Masculinidad, Procesos de Paz, Impunidad y Justicia. (Por Ana Elena Obando, Whrnet)
Subió a Conferencia el 30 de noviembre del 2004.
Fuente: Women's Human Rights net
http://www.whrnet.org/docs/tema-masculinidad.html
El tema del mes nos brinda un especial sobre la masculinidad como la raíz de los conflictos públicos y privados, la importancia de crear una cultura de paz y derechos humanos para el desarrollo sostenible, el derecho a la participación de las mujeres en los procesos de paz, la lucha contra la impunidad legal y política y el derecho a la justicia, la verdad y la rendición de cuentas.
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El tema de las mujeres en los conflictos armados y su participación en los procesos de paz comprende desde las dimensiones de la violencia de género contra las mujeres antes, durante y después del conflicto hasta los abusos en los campos de refugiadas, la falta de protección y asistencia por parte del derecho internacional a las desplazadas internamente, las dimensiones genéricas del desarme, la desmovilización y la reintegración, la carencia de servicios, especialmente de salud, los traumas psicológicos, físicos y sexuales, los problemas sexuales y reproductivos, las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la mayor susceptibilidad al sida, la destrucción del medio ambiente, el cambio de roles de las mujeres en las diferentes etapas, la necesidad de transversalizar una perspectiva de género feminista en los procesos de paz, la participación y organización de las mujeres, la justicia y la reparación, la impunidad y la exigencia de cuentas, la adopción de estándares internacionales en las comisiones de la verdad y en los procesos judiciales, la reconstrucción de las necesidades y recursos básicos como agua, comida, tierra, educación, etc., y el papel de los medios de comunicación, entre otros. Sobre cada uno de estos temas, existe una excelente bibliografía desarrollada.1
En esta ocasión me voy a referir a la raíz de la violencia partiendo de la masculinidad y su relación con los conflictos públicos y privados, la construcción de una cultura de paz y un desarrollo humano sostenibles como eje central de una nueva sociedad, la violación del derecho de participación de las mujeres en los procesos de paz, la lucha contra una impunidad globalizada, y sus consecuencias en relación con el derecho a la justicia, la verdad y la rendición de cuentas.
Masculinidad, Poderes y Guerra
A pesar de la normativa jurídica internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en los conflictos internos e internacionales, las mujeres de todas las edades, sigan siendo desproporcionalmente violentadas, no sólo por fuerzas militares sino también por las fuerzas paramilitares y los grupos rebeldes irrespetuosos del derecho internacional. Ese patrón sistemático de violaciones, torturas, esclavitud y otros crímenes sexuales y de género contra las mujeres durante las guerras y en los llamados tiempos de paz está directamente relacionado con la construcción de la masculinidad. Pues aunque algunas mujeres participen de las guerras o de los ejércitos como agentas activas, estén de acuerdo con las guerras o ejerzan la violencia contra otras mujeres o contra algunos hombres, las guerras son una construcción patriarcal alimentada por los valores masculinos que a su vez refuerzan el sistema capitalista neoliberal.
Por supuesto que los hombres también experimentan violaciones a sus derechos humanos, aunque en diferente forma. Ellos mueren durante las batallas, y si quedan vivos, son encarcelados y reclutados forzosamente. Las mujeres, niñas y niños por su lado, conforman la mayoría de las muertes civiles y de las personas desplazadas, abusadas y empobrecidas (Byrne, p. 55). Para ellas, las guerras conllevan violaciones a la libertad, dignidad y autonomía, además de la separación, el desplazamiento, la pérdida de miembros de la familia y de los medios de subsistencia. Las mujeres además pasan a asumir las responsabilidades de los hombres que están combatiendo junto con las que ya tenían previo al conflicto.
Es obvio que durante las guerras se exacerban las desigualdades de género y por ende, se triplican las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, porque al exaltarse la masculinidad tradicional, su polo opuesto se convierte en campo abierto de las violaciones y abusos más atroces tanto en la vida privada como en la pública. Marcela Lagarde explica cómo ccuando se quiere destruir una cultura, o una subcultura, las mujeres es el medio a través del cual se logra. Sus cuerpos y su identidad se convierten en escenario de guerra (Poderes, p. 18).
Desde hace varios siglos, los movimientos de mujeres vienen luchando contra los poderes masculinos que permean los ámbitos públicos y privados así como contra los valores detrás de dichos poderes que siguen inmersos en muchas formas de pensar, sentir y actuar. Como resultado de la utilización de dichos poderes y los valores que éstos conllevan, se ha globalizado la militarización, socavado las democracias e impuesto las guerras como medio idóneo para resolver los conflictos entre las naciones, al interior de los países, entre los grupos y al interior de las parejas.
Tanto las guerras públicas como las que yo llamo "privadas" (dos o más personas), se asientan en una misma lógica del poder, pues los valores, ideas y actitudes detrás de la violencia privada son los mismos que pueden llevar a un conflicto armado o al empobrecimiento de una nación. Es decir, así como los hombres ejercen la violencia contra las mujeres para mantener sus privilegios de género y los Estados ejercen la violencia militar para asegurar su lugar hegemónico en el mundo, muchas corporaciones ejercen la violencia económica para mantener y acumular sus poderes económicos y políticos.
La construcción de la masculinidad va asociada al dominio por la fuerza, y a los mismos elementos que forman las prácticas militaristas como la disciplina, la vigilancia y la violencia. Los conflictos armados crean sociedades militarizadas sin ciudadanos ni ciudadanas, que es lo que pretende crear el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos con su "guerra contra el terrorismo".
En los años 70s y 80s las sociedades latinoamericanas fueron militarizadas y controladas por medio del terror, la violencia sexual y de género, las torturas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el genocidio, y el destierro. Actualmente, el proceso de militarización despoja a la población civil de poderes, derechos y libertades generando más desigualdades y discriminaciones. Dicho proceso crece paralelo a la construcción de la masculinidad, donde se inhiben formas de expresión y sentimientos que no van de acuerdo al género masculino.
