certeza (sic) de lo que dijo", además de que respalda lo que
declaró el presidente Felipe Calderón, quien atribuyó la muerte a una
"gastritis no atendida".
Igualmente, subrayaron, es reprobable la actuación
de la CNDH, ya que en lugar de realizar una investigación seria y exhaustiva,
ha emitido declaraciones que ponen en duda la denuncia por muerte violenta que
hicieron los familiares de la víctima.
Irresponsable,
la Procuraduría de Veracruz en el caso Ascencio: CNDH
''No hubo violación'', reitera Susana Thalía
Pedrosa, segunda visitadora.
La culpa de que peritos militares participaran en
las necropsias que, sostiene, ''fueron mal practicadas''.
Víctor Ballinas. 05 de abril de 2007. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
insistió ayer que en el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario ''no
hubo violación'' y existen contradicciones en los resultados de la primera y
segunda necropsias; además, la CNDH acusó a la Procuraduría de Justicia de
Veracruz de ser la responsable de que peritos militares estuvieran presentes y
participaran en la segunda autopsia.
La segunda visitadora general de la comisión,
Susana Thalía Pedrosa, sostuvo que ''hay una total irresponsabilidad de la
procuraduría estatal. Tenemos documentado que han perdido las primeras muestras
y las segundas nos las entregaron 19 días después. Además, a la señora
(Ernestina) hasta pruebas de cocaína le hicieron, está comprobado". Ante
ello, dijo, se pidió la exhumación del cuerpo por las omisiones,
irregularidades y falsedades en que se incurrió.
Al mencionarle que los resultados de las dos
necropsias señalan que el cuerpo presentaba desgarres en las regiones vaginal y
anal, la visitadora insistió en que entre la primera y la segunda hay
incongruencias, pues en la primera no se tomaron muestras vaginales ni de la
región anal y en la segunda dijeron que ''las cortadas con bisturí son
desgarres''.
El dictamen de la procuraduría estatal señala que
hay desgarre en la región rectal. Los funcionarios veracruzanos dijeron que al
explorar la región de los genitales se apreció desgarre reciente a nivel rectal
y apreciaron ''melena'' (sangrado) y salida de líquido hemático por el recto
con desgarres.
En la segunda necropsia, dijo la CNDH, la
procuraduría estatal señaló que ''encontraron desgarres recientes a eso de las
cuatro, cinco, ocho y nueve, tomando como base la carátula de un reloj a nivel
región anal, prolongándose el de las cinco hasta el tejido de mucosa''.
Abunda la comisión que en la segunda necropsia los
peritos de la procuraduría dijeron que observaron carúnculas multiformes,
primero sin lesiones, y que al terminar la revisión se exploró la región
vulvar.
En el caso de la segunda necropsia, los
funcionarios de la CNDH apuntaron que el resultado es contradictorio con la
primera en las horas y en lo que dicen que detectaron. ''Nosotros no vimos esos
desgarres''.
-¿No los vieron o no existieron? -se preguntó.
-No, no hay tales desgarres; en la segunda
necropsia lo que señalan como ''desgarres recientes'' son los cortes que
hicieron con bisturí al exhumar el cuerpo para hacerle los análisis. Tenemos el
video y las fotografías de estos cortes y también ahí se muestra que al exhumar
el cuerpo la necropsia no se le había hecho.
Susana Thalía Pedrosa insistió en que ''la CNDH,
mediante oficio del 7 de marzo, solicitó la exhumación con presencia del
personal de la comisión. Nosotros no sabemos el origen (sic) de los militares,
pero su presencia debió haberla autorizado la procuraduría estatal; ellos deben
responder quién dio el permiso para que estuvieran ahí''.
Añade: ''La confusión que se ha generado se debe a
que la Procuraduría de Justicia de Veracruz quiere sostener lo insostenible; si
se acude a médicos especialistas en estos temas ellos desvirtuarán esa versión.
La CNDH está abierta a entregar a expertos las laminillas de los resultados
histopatológicos de todos los órganos y, con base en ello, sostenemos que no
hubo violación''.
-¿La Secretaría de la Defensa dio a conocer que se
está analizando líquido seminal?
-Le hemos solicitado a la Sedena que nos dé los
resultados de ese informe y tienen hasta el próximo martes para entregarlo. La
respuesta que nos envíe debe dar cuenta de si obtuvo ese líquido seminal, quién
y cómo lo obtuvo.
-Los familiares de la señora demandan la
destitución del ombudsman
nacional, porque no creen en sus afirmaciones y aseguran que sí hubo violación.
-La CNDH y los peritos estamos indignados por el
manejo que la procuraduría del estado ha dado a este caso. Primero filtraron
una foto y ahí hay una violación al derecho a la intimidad de las familias;
segundo, se ha hecho una manipulación de las causas de la muerte de una persona
de la tercera edad, mujer e indígena. Se han cometido violaciones al derecho a
la seguridad, legalidad jurídica y protección a la vida.
La visitadora asegura que la CNDH buscará a los
familiares de Ernestina Ascencio para explicarles la causa de la muerte. ''Es
algo que les va a impactar, porque no hubo violación sexual ni homicidio, pero
sí hemos encontrado una serie de contradicciones, de falsedades y de
manipulación en la información que ha emitido la Procuraduría de Justicia de
Veracruz''.
Agrega que tienen interés en que con las
evidencias, los estudios, las fotografías y los videos la familia conozca la
verdad. Hay muchas dudas por las contradicciones en la información de la
procuraduría; nosotros con la evidencia acreditamos que no hubo violación; el
expediente sigue abierto para recibir mayores pruebas, pero funcionarios de
Veracruz deberán responder ante la Procuraduría General de la República por la
denuncia que se interpondrá.
La CNDH sostiene que hay una integración irregular
de la averiguación previa, que no se ha citado a personas que han declarado o
se han pronunciado públicamente sobre este deceso. ''Todas las testimoniales de
la procuraduría estatal se contradicen, se caen y cada vez surgen nuevas
contradicciones. Es falso que haya coincidencia en las dos necropsias, lo único
en lo que sí están de acuerdo es que la persona presentaba anemia aguda, pero
en la primera autopsia hablan de traumatismo craneoencefálico, lo que haría
suponer un homicidio, pero en la segunda ya no lo refieren''.
CIMAC
Atzompa:
nahuas demandarán penalmente a José Luis Soberanes
Y piden intervención de AI
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Soledad Atzompa, Veracruz, 3 abril 07 (CIMAC).- Al no haber una respuesta clara a su reclamo
de justicia, organizaciones y familiares de la indígena náhuatl presuntamente
violada y victimada por militares denunciarán penalmente al titular de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y además
solicitarán formalmente la intervención de Amnistía Internacional para el
esclarecimiento de la muerte de la señora.
Durante casi tres horas, más de 250 representantes
comunitarios y organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica se
solidarizaron con la familia de la víctima y rechazaron el dictamen de la CNDH
sobre las causas de muerte de la indígena de la comunidad de Tetlacinga.
En la asamblea comunitaria se conformó un comité
integrado por los hijos de la víctima, representantes comunitarios, autoridades
de 10 municipios de la sierra de Zongolica, dirigentes de organizaciones
civiles de la región de Orizaba y Córdoba, y se invitará a diputados federales
y locales a participar en él, para que juntos emprendan una acción jurídica en
contra del presidente de
Exigen también a Felipe Calderón la destitución
inmediata de Soberanes por "mentir a la población en general sobre (que)
la muerte de nuestra hermana fue por diferentes enfermedades, cuando los hijos
aquí presentes fueron testigos de las últimas palabras de su señora madre que
les dijo: que ella había sido atacada sexualmente", expresó el presidente
municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala.
La comisión, respaldada por el diputado federal
Marcos Matías, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, marcará un plazo
de una semana para lograr una respuesta clara. Posteriormente iniciarán
movilizaciones en diferentes partes de la entidad, pues no dejarán que los hechos
queden impunes.
El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Soledad Atzompa y líder natural de la sierra de Zongolica, Julio Atenco Vidal,
explicó que la estrategia de lucha jurídica se construirá en alianza con un
grupo de ciudadanos de la Ciudad de México, quienes han ofrecido su apoyo
solidario, y con Amnistía Internacional, la cual cuenta ya con toda la
información del caso.
Opinó que, considerando que el asunto es cada vez
más complejo, se ven obligados a agotar todas las instancias nacionales y
recurrir de ser necesario a los Tribunales Internacionales, a fin de que el
crimen no quede impune, pues es un crimen que no solo agravia a la familia
natural o al pueblo de Atzompa sino a todos los pueblos indígenas del país, al
tratarse de una mujer, anciana e indígena.
En este caso -aseguró Atenco Vidal- como estrategia
retomarán la palabra del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien
contradiciendo la declaración de la CNDH asegura que la muerte de Ernestina es
un crimen y no una muerte natural. "Este es un paso muy importante que
demuestra congruencia del Gobierno del estado y con ello queremos
reconocer que se ratifica la alianza estratégica que ya se le ofreció al
gobernador la semana pasada de parte de todas las autoridades comunitarias de
Soledad Atzompa".
Con los brazos alzados, en señal de que están en
lucha, los indígenas se solidarizaron para que con una misma voz, con la suma
de fuerzas y bajo una misma dirección exijan justicia y castigo a los
responsables del crimen, que son militares y para que se desmilitarice la
sierra de Zongolica. Pero además para que tanto el Gobierno federal y Estatal
apoyen los procesos de auto desarrollo y autonomía indígena en la sierra.
"Nosotros lo que queremos pedirles es justicia,
no pedimos otra cosa, estamos en contra de los responsables, nosotros queremos
justicia, nosotros no queremos dinero, no queremos nada, lo que queremos es
justicia, tenemos hambre y sed pero no de la que se calma con agua sino la que
se calma con justicia", fueron las palabras de los hijos de la mujer
asesinada el pasado 25 de febrero en Tetlacinga.
A decir del dirigente de la Coordinadora Regional
de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, René Huerta Rodríguez,
se mantienen un contacto cercano con organizaciones nacionales e
internacionales. Existe también un enlace continental con organizaciones de
mujeres indígenas, incluyendo a más de cien grupos del país y todos ellos se
encuentran muy atentos a la aplicación de la ley en este caso.
Además externó que cuando así lo determinen la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional podrán
intervenir en este caso, "las puertas se encuentran abiertas para todos
aquellos que deseen que esto se esclarezca".
Así mismo denunciaron hostigamiento y amenazas que
tanto las autoridades como los representantes comunitarios han recibido de
forma anónima. "Hay una mano negra atrás de todo esto, viene de cualquier
lugar menos de la zona, es muy probable que venga del gobierno federal",
opinó Julio Atenco Vidal.
CIMAC
Atzompa:
posible violencia institucional de autoridades federales
Dicen Abogadas y abogados por la justicia
México DF, 3
abril 07 (CIMAC).- En el caso de doña Ernestina Ascencio, mujer nahua violada
y asesinada presuntamente por militares en un poblado de la sierra de Zongolica
el mes pasado, las autoridades federales podrían incurrir en violencia
institucional contemplada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, recientemente aprobada, afirma hoy en un boletín la organización
Abogadas y abogados para la justicia y los derechos humanos, AC.
"Han pasado 34 días desde que doña Ernestina
Ascensio Rosario, indígena náhuatl de 73 años de edad, fuera encontrada víctima
de violación tumultuaria por parte de miembros del 63 Batallón de Infantería de
la 26 zona militar de Lencero, Veracruz -según fue denunciado por sus
familiares-, habiendo revelado en su propia lengua, que "los militares se
me [le] vinieron encima", dice el texto".
"Lo único que se tiene hasta el momento por
parte de altas autoridades del Estado, es la negación a priori, de que doña
Ernestina haya sido víctima de violencia sexual atribuyendo su muerte a una
gastritis, la omisión para investigar eficazmente los hechos e incluso,
la descalificación de la acusación que hizo a los militares por la razón de que
"fue en náhuatl" y estaba moribunda -como lo hizo la titular del
Instituto Nacional de las Mujeres".
"Entre las altas autoridades que han
reaccionado en ese sentido, dicen los abogados en su boletín, se encuentran el
Presidente de la República, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de
la Defensa Nacional, sin que aún concluyan las investigaciones que llevan a
cabo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y la Agencia del Ministerio
Público Regional en Ciudad Mendoza, Veracruz, en las averiguaciones previas
números 140/07 y 471/07".
"Son inaceptables las reacciones y actuación
de las autoridades mencionadas porque de prevalecer, dejarían impune la
violencia sexual y la privación de la vida de que fue víctima doña Ernestina y
porque contravienen la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
violencia (Ley contra la violencia) -publicada por el Diario Oficial de la
Federación y vigente a partir del 2 de febrero de 2007- que les ordena
coordinarse para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres".
"Su actuación podría constituir lo que el
artículo 18 de la propia ley denomina violencia institucional, la cual define
como "los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia."
La aprobación de esta Ley para ser aplicada en todo
el país, "parecía anunciar que por fin en México habría una política
de Estado que asegurara el cumplimiento de las obligaciones que asumió al
ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, vigente desde 1981) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer "Convención de Belem Do Pará" (vigente desde 1999); o para
cumplir con las recomendaciones que le formulara la Relatora de la ONU sobre
la violencia contra la mujer en su informe de 2006 relativo a su misión a
México, entre las que se encuentran: que en los casos de denuncias sobre
violencia a las mujeres se realice una investigación con la debida diligencia
(párrafo 69 inciso a- iv); se brinde protección a la víctima y sus familiares
(párrafo 69 c); se respete el derecho de las víctimas y sus familiares a
examinar el expediente y estar al corriente del caso, y fortalecer la
administración de justicia, prestando atención especial a los obstáculos de
derecho y de procedimiento que impiden el acceso de las mujeres, especialmente
las mujeres indígenas. Sin embargo, en el caso de doña Ernestina está
ocurriendo lo contrario" detalla el documento.
INMUJERES, POSICIÓN INACEPTABLE
"Resulta inaceptable que el Instituto Nacional
de las Mujeres -que de acuerdo a la Ley contra la violencia ocupará
próximamente la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres-, en lugar
de cumplir con las funciones que se le impusieron de investigar sobre las
causas, características y consecuencia de la violencia de que fue víctima doña
Ernestina y de difundir una cultura de respeto a los derechos de las
mujeres y de promoción de la procuración de justicia en estos casos (Art. 48 de
la Ley contra la violencia), haga referencia a la lengua que hablaba la víctima
y a que "estaba moribunda, balbuceaba; entonces, se me quita la certeza
(sic) de lo que dijo" (Jornada 1º de abril de 2007, pg 9), y además,
respalde lo dicho por el Presidente de la República al atribuirle la muerte a
una gastritis no atendida.
"Igualmente reprobable es la actuación de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en lugar de realizar una
investigación seria y exhaustiva de los hechos, apegada al Protocolo
Modelo para la investigación forense de muertes sospechosas de haberse
producido por violación de los derechos humanos, esté emitiendo afirmaciones
que ponen en duda la denuncia por muerte violenta que hizo su familia y su
comunidad, en el sentido de que no hubo homicidio ni violación, que se practicó
mal la necropsia o que hubo negligencia, poniendo en duda la denuncia por
violencia sexual y muerte violenta que hizo la familia y la comunidad de doña
Ernestina.
"Afirmaciones, dice el boletín, que resultan
contrarias al objetivo esencial de dicho organismo: la protección, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos (Art. 2 de su
Ley)".
La Oficina en México del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, recuerdan los abogados, "al presentar el protocolo
mencionado en nuestro país, señaló que se siguen observando investigaciones
deficientes e incompletas que en muchos casos no cumplen con los estándares científicos
internacionales-. Las declaraciones del Presidente de la CNDH no parecen
constituir conclusiones que se desprendan de la aplicación de dicho
Protocolo".
Finalmente, dicen, "ni la violencia ni la
muerte que sufrió doña Ernestina pueden revertirse. El único camino que queda
es la investigación seria y eficaz para esclarecer los hechos; prevenir y
sancionar la violencia de que fue objeto la señora Ernestina Ascensio y también
tomar medidas de no repetición a fin de que se inicie un verdadero proceso de
erradicación de la violencia contra las mujeres en México.
"Ello sólo será posible si las autoridades y
organismos que deben intervenir en este caso y el propio Presidente de la
República, además de rendir las debidas explicaciones por las opiniones
emitidas, actúan de acuerdo a las obligaciones asumidas por el Estado
para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, respetando el debido
proceso y los lineamientos contenidos en la Ley contra la violencia, la
Convención de Belem Do Pará, la CEDAW y las diferentes recomendaciones que le
han formulado en la materia los diferentes mecanismos internacionales de
protección de los derechos humanos", concluye el boletín de Abogadas y
abogados para la justicia y los derechos humanos, AC.
Todos los
pueblos de la sierra Zongolica reclaman la renuncia de José Luis Soberanes
La "sed de justicia" por el asesinato de
Ernestina Ascencio une a PRD y PRI.
Crean comité representativo y unitario para dar
seguimiento a las investigaciones del crimen.
Blanche Petrich, enviada. Soledad Atzompa, Veracruz, 3 de abril. Con "sed de justicia" y
respaldados por todos los pueblos de la sierra Zongolica, los cinco hijos de la
señora Ernestina Ascencio demandaron la destitución del presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes,
"porque miente a la población al decir que la muerte de nuestra madre fue
por enfermedad". Las tres mujeres de largas trenzas, Marta, Carmen y
Juana, a ratos se tapan la boca con el rebozo, apenadas. Los dos hombres, Julio
y Francisco, se muestran firmes. Juntos, los hermanos Inés Ascencio encabezaron
este martes una asamblea en la que participaron más de 100 hombres y mujeres
congregados de los 22 municipios serranos y de algunas zonas urbanas de Orizaba
y Córdoba.
El presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier
Pérez Pascuala, que al asumir su papel de autoridad habla por ellos, reitera:
"Ellos son testigos de la última palabra de su señora madre, de que fue
atacada sexualmente. Y lamentablemente la declaración de la CNDH agrede a la
familia. Le pedimos a todas las autoridades que ya no sigan lacerando a los
hermanos en este dolor que tienen".
Con estas declaraciones ante un nutrido grupo de periodistas
veracruzanos concluyó una intensa y compacta asamblea realizada en el salón de
actos de la agencia de Atzompa. Todos los agentes de los 22 municipios de la
Zongolica acudieron y aprobaron la iniciativa de exigir la salida de Soberanes
del cargo de ombudsman
nacional, por considerar que al ventilar públicamente sus puntos de vista sobre
la muerte de la señora Ernestina y desconocer la instancia correspondiente, a
escala estatal, faltó el respeto a la familia de la víctima. "Nosotros
-expresaron las autoridades- respetamos las instancias y los plazos debidos.
Nos dijeron que técnica y científicamente había plazos que esperar. Y
esperamos. El señor Soberanes, lamentablemente, no lo hizo".
Además de las organizaciones campesinas y de
mujeres, las autoridades comunitarias de municipios de las montañas, acudieron
representantes de redes ciudadanas de los núcleos urbanos de Mendoza, Nogales,
Orizaba, 18 municipios de la zona de Córdoba y varios más de las sierras Negra
y de Orizaba, que confluyen con sus alturas y laderas en el verde valle que se
extiende a los pies de Atzompa. Hubo priístas y perredistas, líderes rivales
que hasta hace poco tenían fricciones y diferencias, grupos de base y cuadros
políticos.
A partir de hoy los une una causa común. "Levante
la mano quien esté de acuerdo con pedir justicia", pide el presidente de
debates. Y en el sofocante auditorio donde está por concluir la asamblea, toda
en náhuatl, se levantan todas las manos, hasta las de los niños que asisten
pegados a las faldas de sus madres. Y todos dicen en español:
"¡Justicia!"
Momentos antes se había propuesto la creación de un
comité, representativo y unitario, que arropara con su solidaridad y sus
acciones a la familia Inés Ascencio. Más de 50 personas se levantaron a firmar
el acta constitutiva. Hacía años que en la sierra Zongolica no se vivía una
acción unitaria como esta. Pero además, se anunció que pedirán a todos los
legisladores veracruzanos, tanto a los que representan al estado en el Congreso
como los diputados locales, a que se sumen a la iniciativa. Más aun, afirmó el
regidor de obra pública Julio Atenco, "le tomamos la palabra al señor
gobernador (Fidel Herrera), que ha ratificado que lo que se perpetró contra la
señora Ernestina fue un crimen y no ocurrió por muerte natural, lo cual lo pone
en contradicción con la CNDH. Eso ha marcado un paso muy importante de
congruencia del gobierno veracruzano, que queremos reconocer". Sus
palabras fueron secundadas por la audiencia.
A partir de este momento, se anunció, se esperará
"un tiempo determinado", para que la fiscalía especial asignada al
caso por la Procuraduría General de Justicia Estatal, que encabeza Juan
Alatriste, lleve a cabo la investigación "hasta sus últimas
consecuencias". Pero, advirtió el alcalde Pérez Pascuala, "si no
hubiera respuesta a nuestra petición, se iniciarían movilizaciones en
diferentes partes de la entidad, pidiendo únicamente que este crimen no quede
impune".
Se aclaró, de paso, que aquí "no se está
culpando a nadie". Aunque por varios antecedentes de conflictos y
atropellos, y por las circunstancias que rodearon la muerte de la abuela
Ernestina, incluyendo su último testimonio, no hay duda, en estos pueblos,
sobre la responsabilidad de los soldados.
Durante la asamblea, las tres hijas de Ernestina
hablaron largamente, con seguridad. La audiencia bebía sus palabras. Algunos
vocablos en español daban idea de por dónde iban los discursos: "Anemia no
es cierto", "mucho coraje", "presidente de los derechos
humanos". Pero ya frente a la prensa, inhibidas frente a un idioma ajeno,
resumieron su sentir en unas pocas frases, pronunciadas con las mejillas
encendidas: "Tenemos hambre y sed pero no queremos comida ni agua. No
queremos dinero, no queremos nada, queremos justicia. Sólo eso, compañeros y compañeras,
señor gobernador".
En su turno en el uso de la palabra, el dirigente
de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica
(CROISZ), René Huertas, explicó lo difícil que fue para los hermanos Inés
Asencio, espiritualmente, acceder a la petición de proceder a exhumar el cuerpo
de su madre, apenas un día después de que, conforme a los usos funerarios de
los pueblos indígenas, acudieron los dolientes al cementerio a "levantar
la cruz" de la difunta. Pero lo hicieron por contribuir a la
investigación.
Nadie, de todos los presentes, recordaba un solo
caso de exhumación de restos en estos pueblos.
Por ello, insistió, "si alguna institución
dice tener la verdad, vamos a pedirle que se dirija a la instancia
especializada que el gobierno del estado instruyó. La fiscalía ha asegurado que
está dedicada, y sabemos que sí, las 24 horas a trabajar en el caso. Es la
única que va a definir legalmente este proceso. Los demás serán simplemente
decires. Pero en esos decires no queremos que sigan dañando a la familia".
Por su parte, Julio Atenco señaló que, además de
trabajar en la estrategia jurídica, el comité de apoyo a la familia Ascencio
trabajará una línea de estrategia de lucha política con apoyo solidario de
grupos civiles de México, con diputados federales, entre ellos el perredista
nahua Marcos Matías, que preside la Comisión de Asuntos Indígenas; la
organización Enlace Continental de Mujeres, que sólo en México cuenta con más
de 100 grupos en toda la República, y con Amnistía Internacional. "En este
asunto cada vez más complejo -señaló Atenco- vamos a agotar todas las
instancias nacionales, pero sabemos que al final vamos a tener que llegar a
instancias internacionales con tal de que este crimen no quede impune."
CIMAC
Pide OMCT
se investigue caso Atzompa
Ante "contradicciones y declaraciones
precipitadas".
México DF, 2
abril 07 (CIMAC).- El Secretariado Internacional de la Organización Mundial
Contra la Tortura (OMCT) dice, en un boletín fechado el día de hoy en Ginebra,
que ha recibido "con mucha preocupación" nuevas informaciones del
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", miembro de la
red SOS-Tortura, referentes al caso de la Sra. Ernestina Ascencio Rosario,
mujer indígena de 73 años de edad, que según testimonios de familiares y
testigos, habría sido violada tumultuariamente por elementos castrenses en la
comunidad de Tetlalzingo, municipio Soledad Atzompa, Veracruz, crimen que
resultó en su fallecimiento el 26 de febrero de 2007.
Ante ello, solicita a la ciudadanía su
intervención para escribir a las autoridades de México, urgiéndolas a tomar
medidas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la
familia de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
Para que lleven a cabo una investigación inmediata,
exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la violación sexual de la
señora Ernestina Ascencio Rosario con el fin de identificar a los responsables,
llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y
aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Asimismo, para que brinden una reparación a la
familia de la señora. Y a garantizar el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales
de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura y con la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer.
Todo esto, dice el boletín, derivado de las "contradicciones
y declaraciones precipitadas" en torno al caso.
"Según las informaciones, el 29 de marzo de
2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó sus
conclusiones derivadas de una segunda autopsia realizada por peritos técnico-científicos
a los restos de la Sra. Ernestina Ascencio Rosario. En su pronunciamiento, la
CNDH establece "la inexistencia de traumatismo cráneo-encefálico, fractura
y luxación de vértebras cervicales como causa de [su] muerte […], y la
inexistencia de desgarros en la región vaginal y de una perforación rectal así
como de lesiones de origen traumático al exterior" descartando así
implícitamente la posibilidad de una violación sexual.
