La incorporación de la perspectiva de género en el Estado es una directriz de política pública emanada de las Conferencias Internacionales de la Mujer cuyo objetivo principal es hacer comprensible el género como una categoría de análisis social (Yamileth Ugalde)

Fuente: Imagina un mundo sin violencia (CAM, Griselda Alvarez A.C.) No. 9 Junio-Diciembre 2004

Subió a conferencia el 22 de Abril del 2005

La incorporación de la perspectiva de género en el Estado es una directriz de política pública emanada de las Conferencias Internacionales de la Mujer cuyo objetivo principal es hacer comprensible el género como una categoría de análisis social con implicaciones concretas en la manera en que se conciben los problemas públicos y se planifican las políticas para abordarlos.

Esta idea tomó fuerza y consistencia como una estrategia del movimiento internacional de mujeres a partir de la IV Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en 1995, en Beijing, China, cuando se identificó al estado como un campo estratégico para la incidencia política a favor del cambio en las relaciones de género. Esta definición estratégica fue concebida a lo largo de una intensa discusión conceptual y política sobre la democracia, el desarrollo y la justicia.

En este marco, los estudios de la mujer que ya avanzaban en la conceptualización del género como una categoría para el análisis de la diferencia sexual, aportaron elementos teóricos y metodológicos para cuestionar los sesgos androcéntricos de las instituciones y sistemas sociales y promover la incorporación más activa de las mujeres en el desarrollo. De esta forma, se ha ido dando cuerpo a todo un cúmulo de experiencias de cambio institucional que hoy nos permite extraer algunas reflexiones sobre su implementación.

Las expertas internacionales definen la "transversalidad de la perspectiva de género" como un enfoque de política pública que busca la (re)organización, el mejoramiento y el desarrollo de procesos rutinarios de planeación y evaluación de las políticas públicas, para incluir criterios de la equidad de género en los distintos niveles y fases del proceso de planeación. Como se advierte, se trata de una tarea compleja que requiere tanto el desarrollo de una capacidad técnica para incidir en la reorganización de los procesos de formulación a implementación de políticas, como de la deliberación y el consenso público sobre ciertos valores relacionados con la igualdad y la equidad de género.

Desde la década del setenta, para incidir en los procesos de formulación de las políticas públicas se han creado una serie de organizaciones públicas conocidas como "mecanismos de género". Estos mecanismos que iniciaron siendo oficinas, unidades, departamentos o programas de la mujer adscritos a alguna secretaría de Estado, se han transformado al paso de los años en Institutos o Secretarías con mayor presupuesto y autonomía de gestión.

Un breve vistazo a la evolución de los mismos en México, nos permite observar que desde 1974 y los primeros años de la década del 2000, dichos mecanismos se han ido consolidando y expandiendo en la estructura orgánica de la Administración Pública Federal y Estatal, configurando una amplia red de puntos focales concernidos en la tarea de institucionalizar la perspectiva de género en el Estado.

Desde que se instaló el primer Programa de Incorporación de la Mujer al Desarrollo, del Consejo Nacional de Población, hasta el 2001 cuando se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se han elaborado dos Planes Nacionales de Igualdad de Oportunidades (PRONAM y PROEQUIDAD), y se ha impulsado el establecimiento de Direcciones de Equidad de Género al interior de varias secretarías federales (Relaciones Exteriores, SEDESOL, INDESOL, Economía, El Fondo Nacional de Empresas Sociales -FONAE-, SEMARNAT, la Secretaría de Turismo y la de Trabajo y Previsión Social), así como de enlaces estatales de género en distintas entidades de la Administración Pública Federal.

Toda esta maquinaria, a pesar de su vertiginosa expansión, es todavía muy frágil y vulnerable a los embates de la coyuntura política y los cambios gubernamentales, incluso al relevo de sus directivos. Su puesta en marcha, ha requerido la legitimación de la agenda de las mujeres frente a los actores de la institucionalidad pública, como son los partidos políticos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. De igual forma, ha requerido la construcción de una cultura organizacional en el sector público que incorpore nuevos procedimientos operativos y métodos de interpretación y análisis de los problemas sociales y las soluciones previstas.

Estos procesos no suelen ser tersos ni expeditos. Las estudiosas de la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, destacan distintos obstáculos. Por un lado, se señala la incapacidad de los mecanismos de género para traducir los intereses de, las mujeres en directrices y estrategias de programas y acciones públicas. Con frecuencia sus recursos presupuestales varían de un período a otro y en la mayoría de los casos resultan a todas luces insuficientes para lograr los impactos deseados.