Hoy en día, los discursos fundamentalistas y nacionalistas se unen a este combo patriarcal para prolongar los conflictos armados existentes y ayudar a concentrar el poder económico y político en una pequeña élite mafiosa internacional. Por ello es preciso ahondar más en las relaciones entre masculinidad, feminidad, nacionalismo, violencia, fundamentalismos y militarización. Según Sunila Abeyesekera, "...La mayoría de los conflictos y guerras surge a raíz de procesos de formación de identidad en los que los grupos y comunidades de identidades en competencia recurren a la violencia para afirmar que tienen el mismo estatus dentro de la sociedad. Con esta dinámica, las situaciones de guerra y de conflicto provocan el aumento de todas las formas de conservadurismo y extremismo, incluyendo el fundamentalismo religioso, el ultra nacionalismo y el chauvinismo étnico y lingüístico. La radicalización de roles basados en la identidad que se adscriben a hombres y mujeres dentro de la comunidad y que ocurren como parte de este proceso, con frecuencia ha tenido consecuencias desastrosas para las mujeres. Restringe su movilidad y libertad; impone formas de vestir; las confina a la esfera doméstica, las pone bajo el rígido control de los hombres de la familia y de la comunidad y, lo que es más importante, las coloca en el papel de "portadoras del honor de la comunidad" y de las tradiciones. Así, la violación y el abuso contra las mujeres de la comunidad "enemiga" se convierten en una estrategia militar crítica en todas las guerras y conflictos basados en la identidad" (2).
Precisamente la formación de la identidad masculina se basa en la competitividad, el poder, el dominio y la represión de la emocionalidad como elementos inherentes a su ejercicio. Es desde la masculinidad construida como dominio que se propicia, naturaliza y toleran las diversas formas de violencia. Después de todo, la guerra está ligada a una imagen colectiva de masculinidad hegemónica, una masculinidad que depende del ejercicio del poder y control.
Cynthia Cockburn agrega que "...Podemos ver que estos 'ismos', nacionalismo, militarismo y fundamentalismo religioso tienen algo importante en común: se trata de que en sus relaciones de poder entre los géneros hay una dominación masculina. Algunas veces lo pienso así: que el patriarcado, el nacionalismo y el militarismo son como una especie de sociedad de admiración mutua. El nacionalismo ama al patriarcado porque este le ofrece mujeres que educarán verdaderos patriotas. El militarismo ama al patriarcado porque las mujeres del patriarcado ofrecen a sus hijos para que sean soldados. El patriarcado ama al nacionalismo y al militarismo porque estos dos sistemas producen hombres inambiguamente masculinos y, en general, mantienen a la mujer en su lugar" (4).
La ideología patriarcal alimenta las estructuras jerárquicas de géneros, clases, razas, etnias, edades, rangos, y otras. Estas estructuras desiguales, y su estrategia, la violencia en todas sus formas y contextos, lejos de ser condenada socialmente, es aplaudida y legitimada por casi todas las instituciones y expresiones del patriarcado. Inclusive los valores masculinos de valentía, coraje y patriotismo se exaltan y se premian simbólicamente para demostrar al mundo que parte de las obligaciones de un buen ciudadano es resolver los conflictos a través de la violencia. Tanto se valora la cultura del miedo y de la violencia que muchos gobiernos asignan un presupuesto mayor a "defensa y seguridad", que a salud, educación, vivienda, desarrollo humano o paz.
La violencia de género contra las mujeres no está desvinculada de las jerarquías que existen entre los seres vivos, entre los hombres, entre hombres y mujeres o de la violencia que ejercen los hombres contra otros hombres o contra sí mismos. De hecho, la violencia entre los hombres es un mecanismo utilizado desde la niñez para establecer un orden jerárquico. A través de un mecanismo de naturalización de la violencia, se invisibiliza el poder de los hombres sobre las mujeres o sobre otros hombres o más precisamente se ocultan las diversas relaciones de poderes que se dan a partir de las desigualdades de las estructuras de opresión ya mencionadas. Ese mecanismo de naturalización es aplicado contra las mujeres en los sistemas judiciales, policiales, en las comunidades, los trabajos, en los conflictos armados y en el ámbito privado e íntimo.
Los poderes masculinos siguen inmersos en las estructuras y formas de organización sociales, políticas, militares y económicas formando el eje central de todas las desigualdades. Una estructura no está desvinculada de la otra. Todas forman un tejido de opresiones que destruyen el planeta a pasos agigantados. No importa cual sea la forma de desigualdad, la receta siempre será la misma. Porque desde la masculinidad, el poder no se concibe como un poder "para"2 sino un poder y control "sobre" las otras personas o los diferentes recursos.
Esto no significa que las mujeres no ejerzan poder sobre otras mujeres u hombres por edad, clase, cultura, etnia, raza, etc. Sin embargo, todas las mujeres como género están sometidas a la opresión patriarcal y al dominio público y político de los hombres y muchas veces en lugar de oponerse al sistema patriarcal, aceptan la subordinación genérica a cambio de ejercer dominio sobre otras mujeres u hombres (Lagarde, Genero y Poderes, p. 36).
La desconstrucción de la masculinidad es un trabajo cotidiano de todas las personas que conlleva, por un lado, el trabajo político colectivo para desarticular las estructuras e instituciones del patriarcado que promueven y legitiman los poderes masculinos y por otro, el trabajo político personal desde el poder interior para aprender a ejercer un poder para, un poder con o entre iguales, un poder que afirme y empodere, y no que excluya u oprima.
Se ha logrado condenar la violencia desde el ámbito jurídico y ello ha significado darle legitimidad y carácter de violación de derechos humanos a tantos abusos invisibilizados. Sin embargo, la cultura de paz y derechos humanos exige crear mecanismos sociales y legales de condena e intolerancia hacia la violencia, demanda formas creativas de resistencia y de resolver los conflictos internos y externos, exige en última instancia preguntarse si los actos, el pensamiento y las emociones cotidianas alimentan la cultura del miedo y los poderes masculinos o la cultura de paz y derechos humanos.
Es urgente pensar en cuáles serían las formas de provocar las rupturas entre masculinidad, dominación, poder y violencia. Algunas personas dirán que es desde el ámbito íntimo privado y no lo dudo, ese es el espacio donde se empieza a practicar nuevas formas de poder; donde si no allí se aprende mucha de la violencia. Pero también es desde las rupturas que se hacen como movimiento social cuando se pacta bajo lógicas y éticas feministas, cuando se deconstruyen las jerarquías en los lugares de trabajo, cuando se exige transparencia a los representantes de la comunidad, cuando no se practica la guerra privada en las relaciones íntimas, pero también, cuando las acciones políticas (individuales y colectivas) no contribuyen a perpetuar los valores y actitudes detrás de la masculinidad.