En declaración a la prensa -recuerda el
boletín- el 13 de marzo de 2007, Felipe Calderón ya declaraba que
"no hay rastros de que [la señora] haya sido violada" mientras que la
CNDH mencionó el 14 de marzo que los resultados de la autopsia realizada el 9
de marzo se concluirían en un plazo de
"No obstante el 14 y 16 de marzo el Presidente
de la CNDH declaró en comunicados a la prensa que las posibles causas de
fallecimiento de la Sra. Ernestina Ascensio no están vinculadas con la
violación".
"La OMCT teme que, ante tales contradicciones
y declaraciones precipitadas realizadas antes de que la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Veracruz determine si hay elementos suficientes para
inculpar a los miembros del ejército presuntamente responsables de la violación
y muerte de la Sra. Ernestina Ascencio, las investigaciones no sean realizadas
de manera independiente e imparcial y que no resulten en la sanción de los
culpables y reparación a la familia de la víctima".
LOS HECHOS
La OMCT hace un "recordatorio" de los
hechos ocurridos en Veracruz:
"Según las informaciones, el 25 de febrero de
2007, la Sra. Ernestina Ascencio Rosario fue violada por entre cuatro y 11
miembros del 63° Batallón de Infantería de la 26ª zona militar de Lencero,
Veracruz. La Sra. Rosario fue hallada aún con vida por sus familiares y les
relató lo ocurrido. Según el testimonio de la víctima: "los militares se
le vinieron encima".
"Más tarde, debido a su crítico estado de
salud fue trasladada al hospital regional de Río Blanco, en donde ella murió el
26 de febrero. De acuerdo a lo informado por sus familiares, el certificado de
muerte señaló que la Sra. Ernestina Ascensio fue violada y que falleció como
consecuencia de una infección en intestinos e hígado y también presentaba
huellas de tortura y perforación del recto".
DESLINDE MILITAR
De acuerdo con los informes, explica el comunicado
de la OMCT, las autoridades militares han emitido diversos comunicados
deslindándose de cualquier responsabilidad. En un comunicado del 6 de marzo de
2007 declararon que "delincuentes que utilizaron prendas militares
perpetraron el crimen" y, habrían portado las mencionadas prendas con el
fin de inculpar a integrantes del Ejército para con ello lograr que los
militares abandonen el área".
Ante tal discurso, continúa el comunicado, "a la
OMCT le preocupó que las investigaciones por parte de la Procuraduría General
de Justicia del Ejército no fueran exhaustivas e independientes, y que el caso
pudiera quedar impune.
"La OMCT teme además que este incidente, el
cual según las informaciones ha generado un descontento generalizado en las
poblaciones indígenas cercanas y la desestabilización social y política de la
región, podría resultar en acciones violentas por parte de los pobladores y las
autoridades.
"La OMCT recuerda que a pesar de que el
gobierno mexicano niega la participación de miembros del ejército en este
crimen, existen denuncias sobre varios casos de violación sexual presuntamente
cometidos por miembros del ejército regular mexicano, cuyos perpetradores y sus
responsables jerárquicos no han recibido el juzgamiento y/o el castigo acorde
con la ley".
Médicos
descalificados por Soberanes amagan con presentar demanda legal
Ratifican que la anciana Ernestina Ascensio pereció
de muerte violenta.
Indignante que el ombudsman nacional sea incondicional del gobierno, dice
ONG.
Andrés T.
Morales Corresponsal. Jalapa, Ver., 2 de abril. La
andanada de descalificaciones y señalamientos hechos por el presidente de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, obligó a
los médicos legistas que elaboraron el reporte sobre la muerte de la anciana
Ernestina Ascensio Rosario a defenderse jurídicamente "ante las instancias
que sean necesarias", anunció el director general de Investigaciones
Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Marco Antonio
Lezama Moo.
En entrevista concedida en el patio del palacio de
gobierno, donde participó en el programa Lunes de Puertas Abiertas, Lezama Moo
informó que los peritos actualmente elaboran un expediente que presentarán al
gobernador, Fidel Herrera Beltrán, sobre los resultados de las autopsias
practicadas al cadáver de la indígena fallecida el pasado 25 de febrero, en el
Hospital Regional de Río Blanco.
Inclusive, anticipó la posibilidad de que con base
en las pruebas documentales y la experiencia profesional de los galenos, éstos
ratifiquen la valoración hecha a los restos de Ascensio Rosario, pese a la
versión que maneja la CNDH, es decir, mantendrían el dictamen de que la anciana
pereció de muerte violenta "mecánica-traumática", y no por deceso
natural derivado de alguna enfermedad, como lo presume Soberanes Fernández.
"Los peritos, como médicos que son, van a
responder de acuerdo con su criterio profesional y ellos llevarán sus cosas
ante las autoridades correspondientes, y dirán 'de acuerdo con mi criterio, y
tengo cédula profesional, puedo decir que esto es verde y no que es azul', pero
no que estén equivocados", afirmó Marco Antonio Lezama.
Aunque no quiso confrontarse directamente con el ombudsman nacional, Lezama Moo aseguró
que por su experiencia profesional es difícil que los médicos legistas al
servicio de la procuraduría veracruzana incurrieran en negligencia, errores o
impericia al revisar el cadáver de Ernestina Ascensio.
Por su lado, Montserrat Díaz, integrante de la Red
de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver), consideró como
"indignante" la respuesta dada por el gobierno federal y la CNDH al
caso de la anciana de Soledad Atzompa.
"Nos parece indignante, porque significa que
no se permitirá que haya acceso a la justicia", dijo sobre la posición
adoptada por el ombudsman
nacional y la Presidencia de
Específicamente en cuanto a la CNDH, afirmó que
"desafortunadamente tenemos instituciones de derechos humanos que
responden precisamente a las instituciones gubernamentales, no protegen a
cabalidad los derechos de la ciudadanía".
Aseguró que lo dicho por Soberanes afecta
gravemente la credibilidad de la CNDH, pues "es una postura sesgada en
favor del gobierno federal, y lo único que se está haciendo es avalar los
intereses del mismo gobierno".
La Red de Organizaciones Civiles de Veracruz,
abundó, se mantendrá solidaria con los familiares de la anciana y los vecinos
de Soledad Atzompa que reclaman justicia, y será el canal para que fluyan las
denuncias hacia organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales.
Quince
personas vieron y asistieron a Ernestina en sus 12 últimas horas
En Zongolica se gesta una movilización que clama
"por la verdad y la justicia".
Testigos relatan una historia contraria a la
versión de fallecimiento por causas naturales.
Blanche Petrich. 02 de abril de 2007. En el lapso de casi doce horas que
transcurrieron entre las cinco de la tarde del domingo 25 de febrero, cuando la
abuela nahua Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue encontrada malherida
en un paraje de su pueblo, Tetlatzinga, y la madrugada del lunes 26, cuando
expiró, al menos 15 personas la vieron y asistieron en su agonía.
Sus hijos Julio, Marta, Francisco, dos vecinos de
la comunidad, Luis Aguilar y José Vázquez, la enfermera de la clínica rural de
la comunidad de Acultzinapa, de nombre Luisa, un médico de Ciudad Mendoza y
tres especialistas del hospital regional de Río Blanco, que la atendieron
durante siete horas y media en terapia intensiva, la vieron moribunda y
constataron su estado físico.
También son testigos el alcalde de Soledad Atzompa,
Javier Pérez Pascuala, y el regidor, el comandante de la policía municipal y el
juez que lo acompañaron. Y René Huerta, dirigente de Coordinadora Regional de
Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica. Todos relatan una historia
que no coincide con la hipótesis de muerte natural, por úlceras pépticas y
anemia.
El acta de defunción firmada por el doctor Juan
Pablo Mendizábal, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio
070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y
declaraciones del procurador estatal, Emetrio López, daban cuenta de la muerte
violenta y la violación sexual de la anciana. Por ese motivo la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia
del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones
140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz
anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento
asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento
depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.
Esta fue la hipótesis que prevaleció entre el 26 de
febrero y el 13 de marzo, cuando el presidente Felipe Calderón, en entrevista
con Elena Gallegos y Claudia Herrera, de La
Jornada, dijo que la señora había muerto "por gastritis".
A partir de entonces la versión oficial cambió de dirección y la Secretaría de
la Defensa Nacional y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, se lanzaron a secundar al mandatario con
la hipótesis de muerte por enfermedad.
"Lo que la gente vio y sabe"
Pero "lo que nuestra gente vio y sabe no se
puede borrar con declaraciones oficiales", sostiene Julio Atenco,
funcionario del ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora
Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ).
Por eso, el alcalde y su cabildo, acompañado por
las autoridades de las 36 comunidades del municipio, acudieron el jueves
Los testimonios de la muerte de Ernestina,
presentados ante el Ministerio Público y dos visitadores de la CNDH describen a
la mujer tirada en una loma en las afueras del pueblo, a unos pasos de un
campamento militar. "Tenía la falda levantada, se le veían sus
piernitas", dijo Luis Aguilar. El y José Vázquez, indígenas nahuas,
ayudaron a levantarla con todo cuidado para subirla a la camioneta en la que fue
trasladada.
Además está el testimonio de su hija Marta, que
declaró a los funcionarios de la procuraduría estatal y a los periodistas que
su madre, antes de expirar, le dijo que había sido agredida por soldados.
Funcionarios federales del más alto nivel pretenden hoy "desmentir"
esa confesión de la madre a su hija, instantes antes de expirar.
Los 22 agentes municipales que acompañaron a Pérez
Pascuala a dar testimonio de la muerte violenta de quien llaman "nuestra
hermana mayor" respaldan la convicción del dirigente: "No dudamos de
la palabra de la difunta Ernestina".
Se cuenta además con el testimonio de René Huerta,
líder de la CROISZ, uno de los hombres que ayudó a bajar a doña Ernestina de la
camioneta en el hospital de Río Blanco, en una cobija. "Sí sangraba. El
médico de guardia la tapó con una bata. Escuché el testimonio de sus hijos.
Ellos no mienten ni tienen motivo para hacerlo."
Los médicos legistas María Catalina Rodríguez,
Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, que dictaminaron muerte violenta por
hemorragia causado por un desgarre interno, ahora se niegan a hacer cualquier
declaración, incluso en defensa propia, acorralados por la fuerte campaña
gubernamental. Han sido amenazados con una investigación penal para determinar
si incurrieron en negligencia y "declaraciones falsas".
Otros testigos también empiezan a retractarse, como
Marcos Rojas, ex subagente municipal de Tetlatzinga, que había declarado ante
las autoridades que a la una de la tarde, dos horas antes del presunto ataque a
Ernestina (se calcula que habría ocurrido entre las dos y tres de la tarde)
había visto a dos soldados en el paraje donde ocurrieron los hechos. Agregó un
detalle: los militares estaban comiendo naranjas. Los visitadores de la CNDH
acudieron al lugar y constataron que había cáscaras de naranja.
Se ha insinuado que los hombres a los que vio Rojas
eran "civiles disfrazados de militares o guerrilleros". Esto es
"imposible", porque nadie en la sierra ha visto guerrilleros, asegura
Julio Atenco. Y si los hubiera, "difícilmente estarían descansando y
comiendo naranjas a unos pasos de un campamento militar".
Pero mientras en el Distrito Federal se teje,
difunde y defiende la hipótesis por muerte natural, en Xalapa se habla -según
fuentes del palacio de gobierno- de "una confrontación" entre el
gobierno estatal y el federal, y en Zongolica se gesta una movilización que
clama "por la verdad y la justicia".
"La familia de doña Ernestina le abrió sus
puertas a la CNDH, accedió a la exhumación y la segunda necropsia. Sólo
pidieron respeto a su dignidad, a su dolor y a su inteligencia. No es lo que ha
hecho Soberanes. Hay que tener cuidado. Declaraciones irresponsables sobre un
hecho tan delicado puede poner en riesgo la tranquilidad de toda la
Zongolica", recomienda Huerta, líder de
Antes de la muerte de Ernestina, explica Mauricio
Xocua Méndez, dirigente de la Organización Campesina Indígena de la Sierra de
Zongolica (OCISZ) "ya había un ambiente muy fuerte" de tensión entre
el Ejército y las comunidades del municipio de Soledad Atzompa y sus
vecindades, generada por el soterrado conflicto por la explotación forestal.
La incursión de soldados en los pueblos de la
montaña "se da por temporadas, para inhibir que la gente busque otras
opciones de organización", explica el líder, quien admite que los
incidentes "son constantes, pero nadie habla de ellos".
La mayoría de los roces entre soldados y pobladores
se produce porque los militares acostumbran tomar la leña que necesitan sin
pedirla, mucho menos comprarla. Los indígenas no organizados, cuyas labores de
explotación forestal es calificada como "tala ilegal", bajan la
cabeza y se resignan. Pero, aclara Xocua, "la gente organizada en grupos
productivos de uso sustentable de la madera no. Acuden al cuartel y denuncian
estos robos. Eso disgusta a los militares".
El problema forestal en Zongolica se agudizó a raíz
de una iniciativa del gobierno estatal de "prohibir la tala
clandestina", sin tomar en cuenta los proyectos sustentables de las
organizaciones. "Llegan sin presentar alternativas a para la gente que no
tiene otra fuente de subsistencia. Esto genera inconformidad, se han tomado
alcaldías y agencias municipales. De vez en cuando la autoridad confisca una
motosierra, o la leña de la gente. Además se percibe la intención del gobierno
de distorsionar los hechos, cuando habla de guerrillas, cuando hace décadas que
no hay movimiento armado en la zona. Eso agrava la situación de ofensa en la
comunidad".
Xocua asegura que Zongolica "está muy
organizada". Predominan en la región la OCISZ y la CROISZ. Y considera que
puede venir una respuesta en solidaridad con la demanda de justicia de Soledad
Atzompa de los 14 municipios de la sierra, "siempre y cuando así lo
solicite la comunidad".
Descalifica
Inmujeres acusación de Ascencio Rosario contra militares; "fue en
náhuatl"
Los hijos de
la indígena rechazan dictamen oficial; dijo que la atacaron soldados, reiteran.
Exigen a Calderón y Soberanes respetar la memoria
de su madre; "que se castigue a culpables"
Andrés T. Morales Veracruz, Ver., 31 de
marzo. María
del Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), descalificó las últimas palabras de la indígena Ernestina Ascencio
Rosario, quien señaló a militares como responsables de haberla violado,
"pues estaba moribunda, balbuceaba; entonces, se me quita la certeza (sic)
de lo que dijo".
Precisó que no está comprobada la violación sexual
que presuntamente sufrió la anciana y, en ese sentido, la postura oficial de
Inmujeres es respaldar lo dicho por el presidente Felipe Calderón, quien
atribuyó la muerte de Ascencio Rosario a una gastritis no atendida, aun antes
de conocer el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que
explicó la defunción por causas similares a las dichas por el Ejecutivo
federal.
"El es el Presidente; tiene información
privilegiada, tiene que estar enterado, y no es sospechoso que haya adelantado
un dictamen", reiteró García Gaytán.
-Pero esto pone en duda las declaraciones hechas
por la señora Ernestina antes de morir, quien aseguró que fue atacada
sexualmente.
-Fue en náhuatl, entiendo, y estaba moribunda, ya
no tiene uno fuerza en la voz.
-Los familiares dijeron claramente lo que ella les
confió: que la atacaron los soldados.
-Yo he escuchado dos versiones: "se me
vinieron encima los soldados", y que la habían "lastimado".
Primero me indignó; hice una declaración de que se vaya hasta las últimas
consecuencias, sean militares o civiles, pero después de ver el boletín de la
CNDH, donde ya es determinante lo que pasó, se me quita la certeza sobre lo que
ocurrió.
En cambio, los cinco hijos de Ascencio Rosario
reiteraron hoy que su progenitora no padecía gastritis, y que tampoco se
quejaba de alguna enfermedad crónica que le ocasionara la muerte por un
supuesto sangrado natural. "Tenemos sed y hambre de justicia, estamos
indignados y muy lastimados", dijeron en referencia a las declaraciones de
José Luis Soberanes, presidente de
Pese a que se habían mantenido al margen de las
investigaciones sobre la muerte de su madre y son pocas las declaraciones que
han hecho a la prensa sobre el caso, los hermanos Julio, Francisco, Martha,
Juana y Carmen Inés Ascencio convocaron sorpresivamente a los medios
informativos en la ciudad de Orizaba.
Julio Inés Ascencio, el mayor de los hermanos, dijo
que a los 73 años, su madre era una mujer sana que se levantaba a las 6 de la
mañana, desayunaba con apetito e iba a pastorear sus borregos, lo que le
permitía recorrer ocho kilómetros diarios en los alrededores de la comunidad de
Tetlatzinga.
Nunca estuvo enferma
"Nunca estuvo enferma; iba a revisarse al
centro de salud y nunca padeció estas enfermedades", dijo en referencia a
los supuestos cuadros de gastritis, sangrado intestinal o salmonelosis, mencionados
por los funcionarios de la CNDH y el mismo Felipe Calderón.
Los hermanos exigieron a Soberanes y al Presidente
respeto a la memoria de su madre, y pidieron no tildarlos de mentirosos, pues
escucharon la denuncia hecha por la anciana antes de fallecer, en la que
señalaba a los militares como sus agresores.
Los deudos convocaron por escrito a organizaciones
y autoridades indígenas de la sierra de Zongolica para reunirse en Soledad
Atzompa el próximo martes y adherirse a un repudio colectivo hacia la CNDH y a
la Presidencia de la República, que intentan dejar impunes a los atacantes de
la anciana.
"Fue
un crimen, no deceso natural", el de Ernestina Ascencio: Fidel Herrera
Afirma el gobernador veracruzano que respalda
peritajes de autoridades estatales.
La postura de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos merece respeto, expresa.
Andrés T. Morales. 31 de Marzo de 2007. Veracruz,
Ver., 30 marzo. El gobierno de Veracruz respalda los peritajes
efectuados por la Procuraduría General de Justicia del estado sobre la muerte
de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, ocurrido el pasado 25 de febrero,
afirmó el mandatario estatal, Fidel Herrera Beltrán, quien no obstante señaló
que la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) merece
respeto.
Inclusive, exhibió copias del acta de defunción de
la anciana, expedida por el Registro Civil, la cual establece que la muerte fue
"violenta" y las causas "traumatismo craneoencefálico,
fractura-luxación de vértebras cervicales y anemia aguda".
Herrera Beltrán refrendó su compromiso de que no
habrá impunidad en el caso y se investigará "para esclarecer y aplicar la
ley a los responsables, no para hacer una injusticia".
En conferencia de prensa, en la que sólo aceptó una
pregunta, el gobernador sostuvo: "fue un crimen, no un deceso
natural".
A los familiares de la víctima, quienes aseguran
que Ernestina falleció a causa de una probable violación sexual por parte de
presuntos militares, les reiteró: "este crimen, como ninguno que se cometa
en Veracruz, quedará impune".
Sobre lo expuesto por la CNDH, de que fue una
"muerte natural", Fidel Herrera empleó un lenguaje ambiguo para no
confrontarse con el ombudsman
nacional.
No obstante, afirmó: hay "enorme identidad. Lo
que expresó el gobierno de Veracruz en el acta de defunción de doña Ernestina
es lo mismo que establece la segunda necropsia de la CNDH, de manera que hay
coincidencia".
Para confirmarlo mostró a los reporteros una copia
del acta de defunción número 172772, emitida por el Registro Civil, con fecha
del primero de marzo de este año, la cual establece como causas del deceso
"traumatismo craneoencefálico, fractura-luxación de vértebras cervicales y
anemia aguda".
"Tipo de muerte mecánica traumática y de tipo
violenta", expresa el documento, basado, a su vez, en el certificado de
defunción que fue firmado por el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez,
con cédula profesional 19330.
En las anotaciones del acta se incluyó el oficio
número 483 de la investigación ministerial 140/2007/AE de la Agencia del
Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad
Sexual de Orizaba, cuya titular, María de Lourdes Montes Hernández, comenzó la
indagatoria por la agresión contra la indígena, originaria de la comunidad de
Tetlazinga.
De la misma forma, Herrera Beltrán distribuyó entre
los representantes de los medios de información un comunicado firmado por él,
el cual fue expedido el 28 de marzo en la ciudad de Jalapa.
En el texto menciona que "la causa de este
hecho tan lamentable (la muerte de la indígena) fue atribuida a una violación
presuntamente cometida por un grupo de soldados destacamentados en ese municipio (Soledad Atzompa),
aseveración establecida antes de cualquier investigación objetiva".
"Cualquier impartición de justicia,
concretamente en Veracruz, ha de sustentarse en una investigación rigurosa y
objetiva", agrega.
Concluye: "si por una parte mi gobierno se
opone a los señalamientos infundados, por otra no dejaremos que haya impunidad
si se llega a demostrar que el hecho tiene una connotación de homicidio".
Refuta la CEDH al ombudsman nacional
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, Noemí Quirazco Hernández, dijo tener "muchas
dudas" sobre el dictamen de la CNDH sobre las causas de la muerte de
Ernestina, que según el ombudsman
nacional fue por "causas naturales".
"No conozco un solo caso de una mujer que haya
dicho que la violaron sin que ello fuera cierto, y menos si tiene 73 años de
edad. No creo en eso (de que fue muerte natural)", comentó.
Soberanes:
no hubo violación; sí una autopsia mal hecha e información falsa
"La señora Ascencio se pudo salvar si la
hubieran atendido adecuadamente".
Prepara recomendación al gobierno de Veracruz por
negligencia, omisión y otros temas.
Víctor Ballinas. 31 de Marzo de 2007. En el caso de la muerte de la veracruzana
Ernestina Ascencio Rosario "hubo negligencia, omisiones, dejadez e
información falsa", sostiene el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes. Añade: "la señora Ascencio
Rosario se pudo haber salvado; pudo haber vivido, si la hubieran atendido
adecuadamente".
Hubo muchas irregularidades en el caso de la
indígena de 73 años, de la que se dijo "fue violada tumultuariamente por
militares". Primero, asegura el ombudsman:
"¡Qué lamentable que le hayan practicado una 'autopsia' mal hecha!
Totalmente irregular, con muchas omisiones, con negligencia y dejadez".
Lo lamentable, dice, fue que quizá lo hicieron así
porque "era indígena, mujer y anciana. Son muchos errores médicos".
Luego, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz
(PGJEV), dice que la anciana "fue violada, que presentaba desgarres en las
regiones vaginal y anal, pero cuando se exhuma el cuerpo y se le hace otra
necropsia, esto resulta que no es real, no presenta el cadáver desgarres en
esas regiones", abunda.
Aunado a la confusión, a las versiones
contradictorias de la PGJEV, el presidente Felipe Calderón "dijo a La Jornada -en una entrevista- que la indígena
no fue violada, que murió de gastritis. Parecería que hay un interés. Que el
Presidente de la República lo diga es una situación delicada".
-¿Qué pasó en el caso de la señora Ernestina
Ascencio Rosario? ¿La PGJEV dio una versión, el Presidente otra y luego la CNDH
una más?
-No hubo violación. No hubo homicidio. Se tuvo una
autopsia muy mal hecha, con negligencia, y además la PGJEV filtró una
fotografía a la prensa local, en que aparece la señora Ascencio Rosario en un
charco de sangre. ¿Con qué interés?, porque esa gráfica fue tomada después de
la primera autopsia. Aún está el cuerpo en la mesa anatómica para necropsia, y
desde luego se aprecia sangre, que escurrió al abrir el cadáver. Ahí -en las
fotos- se aprecia claramente que escurre la sangre a la atarjea.
-Pero, antes que la CNDH, el Presidente reveló que
no hubo violación.
-Parecería como si hay un interés. La información
que tuvo el Presidente le llegó de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena). En la exhumación del cuerpo estuvieron peritos militares, de la PGJEV
y de la CNDH. Ellos -los militares- tomaron muestras, presenciaron las
omisiones de la primera necropsia. Nosotros tenemos las pruebas, las
evidencias, queremos que se conozca la verdad.
-El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dijo
este viernes que el homicidio no quedará impune, y que los resultados de la
CNDH es lo que expresa el certificado de defunción.
-Nosotros vamos a presentar denuncia en la
Procuraduría General de la República (PGR ) en breve. ¡A ver, que le acrediten
a la PGR lo que dicen. A ver si es cierto!
-Insisto, el gobernador Herrera dice que hubo
homicidio. Que se castigue a los responsables. Que los médicos actuaron
correctamente.
-Qué se lo acrediten a la PGR cuando tengan que
enfrentar la acusación penal. Entiendo que el gobernador esté con su gente. No
tenemos problema con el gobierno del estado, no hay conflicto.
-Cómo entender ese señalamiento del gobernador, de
que respeta lo dicho por la CNDH, pero sus peritos no tienen responsabilidad.
-El gobernador Herrera no se ha acercado a nosotros
para solicitarnos la información. Ha habido resistencias del gobierno de ese
estado para entregarnos algunas pruebas. El grupo de peritos de la CNDH ha
solicitado información y aún no nos la entregan.
-¿Está consciente de que hay dudas, incredulidad en
la sociedad y que la CNDH es cuestionada por estos resultados contradictorios?
-La CNDH tiene que decir la verdad. No hubo
violación. No hubo muerte por fractura craneoencefálica. La señora llegó viva a
dos hospitales. No nos vamos a ir por lo anecdótico, sino por la verdad
histórica.
En la entrevista con este diario, estuvieron
presentes también, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Thalía
Pedroza, y el perito médico forense Fernando Cervantes, quienes precisaron
algunos cuestionamientos.
Ambos funcionarios, que investigan este
fallecimiento, aseguran: "Nosotros aseveramos que no hubo violación con
base en evidencias, pruebas y análisis. Sabemos que esto afecta a la familia,
pero esa es la realidad y hay que decirla".