Para traducir los intereses y necesidades de las mujeres y encontrar en cada área de política e incluso en cada programa los contenidos específicos que tendría que adoptar la equidad de género, haría falta fortalecer la capacidad de interpretación de las inequidades de género en los agentes involucrados en el logro de la equidad, así como el fortalecimiento de sus capacidades de incidencia en la agenda pública. Se trata de generar procesos de empoderamiento estructural que fortalezcan la posición de negociación de las mujeres frente a sí mismas, la familia, la comunidad, el mercado y el Estado.

Por otro lado, se reconoce que la mayoría de estas experiencias han fallado en articular proactivamente la fuerza de las mujeres con las instituciones públicas establecidas. Lo que indica, entre otras cosas, la debilidad con que la agenda de género está posicionada en la agenda pública.

Para el movimiento internacional de mujeres, actor fundamental en la consolidación de la agenda de género en el Sistema de Naciones Unidas y a través de éste, en los gobiernos del mundo, la tarea de la transversalidad ha significado un reposicionamiento en el sistema político a institucional del Estado, considerado por décadas como una entidad patriarcal y machista que oprimía a las mujeres y con la cual no se debían establecer relaciones políticas de colaboración. Por suerte, estas nociones han dado paso a formas más complejas de comprender cómo el género se articula con el poder y la construcción de las instituciones públicas, lo que ha permitido acercamientos más productivos de parte del movimiento hacia el Estado.

En relación a esta agenda, entre los actores políticos tradicionales del sistema (partidos políticos, sindicatos) prevalece una ambigua actitud oportunista que se mueve de lo "políticamente correcto" a la sutil resistencia al cambio, generando en el actor feminista recelo y desconfianza. Esta mutua desconfianza, hace efímeros y vulnerables los momentos de encuentro y alianza proactiva, a impone el desafío de construir consensos políticos alrededor de las demandas más urgentes de las mujeres.

Superar estas limitaciones no es tarea sencilla. Se requiere generar condiciones políticas, institucionales, teóricas y culturales para cambiar el rumbo y la racionalidad de la planeación pública. En este sentido, se hace necesario contar con un vasto conocimiento sobre la desigualdad de género y su expresión en la dinámica social.

Dado que las políticas públicas son en realidad continuos procesos deliberativos, el conocimiento de la realidad y la dinámica específica de la desigualdad entre los sexos, es fundamental para proponer acciones concretas y visualizar estrategias de cambio y empoderamiento para las mujeres. Como parte de este conocimiento, se deben generar procesos de evaluación de los resultados y del impacto logrado con las políticas y acciones públicas implementadas hasta ahora. Sin información clara sobre los problemas de las mujeres y sus vías de solución, el impacto en la agenda pública será muy limitado.

La tarea para los mecanismos de género llamados institutos de las mujeres, en este aspecto es muy importante y estratégica. Les toca impulsar la consolidación de una masa crítica con experiencia y conocimiento suficiente para construir la base técnica y política para la incorporación del género en la planeación pública. Es fundamental también la investigación académica y el trabajo de las expertas para conocer el funcionamiento de la administración pública a identificar las ventanas de oportunidad para incidir en ella. Un paso estratégico en esta dirección es lograr, a través de la capacitación específicamente orientada, la asimilación de un lenguaje común en relación a la equidad de género que permita visualizar metas y resultados alcanzables en el corto y mediano plazo y crear las capacidades necesarias en el personal burocrático.

Sin una capacidad de entendimiento mutuo entre los distintos agentes concernidos en la tarea de incorporar el género en el Estado, éstos esfuerzos estarán condenados a repetir, como en el mito de Sísifo, el esfuerzo de levantar la piedra desde el abismo a cada cambio de gobierno o cada relevo de sus directivos. El principal reto de estos procesos consiste en construir consensos sólidos respecto a la equidad de género que superen los prejuicios hacia el feminismo y garanticen la asimilación de valores de igualdad y respeto a las diferencias. Lo que, sin duda alguna beneficiará la vida de miles de mujeres que se mantienen al margen de las grillas políticas pero que, cotidianamente se enfrentan al empobrecimiento de nuestras economías.

* Yamileth Ugalde es socióloga costarricense radicada en México. Egresada de la Universidad de Costa Rica y candidata a maestra en sociología con especialidad en Políticas Públicas por la misma institución.