Una Cultura de Paz para el Desarrollo
La paz fue uno de los tres pilares sobre los que estuvo basado el Año Internacional de la Mujer (1975) y la Década para la Mujer (1976-1985), siendo los otros dos la Equidad y el Desarrollo. Coherente con ello, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1977 la Resolución 32/142, en la que se instó a los Estados a que, proclamaran un día del año, como día de las Naciones Unidas por los derechos de la mujer y la paz internacional.
Asimismo la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (1995) abrió paso a los futuros debates y resoluciones de la participación de las mujeres en la resolución de conflictos, negociaciones de paz, reconciliación, reconstrucción y mantenimiento de la paz a todos los niveles. La Plataforma de Acción de Beijing enfocó de manera específica el tema de las mujeres y los conflictos armados (párrafos 131 a 149). Entre los objetivos estratégicos acordados se incluyeron medidas tales como: incrementar la participación de la mujer en la solución de los conflictos a niveles de adopción de decisiones y proteger a las mujeres que viven en situaciones de conflictos armados o de otra índole o bajo ocupación extranjera; reducir los gastos militares excesivos y limitar la disponibilidad de armamentos; promover formas no violentas de solución de conflictos y reducir la incidencia de las violaciones de los derechos humanos en las situaciones de conflicto; promover la contribución de la mujer al logro de una cultura de paz; proporcionar protección, asistencia y capacitación a las mujeres refugiadas, a otras mujeres desplazadas que necesitan protección internacional y a las desplazadas internamente y proporcionar asistencia a las mujeres de las colonias (Objetivos Estratégicos E.1 a E.6).
Paz y desarrollo son dos ideales que deben caminar de la mano. Así se ha entendido al menos en la retórica de Naciones Unidas y de algunos gobiernos. Porque obviamente una cultura de paz implica per sé un camino hacia un desarrollo humano sostenible y viceversa. Y cuando hablo de desarrollo no pienso en la idea que imponen los países del norte al sur, es decir desarrollo como sinónimo de una mayor producción de bienes materiales, sino como un proceso dinámico que tiene como eje central el desarrollo de todos los niveles de los seres vivos y sus potencialidades. Un derecho que conforme al principio de indivisibilidad explica que no puede haber paz con pobreza, es decir, que no puede haber desarrollo económico, político, social y cultural a costa de la marginalización y exclusión de las mujeres.
El modelo de desarrollo impuesto desde el norte ha incrementado las relaciones desiguales de poder entre los géneros, razas, étnicas, clases, etc., y empobrecido particularmente a las mujeres, ya que responde a los intereses de una pequeña élite internacional económica. Las mujeres pobres o jefas de familia, por ejemplo, nunca son consultadas ni tomadas en cuenta a la hora de formular las estrategias, programas o proyectos de desarrollo (Byrne, p.7), mucho menos en tiempos de guerra o de post-guerra.
¿Cómo crear entonces una cultura de paz bajo un modelo de desarrollo que exacerba las desigualdades y especialmente cómo hacerlo en sociedades que se encuentran en estado de conflicto armado permanente? como en Colombia, donde "...la guerra ha logrado convertirse y posicionarse como otra causa estructural más del empobrecimiento, de la desigualdad y la inequidad y como factor potenciador de la degradación humana, tanto de las víctimas de la guerra como de los diferentes actores del conflicto armado (Veláquez, Anotaciones 1).
Podría pensarse que la creación de esa cultura va de la mano de una cultura de los derechos humanos y de sus principios, del cuestionamiento de la masculinidad como dominio, y de la eliminación del ejercicio de los poderes que controlan las vidas de las personas. Requiere además de una práctica cotidiana pacífica desde los espacios más íntimos hacia los más públicos y de un imaginario colectivo para poder crear esa realidad paralela y expandirla hacia el contexto social donde se vive. No puede ser solamente una práctica individual, sino interdependiente en el sentido que se puede aprender colectivamente al tiempo que se desaprende la cultura del miedo y la violencia.
Idealmente, una cultura de paz para un desarrollo humano sostenible requeriría la creación de sociedades igualitarias, con instituciones y procesos democráticos inclusivos y plurales, respetuosos de la indivisibilidad, universalidad e integralidad de los derechos humanos y de la diversidad de los seres humanos. Ello implicaría, entre otras cosas, una construcción de una verdadera ciudadanía que permita el ejercicio de todos los derechos, un modelo de desarrollo no capitalista que ponga al ser humano y otros seres vivos en el centro de su accionar y un Estado de Bienestar Feminista abierto a la participación plena de la sociedad civil que además rinda cuentas a ella. Igualmente significaría que a las mujeres se les reconociera su labor de cuidadoras, proveedoras, pensadoras, organizadoras y mantenedoras sociales, económicas y políticas antes, durante y después de los conflictos y se les apoyara en la reconstrucción y rehabilitación post-conflicto, así como en los asuntos de seguridad.
Pero este ideal está muy lejos de las realidades latinoamericanas. Esa realidad que de alguna forma se sigue alimentando, porque cuesta creer y soñar en un mundo diferente y cuesta desarmar las estructuras interiores que permitirían ver otras posibilidades y lógicas no dicotómicas, ya que la paz no es la ausencia de guerra, sino que requiere de un proceso de cambio de las estructuras y formas de opresión.
Magdala Velásquez nos dice que "...la fórmula que hasta la fecha se viene aplicando en Colombia, en el proceso de paz, por parte de todos los actores del conflicto armado: insurgencia, estado y paramilitares, es la sustentada en la concepción de la paz negativa. Esta fundamenta la paz desde la fuerza de las armas, desde el poder de contención y disuasión que tienen la estructura militar y técnica y la capacidad ofensiva de cada ejército. Es la paz desde la perspectiva tradicional de la victoria militar, que obedece al principio de que "si queremos la paz, preparémonos para la guerra". Esta propuesta tiene por resultado, la degradación del conflicto y el incremento de la perfidia en las prácticas de los guerreros" (Reflexiones 1). La verdadera paz, por lo tanto, no puede ser vista como el fin del conflicto armado sino como el proceso para establecer instituciones sociales permanentes e incluyentes de todas las voces.