Fueron muchos errores, omisiones y negligencia en
la primera autopsia, "tanto que hay que investigar si quienes la hicieron
son expertos, porque sus notas no concuerdan con las conclusiones. Muy
sencillo: hablan de traumatismo craneoencefálico, lesiones en cervicales, pero
eso no se describe en la necropsia. 'Entonces, ¿cómo lo diagnosticaron?', les
preguntamos, y los médicos peritos de la procu
estatal dijeron: 'no tengo rayos X en los ojos, pero esa fractura se sentía'.
Ellos deben dar la cara y explicar qué pasó, qué hicieron, qué encontraron; es
muy grave que la procuraduría estatal no se haya pronunciado.
"La señora falleció de muerte clínica
patológica por enfermedad. Eso lo podemos probar. Tenemos fotografías, videos,
análisis que se los mostramos a cualquier patólogo, médicos o especialistas que
los quieran analizar", precisaron los funcionarios.
"¿Quién filtró a los medios esa fotografía, y
con qué interés?", preguntan Pedroza y Cervantes. Ellos mismos responden:
"Fue la procuraduría estatal, pero ellos sabían que ese charco de sangre
es por la autopsia que le practicaron, por cierto, muy mal hecha".
Muestran la serie de fotografías: "Aquí está el cuerpo de la señora antes
de la primera autopsia, se nota el pelo seco, y no hay sangre en la mesa; esta
es la fotografía publicada -precisan-, pero ya le hicieron la autopsia. Vea,
aquí se nota el pelo mojado. Son fotografías proporcionadas por la
procuraduría.
-¿Qué explicación dieron los peritos del gobierno del
estado?
-Esa es responsabilidad de ellos. Debieron haber
preservado la fotografía: ¿por qué la filtraron y con qué interés? Cuando el
presidente informó a La Jornada
que la señora falleció de "gastritis", nosotros no teníamos aún los
resultados de las pruebas. Una nos la entregaron el 9 de marzo, otra apenas el
27. Algunos resultados nos los han negado, pero lo cierto es que no tienen
laboratorios para hacer análisis: no sabemos cómo es que han hecho las pruebas,
pero la verdad es que no han hecho nada.
Soberanes Fernández asevera: "habrá una
recomendación por negligencia, omisión, por ocultar pruebas, falsear
información, por violaciones a los derechos humanos a la salud, violación a la
legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la intimidad".
La CNDH, dijo el ombudsman,
atenderá a la familia de la indígena para darle información, así como a los
diputados que lo soliciten. Ayer mismo, en carta al PRD, respondió a
cuestionamientos que le formuló ese partido.
Exigen
diputadas que comparezca el ombudsman
Roberto Garduño. 31 de marzo de 2007. La negativa de PAN y PRI en la Cámara de Diputados a debatir la violencia contra la indígena Ernestina Ascencio Rosario, fallecida tras una supuesta violación tumultuaria, causó que diputadas del PRD demandaran la asistencia del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, ante comisiones para explicar el informe elaborado por la comisión, según el cual la anciana pereció a causa de anemia.
Valentina Batres recriminó la actitud de priístas y
panistas, porque "firmaron la impunidad para el Ejército; entonces el
Ejército puede hacer de las comunidades lo que le dé la gana".
De tal forma que, por acuerdo de las mujeres de la
bancada del PRD, dijo, "estamos solicitando la comparecencia de Soberanes;
pero que no venga solamente a leer su informe, sino a escuchar las preguntas y
las dudas en torno a tan penoso hecho ocurrido en la sierra de Zongolica. Ahora
resulta que va a ser el Ejército, mediante la Procuraduría de Justicia Militar,
el que va a garantizar imparcialidad cuando los acusados son 13 elementos del
Ejército nacional".
Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de
Equidad y Género, confirmó que el sol azteca mantendrá la postura de citar a
comparecer a Soberanes, porque el informe de la CNDH echó por tierra todas las
investigaciones que emprendió el Ministerio Público en el estado de Veracruz.
"Creemos que muchas cosas se tienen que
aclarar; es lamentable lo que sucede aquí y que en el trabajo parlamentario no
podamos avanzar; la discriminación en el caso de la señora Ernestina es triste
por su condición de mujer, de indígena, de adulta mayor que perdió la vida. Y
en unos cuantos días han cambiado toda la versión sobre su muerte."
Una nueva necropsia realizada a una indígena de 73
años que se dijo murió tras ser presuntamente ultrajada por soldados mexicanos
reveló que la anciana no fue violada ni falleció por golpes sino por una anemia
aguda.
El ombudsman nacional José Luis Soberanes dijo que
peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinaron que la
indígena Ernestina Ascencio tuvo un sangrado interno provocado por una úlcera
gástrica.
“Se llegó a la conclusión por nuestros médicos que
no había habido tal violación’’, señaló en W Radio el presidente de la CNDH.
“No murió de traumatismo craneoencefálico, sino de anemia aguda, debido a un
sangrado en el tubo digestivo’’, señaló.
Ascencio murió a finales de febrero en la
municipalidad de Soledad Atzompa, en la sierra del estado de Veracruz, a unos
La CNDH, sin embargo, dijo posteriormente que los
investigadores estatales habían cometido errores en los primeros estudios, por
lo que solicitó la exhumación del cuerpo de la indígena para realizar una nueva
necropsia.
Soberanes señaló que pedirán que se hagan
investigaciones para deslindar responsabilidades entre las autoridades que
originalmente avalaron la versión de que la mujer había muerto luego de haber
sido violada por soldados.
Soberanes consideró una “irresponsabilidad’’ haber
hecho afirmaciones que no correspondían con los datos correctos de la
necropsia.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó en dos
ocasiones que luego de investigaciones propias, incluidas pruebas hemáticas y
revisiones en el área genital de los soldados, no se había encontrado
evidencias de responsabilidad de militares.
El alcalde de la municipalidad de Soledad Atzompa,
Javier Pérez, consideró “lamentables’’ las declaraciones del ombudsman y
recordó que personal médicos del hospital donde fue atendida la indígena antes de
morir aseguraron que sí había sido violada.
“La gente nos había confirmado en forma verbal que
la señora había sido violada’’, dijo Pérez a W Radio.
Jorge Zermeño, presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, dio por concluida la sesión ordinaria debido a las
protestas de diputadas del PRD quienes exigían debatir el tema de la muerte de
una indígena en la sierra de Zongolica.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Jorge Zermeño Infante, dio por concluida la sesión ordinaria de este
jueves antes de terminar la agenda del día, debido a las protestas de diputadas
del PRD que pedían debatir el tema de la muerte de una indígena en la sierra de
Zongolica.
El tema no estaba inscrito en la orden del día y
Zermeño Infante ofreció que subieran a tribuna dos oradoras para exponer el
caso, pero las legisladoras exigían mayor participación.
El legislador panista propuso abrir la votación
para que el pleno decidiera si se incluía el tema en la orden del día.
Finalmente con 215 votos en contra y
30 de Marzo del 2007.Por Alejandro Sánchez.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) descartó que la indígena Ernestina Ascensio Rosario, de
73 años, haya fallecido por lesiones físicas y violación, como lo denunciaron
sus familiares. Murió de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo y
neumonía, concluyó José Luis Soberanes.
Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, aseguró que son conclusiones "prematuras y no conforman una
resolución definitiva en el caso", pues en opinión de ese organismo, la
CNDH no abordó de manera integral las evidencias y testimonios recabados en la
investigación.
La indígena habría sido víctima de una violación
cometida presuntamente por militares del 63 Batallón de Infantería de la 26
zona militar de Lencero, comunidad del municipio Soledad de Atzompa, Veracruz,
la mañana del 25 de febrero, según reportó días después el Centro Pro.
Este caso llegó ayer a la Cámara de Diputados en
donde la mayoría impidió que se debatiera el tema. Molestas, legisladoras del
PRD tomaron la tribuna, como ha ocurrido en las últimas veces, y gritaron:
"Debate, debate, debate…". Jorge Zermeño, presidente de San Lázaro,
intentó pasar a otro punto de la orden del día, pero ante el alboroto pidió al
secretario de la mesa tocar la campana para decretar el fin de la sesión.
El panista tomó sus papeles y abandonó el salón de
plenos con la cara enrojecida.
El momento había sido ríspido. Zermeño acababa de
recibir la propuesta de parte de la presidenta de la Comisión de Equidad y
Género, Maricela Contreras, para modificar la orden del día y someter a
discusión el caso. El panista dijo que la presidencia la retomaba como suya y
la sometió a consideración del pleno. Y como panista y priistas votaron en
contra los ánimos de los perredistas se calentaron.
"Quisiera preguntar", gritó Sergio
Hernández, "sino fuera una mujer indígena y fuera la hija de un hombre prominente
¿Si fuera su hija, su esposa o su madre, actuarían igual?". A pesar del
golpe a la memoria del presidente (una familiar suya sufrió una situación
similar) el panista todavía cedió la palabra otras cinco ocasiones.
Además, aclaró que él tomó el punto de acuerdo como
si fuera propio de la mesa, pero que no podía ir en contra de lo que pensara la
mayoría. Nada más que ni así hubo razones para pasar a los temas siguientes
antes de irse de vacaciones de Semana Santa.
La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) confirmó, tras un peritaje, que la indígena
Ernestina Ascensio Rosario falleció a causa de un cuadro de anemia aguda,
cáncer de hígado y neumonía, y afirmó que el cuerpo de la víctima no presenta
lesiones propias de un abuso sexual.
Informó que denunciará
penalmente a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz por las omisiones cometidas durante sus investigaciones, las
cuales dificultaron la tarea de la CNDH.
El 25 de febrero pasado,
familiares y organizaciones civiles de Zongolica, Veracruz, denunciaron que Ernestina
Ascencio, de 73 años de edad, falleció a causa de las lesiones que le provocó
la violación sexual de la que fue víctima por parte, presuntamente, de miembros
del 63 Batallón de Infantería.
Al respecto, Marcela
Nolasco, secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD,
manifestó que recurrirán a todos los organismos nacionales y una vez agotadas
las instancias en México acudirán ante Amnistía Internacional y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, pues existen otros 35 casos de violaciones
a mujeres por parte de militares.
El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que las conclusiones del peritaje
hecho por la CNDH son prematuras "y no conforman una resolución definitiva
en el caso".
Por Lourdes Godínez Leal. México DF, 29 marzo 07 (CIMAC).-
Indignadas por los resultados de la autopsia que solicitó la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la indígena presuntamente violada y
muerta por militares en Tetlacinga, Veracruz, que niegan la existencia de la
violación sexual, feministas exigieron hoy una nueva autopsia pero realizada
por peritos extranjeros.
En el marco de la mesa de medios, convocada por
Cimacnoticias y la Fundación Friedrich Ebert, Angélica de la Peña se pronunció
por exigir una nueva autopsia y solicitar la intervención de personal
extranjero.
En ello, coincidió la socióloga y feminista Irma
Saucedo González, quien agregó que en México existe poco personal capacitado
para detectar agresiones sexuales contra mujeres, “es un problema
técnico-operativo” y en ningún lugar del país tampoco hay una garantía de que
las personas “especialistas” que hacen estos estudios presentarán resultados
correctos.
“Sólo un especialista sabe cómo buscar evidencias de
una agresión sexual”, dijo e insistió en que en el país no hay un protocolo que
garantice cómo hacer un estudio de este tipo.
Saucedo González señaló que ante un caso como éste,
las autoridades, empezando por Felipe Calderón, deberían pronunciarse por
agotar la investigación “y no dar por hecho un dictamen, como lo hizo Calderón
Hinojosa, quien con su discurso, protege de
facto” a los militares violadores de mujeres.
Lo que estamos viendo con este mensaje de Calderón,
insistió Saucedo, es un efecto perverso del Ejército, cuyos elementos están
violando a las mujeres en la total impunidad.
Y es que el comunicado de la CNDH a que se refirieron
las feministas niega enfáticamente que la indígena muerta en febrero pasado y
presuntamente violada por militares, haya muerto como consecuencia de la
violación, es más, negó que haya existido tal.
En su boletín, la CNDH manifiesta que según los
resultados de la autopsia ordenada por esta instancia, Ernestina Ascencio
Rosario, “no sufrió ningún traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación
de vértebras cervicales” como causa de su muerte.
Además, según la CNDH, los estudios ginecológicos
y proctológicos realizados niegan la existencia de desgarre vaginal ni hay
señales de penetración. “Se descartó, igualmente, la existencia de una
perforación rectal”, agrega el comunicado.
NO ERA GASTRITIS, ERA CÁNCER
Según la CNDH, la mujer de 73 años originaria de la
Sierra Zongolica, “tenía una neoplasia hepática maligna y neumonía en etapa
final”.
Por lo que este organismo de defensa de los derechos
humanos, denunciará “los presuntos delitos y faltas administrativas” en que
incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz (PGJEV), como la negativa a entregar muestras de todos los
tejidos y estudios de fluidos vaginales y anales solicitados por la Comisión.
Hasta ahora, manifiesta la CNDH, se cuenta con el
testimonio de 17 familiares y personas presuntamente relacionadas con los
hechos que se investigan, con los resultados de una “inspección ocular” del
lugar donde fue encontrada la mujer y 17 entrevistas con personal médico de
diferentes clínicas y hospitales de Veracruz.
NO HAY RECOMENDACIÓN POR VIOLACIÓN SEXUAL
Finalmente, la CNDH anuncia que está por concluir su
investigación y presentará su recomendación por violaciones a los derechos
fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y a la protección a la salud en
agravio de la hoy occisa y de sus familiares.
Redacción. 29 de Marzo. El organismo señaló que la señora Ernestina Ascencio de 73 años, falleció a causa de una úlcera.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó
en su investigación, que la señora Ernestina Ascencio, de 73años de edad, no
fue violada por los soldados de la región.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanos confirmó
que la señora falleció a causa de una úlcera gástrica.
En entrevista para Primero Noticias, con Carlos
Loret de Mola, Soberanes detalló que han sido muy cuidadosos con todas las
pruebas que solicitaron, por ello se realizó una necropsia.
Cabe recordar que la Secretaría de la Defensa
Nacional informó que se habían entrevistado a 4 oficiales y 79 de tropa
que forman parte de la Base de Operaciones “GARCÍA”, que se encontraba a
“Se realizó un examen médico con revisión minuciosa
del área genital a todo el personal militar que se encontraba en el lugar, los
cuales no presentan ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo considerado
para establecer que no han tenido actividad sexual, cuando menos 7 días antes
de los hechos que se imputan”.
Por Laura Castro Medina. Xalapa, Ver., 29 marzo 07 (CIMAC).-
Tras rechazar el informe emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), el presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala,
anunció movilizaciones a nivel nacional en busca de justicia por la muerte de
la señora indígena de la comunidad de Tetlacinga, además solicitó al gobierno
estatal garantías de seguridad, pues temen ser perseguidos por testificar
contra el Ejército.
En rueda de prensa celebrada en la capital del estado,
el munícipe, acompañado de 23 agentes municipales, desechó que la muerte de la
señora de 73 años victimada a fines de febrero obedezca a un problema de anemia
derivada de sangrado de tubo digestivo, como pretende hacer creer la CNDH.
Reiteró que se trata de enturbiar la realidad de los
hechos, difundiendo información errónea sobre el escenario del crimen, por los
resultados periciales y por argumentar la presencia de grupos guerrilleros o
del narcotráfico que no existen en la sierra. Este fue un delito planeado con un
objetivo político, apuntó.
Reiteró la postura del pueblo para realizar en un
lapso de 15 días movilizaciones por la “Dignificación de la Mujer y del
Indígena” de no aplicarse la justicia, y aseguró que no se permitirá que el
crimen quede impune.
Anunció además la intención de la comunidad de crear
una policía comunitaria integrada por personas de la región plenamente
identificadas con la población y que brindarán la certidumbre de tranquilidad
para las familias indígenas.
Calificó como dolosa la declaración del titular de la
CNDH quien asegura que la muerte de “la hermana” fue por anemia derivada de un
sangrado de tubo digestivo, secundario a úlceras gástricas pépticas agudas, y
no por violación.
Así mismo dijo que seguirán en lucha para esclarecer
el crimen y castigar a los verdaderos responsables, seguirán privilegiando el
diálogo sin renunciar a la movilización ciudadana, a sus derechos
constitucionales y al respeto de sus derechos humanos.
Así mismo canalizarán al gobernador de Veracruz, Fidel
Herrera Beltrán, un documento para suscribir una “alianza estratégica” para
garantizar la seguridad comunitaria y pública en su territorio municipal.
Por otro lado mencionó el temor que priva entre las y
los indígenas de Soledad Atzompa, principalmente entre quienes han testificado
sobre la presunta responsabilidad de los elementos del ejército en la violación
y tortura de la indígena de Tetlacinga, incluso existe temor entre los hijos de
la víctima.
CNDH NO TIENE COMPETENCIA
Paralelamente, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Prodh) exhortó a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz a emitir un informe oficial sobre la muerte de la indígena
náhuatl de Soledad Atzompa, a fin de evitar un mayor enrarecimiento del clima y
asegura que el informe de la CNDH no puede considerarse como el oficial, pues
el caso aún está abierto.
Entrevistada vía telefónica por Cimacnoticias, Isabel
Uriarte Borneo, encargada del área de defensa integral del Prodh, dijo
que son respetables las conclusiones técnicas de la CNDH derivadas de la
investigación que realiza sobre la queja por la muerte de la indígena náhuatl
de Soledad Atzompa, queja que aún se encuentra abierta.
Sin embargo, remarcó Uriarte, la CNDH no es la
autoridad competente para dar un informe oficial en caso de haberse probado.
Aclaró que corresponde a la Procuraduría General de
Justicia de Veracruz rendir un informe oficial y hasta el momento no ha emitido
una postura ni los avances de las investigaciones, como tampoco lo ha hecho el
Ministerio Público Militar.
Mencionó que causa extrañeza que la CNDH haya emitido
tan rápido un juicio sobre los hechos ocurridos en Soledad Atzompa, cuando en
casos como el de Atenco tardaron de cinco a seis meses para emitir un informe
preliminar.
Reflexionó que éste posiblemente obedeció al intento
de respaldar la postura emitida por Felipe Calderón, que en días pasados
aseguró que la muerte de la señora obedecía a una gastritis mal cuidada; con
ello hace suponer que la CNDH no esta cumpliendo con los principios de
objetividad e imparcialidad.
Al cuestionarle sobre la actitud asumida por el
diputado panista, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Jorge González
Betancourt, quien negó que militares pudieran haber violado a la indígena y que
las acusaciones podrían provenir de narcotraficantes interesados en retirar al
Ejército de la sierra, la representante legal del Prodh explicó que la postura
del diputado federal no es oficial, pues le obsequió la CNDH el informe.
Pero, reiteró, es la Sedena la que debe emitir un
informe de acuerdo a sus propias investigaciones, o la PGJE, pues ni la
Comisión de diputados ni la CNDH puede emitir un informe determinante.
Analizó que estos actos enrarecen aún más el clima y
la confusión va en detrimento de la credibilidad en las instituciones. Además
la sociedad no está conforme, pues se ha manipulado políticamente el asunto.
Todos estos hechos son informados a Amnistía
Internacional (AI) a través del centro, apuntó la entrevistada.
Abundó que el enrarecimiento de las investigaciones
revictimiza a los hijos de la víctima, a quienes se les sigue descalificando al
no brindarles un acceso a la información pronta y expedita del curso de las
investigaciones.
Y dijo: “Suponiendo sin conceder que hubiera presencia
de guerrilla o de narcotráfico en la zona, no se debe descartar que hay
evidencias de que fueron militares quienes incurrieron en el delito. Aún así,
el gobierno estatal no puede deslindarse de su responsabilidad en las
investigaciones, debe abrir y agotar todas las líneas de investigación, sea
cual fuere el motivo de muerte de la indígena, debe haber celeridad e
imparcialidad, pero si ello no ocurre es corresponsabilidad del propio estado”.
DESPIDE PGJEV A PERITOS
Y en el contexto de estas declaraciones, la mañana de
este jueves la Procuraduría General de Justicia de Veracruz cesó a los tres
peritos que emitieron informes médicos sobre la muerte de la indígena náhuatl
de Soledad Atzompa, luego de que el titular de la CNDH, José Luis Soberanes,
criticó la impericia del personal de Servicios Periciales.
Sin mayor preámbulo, una llamada telefónica notificó
que por instrucciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, habían
sido suspendidos y concentrados a la capital del estado para una investigación
los peritos María Catalina Rodríguez, de la Agencia Especializada en Delitos
Sexuales y Contra la Familia, así como los médicos Pablo Mendizábal Pérez e
Ignacio Gutiérrez Vázquez, de Servicios Periciales de la PGJE de la ciudad de
Orizaba.
Los tres médicos participaron en la práctica de
necropsias de la señora de Soledad Atzompa. Y el doctor Pablo Mendizábal fue
quien emitió el primer informe que citaba la agresión por vía anal y vaginal de
la mujer, así como las múltiples fracturas que presentaba el cuerpo tanto en
cráneo como cervicales, cadera, además de las hemorragias intensas producto de
las lesiones.
En este sentido, en la capital del estado, la
subprocuradora de Supervisión y Control de la Procuraduría General de Justicia,
Carolina Hernández Pinzón, acompañada del jefe de Programas del gobierno del
estado, Dionisio Pérez Jácome, anunciaron la separación provisional del cargo
de los tres médicos.
Esta medida, dijeron, obedece a una investigación que
se efectuará para determinar si hubo o no irregularidades en la elaboración de
los estudios al cuerpo de la señora de Soledad Atzompa.
Explicó la funcionaria de la PGJE que, por
instrucciones del gobernador y del procurador, Emeterio López Márquez, dio
inicio el procedimiento administrativo de responsabilidad 61/2007 por supuestas
irregularidades cometidas en la integración del expediente 140/2007, indagatoria
que responde a la muerte de la indígena de la comunidad de Tetlacinga.
Así mismo tras reconocer la calidad profesional de los
servidores públicos, Hernández Pinzón aclaró que de corroborarse que los
dictámenes de los médicos sobre una violación son certeros serán reinstalados
en sus cargos y se dará parte a la CNDH para que revise su resolución.
Cabe destacar que estas acciones ocurren luego de que
en un canal televisivo fue entrevistado la mañana de este jueves el titular de
la CNDH, José Luis Soberanes, quien confirmó que la violación y tortura por
militares había sido un invento, pues las pruebas demuestran que murió a causa
de una anemia aguda derivada de un mal gástrico.
E incluso advirtió que podría solicitarse a la PGR que
investigue quienes inventaron esas versiones contra los militares. Dejando
entrever que tanto el gobernador de Veracruz como la Procuraduría General de
Justicia de Veracruz rindieron informes equívocos de las necropsias
practicadas.
En tanto, en la capital del país, legisladoras y
legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Convergencia
tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados para exigir que se debata un punto
de acuerdo presentado por ellos sobre la muerte de la señora en Zongolica y que
aún está pendiente.
Con gritos de ¡Debate! ¡Debate!, portando pancartas,
las y los legisladores subieron a la tribuna, por lo cual el presidente de la
Mesa Directiva, Jorge Zermeño, tuvo que suspender la sesión casi a las 3 de la
tarde.
Diputado panista defiende la versión de
Por Roberto Garduño y Enrique Mendez. 29 de Marzo de 2007 La mujer indígena
Ernestina Ascensión Rosario falleció a causa de una "anemia aguda secundaria",
y no por una violación tumultuaria de elementos del Ejército Mexicano, sostuvo
Justiniano González, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de
Diputados y general de división en retiro.
Con vehemencia, el ex titular del Consejo de Guerra
de las fuerzas armadas hizo suya la versión de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) acerca del deceso de la anciana, quien habría fallecido
de manera natural. Dicha postura se sumó a la información proporcionada por
Felipe Calderón Hinojosa, quien adujo que la citada muerte fue producto de una
gastroenteritis.
El diputado por el PAN no cejó en su postura y
consideró como únicamente válido el dictamen de la CNDH, el cual señala que el
Ejército Mexicano no tuvo nada que ver en el deceso de la mujer: "La
investigación está hecha y bien, pues está comprobado plenamente que la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz falló erróneamente en
su investigación".
El dictamen de las autoridades estatales determinó
que la señora Ernestina Ascensión Rosario perdió la vida por un estallamiento
de vísceras provocado por las lesiones que le infligieron integrantes de las
fuerzas armadas durante una violación tumultuaria.
En entrevista, el militar en retiro insistió en que
la procuraduría del estado de Veracruz tiene y tuvo errores:
-¿Pero usted...?
-También los tengo.
-El secretario de Gobernación anunció que se van a
tratar otros casos de violaciones contra mujeres -se le informó.
-No, esas son mentiras; son noticias falsas que se
dicen, nada más.
-Son hechos documentados, hay denuncias presentadas
por el PRD.
-Ninguna ha sido probada, eso es mentira,
completamente.
-¿Entonces, mienten las mujeres?
-No, no hay mujeres, ninguna mujer se ha presentado
a decir que fue violada por un soldado.
-¿Qué es lo que persiguen las mujeres que han
denunciado?
-Son escritos y nada más. No se han presentado las
mujeres. Fíjese lo que estoy diciendo, una mujer no se ha presentado a
presentar (sic) una denuncia de este tipo.
-En Atenco se constató que hubo violaciones por
parte de policías.
-Esas son violaciones policiacas.
-Diputado, imagínese cuando una mujer, sobre todo
indígena, no se atreve a presentar denuncia.
-No se atreven porque no quieren, seguramente. Es
decir, no hay amenazas, el Ejército no amenaza, el Ejército funciona en favor
de toda la población.
