Persiste inequidad entre mujeres y hombres en el acceso a empleo


*Presentan análisis de la situación en América Latina y el Caribe


México, DF, septiembre 15 de 2005 (Redacción NotieSe).- América Latina y el Caribe presentan avances en el combate a la desigualdad de género en el acceso a la educación, sin embargo, persisten diferencias significativas entre 30 y 40 por ciento- entre los ingresos laborales de las mujeres y los de los hombres; las mujeres son más vulnerables frente a situaciones de pobreza y aún no hay suficiente representación femenina en los parlamentos. Estas son algunas de las principales conclusiones relativas a la equidad de género del informe Los objetivos del desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Según el documento, en nueve países analizados, entre ellos México, hay más niñas que niños matriculados en nivel secundaria y hay más mujeres que hombres en la educación superior en países como México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, Jamaica, Venezuela, Trinidad y Tobago y Uruguay. Sin embargo, en materia laboral, el creciente ingreso de las mujeres al mercado del trabajo sigue concentrándose en empleos precarios, mal remunerados y de baja productividad.


Asimismo, los ingresos de las mujeres representan 69 por ciento del promedio de los salarios de los hombres, según datos de 2002, y esta desigualdad es más acentuada entre las y los trabajadores con más de 13 años de estudio. Otros de los temas de análisis es el impacto en la región del proyecto “Políticas laborales con enfoque de género”, ejecutado por la Cepal con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Alemania.

 
El proyecto fomenta la implementación de medidas a favor de la equidad de género en políticas laborales, tanto a nivel nacional como local, mediante el desarrollo de estudios sectoriales y la elaboración de propuestas de políticas acordadas entre todos actores involucrados, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, así como la constitución de mecanismos de diálogo y concertación para la implementación de políticas más equitativas que afecten positivamente en la calidad del empleo de las mujeres.