El mismo Secretario General de Naciones Unidas al señalar que la paz está indisolublemente ligada a la igualdad entre las mujeres y los hombres y al desarrollo, parte de un concepto de paz positiva. Aunado al establecimiento de instituciones y nuevos modelos, en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, 1992, se incorporó la idea del desarrollo sostenible como nuevo paradigma de la humanidad. Posteriormente la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo en Cairo, 1994, incorporó el empoderamiento de las mujeres, es decir la necesidad que las mujeres tengan poder, fuerza y autoestima, como requisito para un desarrollo equitativo entre los géneros. Y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague, 1995, formuló el principio del desarrollo centrado en las personas y la erradicación de la pobreza (Montero, p. 4).
La definición de un desarrollo humano sostenible que alimente una cultura de paz y la determinación de las medidas que lo harán posible sigue siendo un terreno de debate, pues la naturaleza de un desarrollo en condiciones de igualdad es un reto para la mayoría de los países del mundo. La retórica de colocar a mujeres y hombres en el centro del desarrollo queda en meras palabras, si los gobiernos se someten a las políticas y directrices que los organismos financieros internacionales les imponen.
Mientras tanto, las mujeres constituyen más del 70% de los 1.300 millones de personas que viven en situación de pobreza en el Sur y en el Norte, junto a los niños que forman el 80% de los refugiados (19 millones) y las dos terceras partes de los 900 millones de analfabetos que hay en el mundo (Montero, p. 6).
Cada región, cada pueblo y cada país debe lograr un desarrollo sostenible y una cultura de paz conforme a su multiculturalidad, bajo procesos que no impliquen la subordinación, exclusión, marginación u opresión de ningún grupo o persona y que tengan como eje transversal la igualdad entre los seres humanos y todos los seres vivos del planeta.
Las Mujeres en los Procesos de Paz
La paz no aparece milagrosamente al final de un conflicto armado. Es un proceso que requiere tiempo, espacios, dedicación, justicia, verdad, transparencia, reparación y reconstrucción. Un proceso que debería dirigirse hacia las desigualdades de poder estructurales que ocasionaron el conflicto, porque previo a él, no existía una paz social, económica o política.
Cada conflicto tiene diferentes efectos sobre las mujeres y los hombres, las relaciones de género, el balance de poderes y las ideologías genéricas. Dicho efecto dependerá de cómo estaban dichas relaciones previo al conflicto, de las condiciones culturales, políticas y económicas del país, de los origenes y la naturaleza del conflicto (Bridge 22).
De dichas condiciones, relaciones, balances e ideologías dependerá si los intereses, voces y necesidades de todas las mujeres y de muchos hombres (por su raza, etnia, edad, clase, discapacidad, opinión política o religiosa, orientación sexual, u otra condición) se encuentran o no reflejados en las políticas y acciones prioritarias de los Estados y en las negociaciones post-conflicto que conllevan los procesos de paz.
Por ello, las relaciones de poder entre los géneros ha de ser un tema central en los procesos de construcción de paz, ya que los roles tradicionales se ven alterados durante los conflictos armados y ello podría abrir una ventana para sentarse a dialogar sobre el nuevo tipo de sociedad, Estado y relaciones que se quieren, es decir sobre las nuevas estructuras políticas, económicas, sociales y legales. A tal efecto, la participación de diversas mujeres en la toma de decisiones es estrictamente necesaria, pues es desde sus voces que estos planteamientos deben ser hechos y no desde lo que los hombres imaginan son las necesidades e intereses de las mujeres.
Generalmente, la falta de participación política no se ve como una violación a un derecho humano básico. Y muchas veces lo que se hace es agregar marginalmente mujeres a los procesos de paz oficiales bajo conceptos de género errados, que lejos de cuestionar las relaciones de poder intergenéricas y las estructuras que las sostienen, las perpetúan.
La centralización del poder en manos militares producto de la guerra, también influye en la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Sin embargo, "...ya sea durante un conflicto o en ausencia de éste, las instituciones políticas a menudo excluyen a las mujeres. Ellas están subrepresentadas en las organizaciones nacionales e internacionales tanto en periodos de conflicto como de post-conflicto" (PNUD 10). Lo anterior, a pesar que los gobiernos se han comprometido internacionalmente para aumentar la representación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales.
Pero mas allá del marco legal, se sigue pensando "...que las mujeres carecen de experticia para funcionar en el ámbito público y se las excluye de procesos e instituciones que son considerados políticos. Esta subrepresentación se extiende al mantenimiento de la paz y a aquellas actividades de construcción de la paz que son ampliamente percibidas como políticas; tal es el caso de las negociaciones formales de paz, la mediación y la diplomacia" (Bridge 36).
Asimismo, la experiencia de muchas mujeres enseña que hay que poner atención a cómo se utiliza el enfoque de género, porque en la reconstrucción post-conflicto la tendencia "...es vincular a las mujeres a actividades de construcción de la paz como lo son la prestación de cuidados primarios de salud, servicios de consejería y educativos, o asistencia en la provisión de necesidades básicas o generación de ingresos. A la inversa, el mantenimiento de la paz es una tarea altamente masculinizada y militarizada. La participación de los hombres en el mantenimiento de la paz involucra patrullar las calles y fronteras, mantener el control y proteger a la gente, primordialmente a mujeres, niñas y niños" (Bridge 36). Lo cual es altamente peligroso, no sólo porque el control y la seguridad sigue estando en manos de los mismos hombres que participaron en el conflicto o de otros que manejan lógicas y valores masculinizados, sino además porque las mujeres siguen siendo subordinadas y encasilladas en sus roles tradicionales.
La exclusión de la participación parece darse en las diferentes etapas, ya que "...las mujeres combatientes son a menudo más marginadas que otros grupos de mujeres en sociedades en conflicto y post-conflicto debido a su involucramiento en el combate militar directo, el cual es estereotípicamente considerado como un ámbito masculino. A diferencia de los hombres ex combatientes, las mujeres ex combatientes sufren de la exclusión, ya que con frecuencia son excluidas de la participación en nuevas estructuras políticas e ignoradas por las organizaciones de veteranos" (Bridge 34).