-¿Mete las manos al fuego por el Ejército Mexicano?
-Totalmente, íntegramente.
-¿Cuál es el dictamen de la muerte de la señora
Ernestina?
-El dictamen oficial, se los voy a dar: se
determinó que la fallecida Ernestina Ascensión Rosario falleció debido a una
anemia aguda secundaria, trayendo como consecuencia sangrado del tubo
digestivo. Se determinó con exploración, con espejo vaginal, que no se obtuvo
sangrado transvaginal y no existe evidencia clínica de que haya existido coito
vaginal.
-¿Quién lo asegura?
-Lo asegura la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, que ordenó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz se
exhumara el cadáver.
-Las versiones de que se perpetró la violación
contra la anciana, ¿de quiénes son?
-Seguramente de gentes que no les conviene que en
la sierra de Zongolica estén operando las fuerzas militares.
-¿Narcotráfico?
-Narcotráfico, puede ser; puede ser también crimen
organizado.
-¿Qué más señala el dictamen de la CNDH?
-Se descartó el traumatismo craneoencefálico como
causa de muerte, es decir, no tuvo ningún golpe en la cabeza; se descartó la
fractura de vértebras cervicales; se determinó que no existen lesiones clínicas
en la pared vaginal y rectal; se determinó que el corazón se encontró intacto,
ya que no se realizó estudio del corazón. Se determinó que en el examen interno
de la cabeza de la occisa se corroboró que se encuentra sin lesión alguna.
-¿Ese examen exonera al Ejército?
-No hay evidencia de que la señora haya sido
violada.
-Recientemente se presentó el caso, en Coahuila, de
un grupo de bailarinas que fueron violadas por militares en El Pérsico.
-Eso es fuera de México, no nos afecta.
-No diputado, es un bar en Coahuila.
-¡Ahhh! Ustedes no dicen golfo Pérsico, creía que
me decía usted de la guerra de Irak.
CIMAC
Atzompa:
dan nahuas plazo de 15 días para esclarecer crimen. "No ha habido ningún
avance"
Por Laura Castro Medina/enviada. Soledad Atzompa, Ver., 28 marzo 07 (CIMAC).- Habitantes
de la comunidad de Soledad Atzompa lanzaron un ultimátum a la Procuraduría de
Justicia del Estado para que en un lapso de 15 días quede esclarecida la
violación y muerte de la indígena náhuatl de 73 años, de lo contrario advierten
que efectuarán movilizaciones por "la Dignificación de la Mujer
Indígena".
Luego de seis horas de asamblea, el líder natural
de Soledad Atzompa y miembro de la Asamblea Nacional Indígena de los Pueblos de
América (ANIPA), Julio Atenco Vidal, dio a conocer el hermetismo que
priva sobre las investigaciones de la violación, tortura y homicidio de
la indígena de Tetlacinga, quien falleció en febrero pasado.
Por ello los representantes de las 42 comunidades
indígenas acordaron exigir ante las más altas autoridades el esclarecimiento de
"un crimen que no sólo enluta a una familia sino al pueblo indígena".
Javier Pérez Pascuala, presidente municipal de
Soledad Atzompa, dijo que existe una gran preocupación pues a su juicio no ha
habido ningún avance en las investigaciones mientras que la indignación de la
comunidad crece día a día.
Para Patricia Benítez Pérez, del Centro de
Servicios Municipales "Heriberto Jara", adherido a la Red de
Organizaciones Ciudadanas de Veracruz, es preocupante el manejo que se ha
venido dando de la información del caso de parte de los distintos niveles de
impartición de justicia
Principalmente al emitirse información de dudosa
veracidad, incluso cuando inicialmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) contradice las declaraciones de Felipe Calderón y posteriormente se
desdice. Pero es más preocupante cuando el propio Felipe Calderón trata de
minimizar el caso al reducir el agravio a un problema de gastritis.
En ese sentido, la Red de Organizaciones Ciudadanas
se solidariza con los pobladores de Soledad Atzompa, pues además se involucran
otros delitos como es la violación a la autonomía municipal.
Por su parte Isidro Tehuintle Pacheco representante
de la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), lanzó la
advertencia al Gobierno Federal de que no permitirán el ingreso de grupos
militares a la zona serrana. Y aseguró que los hombres protegerán a las mujeres
de una nueva agresión.
Lo anterior fue expresado durante las
movilizaciones efectuadas durante dos días por más de mil indígenas que
demandaban empleos y viviendas en la sierra de Zongolica.
CIMAC
Exigen miles de nahuas apoyos a la sierra y
justicia en Zongolica
Castigo a militares, presuntos asesinos
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Rafael
Delgado, Veracruz 26 marzo 07 (CIMAC).- Con marchas y plantones, este lunes por lo menos mil indígenas de la
sierra de Zongolica reclamaron apoyos para el desarrollo de sus comunidades y
el esclarecimiento de la muerte de la indígena nahuatl de 73 años violada y
torturada por presuntos militares.
Desde temprana hora, integrantes de la Organización
Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), que lidera Isidro Tehuintle
Pacheco, se instalaron en campamentos en las inmediaciones del entronque que
conduce a la zona serrana sobre la autopista México-Veracruz.
Los inconformes dieron a conocer su pliego
petitorio, dirigido a las autoridades federales, que contempla la creación de
programas de vivienda, reducción de tarifas de energía eléctrica, reactivación de
la educación y el campo, la instalación de empresas e industrias en la zona
serrana para la creación de fuentes de empleo y mayores condiciones de
seguridad para los habitantes de esa zona.
En este sentido, Isidro Tehuintle Pacheco, rodeado
de al menos 400 mujeres indígenas de los municipios de Mixtla de Altamirano,
Tehuipango, Astacinga y Tequila, rechazaron las actitudes hostiles asumidas por
grupos de seguridad estatales y federal, y se manifestaron indignados por la
muerte de la indígena náhuatl de Soledad Atzompa, violada y torturada
hace más de un mes presuntamente por soldados y cuyo caso no se ha esclarecido.
"La muerte de nuestra hermana debe ser
esclarecida por la justicia, no deben andar libres los responsables de su
muerte", tajante señaló el dirigente indígena.
De no obtener una respuesta del gobierno estatal y
federal a sus demandas planteadas desde el mes de enero, los integrantes de la
OINSZ este martes bloquearán los accesos hacia la zona serrana, dejando así
incomunicados a más de 25 mil pobladores de 14 municipios de la sierra
indígena.
Con el apoyo de cuerdas, los indígenas bloquearon
parcialmente el paso de las unidades vehiculares, solicitando apoyo económico
para mantener su movimiento, el cual podría prolongarse durante varios días en
caso de que las autoridades federales no respondan satisfactoriamente a sus
justas demandas.
Advirtieron que aún cuando desde este lunes son
acosados de manera permanente por grupos móviles de la Secretaria de Seguridad
Pública Estatal, no cederán en su movimiento. Incluso, de no verse atendidos,
contemplan la toma de instalaciones de dependencias federales, iniciando con la
Comisión Federal de Electricidad.
En los campamentos, mujeres jóvenes y ancianas
colocaron sus fogatas para preparar alimentos para las y los indígenas
apostados sobre los acotamientos de la autopista. Aseguran que no tienen miedo,
sólo disgusto por el incumplimiento de muchas promesas que han escuchado de
presidentes municipales, gobernadores y hasta del Presidente de la República en
turno, pero "sólo han sido eso, promesas que nunca cumplen, ya estamos
cansados de que jueguen con la dignidad de nuestra raza", acusó la mayor
de las mujeres.
Apoyados con grandes mantas, los integrantes de la
OINSZ informan que ante la falta de empleos al menos 500 indígenas tienen que
emigrar a los Estados Unidos semanalmente, dejando así abandonadas a sus
familias.
Algunos regresan, otros más mueren en el intento y
muchos otros son acusados de diversos delitos quedando prisioneros en cárceles
de Estados Unidos o en los estados fronterizos de México. Cada vez son menos
hombres en edad productiva en las zonas serranas, explica Isidro Tehuintle
Pacheco.
CIMAC
Veracruz, 35 asesinatos de mujeres en sólo 14 meses
Incluida la señora indígena de Zongolica
Por Laura Castro Medina
Orizaba, Ver., 23
marzo 07 (CIMAC).- De acuerdo con encuestas, la región de Orizaba registra
el mayor número de feminicidios en el Estado de Veracruz y durante los últimos
14 meses se han contabilizado y documentado 35 asesinatos de mujeres, aunque el
número podría incrementarse, considerando las desapariciones de niñas y
jóvenes.
María de la Cruz Jaimés García, presidenta del
Colectivo Feminista Ciuahtlatolli, dio a conocer que con base en
investigaciones y recuentos diarios de actos violentos en la región de Orizaba,
se tienen documentados 35 feminicidios en el 2006 y lo que va del 2007,
lamentablemente han quedado en la impunidad.
Citó que desafortunadamente ésta no es la cifra
total de agresiones extremas contra mujeres, sí se toman en cuenta las
desapariciones que en muchas casos permanecen en el silencio.
Explicó que, por ejemplo, en días pasados una mujer
en el interior de un hotel del centro de Orizaba fue brutalmente
asesinada y sepultada en calidad de desconocida. Previo a ello, seis
madres de familia acudieron a identificar el cuerpo creyendo se trataba de sus
hijas desaparecidas.
Jaimes García dijo que esto evidencia la
desaparición de un número elevado de mujeres jóvenes cuyos casos se ocultan a
las autoridades judiciales. Lamentablemente, algunas de ellas aparecen
masacradas en algún paraje alejado o ahogadas en un río.
Detalló que una situación que provoca alarma entre
las trabajadoras sexuales es la muerte de 4 compañeras asesinadas en circunstancias
similares en la zona cañera. Se trata de mujeres estranguladas, violadas y con
el denominado tiro de gracia. Estos hechos tampoco han sido esclarecidos por
las autoridades judiciales correspondientes.
Por su parte, Araceli Contreras Saavedra, representante
de la Asociación Civil de la Red Investigadores por la Vida y la Libertad de la
Mujer, informó que de acuerdo con encuestas de feminicidios realizadas en la
entidad, la región de Orizaba registra el mayor número de asesinatos de
mujeres, en su mayoría cometidos por familiares.
Agregó que, aunque ya cuenta el país con una
Ley General de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en el estado
de Veracruz no se cuenta con un instrumento legal que permita la erradicación y
prevención de todas las formas de violencia hacia la mujer. Pero además existen
vacíos, tanto en el Código Civil como en el Penal sobre la materia.
A esos vacíos se suman la impunidad, la corrupción
y la inequidad. Y, desde hace algunos años, la inseguridad que genera la presencia
del ejército en la zona serrana de Zongolica.
Todo eso explica por qué la violación y asesinato
de una señora indígena de 73 años, presuntamente a manos de militares apostados
en Zongolica muy probablemente quede también en el olvido.
Veracruz,
Ver., 22 de marzo. La Coordinadora Regional de Organizaciones
Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) denunció que la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) es objeto de ''presiones muy fuertes'' de la
Presidencia de la República y de los altos mandos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) para desvirtuar el caso de abuso sexual tumultuario
que sufrió la anciana Ernestina Ascensión Rosario, fallecida el mes pasado,
presunto delito del cual se responsabiliza a un grupo de militares.
Julio Atenco Vidal, fundador y delegado de la
CROISZ, calificó de ''lamentables y tristes'' las declaraciones del presidente
de la CNDH, José Luis Soberanes, a quien, sin embargo, le solicitó resistir a
''artillería pesada del Ejército.
''Ya se abrió la rendija de la sospecha de que, por
presiones de muy alto nivel, podría omitir algunos factores en la documentación
del caso y finalmente mandar al olvido la tortura y muerte de una anciana
indefensa'', aseguró
Agregó que está en juego la credibilidad de la
CNDH, por lo que el ombudsman
no debe prestarse a la intención de ''enturbiar técnicamente el caso'' para dar
cabida a la impunidad de los militares.
''Con lo que hemos visto y oído sobre la postura de
Soberanes, ya se sembró la duda y sospechamos que se apuesta a una confusión
técnica sobre las causas de la muerte de la señora Ernestina para dar un
carpetazo al expediente'', recalcó.
Dijo que las declaraciones del presidente Felipe
Calderón acerca de que la mujer falleció por una ''gastritis crónica no
atendida'' y los comunicados de la Sedena que trataron de exculpar
anticipadamente a los soldados, se suman a las recientes afirmaciones del ombudsman nacional sobre una posible
''muerte natural'' de la anciana.
''Lo peligroso para la sociedad mexicana es que la
CNDH pueda no tomar en cuenta todas las evidencias y así evadir un señalamiento
hacia el Ejército. Eso sentaría un precedente funesto y retornaríamos a la
vieja complicidad entre el ombudsman
y el poder'', enfatizó Atenco Vidal.
En tanto, a propuesta de la diputada panista Sara
María López, el Congreso de Veracruz recibió la petición de emitir un punto de
acuerdo y llamar a comparecer al procurador de Justicia, Emeterio López, para
que explique los errores cometidos en la investigación.
CIMAC
Que
comparezca Procurador de Veracruz por feminicidio: Pide diputada local
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Xalapa, Ver., 22
marzo 07 (CIMAC).- Ante las contradicciones en torno a la violación y
muerte de una mujer indígena de 73 años, en la sierra Zongolica, presuntamente
a manos de militares, porque en Veracruz son asesinadas diariamente tres
mujeres y existe impunidad, el procurador general de Justicia del estado,
Emeterio López Márquez, debe comparecer ante el Congreso local.
La solicitud de comparecencia, hecha por la
diputada panista de Veracruz, Sara María López Gómez, se deriva ante la falta
de información y nulos avances en la investigación por los hechos de Zongolica
y por otros feminicidios ocurridos en el estado, sin que se haya hecho
justicia.
Hay que "tomar con seriedad la muerte violenta
que se provoca a una mujer. Una mujer anciana, indígena, pobre y sin voz para
reclamar a su o sus atacantes", dijo la diputada.
Y es que a casi un mes de los violentos
acontecimientos, ni las autoridades judiciales estatales ni la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) han mostrado avances en las investigaciones.
Por ello, ante la Diputación Permanente la diputada
presentó un anteproyecto de punto de acuerdo para exigir la comparecencia ante
el Congreso local del Procurador General de Justicia de Veracruz a fin de que
informe a las y los legisladores sobre los avances en las investigaciones.
Recordó que la mujer indígena fue encontrada por
sus familiares, amordazada y atada en su casa de madera y cartón, aunque otras
versiones indican que fue hallada en un camino cercano a su vivienda, siendo
trasladada posteriormente al Hospital Regional de Río Blanco donde falleció.
Posteriormente la Procuraduría de Justicia, a
través de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en
Orizaba, y del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, inició las averiguaciones
140/07 y 471/07.
Luego, a solicitud de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), fue exhumado el cuerpo, el 9 de marzo, con la
participación de personal médico de la Sedena y de la Procuraduría General de
Justicia. Sin embargo, poco o nada se ha avanzado en el caso.
Los más lamentable -citó la diputada- es que las
diferentes dependencia que intervienen en las investigaciones han emitido
informes contradictorios entre sí, incluso al subrayar la causa de la muerte de
la mujer.
Un hecho sorprendente, añade la legisladora, es que
tras la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto
ni los "múltiples desgarres" que manifestaba la necropsia y cuyo
señalamiento ha dado lugar a estudios posteriores de laboratorio que aún no
concluyen.
Agrega que hay contradicciones entre la CNDH y la
Procuraduría de Justicia del Estado, por lo cual no se ha respondido a los
familiares de la víctima en su demanda de justicia.
Destacó la diputada que antes de morir la mujer
denunció a militares como sus atacantes, incluso la Procuraduría informó que
presentaba rastros de ser violada, además de lesiones graves que le produjeron
una hemorragia mortal.
Sin embargo tras la exhumación del cuerpo y la
segunda necropsia la CNDH, a través de su titular José Luis Soberanes
Fernández, observa la posibilidad de muerte natural en el caso de la indígena,
argumentando que quien hable de violación y homicidio en el caso de la indígena
veracruzana, lo hace sin fundamentos.
Ante las dudas que surgen sobre el caso, la
legisladora cuestionó: ¿En qué errores incurrieron los peritos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz? ¿Qué pruebas se tienen
para señalar al o los culpables? ¿Qué se está haciendo, señor procurador
Emeterio López Márquez, para dar respuestas ahora a la familia de esta mujer
indígena? ¿Qué se está haciendo para esclarecer las muertes de mujeres
veracruzanas asesinadas con violencia?
El caso de la indígena de Soledad Atzompa no es el
único impune en la entidad, afirmó la diputada, quien recordó el brutal
asesinato de una joven en agosto del 2004 en la ciudad de Orizaba, cuyo
esclarecimiento de su muerte quedó pendiente pese a los exhortos al procurador
Emeterio López para atender el caso.
Al respecto, la Presidenta del Colectivo Feminista
Ciuahtlatolli, María de la Cruz Jaimes García, reveló a Cimacnoticias que en la
zona centro de Veracruz se han documentado en los últimos 14 meses 35
asesinatos de mujeres, los cuales permanecen en la impunidad.
Recordó López Gómez que el pasado 7 de junio, al
hacer uso de tribuna, exigió a las y los diputados dar el mismo valor a la vida
de una mujer que a la de un hombre, señalando que su preocupación en aquellos
meses era el creciente número de asesinatos ocurridos en el estado de Veracruz.
Por último, dijo que al igual que hoy exige tanto a
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como a la Procuraduría General de
Justicia del Estado el esclarecimiento de los asesinatos ocurridos en la zona
centro del estado de Veracruz y la aplicación de leyes y políticas de
prevención de delitos contra mujeres.
El presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, insistió ayer: ''En
este momento nadie puede decir que la anciana indígena Ernestina Ascensión
Rosario fue violada o asesinada, y tampoco que los responsables fueron
militares. Lo que sí les puedo decir es que los primeros ejercicios (de
investigación) que hizo la Procuraduría General de Justicia de Veracruz
estuvieron muy mal hechos; por eso pedimos que se repitiera la necropsia''.
Entrevistado en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al término de la presentación de su informe de labores 2006, el ombudsman manifestó: ''Puede ser que
haya muerto de muerte natural o que haya sido asesinada. Existen las dos
posibilidades. Estamos recopilando las pruebas y cuando las tengamos se podrá
decir algo, pero nadie puede dar ahora una opinión definitiva''.
Interrogado acerca de la información de la
Procuraduría de Justicia de Veracruz, según la cual Ascensión Rosario fue
ultrajada, el titular de la CNDH sostuvo: ''La primera necropsia y las primeras
investigaciones estuvieron muy mal; por eso pedimos que se exhumara el cuerpo,
y ahí se evidenció que no se practicó la autopsia''.
El funcionario llamó a la segunda visitadora
general de la CNDH, Susana Talía Pedroza, encargada del caso, quien reveló: ''Se
está investigando si se actuó con negligencia. La primera necropsia viene muy
mal elaborada; dice que murió de traumatismo craneoencefálico. Cuando fue
exhumada nos dimos cuenta de que no murió de eso. Está mal tanto la necropsia
como el acta de defunción. Hubo varias irregularidades".
La funcionaria de la CNDH destacó: ''Se dice que
hubo abundante líquido seminal, pero nunca se hizo el estudio para ver si lo
había. También se dijo que tuvo un paro cardiaco, cuando en la necropsia ni
siquiera le abrieron la parte relativa al corazón'' (sic).
Por ello, ''se investiga si era personal calificado
el que hizo la primera necropsia, si actuó con negligencia o si hicieron una
autopsia al vapor. De hecho, las fotografías de la necropsia no coinciden con
lo que dice el certificado médico. Cuando se exhumó el cuerpo estaba
prácticamente igual que como murió''; es decir, aseveró Soberanes, ''no se
practicó la necropsia''.
-Entonces, ¿hay responsabilidad de quien informó
que fue violada?
-Fue responsabilidad de quien empezó a difundir esa
nota, podríamos decir que del gobierno del estado. Estamos viendo si hubo
negligencia o dolo. Se difundió una necropsia que no decía la verdad.
Todo lo que ha informado la CNDH, agregó, está
documentado con fotografías y videos. ''El día que salgamos a dar nuestro
informe todo estará sustentado con pruebas documentales''.
Soberanes dijo que las autoridades del municipio de
Soledad Atzompa, donde se encuentra la comunidad de Tetlatzinga, están mal
informadas, o ''habría que preguntarse por qué se dijo que fue violada por
militares. ¿Querían sacarlos?''
CIMAC
Atzompa:
doña Ernestina pudo morir "de muerte natural": CNDH
"Sin
fundamentos", quien hable de violación y militares
México DF, 20
marzo 07 (CIMAC).- Quien hable de violación o de homicidio en el caso de la
indígena veracruzana Ernestina Ascensión Rosario, lo hace sin fundamentos, dijo
el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, quien manifestó que deben
esperarse los resultados de los estudios de laboratorio luego de que se le
practicó una renecropsia.
Entrevistado en la ciudad de Aguascalientes, donde
junto con el gobernador Luis Armando Reynoso Femat puso en marcha la Oficina
Regional de la Comisión Nacional de los derechos Humanos, Soberanes Fernández
estableció que por ahora no se puede definir que la mujer haya sido violada,
como tampoco está probado que hayan sido militares quienes presuntamente la
hubieran ultrajado, ni hay elementos para definir que la mujer haya sido
asesinada. "Pudo haber sido muerte natural", aseguró.
Cuestionado sobre algunas reacciones sobre el
informe que presentó a las Comisiones de Derechos Humanos del Senado de la
República y de la Cámara de Diputados sobre el caso Oaxaca, que lo califican de
laxo, señaló que él ha buscado ser objetivo y la objetividad no debe ser
considerada como laxitud. "Hacemos un esfuerzo de objetividad y, sobre
todo, nos basamos en evidencias", apuntó.
Respecto de que durante la presentación del informe
que hizo ayer, no se incluyeron nombres de los presuntos responsables,
Soberanes Fernández afirmó que se trató de una exposición de diez cuartillas y
los nombres se encuentran en el informe, que cualquier persona puede leerlo, ya
que está en la página Web de
SOBERANES IMPEDIDO
En cuanto al tema del aborto, declinó opinar al
respecto, ya que, dijo, hay un impedimento para pronunciarse sobre ese tipo de
asuntos, que establece el Artículo 6° de la ley de
Al hablar en el acto inaugural de la Oficina
Regional de la CNDH en Aguascalientes, Soberanes Fernández refrendó su
compromiso de continuar su tarea de documentar y denunciar los abusos que se
cometen en contra de los migrantes, y exigir a la autoridad no sólo impedir que
sus agentes cometan ilícitos en contra de ellos, sino que les ofrezca garantías
de seguridad.
Sostuvo que el Estado mexicano está obligado
constitucionalmente a proteger a toda persona que se encuentre en territorio
nacional y denunció que hoy los migrantes son víctimas de todo tipo de abusos,
porque se ha descubierto en ellos un botín al que se puede saquear impunemente
dado su virtual indefensión. Dijo que cruzar el territorio nacional es hoy para
los migrantes un recorrido de temor e incertidumbre, que deja una estela de
dolor, humillación, mutilación e incluso la muerte.
Señaló que a los engaños y abusos de los
traficantes, a los asaltos, violaciones, amenazas, extorsiones, agresiones y a
la estancia indigna en muchas estaciones migratorias, debemos sumar otro riesgo
para los migrantes: el secuestro.
Ante el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso
Femat, quien atestiguó la inauguración del inmueble, el Ombudsman nacional dijo
que con el apoyo de la sociedad de Aguascalientes, la CNDH da un gran paso
hacia la meta de acercar los servicios de la Comisión a las áreas del país por
donde transita la mayor cantidad de migrantes.
Expresó que la red de Oficinas Regionales cubre ya
las zonas fronterizas, pero faltaba la zona centro, situación que con esta
oficina queda subsanada. Informó que las nuevas instalaciones estarán a cargo
del maestro Francisco Javier Valdés de Anda, cuya trayectoria y compromiso con
los derechos humanos es ampliamente reconocida.
Indicó que esta oficina regional podrá abrir quejas
relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos por parte de
cualquier autoridad federal. Sin embargo, su encomienda particular es la
salvaguarda, defensa y difusión de los derechos de los migrantes en el centro
del país, por donde viajan miles de migrantes centroamericanos y de donde
parten también cientos de miles de mexicanos con la esperanza de trabajar en
Estados Unidos.
La
Jornada 16 de Marzo del 2007.
Invita al
Presidente a visitar la comunidad y hablar con personas cercanas a la víctima
Promueve Rosario Ibarra
punto de acuerdo para que la Sedena coadyuve con las investigaciones
Organizará el PRD foros
para denunciar abusos sexuales presuntamente cometidos por militares
Mientras, la senadora del Partido del Trabajo (PT)
Rosario Ibarra de Piedra promovió un punto de acuerdo -que presentará en
tribuna el próximo martes-- para solicitar al titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, que coadyuve con
autoridades ministeriales de Veracruz para esclarecer la presunta participación
de soldados en la muerte de Ernestina Ascensión.
A su vez, el edil indígena expresó: ''Que venga
(Calderón); él es el jefe de las fuerzas armadas y necesita confirmar
personalmente lo que pasó con nuestra hermana mayor. Que nos escuche; no somos
mentirosos, que constate el dolor de la familia''.
Sobre la presunta aprehensión de un efectivo
militar y el arraigo de dos más, Pérez Pascuala sostuvo que el gobernador de
Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, le notificó personalmente de esas detenciones.
''Yo no miento, y si ahora dicen que no es cierto, entonces a quien engañaron
es al gobernador'', afirmó.