A pesar de las exclusiones de dichos procesos o de su inclusión desde los roles tradicionales femeninos, el movimiento internacional de mujeres ha sido capaz de utilizar el marco de los derechos humanos para conceptualizar el derecho a la paz como un derecho basado en la igualdad entre los géneros y el desarrollo, para abrir espacios nacionales e internacionales de participación en la esfera pública política, para impactar algunos procesos de paz bajo visiones y agendas más integradoras, para visibilizar las diversas estructuras de opresión que subordinan a las mujeres, para organizarse por la paz mas allá de las divisiones étnicas, políticas, religiosas u otras, y para contribuir a crear la idea de una contra-cultura de solidaridad, paz, democracia genérica y derechos humanos.
En Guatemala por ejemplo, las mujeres expandieron la agenda de paz incorporando temas de justicia social, como la reforma agraria y los derechos de igualdad. En Liberia, luego de 14 acuerdos de paz, la Iniciativa de las Mujeres Liberianas tuvo éxito en movilizar el apoyo nacional para el desarme, previo a las elecciones. En Irelanda del Norte y Sur África, las coaliciones de mujeres introdujeron los valores de inclusividad y participación pública en el diálogo político. En Burundi, una coalición de mujeres hutus y tutsis lucharon juntas para asegurar su lugar en la mesa de negociación. En Chipre, el Medio Oriente, los Balcanes y el Sureste de Asia, las redes de mujeres se unieron en el conflicto que dividía su lucha por la paz, a pesar de las amenazas y los abusos de las estructuras políticas tradicionales (Anderlini 13).
La organización de las mujeres ha sido determinante en estos procesos. Si bien es cierto no se ha logrado una paz sostenible y muchos de los acuerdos de paz no son implementados por las instituciones gubernamentales, se ha podido, entre otras cosas, visibilizar la existencia de las violaciones género específicas sufridas por las mujeres en tiempos del conflicto, interponer agendas desde sus propias voces, visibilizar las exclusiones de las mesas de negociación, demandar la participación, aumentar el nivel organizativo de las mujeres, crear redes internacionales de mujeres que trabajan por la paz, elaborar normas internacionales acordes a la realidad de las mujeres antes, durante y posterior al conflicto, replantear muchos de los roles que las mujeres y los hombres tenían previos al conflicto y aportar la experiencia de la sostenibilidad de economías locales y comunales durante los conflictos.
Según Rhen and Johnson, para construir la paz y reconstruir los países las mujeres necesitan recursos, habilidades y autoridad. Para ello, las organizaciones deben ser apoyadas (2). Es importante tomar en cuenta que mujeres de diferentes regiones identificaron cuatro elementos comunes que pueden contribuir al proceso de paz y a la toma de decisiones: seguridad, recursos, espacio político y acceso a las personas que toman las decisiones.
Seguridad, porque generalmente las activistas políticas y sus organizaciones sufren amenazas y muchas han sido torturadas, violadas y asesinadas. Sin la debida protección, ellas se ven obligadas a abandonar el trabajo por la paz.
Recursos, porque en cualquiera de las etapas los fondos económicos son indispensables para maximar los esfuerzos en condiciones difíciles.
Espacio político, porque para asegurar la participación en los procesos de paz, las mujeres requieren intercambiar información y experiencias en espacios propios.
Acceso a quienes toman decisiones, porque muchos gobiernos y organizaciones internacionales ignoran a las organizaciones de mujeres, quienes requieren ser escuchadas por las estructuras de gobierno (Rhen and Johnson 19).
Es urgente incorporar la perspectiva de género feminista desde las mujeres en todos los procesos de construcción de paz y de transformación de conflictos. Se trata de reconocer el papel específico que las mujeres pueden y deben jugar en la resolución de conflictos como agentes de cambio antes, durante y después del conflicto, y de transversalizar una perspectiva feminista en el proceso que permitiría una negociación integral en relación con la paz, la igualdad y el desarrollo y por ende, una reconceptualización de todas las instituciones desde otro paradigma.
La Resolución 1325
No me voy a referir a toda la legislación relacionada con el tema. Para ello remito a la bibliografía contenida en la nota del pie de página N.1.
Me parece importante solamente señalar que tanto en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4213ª,celebrada el 31 de Octubre de 2000 como en el Plan de Acción de Namibia adoptado por la Declaración de Windhoek, las Naciones Unidas han exhortado a todas las partes involucradas en el conflicto y en los procesos de paz a incorporar una perspectiva de género en los procesos legales, constitucionales y judiciales.
El problema central de la Resolución es que no aclara qué es una perspectiva de género y utiliza el término género como sinónimo de mujeres y niñas. La perspectiva es toda una cosmovisión del mundo y no sólo debe incorporarse en los procesos legales sino en todas las dimensiones que implica reconstruir una sociedad.
Además, dicha resolución niega muchas de las situaciones que requieren entender la desigualdad de poderes existentes entre mujeres y hombres tanto durante el conflicto armado como después de éste. Sería importante operacionalizar la perspectiva de género para aplicarla a los procesos de paz a partir de las lecciones aprendidas de las mujeres que han pasado por conflictos armados. Sin indicadores concretos de la efectividad de la Resolución, será imposible medir el impacto real en la vida y los derechos de las mujeres. Y sin el entendimiento de la perspectiva, es imposible crear una cultura de paz, desarrollo y derechos humanos que avancen, protejan y respeten los derechos de todos los seres humanos.
Por otro lado, la Resolución invitaba al Secretario General de la ONU a realizar un estudio sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres y niñas, el rol de las mujeres en la construcción de la paz y las dimensiones de género de los procesos de paz y la resolución de conflictos. En el estudio Women, Peace and Security presentado por el Secretario General de la ONU con arreglo a la Resolución 1325, se exponen las medidas específicas que se requieren de la comunidad internacional para ponerla en práctica. Por ejemplo, la comunidad internacional debe velar por que se tengan en cuenta los principios de igualdad de género y no discriminación al elaborar las Constituciones Políticas en los periodos posteriores a los conflictos y para que las reformas jurídicas se basen en el análisis del derecho civil y penal desde una perspectiva de género, abordando también la tipificación como delito de los actos de violencia contra mujeres y niñas, incluida la violencia sexual. De allí la importancia de implementar a nivel nacional, los delitos y procedimientos establecidos en el estatuto de la Corte Penal Internacional, y en otros instrumentos jurídicos internacionales.