Pérez Pascuala consideró que lo dicho por el
mandatario federal, quien atribuyó a una ''gastritis crónica no atendida'' la
muerte de la anciana, es muestra de que sus asesores lo engañaron.
''Esas palabras (de Calderón, en entrevista con La Jornada publicada el 13 de marzo)
ofendieron a la comunidad. No sabemos de dónde las sacó, pero agravian al
pueblo nahua y a la familia de doña Ernestina, y no caben en un jefe de Estado,
un gobernante que debe velar por los más débiles'', afirmó el edil.
Pérez Pascuala sugirió a Calderón ''corroborar lo
que le informan sus ayudantes'', pues lo dicho sobre Ascensión Rosario ''pone a
la familia como mentirosa, a los vecinos como falsos, y todos los que
conocieron de la tragedia son rebajados a nada.
''O el Presidente no supo lo que dijo, o lo hizo
con la intención de preparar el camino para dar impunidad a los soldados,
porque el pueblo sabe que fueron ellos los culpables'', reiteró.
Para eliminar la sospecha de que se pretende
otorgar impunidad a soldados, Pérez Pascuala pidió a Calderón Hinojosa visitar
Tetlatzinga o recibir en audiencia a los familiares de Ascensión Rosario. ''Que
venga adonde sucedieron las cosas, que nos escuche, que haga un lugar pequeño
en su agenda para los indígenas agraviados, o nosotros vamos a Los Pinos y le
llevamos nuestro testimonio'', sugirió.
''Lo más fácil es echarle la culpa al muerto.
Después hasta van a acusar a la señora de que ella se atacó'', agregó.
Mientras, en la ciudad de México, la senadora
petista Ibarra de Piedra promovió un punto de acuerdo, en el que se indicará
-de ser aprobado por el pleno- que los hechos ocurridos en Soledad Atzompa son
indignantes para la sociedad, pues atentan contra la vida, la libertad sexual y
la dignidad de las personas. Ibarra pretende que el Senado solicite investigar
y sancionar ''tan atroces delitos''.
El documento -también suscrito por el perredista
Arturo Herviz- señala que lo ocurrido a Ernestina Ascensión es la consumación
de continuas violaciones a derechos humanos perpetradas en los 14 municipios de
la sierra de Zongólica, en Veracruz.
La secretaria de Derechos Humanos del PRD, Marcela
Nolasco, anunció que, junto con diversas organizaciones feministas, realizará
foros de denuncia sobre ataques sexuales perpetrados por militares en diversas
partes del país, para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos por la impunidad de los responsables.
Afirmó en entrevista que es necesario elevar la voz
para exigir que se anule el fuero militar y se aplique la justicia civil a los
agresores. Citó casos ocurridos en Coahuila, Chiapas, Guerrero, Michoacán y
Veracruz.
La campaña nacional se dará a conocer la próxima
semana, e incluirá carteles que convocan a una movilización, indicó.
La
Jornada 15 de Marzo del 2007
Murió por
traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de cervicales y anemia
-Refuta
parte médico declaraciones de Calderón sobre anciana violada
-El
mandatario declaró que la mujer, presuntamente ultrajada por militares,
falleció por gastritis
-Inconsistencias
y omisiones en el peritaje de la Procuraduría de Justicia de Veracruz: CNDH
A. Morales, V. Ballinas, A. Muñoz Corresponsal,
Reporteros. La anciana Ernestina Ascensión Rosario no falleció por ''gastritis
crónica no atendida'', como aseguró el presidente Felipe Calderón Hinojosa,
sino a causa de ''traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de
vértebras cervicales y anemia aguda'', según el certificado de defunción
emitido por médicos legistas de la Secretaría de Salud de Veracruz.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) informó ayer que detectó omisiones e inconsistencias en los
estudios técnico-periciales realizados por la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) de Veracruz y se comprometió a mantener abierto el expediente
''hasta su completo esclarecimiento''.
Ernestina Ascensión, vecina de la comunidad
Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, falleció el 26 de febrero
a causa de lesiones presuntamente causadas por violación, en la que estarían
implicados militares.
En el certificado de defunción folio 070276634 (al
que tuvo acceso La Jornada),
emitido en el hospital regional de Río Blanco, Veracruz, donde murió la
víctima, se indica que el tipo de muerte fue ''mecánica-traumática''.
La anciana estuvo en terapia intensiva al menos
siete horas y media, luego de haber sido violada por presuntos efectivos del 63
batallón de Infantería.
''Los médicos nos dijeron que fue abusada
sexualmente y presentaba perforación en el recto, lo que dañó hígado e
intestinos; de ahí el dolor intenso de abdomen del que se quejaba'', explicó
René Huerta, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas
de la Sierra de Zongolica (CROISZ), quien acompañó a los familiares.
El procurador de Veracruz, Emeterio López Márquez,
aseguró que la muerte se debió a lesiones provocadas por ''una violación por la
vía no idónea y también por la vía idónea''.
El acta de defunción, firmada por el médico legista
Juan Pablo Mendizábal Pérez, de la Dirección de Servicios Periciales de la
PGJE, indicó que la necropsia hace suponer que la muerte no fue accidental,
sino producto de un homicidio. Sin embargo, el forense omitió llenar los
incisos 23.5 y 23.6, en los que se pide anotar el número de averiguación
ministerial abierta por el tipo de heridas, y una descripción de ''la
situación, circunstancia o motivos en que se produjo la lesión''.
Esto hizo sospechar a visitadores de la CNDH,
quienes solicitaron a la PGJE exhumar el cadáver y practicar otra autopsia. La
diligencia pericial se realizó el 9 de marzo en el cementerio de Tetlatzinga.
En un comunicado, la CNDH afirmó que en la
exhumación, en la que participó personal médico forense de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y de la PGJE, peritos de la CNDH detectaron que, contrario
a los procedimientos usuales, se omitió analizar cráneo, vértebras cervicales,
pulmones, corazón, hígado, estómago, asas intestinales y órganos sexuales, ''lo
que llevó a asegurar indebidamente que la mujer indígena de 76 años falleció
por traumatismo craneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales,
anemia aguda, y que el tipo de muerte fuera diagnosticado como
mecánica-traumática''.
La CNDH agregó: ''Antes del fallecimiento de la
señora Ascensión Rosario, la médico especialista en delitos sexuales de la PGJE
que realizó la revisión no tomó ni ordenó que se tomaran muestras para realizar
estudios de laboratorio, indispensables para que -si se determinaba la
presencia de líquido seminal- pudiera procederse a posteriores estudios que condujeran
a conocer la probable identidad del o de los presuntos agresores''.
Acotó que en la exhumación del cadáver no se
corroboraron perforación alguna en el recto ni ''los múltiples desgarros'' que
señalaba la autopsia, afirmación que dio lugar a estudios de laboratorio que
''aún no concluyen''.
El organismo indicó que el tipo de equimosis en
brazos y región pectoral, descrito en la autopsia, no corresponde a lesiones
producidas en maniobras de sujeción o sometimiento, lo cual hace suponer a los
peritos de la CNDH que se produjeron durante el traslado de la víctima antes de
que falleciera.
La CNDH subrayó que en tanto no se esclarezcan las
causas de la muerte de la indígena, ''se presume la violación de su derecho
fundamental a la vida''. Además, seguirá a la espera de estudios de laboratorio
complementarios a los realizados.
Mientras, el secretario general del Partido de la
Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó a Felipe Calderón de
encubrir o de estar mal informado sobre la actuación de militares en zonas
indígenas.
Entrevistado en la ciudad de México, Acosta Naranjo
calificó al Presidente de hombre insensible, por sus declaraciones sobre el
caso. ''Sería hasta repugnante'' pensar que encubre a delincuentes en ''un caso
tan delicado''.
Parte del grupo de perredistas que, en nombre del
Comité Ejecutivo Nacional de su partido da seguimiento al caso y se reunió con
el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván
Galván, para instarlo a entregar a los presuntos culpables de comprobarse su
participación en el delito, el secretario general del PRD señaló que puede
''distinguir muy bien entre la actuación del Ejército y la actuación de
Calderón''.
Zongolica:
"trabajo sucio" de autoridades garantizó la impunidad
Por Laura Castro Medina/ corresponsal
Orizaba, Ver., 14
marzo 07 (CIMAC).- Julio Atenco Vidal fundador de la Coordinadora Regional
de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), señaló que hay
un claro contubernio entre el Ejército y la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), pues al amparo de la confidencialidad de la información, los
servicios periciales locales y la agencia del ministerio público especializado
en delitos sexuales hicieron un "trabajo sucio" para garantizar la
impunidad de los soldados.
A través de un comunicado dirigido este miércoles a
los medios de comunicación, el representante de la CROISZ y asesor del
ayuntamiento de Soledad Atzompa desmiente a Felipe Calderón, quien aseguró que
la muerte de la indígena nahuatl fue a causa de una gastritis mal atendida y
que no hubo violación de parte de los militares.
En su boletín explica que se comunicó con Pedro
Armendáriz, visitador de la CNDH y coordinador de los trabajos de exhumación y
necropsia del la indígena, quien le reiteró que será en 20 días cuando se
tengan los resultados de los análisis elaborados el pasado viernes, por lo que
es imposible que Felipe Calderón tuviera resultados, mucho más cuando
estos serían confidenciales.
En el comunicado menciona que aunque Calderón dice
estar atento al caso de la muerte de la mujer desconoce una serie de hechos,
por ejemplo que en las primeras pruebas periciales y el acta de defunción
original consigna que la causa de muerte fue fractura craneoencefálica,
fractura de cadera, fractura de costillas y anemia producto del sangrado no
controlado.
De igual forma, el médico que la atendió en el
Hospital regional de Río Blanco confirmó la violación de que fue objeto y así
lo declaró a los medios de comunicación: fue violado por vía conveniente y por
vía inconveniente.
No obstante tal diagnóstico, esto ya no aparece en
el acta de defunción. Es decir, al amparo de la confidencialidad de la
información, los servicios periciales locales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y la Agente del Ministerio Público de la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales ya habían hecho el trabajo sucio para
garantizar la impunidad a los soldados.
Además, el texto señala que el mismo médico ya
referido informó que el dolor del vientre del que se quejaba lastimosamente la
mujer al llegar al hospital y la creciente inflamación del vientre se debía a
que por la violación se le provocó una perforación en el intestino y eso le
provocó una contaminación y envenenamiento de su cuerpo.
Añade el comunicado "No sabe que, desde el día
de los acontecimientos, ni la Procuraduría de Justicia ni los militares habían
realizado investigación policíaca ni criminalística alguna, no obstante la
Sedena declaró que ya habían realizado investigaciones científicas y sus
resultados no inculpaban a los soldados".
"Ante tales hechos el H. Ayuntamiento y la
CROISZ cuestionamos severamente que el ejército se pretendiera erigir como juez
y parte y desacreditamos la credibilidad de sus investigaciones científicas,
nuestra queja la hicimos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
fuimos escuchados por ésta y su trabajo posterior puso en evidencia el teatro
de impunidad organizado con premeditación".
Finalmente describe "la palabra del ciudadano
presidente evidentemente desinformada pone en duda la supuesta intención del
ejército de esclarecer los hechos y hacer justicia apegados al Estado de
derecho como han dicho. Nuestro corazón está triste porque para el gobernante
principal el que debiera protegernos como un padre a sus hijos desprecie el
valor humano de nuestra hermana mayor violada y asesinada a manos del ejército
al dar por concluido el caso sin esperar siquiera resultados de la
investigación".
"Lo que debiera ser un simple acto de
impartición de justicia poco a poco se descama y se convierte en un acta de
impunidad, de injusticia y de discriminación racial; el crimen en contra de
nuestra hermana mayor es una agresión al pueblo Náhuatl de Soledad Atzompa, así
lo entendimos y así lo asumimos, la impunidad del ejército hasta ahora avalada
por el señor Presidente es un agravio a la sociedad mexicana, por ello estoy
convencido que nuestra lucha para que se haga justicia a nuestra hermana y la
dignificación de la persona indígena tiene el respaldo de los y las mexicanas y
eso es lo más importante".
INFORME CNDH
Por su parte, en un comunicado de prensa, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en el caso de la indígena
Ernestina Ascensión Rosario, de la comunidad de Tetlatzinga, en
Zongolica, Veracruz, quien falleció el 26 febrero después de haber sido
presuntamente violada por elementos de una partida militar, peritos
médicos de esta Comisión Nacional han detectado diversas omisiones e
inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal
médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, PGJEV,
indispensables para determinar las causas del fallecimiento.
Durante la exhumación llevada a cabo el 9 de marzo,
en la que también participó personal médico forense de la Secretaría de la
Defensa Nacional y de la PGJEV, peritos médicos de la CNDH evidenciaron que de
manera contraria a la praxis médica se omitió durante la autopsia el estudio de
algunos de los más importante órganos anatómicos, como son cráneo, vértebras
cervicales, pulmones, corazón, hígado, estómago, asas intestinales y órganos
sexuales, lo que llevó a asegurar indebidamente que la anciana falleció por
"traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras
cervicales, anemia aguda" y el tipo de muerte fue descrito como
"mecánica traumática".
La determinación de la luxación de cervicales
resulta plenamente incongruente con las evidencias y hallazgos de la revisión
del 9 de marzo, pues no existe luxación o fractura alguna ni de esas o de
ninguna otra vértebra. Asimismo, en tórax, la autopsia indica que se habían
encontrado signos de cardiomegalia y de infarto antiguo, pese a que no se
realizó estudio de corazón. También se había determinado la existencia de
cirrosis con base en la coloración de la víscera hepática sin contar con
estudio histopatológico de la misma.
Por otra parte, antes del fallecimiento de la
señora Ascensión, la médico especialista en delitos sexuales de la PGJEV que
realizó la revisión médica no tomó ni ordenó que se tomaran muestras para
realizar estudios de laboratorio, indispensables para que --si se determinaba
la presencia de líquido seminal- pudiera procederse a posteriores estudios que
condujeran a conocer la probable identidad del o los presuntos agresores.
Debe destacarse que en la exhumación del cadáver no
se corroboró perforación alguna en el recto ni los "múltiples
desgarros" que manifestaba la autopsia y cuyo señalamiento ha dado lugar a
estudios posteriores de laboratorio que aún no concluyen.
El tipo de equimosis encontrado en brazos y en
región pectoral descrito en la autopsia, no corresponde a lesiones similares a
las que se producen en maniobras de sujeción o sometimiento, lo cual
permite suponer a los peritos de esta Comisión que fueron producidas al ser
cargada y trasladada antes de fallecer.
La CNDH manifiesta que en tanto no se esclarezcan
las causas de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario se presume la violación
de su derecho fundamental a la vida.
Y en espera de estudios de laboratorio
complementarios a los realizados, esta Comisión Nacional mantendrá abierto el
expediente del caso hasta su completo esclarecimiento, concluye el documento.
No fue violada
sexualmente y no hay detenidos: autoridades
"Inminente
estallido social en Atzompa", advierte alcalde
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Río Blanco, Ver., 14 marzo 07 (CIMAC).- A 16 días de que la señora Ernestina Ascencio
Rosario fuera violada y muerta, presuntamente a manos de soldados del Ejército
Mexicano, como ella misma lo dijo antes de fallecer, las autoridades médicas
"no pueden asegurar" que "hubiera sido violentada
sexualmente" y el Ministerio Público Militar confirma que no hay ningún militar
detenido, arraigado o prófugo como presunto responsable de la violación y
muerte de la mujer nahua.
Por eso el pueblo "está molesto" y exige
justicia, dice el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala.
"La gente solo espera un llamado para iniciar
movilizaciones". Y organizaciones de siete estados del país ya han
ofrecido todo su apoyo para exigir justicia por la muerte de la mujer de
Soledad Atzompa.
Entrevistado al término de un interrogatorio, que
duró más de ocho horas, ante la agente del Ministerio Público Militar, Norma
Núñez Vázquez, y al cual acudió sin abogados ni acompañantes, el alcalde
expresó que las autoridades militares ahí presentes le notificaron que no hay
elementos detenidos, arraigados o prófugos.
"Yo no inventé nada (sobre los detenidos), el
Gobernador me lo dijo, a él lo engañaron sus informadores políticos", dijo
con preocupación.
"Ahora queda demostrado que no hay interés del
Ejército por resolver el caso y castigar a los responsables. Lamentablemente el
pueblo está molesto y exige justicia. Pero, de no ver resultados, es inminente
un estallido social".
"SIMPLEMENTE UNA LESIÓN"
Personal de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)
acudieron al Hospital Regional de Río Blanco para investigar una presunta
negligencia médica en la atención de la mujer de Soledad Atzompa violada y
asesinada por presuntos militares.
Ahí, el director del nosocomio, Hugo Zárate
Amescua, dijo que no podría asegurar que la mujer hubiera sido violentada
sexualmente.
Tras entregar el expediente clínico a la CNDH, el
director del hospital explicó que la mujer presentaba una penetración vía
rectal con objeto contundente que le perforó el intestino y por ende hemorragias
internas. Descartó además una posible negligencia médica ante un aparente
retraso en la atención de la paciente en el Hospital "Premio Nacional de
Calidad 2006".
Al cuestionarle sobre la violación vía rectal y
vaginal, el director del Hospital Regional de Río Blanco respondió: "pues
si tenía sangrado por vía rectal, probablemente por alguna agresión, yo no
puedo decir sí fue agredida sexualmente o no, simplemente presentó una lesión y
la paciente ya llegó con daño renal, con falla orgánica múltiple, con datos de
infección severa y con deshidratación".
Aseguró que sin embargo se darán todas las
facilidades para la investigación de los hechos aunque -aclaró- la paciente
ingresó en fase terminal al hospital.
Mientras tanto, serán sometidos a cuestionamientos
la ginecóloga María Elena Rodríguez Cabrera, el cirujano Eric Maya y el
cardiólogo Isidro Mendoza, quienes brindaron la atención a la indígena de 73
años.
De acuerdo al reporte médico oficial, las causas de
muerte fueron por daño renal o falla orgánica múltiple y una probable
bronconeumonía, mientras que el traumatismo craneoencefálico no se
corroboró en ese nosocomio. La presunta violación correspondía ser verificada
por el departamento de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia,
indica el documento.
Finalmente el reporte asienta que la paciente
sufrió un paro cardiorrespiratorio a las 3:30 de la madrugada del 26 de febrero
y falleció tres horas más tarde.
La
Jornada 13 de Marzo del 2007.
Nombran
fiscal especial para el caso de la anciana violada
Andres T. Morales Corresponsal. Veracruz, Ver., 12 de marzo. La
Procuraduría General de Justicia del estado nombró a Juan Alatriste Gómez como
fiscal especial del caso de Ernestina Ascensión Rosario, anciana indígena que falleció
luego de ser agredida sexualmente el 25 de febrero, presuntamente por
militares. Hasta la designación del fiscal, los expedientes estaban a cargo de
la agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza y la Agencia
Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia
de Orizaba.
El alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez
Pascuaza, dijo haber sido notificado de la detención de un soldado y del
arraigo de dos más adscritos a la 26 Zona Militar con sede en Orizaba, como
presuntos responsables del abuso sexual.
El edil aseguró que mandos militares también
notificaron de las detenciones al gobernador Fidel Herrera, aunque el
mandatario y la procuraduría estatal rehusaron confirmar la versión.
Investigan presunta negligencia médica
La Secretaría de Salud (Ssa) estatal dio a conocer
que investiga a personal médico y a directivos del hospital regional de Río
Blanco, que habrían tardado hasta una hora para atender a Ernestina Ascensión
Rosario, pese a que se desangraba luego de haber sido violada.
El titular de la dependencia, Jon Rementería Sempé,
señaló que podrían haberse cometido violaciones a la Ley General de Salud, que
prevé atención inmediata en casos de urgencia médica.
Sin embargo, afirmó que ''una golondrina no hace
verano'', y descartó que la muerte de la anciana afecte el prestigio del
nosocomio, galardonado con el Premio Nacional de Calidad 2005.
Entrevistado en esta ciudad, donde entregó material
terapéutico a una casa de asistencia altruista para indigentes y ancianos,
Rementería Sempé recriminó a reporteros que lo cuestionaron sobre el caso de la
anciana fallecida en la comunidad Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa,
que se diera más difusión a este caso que a la Expo Salud 2007, que organiza la
Ssa y que se iniciará el 14 de marzo.
PGJE sin
resultados aún de la necropsia de mujer nahua violada
- Murió
de "gastritis",- dice Calderón
México
DF, 13 marzo 07. De la redacción
(CIMAC).- Para Felipe Calderón "no hay rastros de que (la señora Ernestina
Ascencio Rosario) haya sido violada", pues "lo que resultó de la
necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida", pero la
Procuraduría de Veracruz afirmó ayer que habrá que esperar 40 días los
resultados de dicha prueba para dar a conocer si hay responsabilidad de
militares en la violación y muerte de la indígena nahua, a quienes ella misma
señaló como responsables poco antes de su fallecimiento.
Entrevistado por el diario La Jornada, Calderón
afirmó: "he estado pendiente del caso de la señora que se dice asesinaron
en Zongolica (tras una presunta violación tumultuaria por militares). La CNDH
intervino, y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis
crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes
puedan tener, por sus medios, acceso a esa información".
Sin embargo, al referirse a la misma necropsia,
José Luis Peri Pérez, director de servicios periciales de la Procuraduría del
estado de Veracruz, mencionó que era necesario esperar que las pruebas de 40
días den los resultados para darlos a conocer a la opinión pública.
Y hoy por la mañana, Reynaldo Escobar Pérez,
secretario de gobierno de Veracruz, al ser entrevistado sobre el caso de doña
Ernestina, dijo en Poza Rica que se realizan pruebas de ADN a los detenidos y
que ya declaró el director de servicios periciales.
"El gobierno de Veracruz no tiene ninguna
complicidad con nadie", dijo a Livia Díaz, reportera de Cimacnoticias.
Aunque no pudo informar si efectivamente son tres
las personas arraigadas y detenidas, anunció "que en su momento la
Procuraduría del estado dará a conocer a los responsables del hecho y a los que
se sancionará "como lo ha dicho el gobernador Fidel Herrera Beltrán con
todo el peso de la ley."
-¿A pesar de que sean soldados?
- Aquí no hay ninguna complicidad con nadie. El
gobernador quiere que se esclarezcan los hechos y dar una amplia satisfacción a
los agraviados. A los familiares de la difunta y a los veracruzanos en general.
En tanto, Calderón, al ser interrogado por la
prensa sobre si teme o no que las acciones del Ejército violen derechos
humanos, respondió ayer:
- Eso no depende de que sean militares o no. Pueden
ser policías o ministerios públicos. Lo evitaremos en la medida en que seamos
capaces de hacer valer el marco institucional, y que medios y sociedad vigilen
su actuación. No vamos a tolerar ningún acto de impunidad del Ejército o de
quien sea.
Columna: Palabra de Antígona
Fuero
Militar vs. Derechos Humanos de las Mujeres
13 de Marzo del 2007. Por Sara Lovera López
Los delitos sexuales son de carácter común en toda
la legislación penal del país. Sin embargo el fuero militar, que es violatorio
de los derechos humanos y contrario a la Constitución de la República Mexicana,
ha impedido la justicia al menos en 9 denuncias documentadas en los
últimos 13 años.
Los militares y su extraterritorialidad gozan
de impunidad absoluta. El Ejército Mexicano no ha informado sobre el destino
jurídico de los involucrados en hechos de violencia sexual contra las mujeres.
La justicia civil no ha intervenido eficazmente nunca. Tampoco existe uno sólo
de estos delincuentes purgando penas en las cárceles civiles.
No se rinde cuentas en caso de que "la
justicia militar" haya actuado. Eso sucede al menos desde 1968.
En estos días oscuros de balance sobre los cien
días de actuación del señor Felipe Calderón, es claro que este individuo está
usufructuando el papel de Ejecutivo, sólo porque su garante son las
fuerzas armadas.
Estamos viviendo una política autoritaria y
patriarcal como no imaginamos, a pesar de los discursos de seguridad y paz.
Lo cierto es que se ha sembrado el miedo. A cada
paso con los militares, en todos los actos sociales, en todas las comunidades y
ciudades. Las vallas metálicas impiden a todas y todos el libre tránsito, una
garantía de
Existe una diáspora de derrota. Hay quien piensa
que no es posible esperar ninguna solución civil a los casos de mujeres
violadas, golpeadas, maltratadas por los solados.
Sobre el asesinato de doña Ernestina Asensio
Rosario, una indígena nahua avecindada en la sierra de Zongolica, Veracruz, el
gobierno de Fidel Herrera se ha mostrado blandengue y asustadizo.
Hasta ahora no han valido ni recomendaciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de organismos como
Amnistía Internacional. Las recomendaciones se amarillentan en los archivos.
En Chiapas el seguimiento de organismos de derechos
humanos habla de qué significan los solados apostados en pueblos y comunidades
para las mujeres. Ahí a lo largo de más de una década, como seguro sucede en
otras partes del país, los militares son fuente de toda clase de abusos,
imposiciones y arbitrariedades. Las mujeres son las primeras en peligrar.
De Luis Echeverría, que usó al Ejército durante la
guerra sucia, a Vicente Fox, el ejército es usado como policía. No vale
ninguna intervención del Congreso.
Así que el reclamo de doña Rosario Ibarra, hecho el
8 de marzo en el Senado, por el asesinato de doña Ernestina, quedó en el
anonimato en los medios de comunicación.
La cronología de los delitos sexuales que relató en
agosto pasado la periodista Soledad Jarquín es sobrecogedora.