En una amplia e interesante evaluación realizada por especialistas independientes (Rehn and Jonson 6-8) sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres y el papel de las mujeres en la construcción de la paz, apuntaron que para la implementación de esta Resolución, era necesario entre otras cosas:
Fortalecer la protección para las mujeres y las medidas sobre violencia contra las mujeres y discriminación de género en situaciones de conflicto y post-conflicto;
Incrementar la coordinación dentro de todo el sistema de Naciones Unidas para asegurar la implementación de los compromisos hechos a las mujeres;
Un monitoreo, recolección de información y comunicaciones sistemático sobre las dimensiones de género de las crisis y la asistencia del conflicto y post-conflicto;
Un compromiso consistente de alto nivel con la igualdad de género y la representación igualitaria de las mujeres en todas las actividades de construcción de la paz.
Cada una de estas recomendaciones incluyen una serie de medidas concretas que vale la pena revisar para hacer más efectiva la Resolución.
Finalmente, la Declaración de Windhoek establece que la rendición de cuentas respecto a que todas las cuestiones relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género debe realizarse al más alto nivel. Es la Representante Especial del Secretario General quien debe tener la responsabilidad de garantizar que se incorpore dicha perspectiva en todas las esferas y componentes de la misión.
Existe además una Resolución del Parlamento Europeo sobre Aspectos de Género de la Resolución de Conflictos y la Construcción de la Paz (2000) que enfatiza que quienes negocian y aplican los acuerdos de paz deberían adoptar una perspectiva de género y enfocar la protección y los derechos de las mujeres y las niñas durante los conflictos y la reconstrucción post-conflicto.
Impunidad Global, Justicia y Rendición de Cuentas
La política global de militarización, la represión, la impunidad y otras formas de violación a los derechos humanos, como la limitación de las libertades civiles y reducción de garantías contra violaciones a derechos básicos3, están sirviendo de mecanismos de desagregación social e intimidación política, concentrando más poder social, político y económico en una élite corporativa del norte y convirtiendo a los Estados en grandes estaciones de policía que obedecen las leyes del mercado.
"La impunidad es un componente estructural de la violación sistemática de los derechos de las personas y los pueblos. Comporta esencialmente la privación del derecho a la justicia y la garantía de impunidad para los autores de las violaciones, efectivizada mediante una acción u omisión estatal" (Abuelas 3).
La impunidad, al lado de otras graves violaciones, se ha convertido en una regla universal global que va mucho más allá de la falta de sanción de las personas responsables. Los Estados y sus instituciones, militarizadas y politizadas, contribuyen a la impunidad al no tipificar en sus legislaciones crímenes sexuales y de género como los contemplados en el estatuto de la Corte Penal Internacional, al impedir la autonomía del poder judicial y no dotarle de recursos humanos y económicos, al permitir la corrupción policial, judicial, legislativa y gubernamental, al legitimar medios de comunicación sexistas, clasistas y racistas que encubren, tergiversan, y reproducen versiones oficiales de los hechos, y al aceptar la naturalización de la violencia contra las mujeres antes, durante y después de las guerras en nombre de la seguridad del Estado, la religión, la lucha contra el terrorismo y muchas otras justificantes.
La Resolución 1325 precisamente enfatiza en la responsabilidad de los Estados para poner fin a la impunidad y sancionar a los responsables. Sin embargo, los Poderes Ejecutivos han premiado a sus criminales mediante condecoraciones, cargos diplomáticos o responsabilidades políticas, como lo hemos visto en Chile, para garantizar la impunidad. De hecho, el gobierno de los EEUU está promoviendo hoy día que los militares de la región latinoamericana reafirmen su poder sobre las autoridades civiles, asumiendo funciones que corresponden al poder civil, como la lucha contra la delincuencia, la construcción de carreteras y la protección del ambiente.
Los Poderes Legislativos han emanado leyes de amnistías o indultos, estableciendo sanciones ridículas para los criminales. Y los Poderes Judiciales se han abstenido por coacción, miedo o corrupción de investigar y juzgar los crímenes que el propio Estado comete. La justicia es posible, pero los otros poderes del Estado confabulan para hacerla imposible. La impunidad es tan dañina para la sociedad entera como el crimen mismo y por ello su sanción ha de ser política, legal y ética.
En aquellos países que se encuentran en la etapa de conflicto armado o de post-conflicto, existen niveles de violencia permanentes contra toda la ciudadanía y particularmente contra las mujeres, ya que muchos de los perpetradores (esposos, vecinos, padres, etc.) regresan a sus comunidades y sus hogares. La reconstrucción de sociedades, la construcción de la paz, y la reconciliación nacional siguen presentando un reto muy grande, especialmente cuando no se cuenta con sistemas ejecutivos y judiciales independientes o éstos son muy débiles o cuando la implementación de las leyes ha sido o sigue siendo poco efectiva para las mujeres.
El derecho a la justicia es un derecho humano universal, del cual depende la seguridad jurídica de las personas, el orden social y la paz. En 1985 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro."4
Pero ¿ Cómo hacer de la justicia un derecho real y no una expectativa cuando muchos países cuentan con instituciones que generalmente han apoyado los regímenes perpetradores de violaciones y se encuentran en una etapa donde hay mayor complicidad entre las fuerzas militares, la policía, las fuerzas mantenedoras de paz y los funcionarios judiciales ?
Desde hace varios años, sobretodo en los niveles nacionales, se ha aconsejado desarrollar mecanismos y procedimientos efectivos que aseguren que los procedimientos nacionales e internacionales no revictimicen a las mujeres durante los procesos judiciales. Algunas de las medidas que pueden ayudar a evitar el aumento de mayores discriminaciones y abusos a las víctimas son las medidas de protección a víctimas y testigos, el apoyo psicológico, los servicios médicos y la capacitación al personal judicial y policial sobre la violencia basada en el género. La Corte Penal Internacional plantea en su estatuto una serie de medidas procedimentales género sensitivas en ese sentido, que si bien no evitan la complicidad ayudan a un proceso más justo y transparente para las víctimas.
Ahora bien, el proceso de justicia no puede quedarse solamente en la dimensión legal. La justicia está relacionada con la rendición de cuentas o accountability por parte de los Estados y las sociedades por los crímenes contra las mujeres, que obviamente va mas allá de sancionar a los perpetradores. "...Significa establecer un orden legal, social y político, porque sin él, no puede crearse una paz duradera, ya que la impunidad debilita los fundamentos de las sociedades que emergen del conflicto legitimando la violencia y la desigualdad" (Rhen and Johnson 89).
Ese nuevo orden legal, social, político y económico no puede ignorar el orden de géneros existente en el proceso de rendición de cuentas y toma de responsabilidad por parte de los gobiernos y otros actores involucrados en el conflicto. Ello implica reconocer las violaciones cometidos contra las mujeres al tiempo que se deconstruyen las estructuras de opresión, pues de lo contrario, las nuevas instituciones carecerán de credibilidad y por ende de legitimidad y el proceso de reconstrucción será incompleto.
Según Alda Facio, "accountability" no tiene traducción al español porque es más que una "rendición de cuentas". Es un concepto más amplio que el de no-impunidad e incluye tres aspectos fundamentales para lograr que la víctima y la sociedad en general se sanen del acto cometido en su contra: el reconocimiento que el acto cometido es un crimen, y no un producto natural de la guerra; el enjuiciamiento y castigo de los responsables o en su defecto la visibilización de quienes cometieron esos delitos, si no se pueden juzgar; y el mantenimiento de la memoria colectiva de las atrocidades cometidas que puede quedar plasmada en los libros de texto, los documentos históricos, o los monumentos nacionales, entre otros (9).
Y es en ese último aspecto donde el derecho a la verdad se convierte en parte de la reparación del daño ocasionado, que idealmente debería incluir compensaciones económicas y sociales, rehabilitaciones médicas y psicológicas y otras no estrictamente jurídicas, para tratar de reivindicar la memoria de las victimas y los familiares afectados.
Pero volviendo al aspecto jurídico o semi-jurídico, clave también para el proceso de sanación de las víctimas, no debe olvidarse que las mujeres no acuden a los sistemas de justicia por exceso de obligaciones, falta de recursos económicos, intimidación o amenazas por parte de los perpetradores, y por la misma falta de credibilidad en el sistema que no cree en ellas y las trata desigualmente. La discriminación institucional contra las mujeres en el nivel judicial es un patrón sistemático previo al conflicto y posterior a él.
Sin embargo, en situaciones post-conflicto, el panorama se torna más complicado, ya que además de los otros obstáculos ya expresados, los sistemas judiciales carecen de recursos humanos y económicos adecuados para juzgar una gran cantidad de casos. De allí la necesidad de contar con sistemas de justicia complementarios o alternativos, como las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación; que se esperaría fueran consistentes con las normas y estándares del derecho internacional y protegieran los derechos de todas las partes.
Según Cuya, las Comisiones de la Verdad, son "....organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes" (8). "... Generalmente las Comisiones de la Verdad surgen en vista de la probada inefectividad del Poder judicial para sancionar las numerosas violaciones a los Derechos Humanos (9).
Más de 20 países han establecido Comisiones de la Verdad o procesos similares, debido a que éstas brindan a las víctimas un foro público para expresar sus abusos y buscar reconciliación. Por medio de ellas se establece un record oficial público de los crímenes cometidos durante la guerra a través de los testimonios y otras pruebas de las personas sobrevivientes. Su ventaja, a diferencia de los juicios penales, que solo consideran los hechos legalmente relevantes al caso, es que éstas desarrollan un record y un entendimiento más comprehensivo de toda la escala de las violaciones. De allí que sea determinante que su mandato refleje los crímenes que constituyen violaciones de derechos humanos contra las mujeres, porque al igual que sucede en los procesos judiciales, los crímenes sexuales y de género son generalmente invisibilizados y las mujeres no están familiarizadas con este tipo de procesos (Rhen and Johnson 98-99).
No existe una fórmula única para llegar a la justicia, la verdad, y la transparencia, sino una multiciplicidad de estrategias, mecanismos y acciones que deben nacer en cada contexto a partir de los principios de derechos humanos y de un significado feminista de la cultura de paz. Los procesos de paz son oportunidades para crear nuevos discursos y generar espacios sociales, económicos y políticos alternos, donde el diálogo parta desde las comunalidades tomando en cuenta las diversidades, donde se practiquen nuevas relaciones de poderes que no opriman, donde se creen otros paradigmas. Un desarrollo humano y un proceso de paz que no se cuestione la masculinidad y no aplique una lógica y ética feminista en sus acuerdos y cumplimientos, está condenado a perpetuar los conflictos armados y por ende, las estructuras del patriarcado que los generan, los sostienen y los legitiman.
Enlaces
Alerta Internacional
(AI)
http://www.international-alert.org
Trabajó con más de 100 organizaciones para lanzar, en mayo de 1999, la campaña global Mujeres construyendo la paz: Del consejo municipal a la mesa de negociaciones. Esta iniciativa, apoyada por cientos de organizaciones de mujeres alrededor del mundo, persigue aumentar la conciencia en cuanto a las experiencias y perspectivas de las mujeres sobre paz y conflicto, así como ayudar a las mujeres a incrementar su potencial como constructoras de la paz.
Coalición de Mujeres por la Paz
http://www.coalitionofwomen4peace.org
Es una red regional conformada por 10 organizaciones que monitorea los puestos de control para detectar violaciones a los derechos humanos. La meta principal de la coalición consiste en ayudar a poner fin a la ocupación de Palestina a través de una resolución pacífica del conflicto israelí-palestino.
Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
(CVR)
http://www.cverdad.org.pe
Perú estableció una Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2001, que se encargó de sacar a luz la naturaleza plena de los crímenes cometidos y encontrar formas de construir un país pacífico. Como parte de su objetivo general, la Comisión estableció la Línea de Género, que analizó los efectos diferenciados de la violencia política en las mujeres y los hombres. La CVR concluyó su trabajo y publicó en agosto del 2003 su informe final, el cual está disponible en http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php.
Consenso de Mujeres del Barco de la Paz, Mujeres Colombianas por la Paz
http://www.embarcapazcolombia.org
Este grupo, organizado por mujeres colombianas y apoyado por organizaciones internacionales, es una coalición de base amplia de mujeres involucradas en el conflicto en Colombia, incluidas guerrilleras, víctimas y representantes gubernamentales y militares. Su meta es llegar a un consenso en el conflicto.
El Grupo Antimilitarista de Carabanchel
http://www.nodo50.org/moc-carabanchel/quienes%20somos.htm
Surgió como respuesta a la represión que sufrieron varios insumisos del madrileño barrio de Carabanchel por parte del estado español. Actualmente están consolidad@s como grupo antimilitarista y trabajan en diversas campañas: insumisión al servicio militar y a la prestación sustitutoria, insumisión en los cuarteles, denuncia del gasto militar, educación para la paz y denuncia de la militarización de las escuelas.