El 4 de junio de 1994 militares violan a tres
indias tzeltales en un retén del ejército en Altamirano, Chiapas. A
casi 13 años de los acontecimientos, las entonces jóvenes de 12, 15 y 17 años
de edad, esperan alguna respuesta.
El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar,
de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas, de
Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, fueron violadas por cinco soldados.
No pasó nada.
En 1997, un organismo de derechos humanos de Oaxaca
recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del
Ejército Mexicano en la zona Loxicha. El caso no prosperó, hubo
intimidación. Se alegó seguridad nacional.
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez,
de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de Barrio Nuevo San José,
Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas por solados en
casas abandonadas.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú
también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de
Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero.
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla
de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su
casa por 11 soldados.
Todos estos casos los atrajo la "justicia
militar", pero no informó el resultado. Se sospecha que los solados
solamente fueron cambiados de batallón.
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados
asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a
13 mujeres.
Están presos y en proceso 8 militares. Se trata del
único caso, con pronóstico nebuloso. El próximo 26 de marzo el juez pretende
"reconstruir los hechos" o "hacer una inspección", no se
sabe bien, pero el temor es que puedan ser entregados a
El 25 de febrero fue violada, torturada y asesinada
una mujer nahuatl en la comunidad de Aculzinapa, municipio de Soledad Atzompa,
en la sierra de Zongolica, Veracruz. Los sospechosos, señalados por la difunta,
sólo fueron arraigados y se espera el dictamen de los militares.
Si una piensa un poco, esto revela claramente que
aunque el gobierno firme Convenciones Internacionales, se interese en el
discurso, haga algunas políticas para evitar la violencia contra las mujeres,
en los hechos no tiene interés por dar seguridad a las mexicanas, ni por
hacer justicia.
La ley es clara desde 1929: la violación
sexual es un delito, se paga con cárcel, requiere de investigación, debido
proceso y resultados.
En esta lógica podemos concluir que los gobiernos
civiles se convierten en cómplices y encubridores de delincuentes que, por
pertenecer a las fuerzas armadas, gozan de impunidad. No hay Estado de Derecho.
El caso de Castaños, Coahuila, es el único, en el
primer tramo, donde se impuso el gobierno de Coahuila a la zona militar. Sin
embargo las presiones y amenazas a las afectadas, el dinero, la debilidad
de los Tribunales y la ausencia de una protesta civil, podría anunciar una
nueva impunidad.
El señor Felipe Calderón, protegido de los
militares, no es garantía de nada, su gobierno es débil, sin
reconocimiento de la mayoría de los mexicanos y sin autoridad moral.
Lo único que podría cambiar el curso de la historia
es que, un día, muchas personas tuvieran el coraje de no dejar pasar la
injusticia.
Una amiga me decía que cada vez que agregamos a la
lista el nuevo asesinato de una mujer, espera y sueña en la posibilidad de que
se junte la gente en todas las plazas, en todos los espacios del país, que
reclame en los tribunales, que obligue a hacer justicia. Entonces las
cosas cambiarían.
El autoritarismo generalizado, la militarización y
la violencia contra las mujeres son una sola cosa. Es la mejor muestra de
nuestra crisis social y política.
Veracruz, Ver., 12 de marzo. La
Procuraduría General de Justicia del estado nombró a Juan Alatriste Gómez como
fiscal especial del caso de Ernestina Ascensión Rosario, anciana indígena que falleció
luego de ser agredida sexualmente el 25 de febrero, presuntamente por
militares. Hasta la designación del fiscal, los expedientes estaban a cargo de
la agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza y la Agencia
Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia
de Orizaba.
El alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez
Pascuaza, dijo haber sido notificado de la detención de un soldado y del
arraigo de dos más adscritos a la 26 Zona Militar con sede en Orizaba, como
presuntos responsables del abuso sexual.
El edil aseguró que mandos militares también
notificaron de las detenciones al gobernador Fidel Herrera, aunque el
mandatario y la procuraduría estatal rehusaron confirmar la versión.
Investigan presunta negligencia médica
La Secretaría de Salud (Ssa) estatal dio a conocer
que investiga a personal médico y a directivos del hospital regional de Río
Blanco, que habrían tardado hasta una hora para atender a Ernestina Ascensión
Rosario, pese a que se desangraba luego de haber sido violada.
El titular de la dependencia, Jon Rementería Sempé,
señaló que podrían haberse cometido violaciones a la Ley General de Salud, que
prevé atención inmediata en casos de urgencia médica.
Sin embargo, afirmó que ''una golondrina no hace
verano'', y descartó que la muerte de la anciana afecte el prestigio del
nosocomio, galardonado con el Premio Nacional de Calidad 2005.
Entrevistado en esta ciudad, donde entregó material
terapéutico a una casa de asistencia altruista para indigentes y ancianos,
Rementería Sempé recriminó a reporteros que lo cuestionaron sobre el caso de la
anciana fallecida en la comunidad Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa,
que se diera más difusión a este caso que a la Expo Salud 2007, que organiza la
Ssa y que se iniciará el 14 de marzo.
CIMAC
Riesgo de estallido social, advierte autoridad de
Atzompa
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Soledad
Atzompa, 12 marzo 07 (CIMAC).-
Pese a la creación de una Fiscalía Especial y de la presunta detención de dos de
los cuatro militares responsables de la violación y muerte de una indígena
nahuatl de Soledad Atzompa, habitantes de la zona serrana de Zongolica amenazan
con movilizaciones masivas para exigir que el delito no quede en la impunidad.
El alcalde de Soledad Atzompa, el perredista
Javier Pérez Pascuala, dijo que fue informado personalmente por el gobernador
del estado Fidel Herrera Beltrán de la detención en el estado de Puebla de dos
de los cuatro presuntos responsables de la muerte de la mujer oriunda de
Soledad Atzompa, los otros dos se encuentran prófugos.
Ante la deserción de los militares, el edil de
origen indígena lamentó la coparticipación en los hechos del jefe del 26
batallón, Sergio Arturo Aragón, al permitir la fuga de sus elementos.
El Presidente municipal explicó que su comunidad se
encuentra atenta y podría darse un estallido social de no aplicarse la justicia
y todo el peso de la ley contra los responsables, pues consideran que el
homicidio fue minimizado al tratarse de una mujer indígena.
Ante tales circunstancias, y al quedar demostradas
las inconsistencias en la integración de la averiguación previa 140/ 2007,
iniciada por la Agencia del Ministerio Público Investigador de Delitos Sexuales
y Contra la Familia, Fidel Herrera Beltrán ordenó la creación de una Fiscalía
Especial para agilizar la investigación sobre la violación y muerte de la mujer
de la comunidad de Tetlacinga, que estará a cargo del actual coordinador
de agentes del Ministerio Público de la PGJE, Juan Alatriste Gómez.
De acuerdo con visitadores de la CNDH en la
averiguación previa, se omitió la probable violación de la víctima, al igual
que en el acta de defunción del registro civil y en el certificado de defunción
de la Secretaría de Salud expedido por el Hospital Regional de Río Blanco, en
donde murió la agraviada.
En los tres documentos sólo se menciona muerte a
causa de traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de vértebras
cervicales y anemia aguda, sin citar la probable violación.
Por su parte, el director general de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José
Luis Peri Pérez, aseguró que no hubo irregularidades en la necropsia
practicada, aunque reconoció que debieron tomarse más muestras del cuerpo de la
mujer victimada de presuntos militares.
Desmintió la aseveración de la titular de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nohemí Quirasco Hernández, sobre la
falta de capacidad del personal de servicios periciales o negligencia de los
mismos.
Detalló que en la segunda necropsia efectuada el
pasado viernes se extrajeron del cadáver muestras de cabello y se le realizaron
exudados vaginales, cuyos resultados estarán disponibles en 40 ó 50 días.
Por otro lado, el partido Alternativa informó que
esta semana la diputada Marina Arvizu solicitará ante la Junta de Coordinación
Política la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo
Galván Galván, propuesta en la que actualmente se está trabajando. 07/LC/GG/CV
CIMAC
Inhuman cadáver de la mujer violada presuntamente
por militares
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Soledad
Atzompa, Ver., 9 marzo 07 (CIMAC).-
Ante las omisiones halladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
en el informe forense practicado a la mujer nahuatl violada y asesinada en
Tetlazinga, presuntamente por miembros del ejército mexicano, el cuerpo de la
víctima fue hoy exhumado, luego de una discusión entre elementos del Ministerio
Público Militar y habitantes del lugar.
La nueva autopsia, recomendada por el organismo,
tiene como objetivo recabar muestras de residuos seminales en el cuerpo de la
víctima, pues el informe forense de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz no incluyó la obtención de esa evidencia y ha sido
insuficiente para continuar con la investigación.
La medida, que contradice lo informado por la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su comunicado 019, donde afirma
que compararía "el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa
con muestras de sangre que se tomen del personal militar", obtendría
efectivamente estos residuos para tener evidencia científica que determine la
presunta responsabilidad de los militares.
La Sedena, dice Isabel Uriarte, representante legal
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), exculpó
prematuramente a los militares cuando no se contaba con los resultados de
análisis seminales que, de acuerdo al último boletín de la institución
castrense, estarán listos en un lapso de
Pero lo más ilógico -recalca la abogada- es que no
existía una muestra de semen para su comparación, debido a que al cuerpo de la
víctima no le fueron extraídos residuos seminales.
"Hay también una serie de irregularidades en
la averiguación previa", confirma la abogada. Luego de las primeras
investigaciones realizadas por integrantes del Prodh, se comprobaron
irregularidades en el proceso jurídico seguido por autoridades, tanto del fuero
común como militar, lo que dificulta un adecuado acceso a la justicia.
Desde la madrugada de este viernes, en las
inmediaciones del municipio de Soledad Atzompa, la presencia de unidades del
ejército que resguardaban a integrantes del Ministerio Público Militar despertó
el malestar de la comunidad serrana, que se negaba a permitir el acceso del
ejército a esta zona de Zongolica.
Las autoridades militares pretendían realizar la
exhumación del cuerpo de la mujer, muerta el pasado 26 de febrero, como lo
había ordenado
Tras algunas discusiones, que estuvieron a punto de
convertirse en un enfrentamiento físico entre la comunidad y las fuerzas
militares que pretendían ascender hacia donde fue victimada la indígena
náhuatl, los cinco hijos de la occisa accedieron a la exhumación con la
condición de que fueran retirados los soldados de Soledad Atzompa y que el
cuerpo no saliera del cementerio municipal.
De esta forma, al filo de las seis de la mañana,
peritos de la CNDH; visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;
representantes del Ministerio Público Militar; el subprocurador de Justicia en
la zona centro, Miguel Mina Rodríguez; personal de la Agencia Especializada en
Delitos Sexuales y contra la Familia, así como elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado (SSP), se dirigieron al cementerio municipal para
iniciar la exhumación del cuerpo.
Elementos de la SSP acordonaron la zona y con hules
color negro cercaron la fosa,
Una vez concluida la toma de muestras, que serán
analizadas por expertos de la CNDH, el cuerpo de la mujer fue nuevamente
inhumado.
NEGLIGENCIA MÉDICA
Además de las irregularidades en la ejecución de la
necropsia, también quedó demostrado que hubo negligencia médica y ello influyó
en la muerte de la mujer, asegura la titular de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Noemí Quirasco Hernández,
Primero fue mal atendida en una clínica rural del
Seguro Social, posteriormente en una clínica particular de Ciudad Mendoza y
finalmente en el Hospital Regional de Río Blanco, en donde falleció, explicó la
funcionaria en una rueda de prensa llevada a cabo en la capital del estado.
IRREGULARIDADES JURÍDICAS
La abogada Isabel Uriarte explicó también que se
observan dos graves violaciones en el caso: la primera es la tortura física que
sufrió la víctima y la otra es la falta de información a sus familiares.
Los cinco hijos de la víctima desconocen el avance
de las indagatorias, el contenido de la averiguación previa radicada en la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la investigación que realiza
Los únicos documentos en manos de la familia son
los boletines de prensa emitidos por
COMUNICACIÓN ABSURDA
Al referirse a estos comunicados de la Sedena,
Uriarte explicó que el contenido de los mismos "rayan" en lo absurdo;
por ejemplo, al asegurar que con una revisión ocular a los genitales de los
elementos del ejército se corrobora que no tuvieron actividad sexual y con ello
se descarta su responsabilidad en los hechos.
Y el número 019, emitido dos veces con el mismo
número y diferente contenido, es ilógico, recuerda Uriarte. Como es también
ilógico que hayan asegurado que los resultados de sus investigaciones
constituirían "prueba irrefutable".
Ante tales hechos, el Centro Pro, observador
de Amnistía Internacional en este caso, ha propuesto un patrocinio
jurídico para apoyar tanto a nivel nacional como internacional a la familia.
Sin embargo, "ellos tendrán la última palabra,
aunque ya han manifestado su clamor de justicia y castigo para los militares
castrenses". 07/LC/GG
CIMAC
Peligro de violencia y desestabilización en
Atzompa: OMCT
México
DF, 9 marzo 07 (CIMAC). La Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT) teme que el descontento generalizado en las
poblaciones indígenas cercanas a la comunidad de Tetlalzingo, Veracruz, así
como la desestabilización social y política de la región desemboque en acciones
violentas por parte de los pobladores y las autoridades, luego de la violación
y muerte de una mujer de 73 años a manos presuntamente de militares.
En comunicado de presa, emitido en la ciudad de
Ginebra, el Secretariado Internacional de la OMCT informó que ha recibido con
mucha preocupación la información del Centro de Derechos Humanos, Miguel
Agustín Pro Juárez y de los integrantes de la red SOS-Tortura, referentes al
caso de la mujer nahua de 73 años de edad.
Los informes recibidos por la OMCT indican, que la
mujer fue violada tumultuariamente por elementos castrenses en la comunidad de
Tetlalzingo, municipio Soledad Atzompa, Veracruz, crimen que resultó en su
fallecimiento.
En este sentido, resaltó la OMCT, son de especial
preocupación los comunicados emitidos por las autoridades militares
respecto al caso, ya que en ellos se deslindan de cualquier responsabilidad.
Una muestra es el comunicado del 6 de marzo,
en el que declararon que "delincuentes que utilizaron prendas militares
perpetraron el crimen" y, habrían portado las mencionadas prendas con el
fin de inculpar a integrantes del Ejército para con ello lograr que los
militares abandonen el área.
Ante tal discurso, a la OMCT le preocupa que las
investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Ejército
no sean exhaustivas e independientes, y que el caso quede impune.
Y manifiesta su temor de que estas graves
violaciones de los derechos humanos puedan quedar impunes y sus perpetradores
sin sanción alguna, ante lo cual solicita al gobierno que la investigación
disciplinaria de rigor se lleve a cabo a través de la Procuraduría Regional y
de la Procuraduría General de la República, para que todo esto conduzca a una
investigación penal, exhaustiva e imparcial sobre estos graves hechos.
Se trata, dice, de identificar a los responsables,
llevarlos ante un tribunal imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o
administrativas estipuladas en la ley, teniendo en cuenta que tan grave hecho
criminal no puede ser calificado, bajo ninguna circunstancia, como un acto
propio del servicio.
SOLICITUD DE JUSTICIA
Por ello solicita a las autoridades de México tomar
de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la
integridad física y psicológica de la familia de la indígena nahua.
También llevar a cabo una investigación inmediata,
exhaustiva, independiente e imparcial en torno a la violación sexual de la
mujer con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal
competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales
y/o administrativas previstas por la ley.
Así como brindar una reparación a la familia y
garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en
todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura y con la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(Cedaw).
MÉXICO SE COMPROMETIÓ
El organismo internacional enfatiza que México es
Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, que en su Artículo 2, estipula: "Los
Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas
y, con tal objeto, se comprometen a adoptar medidas adecuadas, legislativas y
de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer.
Además, la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, en su artículo 4 c, estipula que los Estados deben
"proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y,
conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la
mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares".
LOS HECHOS
Según las informaciones, el 25 de febrero de 2007
la mujer indígena fue violada por entre cuatro y 11 miembros del 63° Batallón
de Infantería de la 26ª zona militar de Lencero, Veracruz. La mujer fue hallada
aún con vida por sus familiares y les relató lo ocurrido.
Según el testimonio de la víctima: "los
militares se le vinieron encima". Más tarde, debido a su crítico estado de
salud, fue trasladada al hospital regional de Río Blanco, en donde ella murió
el 26 de febrero.
De acuerdo a lo informado por sus familiares, el
certificado de muerte señaló que la señora Ernestina Ascensio fue violada y que
falleció como consecuencia de una infección en intestinos e hígado y también
presentaba huellas de tortura y perforación del recto.07/GT/GG
Diario Monitor
Castigarán asoldados violadores de anciana
Examinan a todo el personal de la Base de
Operaciones “García”
Armando Maceda. 9 de
marzo del 2007. La Secretaría de la Defensa Nacional puso a
disposición de la Procuraduría de Justicia de Veracruz a 94 militares para ser
investigados y establecer quienes de ellos pudieron haber atacado sexualmente
a una señora de la tercera edad, en la comunidad de Soledad Atzompa, de la
región Zongolica.
Indicó que
peritos de la Procuraduría General de la República, se encargarán de analizar
las muestras de sangre y de semen del personal para fincar responsabilidades,
y para que no haya dudas de las investigaciones, la institución militar pidió
que también la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, coadyuve en la averiguación del caso.
En un
comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que como parte de
las investigaciones, se tomaron muestras de sangre a todo el personal integrante
de la Base de Operaciones "García", en presencia de una agente del
Ministerio Público. De una unidad especializada en delitos contra la libertad y
la seguridad sexual. También estuvieron
cuatro funcionarios civiles y dos abogados del Cuerpo de Defensores de Oficio
del Fuero de Guerra.
De acuerdo
con informes dé la dependencia, éstas muestras, junto con las de semen
obtenidas del cuerpo de la víctima, serán trasladas a la Ciudad de México,
para que con el apoyo de peritos de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos,
que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes, en un tiempo
estimado de
'La
Secretaría de la Defensa Nacional, agregó que en caso de que se encuentren
pruebas fehacientes en contra de algún elemento del Ejército, la Procuraduría
General de justicia Militar y la Procuraduría de justicia del Estado de Veracruz,
consignarán a los probables responsables, ya que no se tolerará actos ilícitos
de cualquier índole contra la población y mucho menos contra las mujeres.
Para ver y
dialogar sobre el delicado asunto de que fue víctima la señora Ernestina
Ascencio Rosario, que después de haberla violada sus agresores la asesinaron,
senadores y dirigentes del PRD, Javier González Garza, Carlos Navarrete, Guadalupe
Acosta, Patricia Martínez, Juan Carlos Mezhua y Norberto Carrasco, se reunieron
ayer con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
De acuerdo
con información de Juan Carlos Mezhua, secretario de Asuntos Campesinos e
Indígenas, el secretario Galván se comprometió a apoyar las investigaciones
que realizan las autoridades de Veracruz y de que sean castigados los
militares en caso de que resulten responsables de estos hechos.
Destacó que
de acuerdo a la' información que se le dio hay la posibilidad de que fueron
tres o cuatro los militares lo que cometieron la violación de la señora,
ocurrida el pasado e125 de febrero y un día después apareció muerta.
-Según el
perredista, el general Guillermo Galván, puso a disposición de la Procuraduría
de justicia de Veracruz a 94 soldados a fin de que se investigue y establezca
quienes habrían sido los responsables.
CIMAC
Atzompa: "Había ido a recoger a sus borregos,
pero no regresó"
Por Laura Castro Medina/corresponsal
Soldad
Atzompa, Ver, 9 marzo 07 (CIMAC).-
La tarde del domingo en que los soldados la atacaron, había ido a recoger a sus
borregos, como todos los días, pero ya no regresó.
Preocupada por su tardanza, su hija Martha salió a
buscarla. Pensó que quizás tenía problemas con alguno de sus ocho borregos que
pastaban en una colina cercana.
"Yo la encontré, estaba viva, mi
madrecita", dice Martha, temblorosa por el frío que genera la neblina de
la tarde y que cubre ya la montaña. Y llora sin control al recordar a su mamá
ensangrentada, implorando ayuda, diciéndole que los soldados "se le habían
echado encima".
Con los cabellos despeinados, los ojos hinchados de
tanto llorar desde la tarde del domingo y resguardándose en un gigantesco
maguey, al que parece acercarse en busca de protección, Marta, acompañada de su
hermano Julio, dice que no aceptan la ausencia de su madre, victimada por
soldados en esta colina de la comunidad serrana de Tetlacingo. Quisieran que la
familia estuviera completa.
Con la mirada fija en la lejanía, dice que nada
quiere, sólo ver a su familia nuevamente reunida. Toma aire y aprisiona
la punta del maguey para provocarse un dolor, que distraiga, que opaque, el
sentimiento que provoca su llanto.
Voltea hacia a su vivienda, con piso de tierra,
láminas de cartón y maderas. Mucha gente rodea ahora su casa: autoridades,
vecinos, familiares, periodistas. Y me revela, en su escaso español, "me
siento muy triste, quiero gritar y verla venir a mi mamacita por ese camino".
"¿Porque le pasó eso a mi mamacita?", me pregunta.
"Nos quedamos solos mis cinco hermanos yo, mi
familia no es la misma sin ella, nunca volveremos a estar juntos, nos quedamos
solos".
Martha es la menor de cinco hijos y la única que
vivía con su madre. Criaban borregos y sembraban hortalizas para el
autoconsumo.
Ahora el gobierno de Fidel Herrera construye una
casa a cada uno de los hermanos. La reparación del daño, un consuelo de
cemento.
Junto a la casa, que ocupó Ernestina durante más de
70 años, decenas de blocks se apilan, en espera de los albañiles.
Serán casas con piso de concreto y techos de lámina
de zinc, diferentes a cualquiera de las casitas del lugar que son tan sencillas
como la de ellas.
Entre animales de corral y por lo menos 10 perritos
recién nacidos que juegan con un grupo de niños, están sus hermanos. Todos se
dedican a la elaboración de sillas de madera, que venden en los poblados
cercanos. Apenas 250 pesos de ganancias obtienen para repartirlos entre todos.
Sin quitar la mirada de la fogata que calienta una
gigantesca olla de café para los visitantes, Martha, Carmen, Juana, Francisco y
Julio piden justicia por la muerte de su madre.
No quieren nada, sólo justicia.
La muerte de su madre, una mujer alegre y
trabajadora que les enseñó el amor al trabajo y a la tierra que los vio nacer,
les destruyó su vida tranquila.
Nada desde el domingo, será lo mismo. El pilar de
su familia se rompió, bajo la enorme bota que pisa la sierra Zongolica.
07/LC/GG
CIMAC
Tetlacinga: ofrece Sedena
resultados en 20 días. No hay detenidos, "sólo 93 acuartelados"
Por Laura Castro
Medina/corresponsal
Soledad Atzompa, Ver., 8 marzo 07 (CIMAC).- Mientras
este jueves el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez anunció que
podría iniciar un procedimiento de defensa nacional e internacional en el caso
de la violación y muerte de la indígena nahuatl de 73 años de Soledad Atzompa,
en la zona de Zongolica, victimada presuntamente por elementos del ejército
mexicano, el secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván se
comprometió con diputados federales de los partidos Alternativa y de la
Revolución Democrática (PRD) a investigar el caso hasta sus últimas
consecuencias y aceptó comparecer por los hechos ante la Cámara de Diputados.
Luego de que
integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez,
visitaron la zona donde ocurrieron los hechos, la Sedena ratificó en un
comunicado su compromiso de no tolerancia de actos ilícitos de cualquier índole
contra la población civil y notificó que en 20 días contará con los resultados
de exámenes de semen realizados a militares de la base de operaciones
"García".
INVESTIGAR HASTA SUS
ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
Por la mañana, durante
su entrevista con el Secretario de la Sedena, diputados de la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representantes
de la zona indígena de Zongolica, exigieron al funcionario el esclarecimiento
de los golpes, violación y muerte en contra de la indígena náhuatl y castigo
ejemplar para los cuatro elementos del ejército ya identificados y detenidos
por esta dependencia.
En el encuentro
participaron el legislador Carlos Navarrete; el alcalde de Soledad Atzompa,
Javier Pérez Pascuala; el secretario de asuntos indígenas del PRD, Carlos
Mezhua Campos, y el líder natural de la sierra de Zongolica, Julio Atenco
Vidal.
El titular de la dependencia
militar les aclaró que en estos momentos no hay elementos detenidos, únicamente
están 93 elementos acuartelados, pues son sometidos a interrogatorios, y se les
aplica exámenes de ADN para verificar su responsabilidad en el caso.
Por separado, en el
encuentro con la coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa, Mariana
Arvizu Rivas, el funcionario federal se comprometió a investigar "hasta
sus últimas consecuencias" el homicidio ocurrido en la comunidad de
Tetlacinga del municipio de Soledad Atzompa, el pasado domingo 25 de febrero.
Durante la reunión, en
las instalaciones de la Sedena, el general Galván Galván también se prometió
castigar a quienes resulten responsables de esta violación tumultuaria, por lo
que se realizan exámenes de ADN de algunos militares para conocer si fueron
responsables de la violación.
Abierto a mantener un
diálogo con el poder legislativo, aceptó comparecer ante la Cámara de Diputados
en el momento en que sea requerido para informar de los avances de este caso.
La diputada federal
Marina Arvizu llevará un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política
para que asista el secretario Galván al palacio legislativo de San Lázaro lo
antes posible, se informó en un comunicado.
Por otro lado,
Guillermo Galván se comprometió a integrar en la formación curricular del
Ejército Mexicano la sensibilización en perspectiva de género lo cual,
evidentemente, redundará en una mejor relación del ejército con la sociedad
civil, pero en especial, con las mujeres.
Para ello la
coordinadora de Alternativa, Marina Arvizu, se comprometió a conseguir un
presupuesto etiquetado para el 2008 que permita al Ejército incluir esta nueva
preparación entre sus integrantes y así "evitar este tipo de hechos tan
denigrantes" para una institución como lo es
EL AGUSTÍN PRO
DOCUMENTA EL CASO
Este jueves,
visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
representantes del área de difusión y defensoría integral del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro sostuvieron una reunión con la familia de la
indígena nahuatl de 73 años, a quienes brindaron todo su respaldo para el
esclarecimiento del caso.
Con la finalidad de
recopilar información del comportamiento que mantuvieron miembros del Ejército
Mexicano durante su estancia en Soledad Atzompa, desde muy temprana hora
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y visitadores de la CNDH
realizaron un recorrido por comunidades cercanas a Tetlacinga.
Antes de la reunión,
los representantes del Agustín Pro, Isabel Uriarte Borneo, del área de Defensa
Integral, y Quetzalcóatl G. Fontanot encargado del departamento de comunicación
y análisis, manifestaron el rechazo del Centro a estos hechos reprobables
ocurridos en el estado de Veracruz.
Explicaron que tras los
acontecimientos del 25 de febrero establecieron una "acción urgente"
para notificar a las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como
internacionales de la situación que prevalecía en la comunidad de Soledad
Atzompa.
Anunciaron también que,
a partir de este jueves, efectuarán una labor de documentación con entrevistas
a familiares, pobladores y autoridades, además de que tratarán de revisar las
averiguaciones previas del caso.
Uriarte Borneo explicó que,
luego de tener suficiente información y si lo autoriza la familia, podría
iniciarse un procedimiento de defensa tanto a nivel nacional como
internacional.
Resaltó que "los
hechos no pueden ser minimizados, ni tampoco descartarse a probables responsables
hasta que concluya la investigación ministerial que recaiga en una autoridad
civil por ser la víctima una personal del ámbito civil" y reprobó el hecho
de que la Sedena no afronte por lo menos una probable responsabilidad.
NUEVO COMUNICADO DE
SEDENA
Más tarde, en un nuevo
comunicado de prensa, la Sedena ratificó su compromiso de no tolerancia de
actos ilícitos de cualquier índole contra la población civil y notificó que en
20 días contará con los resultados de exámenes de semen realizados a militares de
la base de operaciones "García".
En el comunicado además
explica que en la reunión que sostendría el titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional con una comisión de la Fracción Parlamentaria del PRD se
expondría un avance de las investigaciones realizadas sobre el caso de la
indígena náhuatl de Soledad Atzompa.
El documento, marcado
con el número 20, cita textualmente:
"Se tomaron
muestras hemáticas a todo el personal integrante de la Base de Operaciones
"García", en presencia de la titular de la Agencia del Ministerio
Público del Fuero Común del estado de Veracruz, especializada en delitos contra
la libertad y la seguridad sexual y contra la familia, acompañada de cuatro
funcionarios civiles y dos abogados, pertenecientes al Cuerpo de Defensores de
Oficio del fuero de Guerra.
"Estas muestras,
junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán
trasladas a la Ciudad de México, DF, para que con apoyo de los servicios
periciales de la Procuraduría General de la República, se obtengan los perfiles
genéticos, que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes, para
deslindar responsabilidades. Los resultados de estas pruebas tienen un tiempo
estimado de
Y agrega, "con
estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional reitera su compromiso de
no tolerancia de actos ilícitos de cualquier índole contra la población civil y
mucho menos, tratándose de aquellos cometidos en contra de la mujer. En el
supuesto caso de que se encuentren pruebas fehacientes en contra de algún
elemento del Ejército, las Procuradurías Generales de Justicia Militar y del
estado de Veracruz, consignarán a los probables responsables, exigiendo el
máximo castigo".07/LC/CV
La Jornada 8 de marzo del 2007
Las autoridades del
Ejército Mexicano "se autoexculpan": edil de Soledad Atzompa
Preocupa a legisladores
la violación tumultuaria de anciana indígena, que provocó su muerte por Roberto
Garduño, Enrique Méndez, Andrés T. Morales.
La violación
tumultuaria que la anciana indígena identificada con las siglas EAR padeció el
fin de semana anterior en el estado de Veracruz, agresión que le provocó la
muerte el 26 de febrero pasado, y la constante redición de hechos violentos
contra mujeres en distintas partes del país a manos de integrantes del Ejército
Mexicano, propició que la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la
Cámara de Diputados, Marisela Contreras Julián, presentara ante la mesa
directiva del órgano legislativo un punto de acuerdo para exigir el
esclarecimiento y castigo de esos actos reprobables e impunes.
En tanto, el presidente
municipal de Soledad Atzompa, Veracruz -donde ocurrió el ataque contra EAR-,
Javier Pérez Pascuala, sostuvo que "el pueblo indígena no cree en las versiones
del Ejército Mexicano, cuyas autoridades actúan como juez y parte y se
autoexculpan".
El edil, asimismo,
repudió el comunicado emitido el martes pasado por la Secretaría de la Defensa
Nacional, en el cual se aseguró que no hay elementos para atribuir a soldados
el ataque contra la anciana, perpetrado en la comunidad de Tetlazinga.
La exigencia de la
legisladora federal Marisela Contreras refiere en primer término un exhorto a
Felipe Calderón Hinojosa, para que "en su carácter de comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas y responsable de la actuación de éstas", ordene que
se apliquen "todas las medidas necesarias, a efecto de que se sancione a
los responsables de las violaciones y asesinatos en contra de mujeres en todas
las regiones del país, presuntamente realizados por miembros del Ejército
Mexicano, y evitar que la conducta de los efectivos militares incurra, de
nuevo, en violaciones contra los derechos humanos de las mujeres".
En segunda instancia,
la Cámara de Diputados solicitó, también al presidente Calderón Hinojosa y a
las autoridades del estado de Veracruz, esclarecer el homicidio de EAR, mujer
indígena de 73 años edad, cometido "presuntamente por miembros del
Ejército Mexicano".
La diputada Contreras
Julián afirmó que "es reprobable que el Ejército Mexicano se encuentre
inmiscuido en este tipo de acusaciones. En la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer se exige el esclarecimiento de los asesinatos
cometidos contra mujeres, y se reprueba la conducta de los efectivos militares
inmiscuidos en abusos sexuales contra mujeres y vejaciones de sus derechos
humanos".
Reclamó que sean las
propias autoridades las que ejerzan la violencia y vulneren los derechos de las
mujeres, sin recibir castigo aquellos que son responsables.
"Esta violencia de
género no sólo se da en Ciudad Juárez, donde existen cientos de feminicidios
sin castigo; no se da sólo en el estado de México o en Morelos, Chiapas, Oaxaca
o Guerrero. Es una vergüenza, y se está suscitando en todas las regiones del
país, donde el despliegue de efectivos militares en los operativos
que se están llevando a cabo se ha desviado de la misión que se les ha
encomendado", dijo la perredista Marisela Contreras.
Recordó que el 4 de
junio de 1994, tres mujeres indígenas tzeltales denunciaron que fueron violadas
por soldados que participaban en acciones militares contra el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en el municipio de Altamirano, Chiapas; el 3
de diciembre de 1997, Delfina Flores y Aurelia Méndez, indígenas de la región
de Zopilotepec, Atlixtac de Alvarez, en el estado de Guerrero, denunciaron que
cinco soldados las violaron; en 1997, la Liga Mexicana por la Defensa de los
Derechos Humanos de Oaxaca recibió la denuncia de que soldados violaron a 12
mujeres en la zona de los Loxicha.
El 21 de abril de 1999
Victoriana Vázquez, de 50 años, y Francisca Santos, de 33, denunciaron que
fueron objeto de ataques sexuales por parte de miembros del Ejército Mexicano
en la región de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero.
El 16 de febrero de
2002, en la Barranca de Bejuco, Guerrero, Valentina Rosendo denunció una
agresión por parte de ocho soldados del 41 Batallón de Infantería.
El 22 de marzo de 2002,
en Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años,
denunció haber sido violada por 11 soldados.
El 11 de julio de 2006,
más de 20 elementos del Ejército Mexicano violaron en el municipio de Castaño,
Coahuila, a 13 mujeres sin que hasta el momento se haya sancionado a los
responsables de esa terrible agresión sexual.
De su lado, el alcalde
de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, consideró que los agresores de EAR
no pudieron ser habitantes del municipio asentado en la sierra de Zongolica.
"Estamos seguros
de que fueron soldados, no pueden ser otras personas porque de antemano se sabe
que en Soledad Atzompa toda la gente es pacífica, allí no hay violencia y nunca
se ha presentado algún hecho de violación sexual", dijo ayer en
conferencia de prensa ofrecida en el puerto de Veracruz.
Pérez Pascuala explicó
que personalmente ayudó a trasladar a la anciana agredida al Hospital Regional
de Río Blanco, vio las condiciones en que iba y escuchó el reporte de los
médicos que la atendieron.
"Esa bestialidad
no la pudo cometer un habitante del poblado de Tetlacinga, donde todos se
conocen y se respetan, porque han vivido juntos por décadas; no fueron
lugareños, de ninguna manera, fueron soldados", reiteró.
CIMAC
Militares o
paramilitares, violación a nahua debe castigarse
Por Laura Castro
Medina/corresponsal
Orizaba, Ver., 7 marzo 07 (CIMAC).- Por un error
involuntario, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer, a través de
un comunicado, la presencia en la sierra de Zongolica de hombres con uniformes
de militares ajenos a la institución armada, los cuales habrían violado y
asesinado a la indígena náhuatl de Soledad Atzompa.
Pero la sociedad civil
sospecha que quizás la intención del ejército fue hablar de grupos
paramilitares ubicados en la sierra de Zongolica y desviar así la atención de
la ciudadanía que señala como culpables a miembros del Ejército Mexicano.
La noche del pasado
martes, personal de la 26 Zona militar, con sede en Orizaba, entregó a algunos
medios de comunicación un boletín de prensa, el cual posteriormente fue
"recogido a sólo algunos medios de comunicación" bajo el argumento de
que contenía errores ortográficos. Sin embargo el boletín "corregido"
marcado también con el número 19 contenía un texto completamente distinto al
primero.
El documento inicial
cita textualmente: "La Secretaría de la Defensa Nacional confirma que
personal militar no tiene responsabilidad en los hechos ocurridos en la región
de Zongolica".
"Es falso que
personal militar se encuentre ubicado en Tetlalzinga, Ver., ya que actualmente
se encuentra a
MILITARES O
PARAMILITARES
Ante la sospecha de que
existan grupos paramilitares en la sierra de Zongolica, Jairo Guarneros Sosa,
integrante de la coordinadora de la sociedad civil de la región de Orizaba y
adherente a la Otra Campaña, mencionó que las acciones de hostigamiento de
parte de militares a mujeres en la sierra de Zongolica es una acción
prácticamente cotidiana, "donde quiera que se asientan cometen abusos
tanto a mujeres como en contra de hombres".
"La muerte de
Ernestina fue un hecho que se les salió de las manos, queremos entender que
dentro de la milicia se tiene malamente permitido hasta cierto grado de
violencia en contra de la población civil, pero que no se puede muchas veces
controlar".
"Esto es
básicamente para demostrar autoridad y superioridad, los manuales de
contrainsurgencia en los lugares de conflicto, como ha sido en Chiapas,
Guerrero y Oaxaca los militares, han actuado de la misma forma en que han
actuado en la sierra de Zongolica, violando fundamentalmente a las mujeres, que
son lamentablemente las que pagan esas practicas contrainsurgentes. El fin es aterrorizar,
mandan un mensaje a todas las comunidades y habitantes de que ellos pueden
actuar con toda la impunidad con la que actuaron y gozar de impunidad".
Por otro lado al
referirse a la posible presencia de hombres vestidos de militares ajenos al
Ejército, Guarneros Sosa detalló que desafortunadamente en esta región podrían
ocurrir situaciones semejantes a las de Chiapas o Guerrero, en donde se
conforman grupos de civiles, adiestrados por el Ejército y dotados por armas de
grueso calibre, mismos que tienen la "encomienda" de acabar con la
policía comunitaria.
Estos grupos
paramilitares o de "choque" que funcionan en Chiapas y Guerrero
actúan impunemente muy cerca de los campamentos militares, sin que hasta el
momento hayan sido desactivados por el Ejército Mexicano.
Estos hacen las tareas
que no pueden hacer los militares ante la observación internacional que les
impide actuar libremente abusando del poder y violando todos los derechos
humanos de la sociedad civil.
Por Laura Castro
Medina/corresponsal
Orizaba,
Ver., 6 marzo 07 (CIMAC).- Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) insiste en la falta de elementos que involucren al Ejército Mexicano
en la presunta violación y muerte de la indígena nahuatl del municipio de
Soledad Atzompa, el Congreso de Veracruz hará un llamado al gobierno de la
entidad para que continúen las indagatorias de la Procuraduría de Justicia del
Estado y se evite la impunidad del delito.
Este martes el área de
Comunicación Social de la Sedena emitió el boletín de prensa 019, en el cual se
informa sobre los avances de las investigaciones realizadas en torno al caso de
la mujer de 73 años violada y asesinada en la comunidad de Tetlazinga, del
municipio de Soledad Atzompa.
De acuerdo a las
indagatorias de la Procuraduría General de Justicia Militar, detalla: “Se han
entrevistado a 4 oficiales y 79 elementos de tropa que forman parte de la Base
de Operaciones “García”, que se encontraba a dos kilómetros del lugar de los
hechos, sin que hasta la fecha se obtengan resultados fehacientes que los
incriminen.
Se realizó un examen
médico con revisión minuciosa del área genital a todo el personal militar que
se encontraba en el lugar, los cuales no presentan ningún tipo de lesión en
dicha área, indicativo considerado para establecer que no han tenido actividad
sexual, cuando menos 7 días antes de los hechos que se imputan”.
En el comunicado entregado
este martes a los medios de comunicación refiere además lo siguiente: “Se
continúan realizando exámenes de investigación policial y criminalística de
campo. Peritos especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial en materia
forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la
hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.
Añade el boletín que los
resultados que arrojen estas investigaciones constituirán una prueba
irrefutable, la cual no dará lugar a dudas y objeciones cuando se presenten los
resultados de las mismas.
Concluye el texto que
hasta el momento no se han encontrado indicios o pruebas de la participación de
personal militar en la muerte de la occisa.
Finaliza el comunicado:
“Este Instituto armado ha girado instrucciones para que el Comandante de la VI
Región Militar (La Boticaria, Ver.), realice dentro del ámbito de su
competencia, todas las acciones necesarias que permitan aportar mayores
elementos de juicio a las indagatorias que realizan las citadas Procuradurías,
con el objeto de precisar con pruebas fehacientes la posible responsabilidad de
efectivos militares”.
PROTECCIÓN A MILITARES
Por otro lado, la mañana
de este martes, procedentes de distintos puntos de la sierra de Zongolica,
arribaron al cuartel militar de San Antonio en la ciudad de Orizaba, un
promedio de 200 elementos pertenecientes a la base de operaciones “García”.
Al hacer su arribo,
elementos del ejército impidieron de forma arbitraria la toma de fotografías y
video de los momentos en que se introducían al cuartel militar, estableciéndose
un operativo especial de resguardo de las instalaciones.
Sin embargo de acuerdo a
versiones extraoficiales de la Sedena, los elementos son sometidos a interrogaciones
personalizadas de parte de representantes de la Policía Judicial Militar,
encabezados por Alejandro Morales Quijano y el comandante del 63 Batallón de
Infantería José Marines Juárez.
Por otro lado trascendió
la presencia del General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencia
Salvador Emiliano Aguirre Cervantes, director general de Material y Armas de
Guerra, quien junto con personal de la Sedena se avoca a la revisión de
armamento existente en el cuartel militar de la 26ª zona militar.
SI NO SON SOLDADOS, ¿SERÁN
PARAMILITARES?
Por su parte y a pesar de
las exculpaciones de la Sedena sobre su responsabilidad en el caso, el diputado
local Uriel Flores Aguayo propondrá a la Comisión Permanente del Congreso del
estado haga un llamado al Gobierno estatal para que prosigan las
investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
El Legislador reiteró que
hubo un señalamiento directo de la agraviada antes de morir mencionando que
había sido atacada por hombres vestidos de verde, soldados. Por ello
cuestionó Flores Aguayo “si no se trató de soldados ¿serían entonces
paramilitares?” 07/LC/GG
Por Laura Castro
Medina/corresponsal
Soledad
Atzompa, Ver., 5 marzo 07 (CIMAC).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
exculpó a miembros del ejército, a través de un comunicado de prensa, de la
muerte y violación de una indígena nahua del municipio de Soledad Atzompa, pero
el Procurador de Justicia en Veracruz, Emeterio López Márquez, reiteró que el
caso seguirá siendo investigado por la dependencia a su cargo asegurando que no
quedará impune el delito.
La Sedena aclara, a través
del boletín de prensa 017, fechado el pasado 2 de marzo en Lomas de Sotelo:
“Con relación a la publicación de algunas notas periodísticas en las que
menciona que una mujer de edad avanzada originaria de Tetlacinga, Veracruz,
falleció a consecuencia de la presunta violación por personal militar, la
comandancia de la 26ª Zona Militar realizó diversas acciones entre las que se
destacan exámenes médicos y entrevistas a los efectivos militares desplegados
en el mencionado lugar sin que hasta el momento se haya encontrado alguna
prueba que los involucre”.
Explica que “no obstante
que la Procuraduría de Justicia del estado de Veracruz lleva a cabo las
investigaciones correspondientes, el agente del Ministerio Público Militar
procedió a integrar una averiguación previa para deslindar responsabilidades,
quien con independencia y autonomía determinará lo que en derecho proceda sin
que hasta el momento se hayan encontrado pruebas o indicios fehacientes que
señalen como probables responsables al personal militar”.
Cabe mencionar, afirma,
que “en las actividades que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se
respeta en todo momento los derechos humanos de las personas”.
Tras el comunicado, el
procurador General de Justicia de Veracruz, Emeterio López Márquez, explicó que
el anterior comunicado no influye en la investigación que sigue la justicia
civil de la entidad.
Además, calificó como
apresurada la exculpación ante la prensa del Ministerio Público Militar, pues
aún está en proceso la investigación, además de que dicha exculpación no
adquirió el valor oficial, para la PGJE el caso lo siguen investigando al igual
que las autoridades judiciales de Veracruz lo continúan haciendo.
Añadió López Márquez:
“Tampoco puedo decir que se esté encubriendo a los militares, pero sí fue
apresurado el deslinde en una investigación que continúa en proceso y no pueden
aventurarse a ello, no contando con pruebas y sí un señalamiento de las
personas que auxiliaron a la occisa”.
Finalmente puntualizó que
aún cuando la Sedena hubiera tomado una determinación jurídica sobre el caso,
el Gobierno del estado seguirá por su parte con la investigación.
Este fin de semana el
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, garantizó que la agresión de la
indígena nahua de la comunidad de Tetlacinga no quedará impune y mantendrá la
exigencia para que la Sedena permita el proceso judicial de los responsables.
“Cualquiera que sea
responsable lo vamos a encontrar, además de que el Ejército se comprometió a
investigar y poner a cualquier indiciado a disposición de la jurisdicción
local”, dijo.
Por otro lado, solicitó a
las autoridades militares evitar el asentamiento de campamentos del Ejército en
comunidades indígenas de Veracruz, aunque explicó que “la tarea que el Ejército
desarrolla es para la seguridad de la nación, que no puede ser de uso abusivo
de una autoridad, que la autoridad del Estado es para proteger y resguardar”.
ULTIMÁTUM DE AUTORIDADES
NAHUAS
Por otra parte, en el
marco de las “Jornadas Itinerantes del Gobierno del Estado”, celebradas por vez
primera en Atzompa, durante las cuales se distribuyeron despensas, gorras,
pelotas y mobiliario para las escuelas de esa localidad, el presidente
municipal Javier Pérez Pascuala lanzó un ultimátum a las autoridades federales
para que castiguen a los soldados responsables de la violación y muerte de la
indígena de 73 años de edad.
Advirtiendo que de no ser
atendidas sus demandas realizarán manifestaciones en la capital del estado como
en la Ciudad de México con la participación de otras comunidades indígenas de
la sierra de Zongolica. Así mismo calificó de irresponsable y lastimoso el
comunicado en el cual el Ejército encubre a los militares que cometieron el
ilícito.
Por ello, al no existir
avances en las investigaciones, junto con alcaldes de otras localidades como
Xoxocotla, Atlahuilco, Tequila y Ciudad Mendoza solicitarán una nueva audiencia
con el Gobernador Fidel Herrera Beltrán e incluso con Felipe Calderón y los
jefes militares.
EL PRD EXIGIRÁ CASTIGO A LOS
RESPONSABLES
Por su parte el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) determinó solicitar formalmente la salida de
los grupo militares de las zonas indígenas del país, pues han incurrido en
violaciones graves a los derechos humanos de la población, explicó Juan Carlos
Mezhua Campos, secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos del Comité Nacional
del PRD.
Adelantó que fue integrada
una comisión nacional que planteará el problema con Felipe Calderón y con el
Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, con quien se
reunirán el próximo miércoles.
Dicha comisión estará
integrada por Leonel Cota, Acosta Naranjos, Carlos Navarrete, Javier González y
él en calidad de asuntos indígenas.
En ambas reuniones
entregarán un expediente con un estudio de seguimiento sobre las violaciones a
mujeres y niñas, así como los abusos de poder cometidos en contra de los
indígenas de las regiones indígenas por elementos del Ejército Mexicano y que
lamentablemente han quedado impunes.
Por su parte, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó en un boletín que solicitó la
colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y envió a
cinco visitadores adjuntos al lugar de los hechos, quienes han realizado
gestiones con la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Veracruz, así como con la Sedena.
Además han solicitado
informes a la Dirección General de Justicia Militar, dependiente de la Sedena;
a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia
del estado de Veracruz.
Con base en sus
facultades legales, concluye el boletín, la CNDH emitirá la resolución que en
derecho corresponda. 07/LC/GG/CV
Por Laura Castro y
Guadalupe Gómez
México
DF, 2 marzo 07 (CIMAC).- Autoridades indígenas nahuas del municipio de
Soledad Atzompa, Veracruz, demandaron a Felipe Calderón mediante una misiva fechada
el 27 de febrero, una respuesta por los atropellos que el Ejército Mexicano,
apostado en la Sierra Zongolica, comete contra sus comunidades, el último de
ellos la violación y asesinato de una indígena nahua, “una hermana mayor
nuestra”, que llevaron a cabo presuntamente 4 militares.
En una carta, firmada por
las autoridades municipales y comunitarias, y difundida por la Agencia
Internacional de Prensa India (AIPIN), reclaman a Calderón la falta de respeto
“a la investidura de nuestras autoridades indígenas”, pues a pesar de haber
solicitado información a principios de febrero sobre la presencia de militares
en la zona, no fueron avisados sobre su llegada el pasado 19 de febrero.
Y llegaron, dicen a
Calderón, “como si quisieran refrendar su "autoridad" frente a
nuestro pueblo”. Cometen abusos y arbitrariedades y, sin aviso alguno “invaden
nuestro territorio nahua”.
Reclaman la “reparación
del daño material causado”, en cumplimiento con la Constitución porque,
advierten a Calderón, “el ejército, bajo su mando, no se manda solo”. “Usted
tampoco se manda solo”.
Dice la carta, cuya
introducción y envío estuvo a cargo del señor Julio Atenco Vidal, director de
Obra Pública y Desarrollo
H. Ayuntamiento de Soledad
Atzompa, Veracruz:
“A principios de este mes
las autoridades comunitarias y municipales del municipio de Soledad Atzompa,
Veracruz me mandataron para informarles de los abusos y arbitrariedades que
cometían los militares, que sin explicación alguna invaden nuestro territorio
nahua. Por escrito, en ese momento respetuosamente demandamos una respuesta a
nuestros reclamos de reparación del daño material causado y respeto a la
investidura de nuestras autoridades indígenas, siempre apoyados en los derechos
constitucionales vigentes.
Después de 25 días no
hemos tenido respuesta alguna. Por el contrario y como si quisieran refrendar
su "autoridad" frente a nuestro Pueblo nahua, nuevamente se
presentaron los militares en nuestro municipio. En esta ocasión nuevamente no
se dirigieron a nuestro presidente municipal, pero si lo hicieron ante la
autoridad comunitaria de Tetlatzinga para informales que estarían acantonados
ahí a partir del lunes 19 de febrero.
No dijeron a qué obedecía
su presencia pero al menos ahora si tomaron en cuenta ala autoridad
comunitaria. No hubo objeción alguna por la parte indígena. Pero el domingo 25
sucedió algo increíble. Unos soldados violaron tumultuariamente a una
hermana mayor nuestra (72 años) vecina y originaria de Tetlatzinga,
causándole heridas internas que terminaron arrancándole la vida.
El documento adjunto es el
resultado de la reflexión de las autoridades comunitarias y municipales que así
definen su postura oficial frente a la presencia militar en nuestro territorio
y lo dirigen al Presidente de la República como jefe institucional del
ejército.
Es una decisión delicada
pero también muestra la decisión de todo un Pueblo que no acepta la sumisión
que pretenden los militares como forma de vida. El documento muestra el grado
de unidad étnica (en la diversidad política y religiosa) alcanzada por nuestro
Pueblo nahua frente a la agresión del ejército y por la defensa de nuestros
derechos.