Mujeres Haciendo la Paz
http://www.womenwagingpeace.net
Es un cuerpo de redes para mujeres que se enfocan en los conflictos alrededor del mundo. La iniciativa reconoce el rol y los aportes de las mujeres en la prevención de los conflictos violentos, en poner fin a la guerra, reconstruir las sociedades devastadas y sostener la paz en áreas frágiles del planeta. La organización se orienta a, y trabaja con, formuladores de políticas para asegurar que estos asuntos reciban atención.
Mujeres por la Paz
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
(WILPF)
http://www.peacewomen.org
PeaceWomen es un proyecto de WILPF que busca aumentar la visibilidad de los esfuerzos de las mujeres por la paz dentro del sistema de la ONU y en la comunidad internacional. Provee un registro centralizado de información referida al impacto del conflicto armado en las mujeres y a los esfuerzos de construcción de la paz de las mujeres. También facilita la comunicación entre mujeres activistas por la paz y el sistema de la ONU, además de ofrecer información actualizada, desglosada por país y región, sobre las actividades de organizaciones que trabajan en el campo de mujeres y conflicto.
Mujeres Viviendo Bajo Leyes Musulmanas
(WLUML)
http://www.wluml.org/english/index.shtml
WLUML brinda información, solidaridad y apoyo a todas las mujeres cuyas vidas son condicionadas y gobernadas por leyes y costumbres que, según se dice, provienen del Islam. Atiende a mujeres en los siguientes contextos: países donde el Islam es la religión oficial; Estados seculares en los que se está aplicando presión orientada a promulgar leyes islámicas, y comunidades musulmanas migrantes en Europa, las Américas y otras partes del mundo. La organización también apoya a mujeres no musulmanas que están viviendo bajo leyes islámicas.
La Ruta Pacífica
http://www.rutapacifica.org.co/nuevo_sitio/qs.htm
Es una propuesta política feminista colombiana que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, y por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. Se declaran pacifistas, antimilitaristas y constructoras de una ética de la No violencia en la que la justicia, la paz, la equidad, la autonomía, la libertad, y el reconocimiento de la otredad son principios fundamentales. Más de 315 organizaciones y grupos de mujeres coordinadas en 8 regionales (Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Cundinamarca, Putumayo, Antioquia, Chocó y Cauca) forman parte de la Ruta. Surgieron públicamente en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia en la que se encuentran las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las áreas rurales como urbanas; violencias que han sido invisibilizadas y subvaloradas por las violencias que se suponen son más fatales.
Temas Nuevos
Juliane Kippenberg y Pascale Kambale
"The International Criminal Court: How Nongovernmental Organizations Can Contribute To The Prosecution Of War Criminals"
Human Rights Watch
Septiembre 2004
http://hrw.org/backgrounder/africa/icc0904/index.htm
Este documento explica cómo las ONGs pueden contribuir con el trabajo de la Corte Penal Internacional para enjuiciar a nivel internacional los crímenes de guerra, de lessa humanidad y el crimen de genocidio. Esta guía no brinda un comentario legal o una explicación detallada de los crímenes, sino que orienta a través de preguntas y respuestas a las ONGs.
Carmen Magallón Porolés
"Las mujeres y la construcción de la paz"
Centro de Investigación para la paz
Papeles de cuestiones internacionales, N. 73
Invierno 2001
http://www.creatividadfeminista.org/articulos/fem_2003_construccion_paz.htm
Octubre 2004
La autora nos habla de las iniciativas de mujeres que reclaman el final de los conflictos y la violencia y la construcción de una paz verdadera para sus sociedades. Además toca el tema de la exclusión de las mujeres de las instancias donde se toman las decisiones en las negociaciones de paz, y alega que como grupo subordinado y oprimido conocen la visión dominante y desarrollan una alternativa, que vale tanto para las relaciones personales como para el ámbito político y social.
Actuando
Alerta Internacional
http://www.international-alert.org/women/new5.html
Las Auditorias Genéricas de Paz persiguen cerrar la brecha entre la política y la práctica desarrollando medios efectivos de monitoreo a través de las organizaciones locales para la implementación de los compromisos nacionales e internacionales. Examinan si las instituciones de construcción de paz y los programas de seguridad de las instituciones internacionales son género-sensitivos y responden a las necesidades de las mujeres. También persiguen fortalecer los lazos con las ONGs apoyándolas para que desarrollen estrategias para incidir en los procesos y compromisos nacionales, regionales e internacionales. Además desarrollan un marco técnico para investigar, documentar y analizar el trabajo de construcción de paz que las ONGs están haciendo.
Campañas del Grupo Antimilitarista de Carabanchel
http://www.nodo50.org/moc-carabanchel/campa%F1as/campanias.htm
Este grupo tiene diversas campañas contra la guerra, la objeción fiscal, la insumisión, contra la militarización de las Escuelas de Militarización, la construcción de campos de golf en la Sierra Norte de Madrid, la militarización de la mujer y contra la propaganda del ejército en tve, entre otras.
Bibliografía
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Fuentes
1Para buscar información sobre los diversos temas, véase: Bell, Emma y Lata Narayanaswamy. Género y Conflictos Armados. Colección de Recursos de Apoyo. Trans. Laura Asturias. Inglaterra: Bridge/Institute of Development Studies, 2003 http://www.ids.ac.uk/bridge
2Para una mejor comprensión sobre la concepción acerca del poder "para" véase el libro de Starhawk citado en la bibliografía.
3El 26 de Octubre del 2001 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta Patriótica o Patriot Act que da poderes excepcionales a la policía y servicios de informaciones, autoriza la detención, la deportación, la incomunicación de sospechosos, encarcelamiento por tiempo por indefinido y otras violaciones que reducen los derechos civiles para luchar contra "el terrorismo". El 11 de Febrero del 1004 Francia aprobó la Ley Perben II donde autoriza a detener a personas por 96 horas, efectuar allanamientos nocturnos sin la presencia de las personas, escuchar sus llamadas telefónicas, investigar al apersona sin su conocimiento previo, etc.
4Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Informe Anual 1985-1986. Ser.L/V/11.83. http://www.cidh.oas.org/annualrep/93span/cap.IVc.htm#_ftn6