SE EXIGE JUSTICIA
C. LIC. FELIPE CALDERÓN
HINOJOSA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MEXICO, D. F.
Presente.
1. Sr. Presidente, con
tristeza en nuestro corazón le informamos –por si no está informado- que el
pasado domingo 25 de febrero, en la comunidad de Tetlatzinga que pertenece a
nuestro municipio de Soledad Atzompa, Ver., siendo las 14 horas
aproximadamente, elementos del ejército violaron tumultuariamente y causaron la
muerte de nuestra hermana mayor (de 72 años de edad) de nombre Ernestina
Ascensión Rosario.
2. Nuestro Pueblo nahua
siempre ha señalado que el ejército bajo su mando no se manda solo. Usted mismo
tampoco se manda solo.
Las funciones del ejército
están reguladas por la Constitución Federal que es la Ley Fundamental de la
Nación que debiera expresar la Soberanía Popular. Usted juró cumplir y hacer
cumplir la Constitución y si no -dijo usted- que el Pueblo se lo demande.
Precisamente para eso nos
dirigimos a usted. Con respeto a su investidura le queremos cuestionar el no
cumplimiento del principio jurídico y político fundamental de la Constitución
que dice que la soberanía popular se instituye para servir al pueblo, o sea,
que las instituciones están al servicio del Pueblo.
En nuestro caso la
institución castrense hasta ahora no nos ha servido, por el contrario solo nos
ha agredido, atentando contra nuestra integridad física y dignidad como
persona, como humanos. Por eso DEMANDAMOS Y EMPLAZAMOS AL EJÉRCITO PARA
QUE DE INMEDIATO SALGA DE NUESTRO TERRITORIO Y NO VUELVAN JAMAS, Y A USTED,
CON IGUAL RESPETO, LE DEMANDAMOS QUE HAGA JUSTICIA A NUESTRO PUEBLO PARA QUE
ÉSTE INEXPLICABLE CRIMEN NO QUEDE IMPUNE NI SE REPITAN LOS ABUSOS Y
ARBITRARIEDADES DEL EJÉRCITO QUE YA HEMOS DENUNCIADO.
3. El pasado 2 de febrero
presentamos en el Cuartel Militar de Orizaba, Ver., un escrito de protesta en
contra de las arbitrariedades cometidas por efectivos militares durante su
campaña realizada el último fin de semana de enero de este mismo año. En ese
escrito demandamos una respuesta que explique el mal comportamiento de los
soldados. A 25 DIAS DE PRESENTADO EL ESCRITO FUNDAMENTADO EN EL CONSTITUCIONAL
DERECHO DE PETICIÓN NO HEMOS TENIDO NINGUNA RESPUESTA.
4. ¿Puede tener alguna
justificación la violación tumultuaria y muerte de nuestra hermana a manos de
unos soldados? En voz propia de un alto mando castrense presente en la
concentración que hicimos en la comunidad de Tetlatzinga, y a pregunta expresa
de nuestras autoridades comunitarias, nunca dijo qué es lo que busca el
ejército con su presencia en nuestro municipio, lo que si dijo es que no buscan
mariguana, narcos ni armas. Solo obedecían órdenes de la SEDENA ¿Entonces qué
buscan con sus rondines y cateos diarios pues su estancia en el municipio es
por periodos semanales?
Reconocemos que el C.
Gobernador del Estado de Veracruz tuvo la sensibilidad para apoyar con rapidez
los gastos funerarios y otro apoyo económico para los familiares. Ante miles de
nuestros hermanos se comprometió a esclarecer el asesinato de nuestra hermana
difunta e instruyó al Procurador de Justicia del Estado que se hicieran todas
las indagatorias necesarias para esclarecer el crimen. Por eso, en su momento
demandaremos al Gobierno del Estado la transparencia, imparcialidad y prontitud
en la investigación.
5. El subsecretario de
Seguridad Pública declaró que incrementarán su presencia policíaca en la zona.
No estamos de acuerdo ni la aceptaremos pues con ellos ya hemos tenido
semejantes dificultades que han llegado al enfrentamiento.
Le recordamos al
Subsecretario que de nosotros surgió el 6 de agosto del 2005 la iniciativa de
firmar un convenio de colaboración entre esa institución y las autoridades
municipales, comunitarias y las organizaciones sociales de nuestro municipio
para mejorar la seguridad comunitaria o pública municipal. Dijo estar de
acuerdo con nuestras ideas y puso de fecha para su firma el 8 de octubre del
año 2005 y hasta la fecha no lo ha cumplido.
Su propuesta además es
impertinente e inaceptable.
6. Le queremos aclarar que
nuestro Pueblo y sus autoridades municipales y comunitarias nunca nos hemos
opuesto a las tareas del ejército, solo hemos reparado cuando nos han cometido
evidentes abusos y arbitrariedades. Reiteramos que en nuestro municipio no
existe delincuencia organizada pero ahora nos queda claro que no solo debemos
cuidarnos de los delincuentes que vienen de fuera sino también de la policía y
el ejército.
7. Es usted la más alta
autoridad ya instituida del Gobierno y por eso le demandamos proteja y haga
justicia a nuestro Pueblo. Si las instituciones del poder ejecutivo y del poder
judicial no responden a nuestra demanda de justicia nuestro Pueblo nahua
recurrirá a la legítima autodefensa.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO
REELECCIÓN”
C. Javier Pérez
Pascuaza, Presidente Municipal Constitucional; C. Samuel Crisóstomo
Domínguez, Síndico Único; C. José Marcial Margarito, Regidor Único.
Tetlatzinga, Soledad
Atzompa, Ver., a 27 de febrero del año 2007.
Firman también el escrito las
autoridades comunitarias de Porvenir, San Juan de los Lagos; Teotlalco;
Tetlatzinga; Tlaltzala; Xiquila; Lindavista; Villa Nueva; Acultzinapa;
Ahuacuitlapa; Atzompa; Huitzila; Mexcala; Tepaxapa; Atempa; Acuapa; Atexcalco;
Barrio Nuevo; Las Porfiadas; Exoquila; Tlalpan; Monterrey; Lomas de San Andrés;
Xonotla; Tepexpan; Las Porfiadas; Tetla; Exoquila; Tlalpan; Monterrey; Lomas de
San Andrés; Tetla; Xonotla; Tepexpan; Buena Vista; Benito Juárez; Valle
de Tlatilpa; Vicente Guerrero; Valle de Tlatilpa; Vicente Guerrero; Ahuatempa;
Tlatilpa
Zacatepec; Tepecuitlapa;
Ahuatempa. 07/LC/GG
Por Laura Castro
Medina/corresponsal
Orizaba,
Ver, 2 marzo de 07 (CIMAC).- Mientras que autoridades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Veracruz dicen desconocer el procedimiento
que se sigue a los cuatro militares presuntos responsables de la violación y
muerte de una mujer de Soledad Atzompa, cuatro hombres vestidos de civil y
custodiados por al menos 10 soldados ingresaron a la Agencia Especializada en
Delito Sexuales y Contra la Familia radicada en la ciudad de Orizaba.
Los cuatro civiles y los
elementos del ejército arribaron a las instalaciones de la Agencia
Especializada en Delitos Sexuales a bordo de las unidades vehiculares 0863143 y
0126121.
En el lugar se presentaron
el director de Servicios Periciales, José Luis Peri Pérez, y el subprocurador
de Justicia en la Zona Centro, Miguel Mina Rodríguez, quienes junto con los
uniformados impidieron el paso de cualquier persona al lugar.
Cerca de 45 minutos
después los uniformados salieron del lugar para dirigirse al cuartel militar
Miguel Hidalgo de la ciudad de Orizaba, en donde se introdujeron las unidades.
Fuentes extraoficiales
revelaron que en dos espacios que sirven habitualmente como bodega en ese
cuartel militar se encuentran recluidos los 4 elementos del ejército
principales sospechosos de los hechos, aunque son once los elementos sujetos a
investigación de parte de las autoridades militares.
Extrañamente este viernes
el Subprocurador de justicia en la zona centro desmintió que se haya realizado
la presentación de los presuntos responsables del homicidio, explicando que el
caso está siendo investigado tanto por las instancias militares como las de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
En tanto, en la Ciudad de
México, legisladores del PRD anunciaron que exigirán al Secretario de la
Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el retiro del ejército en la sierra
de Zongolica.
Juan Carlos Mezhua Campos,
secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos de ese partido, reveló que son
múltiples las agresiones del ejército contra indígenas, por ejemplo la
violación y embarazo de una niña de 12 años cuyo caso fue conocido por el ex
gobernador Miguel Alemán Velasco y no fue sancionado.
Mezhua Campos dio a
conocer que el próximo miércoles diputados de la fracción parlamentaria del PRD
en el Congreso de la Unión y diputados locales de Veracruz, junto con una
comisión del PRD, exigirán al funcionario federal que el ejército salga de las
zonas indígenas ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los
indígenas.
Detalló que la muerte y
violación de una mujer de 73 años a manos de elementos del ejército no es la
primera agresión de los miembros del ejército, recordando que tan sólo en el
2002 se denunciaron y documentaron perfectamente 20 casos de mujeres y niñas
agraviadas sexualmente por soldados, entre ellas una menor de 12 años que
resultó embarazada tras la violación sufrida por miembros del ejército.
La niña fue presentada
ante el mandatario veracruzano y el Secretario de Seguridad Pública, Alejandro
Montano Guzmán, desafortunadamente no hubo secrecía de la denuncia de parte del
estado y a los dos días al menos 20 soldados armados fueron a amedrentar a la
familia de la víctima, por lo que fue necesario que los indígenas reubicarán a
la familia para su protección.
Juan Carlos Mezhua reiteró
la postura de las comunidades de Zongolica y de las distintas organizaciones no
gubernamentales para retirar de las zonas indígenas a las fuerzas militares,
incluyendo en aquellas zonas en donde se realizan actualmente operativos.
UNA SOLA LEY PARA LOS
MEXICANOS
Agregó también que la
fracción parlamentaria del PRD presentará una iniciativa mediante la cual se
eliminen los tribunales especiales para que tanto miembros del ejército como de
los grupos eclesiásticos puedan ser juzgados, sentenciados y castigados con las
leyes civiles y penales vigentes aplicables al resto de los mexicanos.
Por su parte, el
Presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra
de Zongolica (CROIZ), René Huerta, dio a conocer que organismos no
gubernamentales de diferentes países se han sumado a la exigencia hecha a
Felipe Calderón para retirar de las zonas indígenas al Ejército Mexicano, ante
los constantes abusos y violaciones a los derechos humanos.
Al menos 15 organizaciones
de Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Bolivia, e incluso de Canadá y Estados
Unidos le han manifestado todo su respaldo a los indígenas de Zongolica y del
resto del país, para ello canalizarán cartas reprobatorias al ejecutivo
nacional en los próximos días. 07/LC/GG
Por Ma. Guadalupe
Gómez Q.
México
DF, 2 marzo 07 (CIMAC).- ¿Qué hace el Ejército la Sierra Zongolica, una
región donde la pobreza extrema obliga a la migración, donde el cacicazgo controla
el café y la madera, e impone formas de vida miserables, analfabetismo,
desnutrición, depredación del medio ambiente, tala clandestina, monopolio en la
distribución de víveres, donde el agua es tan escasa como la justicia?
¿Qué buscan los militares
en las comunidades donde habitan indígenas nahuas, cuya forma de organización,
sus fuertes lazos comunales, son las únicas armas con las que enfrentan su
condición de marginados?
Las autoridades del
municipio de Soledad Atzompa preguntaron hace unos días al “alto mando
castrense” sobre el motivo del despliegue militar en la región nahua, pero
aunque no les respondió “lo que sí dijo es que no buscan mariguana, narcos ni
armas”.
Solo obedecían
órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), repiten los soldados
¿Entonces qué buscan con sus rondines y cateos diarios pues su estancia en el
municipio es por periodos semanales?, se preguntan las autoridades indígenas.
La violación y el
asesinato de la adulta mayor nahua, de 73 años, cometidos presuntamente por
cuatro soldados la semana pasada, levantó nuevamente la protesta de las
comunidades, porque en Zongolica decir soldados es sinónimo de abuso sexual,
desde hace ya varios años.
En agosto de 2002, cuatro
organizaciones indígenas del lugar denunciaron que los soldados cometieron al
menos 50 casos de violación a mujeres, principalmente menores de edad, pero que
el Ministerio Público se negó a admitirlas bajo el argumento de que los
militares se rigen por las leyes castrenses, según informaron los diarios
nacionales.
Los casos fueron
documentados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) en su
informe de ese año.
El vocero de la
Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica (OINSZ), Juan Carlos
Mexhua Campos, dijo entonces que los dos primeros casos documentados
correspondían a dos jovencitas de 13 y 18 años de edad, quienes concibieron dos
niños como resultado de la agresión sexual.
Ante la pasividad de las
autoridades, las familias de las jóvenes dijeron que estaban dispuestas a que
se hicieran exámenes genéticos a los niños, para comprobar la paternidad de los
militares.
Pero nada sucedió entonces
y nuevamente la presencia militar se ha intensificado, con los consecuentes abusos
a la población civil. Y otra vez, una violación cometida contra una indígena
nahua.
Labor social, patrullajes,
apoyos, auxilios, son algunas respuestas que los voceros gubernamentales dan
cuando se les pide expliquen el afán de manchar con el sucio verde olivo la
sierra Zongolica.
La militarización aquí es
un eco de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) que emprendió el gobierno desde
1994, con el levantamiento zapatista y luego con la aparición del EPR,
coinciden en señalar dirigentes indígenas y analistas políticos.
Apenas el año pasado, en
marzo, el Ejército Mexicano, la Subprocuraduría de Investigación Especializada
Contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) realizaron movilizaciones para perseguir a Maximino
Tzompaxtle Tecpile y de su familia, con el fin de vincularlos con una
supuesta célula del EPR en la región, pues en enero de ese mismo año
fueron detenidos los hermanos Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Jorge Marcial
Tzompaxtle Tecpile, vinculándolos con esa organización guerrillera.
Desde entonces se
recrudeció el clima de persecución en la zona, no sólo contra ellos, a quienes
violentaron en sus derechos humanos, pero las autoridades locales negaron la
presencia militar diciendo que las fotografías publicadas en la prensa local
eran falsas.
Sin embargo, el 15 de
enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó “que los
eperristas detenidos recientemente (12 de enero) estarían vinculados con una
célula del EPR que opera en la sierra de Zongolica (Veracruz). Esta célula
tendría nexos con otros grupos armados en Guerrero y en Oaxaca”, de acuerdo con
la memoria hemerográfica que guarda la página de Internet de la institución.
Adherentes de La Otra Campaña en Orizaba prestaron asesoría a Maximino en la
defensa de sus derechos humanos, lo que significó que fueran también
investigados.
Esas investigaciones con
seguridad aún continúan, pero de ellas nada se sabe.
Vicente Fox visitó durante
su mandato la Sierra Zongolica, pero lo único que expresó conmovido no tenía
nada que ver con las condiciones de miseria e injusticia que existen ahí, sino
con su deseo de volver, para “acampar”.
Quizá no lo pueda hacer,
pues Veracruz forma parte del plan contra la delincuencia que su sucesor,
Felipe Calderón, tiene preparado para la región nahua, el cual será bienvenido
por el gobernador Fidel Herrera.
La vida en la Sierra
Zongolica mientras tanto sigue, con sus niños desnutridos, criados por mujeres
igualmente desnutridas, envejecidas prematuramente por la miseria y porque
tienen que asumir el rol de madres a temprana edad. Lo único deseable es que
esa maternidad no les sea impuesta por los soldados, como ya ocurrió.
07/GG
Por Laura Castro Medina
/corresponsal
Xalapa,
Ver., 1 marzo 07 (CIMAC).- Bajo la sospecha de que no hay militares
detenidos por la violación y presunto homicidio, a causa de las lesiones, de
una mujer de 73 años en Soledad Atzompa, este jueves el presidente municipal de
esa localidad, Javier Pérez Pascuala, dio un plazo de 15 días a Felipe Calderón
y a los órganos judiciales para que se castiguen a los responsables del delito
y, junto con autoridades de otros municipios, exigió ante el Congreso estatal
la salida del Ejército Mexicano de la sierra nahuatl de Zongolica.
En rueda de prensa
celebrada este jueves en la capital del estado, el alcalde de Soledad Atzompa,
el agente municipal de Tetlatzingo Pablo Ponce Castro, el dirigente natural en
la sierra de Zongolica, Julio Atenco Vidal, y representantes de otras
localidades de la zona serrana dieron a conocer su inconformidad por la
permanencia de grupos militares en la sierra, pues lejos de brindar ayuda a las
comunidades indígenas sólo atemorizan por sus constantes abusos de poder,
agresiones físicas, allanamientos y hasta robos que cometen en contra de las
familias de la sierra.
Las y los denunciantes
explicaron que no confían en las aseveraciones de autoridades militares y
estatales sobre una detención de los presuntos responsables del homicidio y
violación tumultuaria de la mujer de 73 años.
El munícipe mostró copia
de la carta dirigida a Felipe Calderón Hinojosa en la cual argumentan que es
innecesaria la presencia del ejército en Zongolica, al no haber delincuentes y
tratarse de un pueblo pacífico.
Sin embargo advirtió que
de no castigarse a los responsables de la agresión, la población podría
recurrir a la legítima autodefensa de sus derechos.
Dice textualmente la
misiva: “Es usted la más alta autoridad ya instituida y por eso le demandamos
proteja y haga justicia a nuestro pueblo; si las instituciones del Poder
Ejecutivo y Judicial no responden a nuestra demanda de justicia, nuestro pueblo
recurrirá a la legítima autodefensa”.
De igual forma, exigió que
causen baja del ejército los 4 agresores y los otros 7 soldados que
encubrieron la agresión, para que se castiguen de acuerdo a las leyes civiles y
se les aplique la pena máxima de 50 años de prisión.
Reitera su desconfianza
sobre una supuesta detención de los sospechosos del delito, en vista de que
tanto las autoridades judiciales del estado, como las autoridades militares, se
han negado a proporcionar los nombres de los supuestos elementos arraigados.
Posterior a la rueda de
prensa, las autoridades de la sierra de Zongolica se presentaron a la sesión
del Congreso local, en donde exigieron el apoyo de los legisladores para retirar
los campamentos del Ejército que desde el año 2000 se encuentran instalados en
diferentes puntos de la sierra nahuatl de Zongolica.
En este sentido el
presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, originario
precisamente del distrito de Zongolica, Ignacio Enrique Valencia Morales, apoyó
la solicitud de los pobladores, externando que esa sería una medida segura
tanto para los pobladores como para los propios elementos del ejército.
Sin embargo el legislador
priista dijo que deben esperarse los resultados de las investigaciones antes de
tomar una decisión definitiva.
Expuso que es de todos
sabido que la presencia de grupos militares en Zongolica obedece a la
presunción de las autoridades federales sobre la presencia de grupos guerrilleros,
grupos que, aseguró el legislador, jamás han existido en Zongolica.
DERECHOS HUMANOS
En tanto, personal de las
comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos recorrieron la tarde de este
miércoles la comunidad de Tetlacingo, del municipio de Soledad Atzompa, donde
ocurrió el ataque contra la mujer de 73 años, para realizar sus
indagatorias.
Los visitadores de la
CNDH, Ricardo Coronado, Raúl Neri, Francisco Plata y Pedro Armendáriz,
acompañados por dos representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
se entrevistaron con los 4 hijos de la finada para conocer pormenores de su
violación y posterior fallecimiento.
Tras la visita del
personal, Julio Inés Ascencio, hijo mayor de la señora, reiteró que a pesar de
los apoyos brindados por el DIF estatal y Gobierno del estado, que incluyen la
promesa del gobernador Fidel Herrera Beltrán de construir una casa para cada
uno de los cuatro hermanos, su familia no logrará superar la pérdida
irremediable de su madre.
Simultánea a la visita de
los representantes de Derechos Humanos a la comunidad de Tetlacingo, personal
del DIF estatal llevó a cabo la entrega de mil despensas y 200 bicicletas para
que niños y jóvenes de la comunidad puedan trasladarse a sus respectivas
escuelas.
René Huerta, representante
de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, quien
verificó la entrega de despensas y bicicletas, dijo que el gobierno estatal
tiene interés de brindar todo el apoyo a la comunidad indígena que por muchos
años ha permanecido marginada por sus autoridades, tanto estatales como
federales.
Comentó que sí cree que
fueron detenidos y trasladados a una prisión militar los once presuntos
sospechosos de la muerte de la señora, aunque dijo desconocer la ubicación de
tal prisión. 07/LC/GG/CV
Por Laura Castro
Medina/corresponsal
Soledad
Atzompa, Veracruz, 1 marzo 07 (CIMAC).- Para evitar que las y los indígenas nahuas
de Soledad Atzompa cumplieran sus amenazas de linchar a los soldados presuntos
responsables de la violación y presunto homicidio de una mujer de 73
años, a causa de las lesiones provocados por sus agresores, los 150 efectivos
acampados en la comunidad de Tetlacingo fueron retirados del lugar y arraigados
por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las autoridades estatales
aseguraron que se encuentran colaborando con la institución que investiga a los
responsables para su consecuente castigo.
Y el subsecretario de
Gobierno, Héctor Yunes Landa, dijo que los elementos arraigados son sometidos a
cuestionamientos de parte del Ministerio Público castrense, mismo que se
encargará de determinar el proceso que se les seguirá a los 4 elementos
detenidos en una prisión militar.
Aunque ha trascendido que
existe el dilema sobre qué instancia se encargará del proceso, dependiendo si
los agresores se encontraban francos o en activo.
Mientras, la tarde de este
miércoles, en medio de un ambiente de rabia e impotencia, más de 500 indígenas
acompañaron los restos de la señora, ataviada con ropas blancas y postrada en
su ataúd, desde su casa, una vivienda de lámina de cartón, madera y con piso de
tierra, hasta el cementerio.
Pero a pesar de las
multitudinarias protestas por el presunto homicidio de esta indígena nahua, el
Subsecretario de Gobierno garantizó que no habrá un estallido social en Soledad
Atzompa ni en ningún otro municipio de la Sierra de Zongolica.
Explicó que en este caso,
el gobierno actuó de inmediato y existe el compromiso de las autoridades para
que el delito no quede impune y los responsables sean castigados.
Explicó que a la propia Sedena
le conviene que los responsables sean castigados, para evitar que por unos
malos elementos quede manchada una institución que en Veracruz “mucho ha
apoyado, pues la presencia del Ejército Mexicano es una acción disuasiva para
evitar delitos”.
Reconoció que en Veracruz
se asentaron campamentos de la Sedena para inhibir la presencia de personas
vinculadas con la comisión de delitos, sobre todo delitos graves. De esta
forma, afirmó, el Gobierno garantiza la tranquilidad social.
Al término del sepelio,
autoridades estatales que acudieron al lugar distribuyeron más de 500 platillos
a los asistentes.
Las y los indígenas
acordaron, por su parte, impedir que nuevamente se instalen grupos de soldados
que sólo atentan contra la tranquilidad de las familias de este municipio y se
mostraron satisfechos por el obligado retiro de los militares, que desde hace
varios meses estaban acampados en Tetlacingo.
DERECHOS HUMANOS
Personal de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudió a las instalaciones de la
Agencia Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia de la ciudad de
Orizaba, en donde se desahoga la averiguación 140/07 correspondiente a la
violación y el presunto homicidio de la mujer de 73 años de Soledad Atzompa,
aunque funcionarios de la dependencia negaron esta información.
Los visitadores de la CNDH
acudirán este jueves a Soledad Atzompa para recabar información y emitir las
recomendaciones correspondientes al caso.
Paralelo a esta visita a
la zona indígena, el Gobierno del estado ha preparado un acto donde entregará
bicicletas, despensas y otros apoyos para las familias indígenas de esa región.
07/LC/GG/CV
La Jornada
Veracruz: piden salida
de militares, tras abuso sexual
Andrés T. Morales
Orizaba, Ver., 28 de febrero. Autoridades indígenas
y comuneros de 40 poblados de la sierra de Zongolica enviaron una carta al
presidente Felipe Calderón Hinojosa, para pedirle ordenar el retiro inmediato
de los contingentes militares en la zona, cuyos integrantes fueron acusados de
abuso sexual tumultuario contra una mujer de 73 años de edad, quien falleció el
lunes pasado.
Encabezados por el
alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, los lugareños
responsabilizaron al mandatario federal de cualquier enfrentamiento por el
crimen. "Que el Ejército salga de nuestro territorio y no vuelva
jamás", exigieron.
Por la tarde, miles de
indígenas acudieron a los funerales de la víctima, en el cementerio del poblado
Tetlazinga. La anciana, identificada con las iniciales ERA, fue atacada
sexualmente por un supuesto grupo de soldados durante la tarde del domingo
anterior, y pereció la mañana del lunes debido a sus lesiones.
Durante la mañana, la
Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial del Estado movilizaron
a decenas de efectivos hacia la comunidad Tetlazingo, por el rumor de que la
población intentaría linchar a los militares del campamento ahí establecido.
Los colonos exhibieron
a medios locales un escrito firmado por dirigentes indígenas, agentes
municipales y líderes comuneros de 40 poblados de la Sierra de Zongolica, que
remitieron a Calderón Hinojosa.
En el escrito informan
al michoacano de la violación sexual contra "nuestra hermana mayor",
y en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se le pidió que no haya
impunidad.
"Nuestro pueblo
nahua siempre ha señalado que el Ejército no se manda solo. Sus funciones están
reguladas por la Constitución y por eso nos dirigimos a usted", señalaron.